{"id":95392,"date":"2025-03-26T19:23:09","date_gmt":"2025-03-26T19:23:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/corte-suprema-de-justicia-9\/"},"modified":"2025-03-26T19:23:09","modified_gmt":"2025-03-26T19:23:09","slug":"corte-suprema-de-justicia-9","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/corte-suprema-de-justicia-9\/","title":{"rendered":"CORTE SUPREMA DE JUSTICIA"},"content":{"rendered":"\n
\n

<\/p>\n

<\/p>\n<\/p><\/div>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA<\/b><\/font><\/p>\n

Magistrado ponente<\/b><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

SC1230-2018<\/b><\/font><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-31-03-003-2006-00251-01<\/b><\/font><\/p>\n

(Aprobado en Sala de catorce de marzo de dos mil dieciocho)<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil dieciocho (2018).<\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

La Corte procede a decidir el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el Banco Agrario de Colombia S.A., frente a la sentencia de 2 de diciembre de 2013, proferida por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario promovido por la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar \u2013 CAJACOPI \u2013 Atl\u00e1ntico, contra la impugnante.<\/font><\/p>\n

<\/p>\n

I.ANTECEDENTES <\/p>\n

<\/p>\n

    \n
  1. \n

    Pretensiones.<\/b><\/h2>\n<\/li>\n<\/ol>\n

    <\/p>\n

    En el libelo introductor, la entidad demandante pidi\u00f3 declarar la responsabilidad civil extracontractual del Banco Agrario de Colombia, sede San Benito Abad (Sucre), por los da\u00f1os a ella causados \u00abcon motivo de la irregular y negligente apertura de la [c]uenta de [a]horros No 46362200048-2, abierta supuestamente por (…) [su] Representante legal (\u2026)\u00bb, <\/i><\/font><\/font>cuando \u00e9ste no intervino en tal operaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    En consecuencia, solicit\u00f3 condenar a la entidad financiera convocada al pago de perjuicios materiales en su modalidad de \u00abda\u00f1o emergente y lucro cesante\u00bb,<\/i><\/font><\/font> <\/i><\/font>en la suma de \u00ab[doscientos veinte millones ciento veintisiete mil cuatrocientos veintitr\u00e9s pesos con sesenta y cuatro centavos] ($220.127.423,64)\u00bb<\/i><\/font><\/font> <\/i><\/font>por el primer concepto, y lo dejado de percibir, actualizado, como efecto de esa p\u00e9rdida, concerniente al lucro cesante, destacando que \u00abcuando se trata de sumas de dinero, [\u00e9ste] se considera (\u2026) la falta o merma en la productividad [que] si no es posible acreditarla se aplica de inter\u00e9s comercial como compensaci\u00f3n por la utilizaci\u00f3n del dinero\u00bb. <\/i><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

    <\/p>\n

    2.Hechos.<\/b><\/h2>\n

    <\/p>\n

    El fundamento de lo impetrado admite el siguiente compendio:<\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    2.1.El 6 de abril de 2005 fue abierta en el Banco Agrario de Colombia, oficina del municipio de San Benito Abad (Sucre), la cuenta de ahorros n\u00b0 46362200048-2 a nombre de la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar Cajacopi -Atl\u00e1ntico, por una persona que suplant\u00f3 a su Director general, Eduardo Galofre Manotas, situaci\u00f3n desconocida por los directivos de \u00e9sta.<\/h2>\n

    <\/p>\n

    2.2.Enterada de esa irregularidad, Cajacopi radic\u00f3 ante el Banco Agrario cuatro derechos de petici\u00f3n, tres de ellos el 29 de diciembre de 2005, en las oficinas principales, San Benito Abad (Sucre) y Paseo Bol\u00edvar de Barranquilla, pretendiendo informaci\u00f3n sobre lo acaecido, pero dicha entidad se neg\u00f3 a suministrarla, por lo cual el 5 de enero de 2006, los reiter\u00f3.<\/h2>\n

    <\/p>\n

    2.3.Solo hasta el 25 de mayo de 2006, la Gerente Regional, lac\u00f3nicamente le comunic\u00f3 a Cajacopi que el Banco hab\u00eda cumplido con los procedimientos y que por ello estaba exonerado de responder por el pago de los recursos manejados en dicha cuenta.<\/h2>\n

    <\/p>\n

    2.4.El accionado, agrega, actu\u00f3 de manera negligente y omisiva porque facilit\u00f3 la apertura de la cuenta de ahorros \u00absin verificar si quien ante ellos se presentaba como el Representante legal de Cajacopi realmente lo era y si los documentos presentados eran reales, es decir, acordes con la realidad (\u2026) adem\u00e1s, continu[\u00f3] con la negligencia al permitir la expedici\u00f3n de cheques de gerencia sin verificar la real voluntad de Cajacopi\u00bb, <\/i><\/font><\/font>y sin tener en cuenta que se trataba de transacciones superiores a $10.000.000,oo, circunstancia esta que le impon\u00eda el deber de verificar y adoptar controles para la seguridad del cuentahabiente, m\u00e1s a\u00fan en raz\u00f3n de la naturaleza de Cajacopi, pues al ser Caja de Compensaci\u00f3n, administra recursos del r\u00e9gimen subsidiado en salud (ARS).<\/h2>\n

    <\/p>\n

    3.Actuaci\u00f3n procesal.<\/b><\/h2>\n

    <\/p>\n

    Notificada la convocada, se opuso a las pretensiones, neg\u00f3 su responsabilidad y esgrimi\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3: \u00abculpa grave exclusiva del demandante, inexistencia de causa para pedir, ausencia de da\u00f1o, cobro de lo no debido, culpa de terceros, enriquecimiento sin causa, y la gen\u00e9rica\u00bb,<\/i><\/font><\/font> sin sustento distinto a la respuesta ofrecida a los hechos en donde niega la falta de contestaci\u00f3n a las peticiones de la accionante y dice no constarle la suplantaci\u00f3n del representante legal de Cajacopi (ff. 49-52 c.1).<\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    Mediante fallo de 25 de abril de 2013 y luego de negarse la solicitud de nulidad propuesta por la demandada, fundada en falta de jurisdicci\u00f3n de los jueces civiles, en virtud de haber entrado en vigencia de la Ley 1107 de 2006 que le atribuy\u00f3 el conocimiento de asuntos en donde intervienen entidades como la aqu\u00ed convocada, a la justicia contencioso administrativa, el a quo<\/i> accedi\u00f3 a las pretensiones, al encontrar satisfechos los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual, derivada del negligente e irregular proceder de aquella, lo cual permiti\u00f3 el detrimento patrimonial de la accionante.<\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    En consecuencia, conden\u00f3 al Banco Agrario a pagarle a \u00e9sta $220.528.847,02 por da\u00f1o emergente y $247.198.143, por lucro cesante, seg\u00fan c\u00e1lculo pericial.<\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    Al desatar la apelaci\u00f3n propuesta por la mencionada entidad, el ad quem<\/i> confirm\u00f3 el fallo del a quo.<\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    <\/p>\n

    II.SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

    <\/p>\n

    1.El Tribunal, luego de precisar que la acci\u00f3n ejercida es de naturaleza extracontractual, se\u00f1alar sus presupuestos y aludir a hechos confesados por el ente demandado, dio por demostrada la apertura irregular de la cuenta de ahorros en la oficina del Banco Agrario de San Benito (Sucre), a nombre de la reclamante, cuando \u00e9sta no gestion\u00f3 tal apertura, pues su representante legal no realiz\u00f3 dicho tr\u00e1mite, sino alguien distinto quien lo suplant\u00f3, sin que el convocado hubiera adelantado gesti\u00f3n alguna tendiente a descubrir la identidad del simulador.<\/h2>\n

    <\/p>\n

    La prosperidad de toda responsabilidad civil, contractual o extracontractual, agreg\u00f3, depende de la demostraci\u00f3n del hecho da\u00f1oso, requisito no controvertido en este asunto y debidamente acreditado, el menoscabo sufrido por el actor, la relaci\u00f3n de casualidad jur\u00eddica o t\u00edtulo de imputaci\u00f3n, el v\u00ednculo causal material u objetivo y la cuantificaci\u00f3n de ese perjuicio.<\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    Indic\u00f3 que como seg\u00fan la entidad demandante, \u00abel da\u00f1o fue cometido en virtud de un contrato de cuenta corriente fraudulento\u00bb<\/i><\/font><\/font> en el cual ella no intervino, esa <\/font><\/font>\u00absituaci\u00f3n (\u2026) nos ubica en el terreno de una responsabilidad civil extracontractual derivada de un contrato\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    Aludi\u00f3 luego al contrato, incluido el bancario, como fuente de las obligaciones, y a los deberes del banco cuando del negocio de cuenta corriente se trata, se\u00f1alando que dentro de ellos se encuentra el de seguridad en su perfeccionamiento o etapa formativa, lo cual implica que en esos eventos, se deben ejercer mayores controles, dado que se trata de intermediaci\u00f3n financiera de dineros p\u00fablicos, actividad de inter\u00e9s p\u00fablico, inclusive considerada como peligrosa y de la cual la entidad crediticia es especialista.<\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    2.Seg\u00fan el juzgador, como en la audiencia prevista en el art\u00edculo 101, el accionado admiti\u00f3 que quien compareci\u00f3 a abrir la cuenta no fue el representante legal de la demandante, sino un suplantador, acept\u00f3 su falta de control, carga que le incumb\u00eda en raz\u00f3n de \u00absu \u00f3rbita funcional\u00bb,<\/i><\/font><\/font> para evitar la usurpaci\u00f3n del representante de la entidad demandante y por tanto, dedujo, \u00ab<\/i><\/font>el defraude [sic] ocurrido con los dineros de la entidad demandante son imputables al demandado a t\u00edtulo de riesgo\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/h2>\n

    <\/p>\n

    Lo anterior, agrega, permite \u00abtener por demostrado el presupuesto imputaci\u00f3n y v\u00ednculo causal, habida cuenta que tal apertura irregular y desconocida por Cajacopi, posibilit\u00f3 que quien realiz\u00f3 la defraudaci\u00f3n direccionara a dicha cuenta los dineros que por concepto del R\u00e9gimen Subsidiado de salud recibe de algunos municipios, circunstancia que igualmente fue admitida por el demandado, al extremo que relev\u00f3 al despacho de las pruebas al respecto\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    La irregular apertura de la cuenta de ahorros a nombre de la entidad demandante sin los espec\u00edficos controles respecto de la identidad del interviniente en ese acto y del representante legal de aquella, afirma el Tribunal,<\/font><\/font> <\/font><\/font>\u00abconstituye suficiente evidencia para que se den por establecidos los presupuestos de la responsabilidad civil, m\u00e1s cuando el da\u00f1o est\u00e1 cuantificado documental y pericialmente\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    3.En relaci\u00f3n con el perjuicio reclamado, sostuvo el ad quem<\/i>, \u00e9ste no se configur\u00f3 \u00fanicamente por la apertura de la cuenta bancaria, lo cual por s\u00ed solo no constituye un hecho da\u00f1oso, sino debido a la posterior extracci\u00f3n de los dineros de Cajacopi depositados en dicha cuenta, sin control alguno, no obstante las elevadas cuant\u00edas.<\/h2>\n

    <\/p>\n

    Frente a los argumentos de la demandada, seg\u00fan los cuales, la accionante carece de legitimaci\u00f3n porque los dineros p\u00fablicos no son de su propiedad, sino del sistema de salud, y a la vez se presenta una causa extra\u00f1a, concretamente, culpa exclusiva de un tercero y culpa grave del demandante, debido a que algunos documentos aportados fueron enviados desde un fax suyo, el Tribunal considera que la actora, por ser una Caja de Compensaci\u00f3n, maneja recursos del r\u00e9gimen subsidiado, y al efectu\u00e1rsele giros dinerarios, ellos realmente son del sistema y no de su propiedad, pero al ser su administradora e incumbirle responder por su uso adecuado, se encuentra legitimada para solicitar el restablecimiento de los mismos cuando por conductas irregulares se desv\u00edan o pierden.<\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    El da\u00f1o, agrega, no solo puede pedirlo el propietario del bien destruido o disminuido, sino quien por cualquier causa sufra deterioro a ra\u00edz del surgimiento de una situaci\u00f3n desfavorable; por ello, la actora, como administradora de esos recursos, est\u00e1 legitimada para reclamar el resarcimiento del detrimento patrimonial derivado de la defraudaci\u00f3n de que fue objeto.<\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    4.Como adicionalmente la parte demandada admiti\u00f3 la suplantaci\u00f3n y sustracci\u00f3n de dineros y por ello consider\u00f3 innecesario el decreto de pruebas respecto de estas circunstancias, considera el ad quem<\/i>, no resulta l\u00f3gica su argumentaci\u00f3n contra esa confesi\u00f3n, porque al aceptar la apertura de la cuenta mediante suplantaci\u00f3n, est\u00e1 consintiendo su falta de control al momento de aperturar la cuenta corriente.<\/h2>\n

    <\/p>\n

    Seg\u00fan el juzgador, se muestra inconsecuente la admisi\u00f3n, por parte de la convocada, tanto de la defraudaci\u00f3n, como de la suplantaci\u00f3n, frente al argumento consistente en que ello ocurri\u00f3 sin su intervenci\u00f3n, cuando ni siquiera requiri\u00f3 el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de Cajacopi; por tanto, si anhelaba liberarse de responsabilidad, debi\u00f3 demostrar el cumplimiento de los controles de identidad y representaci\u00f3n del demandante al momento de la apertura de la cuenta corriente efectuada a nombre de la actora, lo cual no hizo.<\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    El env\u00edo de documentos desde un fax de la accionante, concluye el sentenciador, <\/font><\/font>\u00abno es suficiente demostraci\u00f3n de control y cumplimiento de la obligaci\u00f3n de seguridad que se encuentra radicada en cabeza del ente financiero\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    <\/p>\n

    III.DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n

    <\/p>\n

      \n
    1. \n

      S\u00edntesis del escrito de sustentaci\u00f3n.<\/b><\/font><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

      <\/p>\n

      La entidad demandada formul\u00f3 nueve cargos contra la sentencia proferida por el Tribunal; el inicial, con fundamento en el quinto motivo de casaci\u00f3n previsto en el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, al incurrir en nulidad; el sexto en el ordinal segundo ib\u00eddem<\/i>, por incongruencia y, los restantes, en la causal primera, por infracci\u00f3n de la ley sustancial.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      2.R\u00e9gimen aplicable al recurso y metodolog\u00eda de resoluci\u00f3n.<\/b><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Preliminarmente ha de se\u00f1alarse que, como la presente impugnaci\u00f3n extraordinaria fue instaurada con antelaci\u00f3n a la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, la misma seguir\u00e1 su tr\u00e1mite de acuerdo con los lineamientos del Estatuto Procesal Civil, en observancia de lo previsto en los art\u00edculos 624 y 625 de aquella normativa, seg\u00fan los cuales, <\/font>\u00ablos recursos interpuestos (\u2026), se regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos (\u2026)\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      La Corte abordar\u00e1 inicialmente, el estudio de los yerros in procedendo<\/i>, comenzando por el primero y luego el sexto. Posteriormente, los restantes, en el orden l\u00f3gico. As\u00ed, el cuarto alusivo a una falta de legitimidad, el quinto por medio del cual se cuestiona la clase de responsabilidad deducida, el segundo concerniente a la ausencia de \u00e9sta, el tercero y el octavo cuya acumulaci\u00f3n se efectuar\u00e1 por las razones que en su momento se expondr\u00e1n, mediante los cuales se plantean causales eximentes de responsabilidad, el noveno que censura la falta de acreditaci\u00f3n del lucro cesante y el s\u00e9ptimo, la cuantificaci\u00f3n de \u00e9ste.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      IV.CARGO PRIMERO <\/p>\n

      <\/p>\n

      1.Con sustento en la causal quinta del precepto 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se acusa el fallo de haber incurrido en el motivo de nulidad previsto en el ordinal 1\u00b0 del canon 140 del citado Estatuto, por falta de jurisdicci\u00f3n.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      2.Tendiente a demostrar ese reproche, el censor expone lo que a continuaci\u00f3n se compendia:<\/h2>\n

      <\/p>\n

      2.1.Debido a que la naturaleza jur\u00eddica del Banco Agrario corresponde a una sociedad de econom\u00eda mixta con capital p\u00fablico superior al 50%, la llamada a conocer de este proceso es la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, seg\u00fan los lineamientos del art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 1107 de 2006, modificatorio del 82 del C.C.A., pero como no se permiti\u00f3 que \u00e9sta lo definiera, la actuaci\u00f3n qued\u00f3 viciada de nulidad insaneable.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      Seg\u00fan el recurrente, a pesar de que la demanda fue presentada y admitida en vigencia de la norma \u00faltimamente citada, el juez de primera instancia ha debido remitir las diligencias a los jueces administrativos, una vez entr\u00f3 a regir aquella Ley, pero como no lo hizo, surgi\u00f3 la nulidad insubsanable cuya declaraci\u00f3n ha venido reclamando.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      2.2.Con fundamento en unas decisiones del Consejo de Estado, que predican que la Ley 1107 de 2006 adopt\u00f3 un criterio org\u00e1nico para asignarle a la jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo el conocimiento de controversias y litigios en los cuales sean parte las entidades p\u00fablicas, incluyendo las sociedades de econom\u00eda mixta con capital superior al 50%, y por ser dicha normativa de contenido procesal es de aplicaci\u00f3n inmediata, reitera la estructuraci\u00f3n de la nulidad insaneable, por ausencia de jurisdicci\u00f3n de los jueces civiles.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      Seg\u00fan anota, esas decisiones clarificaron la competencia de los jueces administrativos, pues ahora, para establecerla<\/font><\/font>,<\/font><\/font> <\/font><\/font>\u00abno ser\u00e1 relevante determinar si el ente del cual proviene la actividad que dio lugar al litigio o a la controversia cuyo juzgamiento se pretende, ejerce o no funci\u00f3n administrativa, sino que bastar\u00e1 con establecer la naturaleza de la entidad que ejecut\u00f3 la actividad que dio origen al litigio\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Por tanto, seg\u00fan transcripci\u00f3n que realiza de uno de tales prove\u00eddos, concerniente a la aplicaci\u00f3n de la aludida normativa,<\/font><\/font> \u00ab(\u2026) como la regla general indica que la ley procesal en el tiempo se aplica de manera inmediata y rige para el futuro, incluso sobre los procesos pendientes y, como quiera que el legislador en la ley 1107 de 2006 no dispuso mediante normas transitorias expresamente lo contrario, debe concluirse que bajo la nueva ley caen las reglas de jurisdicci\u00f3n y competencia y, como consecuencia, los procesos en curso se ven afectados por la misma (\u2026)\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      2.3.En esas condiciones, recaba la censura, una vez empez\u00f3 a regir la Ley 1107 de 2006, la justicia ordinaria no pod\u00eda seguir conociendo de este litigio en donde se discute la responsabilidad civil extracontractual del Banco Agrario de Colombia, sino que ha debido remitirlo a la Contencioso Administrativa, seg\u00fan aqu\u00e9llos criterios jurisprudenciales, pues, inclusive, agrega, el Consejo Superior de la Judicatura ha dirimido conflictos de jurisdicci\u00f3n asign\u00e1ndole a los jueces administrativos procesos iniciados por los de la especialidad civil antes de la vigencia de aquella, en cuyo respaldo cita una providencia de 12 de mayo de 2010.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      Como quienes aqu\u00ed conocieron y fallaron, lo hicieron sin facultad para ello, recalca la censura, provocaron la nulidad insaneable cuya declaratoria pretende.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      2.4.Insiste en que las disposiciones procesales en el tiempo se aplican de manera inmediata y como aquella normativa no dispuso lo contrario en preceptos transitorios, \u00ablos procesos en curso se ven afectados por la misma (\u2026) [pues] el hecho de que al proceso est\u00e9 vinculada una entidad de esta naturaleza, resulta suficiente para reconocer la competencia de (\u2026) [la] jurisdicci\u00f3n [contencioso administrativa]\u00bb. <\/i><\/font><\/font> <\/h2>\n

      <\/p>\n

      2.5.El principio de la perpetuatio jurisdictionis<\/i> esgrimido por los juzgadores de instancia al denegar la nulidad propuesta, considera la censura, no puede acogerse en este caso, puesto que seg\u00fan doctrina por ella citada, la competencia puede perderse \u00abcuando por virtud de una nueva ley procesal se le asigna su conocimiento a otro funcionario de la misma o distinta rama\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      2.6.Finalmente, estima el recurrente, que a pesar de lo previsto en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 105 de la Ley 1437 de 2011, seg\u00fan el cual,<\/font><\/font> \u00abno son de conocimiento de la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa \u2018[l]as controversias relativas a la responsabilidad extracontractual y a los contratos celebrados por entidades p\u00fablicas que tengan el car\u00e1cter de instituciones financieras \u2026<\/i><\/font><\/font>(sic)<\/font><\/font> cuando correspondan al giro ordinario de los negocios de dichas entidades\u00bb<\/i><\/font><\/font> tal norma no resulta aplicable en este caso, porque de acuerdo con el precepto 308 <\/font><\/font>ib\u00eddem<\/i><\/font><\/font>, aquella<\/font><\/font> \u00absolo se aplica a los procesos iniciados con posterioridad a su vigencia\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/h2>\n

      <\/p>\n

      Por tanto, finaliza el censor, si este asunto se hubiera remitido a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, no existir\u00eda posibilidad de devolverlo a la justicia ordinaria, porque la competencia de aquella, no se vio alterada.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      2.7.Con base en lo anterior pide anular el proceso \u00abpor falta absoluta de jurisdicci\u00f3n\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/h2>\n

      <\/p>\n

      V.CONSIDERACIONES <\/p>\n

      <\/p>\n

      1.La competencia jurisdiccional: fundamento y atributos.<\/b><\/h2>\n

      <\/p>\n

      1.1.La jurisdicci\u00f3n es la manifestaci\u00f3n de soberan\u00eda del Estado para administrar justicia, que para el caso de los reg\u00edmenes democr\u00e1ticos de derecho exige la previsi\u00f3n de al menos una institucionalidad aut\u00f3noma e independiente de los dem\u00e1s poderes p\u00fablicos dispuesta para cumplir la funci\u00f3n de declarar la existencia o certeza de un derecho, o su realizaci\u00f3n efectiva o coactiva, con miras a preservar la armon\u00eda y la paz social.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      El art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagra que <\/font><\/font>\u00abLa Administraci\u00f3n de Justicia es funci\u00f3n p\u00fablica. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones ser\u00e1n p\u00fablicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecer\u00e1 el derecho sustancial. Los t\u00e9rminos procesales se observar\u00e1n con diligencia y su incumplimiento ser\u00e1 sancionado. Su funcionamiento ser\u00e1 desconcentrado y aut\u00f3nomo.\u00bb<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      En desarrollo del referido precepto Superior el canon 1\u00ba de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia, precisa que <\/font><\/font>\u00abLa administraci\u00f3n de justicia es la parte de la funci\u00f3n p\u00fablica que cumple el Estado encargada por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garant\u00edas y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Es tambi\u00e9n la jurisdicci\u00f3n emanaci\u00f3n de la unicidad del Estado -la m\u00e1s importante persona jur\u00eddica de derecho p\u00fablico nacional e internacional- y en consecuencia, aquella es una, indivisible e inalienable- que apenas halla en la competencia su medida y departamentalizaci\u00f3n como instrumento del ejercicio de los poderes y facultades supremas.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Ello no queda desvirtuado porque el Constituyente Nacional, por razones de dise\u00f1o org\u00e1nico en la Carta de 1991, efect\u00fae divisi\u00f3n en varias jurisdicciones como medio para solucionar los problemas funcionales de la dispensa de justicia.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      1.2.Por su parte, como se antel\u00f3, la competencia es instituci\u00f3n que corresponde a la reglamentaci\u00f3n del ejercicio de la jurisdicci\u00f3n a fin de distribuirla entre los distintos jueces en cada etapa o instancia procesal, partiendo de consideraciones sobre los sujetos, materia, cuant\u00eda y territorio, lo que marca una ostensible diferencia con la jurisdicci\u00f3n, puesto que aquella es la especie y \u00e9sta \u00faltima el g\u00e9nero.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      De esta manera, la competencia otorga a cada juez el poder de conocer determinada porci\u00f3n de asuntos, mientras que la jurisdicci\u00f3n corresponde a todos los funcionarios en conjunto. Al respecto ha instruido esta Sala de Casaci\u00f3n:<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      \u00abConcebida la competencia como la potestad o facultad para conocer y decidir determinados asuntos, en procura de la eficiencia, eficacia y orden en la administraci\u00f3n de justicia, el legislador en ejercicio de su poder de configuraci\u00f3n normativa, la distribuye entre los diferentes jueces, adscribi\u00e9ndola a uno en particular, conforme a los conocidos fueros por materia (ratione materia) y cuant\u00eda (lex rubria) del proceso (factor objetivo), la calidad de las partes (ratione personae, factor subjetivo), naturaleza de la funci\u00f3n (factor funcional), conexidad, econom\u00eda o unicidad procesal (fuero de atracci\u00f3n, autos de 30 de septiembre de 1993 y 6 de octubre de 1994) y lugar (factor territorial), est\u00e1 delimitada conforme \u201ca los denominados fueros o foros (\u2026) (CCLXI, 48).\u00bb (SC 1\u00ba jul. 2009, Rad. 2000-00310-01).<\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      A pesar de su aparente naturaleza simplemente instrumental, la figura en comentario es desarrollo de una relevante garant\u00eda constitucional fundamental, denominada legalidad del Juez \u2013 se\u00f1alada por algunos como \u00abJuez natural\u00bb<\/i><\/font><\/font>, la cual, en \u00faltimas, reclama por la predeterminaci\u00f3n jur\u00eddica de la autoridad a quien corresponde ejercer tan notable poder estatal en un evento espec\u00edfico.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      En este sentido, son numerosos los instrumentos internacionales que al condensar los principios del derecho de gentes<\/i>, reclaman por la presencia de un Juez competente en orden a la definici\u00f3n de los derechos, obligaciones y cualquier otra situaci\u00f3n jur\u00eddica que corresponda a todas las personas, por su sola condici\u00f3n de tal.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Muestra de lo anterior es lo previsto en el art\u00edculo 10\u00b0 de la Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos Humanos1<\/a>; el canon 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos2<\/a> y; el precepto 8\u00b0 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos3<\/a>; disposiciones todas que resultan congruentes con la voluntad constituyente vertida en la cl\u00e1usula Superior destinada a condensar el postulado del debido proceso, donde el componente que se viene analizando se consigna en los siguientes t\u00e9rminos: \u00abNadie podr\u00e1 ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u00bb<\/i><\/font><\/font> <\/i>(C.P., art. 29, inc. 2\u00ba).<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      En este orden, se tiene que la noci\u00f3n de competencia viene a integrar y concretar el amplio \u00e1mbito de atribuciones que es propio a la idea de potestad jurisdiccional; ello por cuanto una vez se ha establecido que el conocimiento de determinado tipo de petici\u00f3n corresponde a los \u00f3rganos judiciales o a sus equivalentes, la regla de competencia interviene para determinar y asignar de forma espec\u00edfica a cu\u00e1l de todos los funcionarios dispuestos corresponde la causa.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Esta garant\u00eda entonces se materializa en el establecimiento de reglas claras que permitan al justiciable conocer el sujeto que habr\u00e1 de estar encargado de conocer y resolver cada uno de los t\u00f3picos materia de decisi\u00f3n; para ello, la competencia se ordena por normas imperativas concretas<\/b>, contentivas de reglas de orden p\u00fablico e inter\u00e9s general<\/b> que en principio se predican inmodificables, improrrogables, indelegables y susceptibles de sanci\u00f3n <\/b>por v\u00eda de anulaci\u00f3n de las conductas que vulneran la prerrogativa constitucional del debido proceso.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Sobre el particular ilustr\u00f3 la Corte Constitucional:<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      \u00abPor regla general, corresponde al legislador en aquellos casos en que el Constituyente no lo haya hecho, asignar competencia a los distintos entes u \u00f3rganos del Estado. Una vez definida la competencia es posible determinar cu\u00e1l es el funcionario a quien le corresponde conocer o tramitar un asunto espec\u00edfico. La competencia se fija de acuerdo con distintos factores, a saber: la naturaleza o materia del proceso y la cuant\u00eda (factor objetivo), la calidad de las partes que intervienen en el proceso (factor subjetivo), la naturaleza de la funci\u00f3n que desempe\u00f1a el funcionario que debe resolver el proceso (factor funcional), el lugar donde debe tramitarse el proceso (factor territorial), el factor de conexidad.<\/p>\n

      <\/p>\n

      La competencia debe tener las siguientes calidades: legalidad, pues debe ser fijada por la ley; imperatividad, lo que significa que no es derogable por la voluntad de las partes; inmodificabilidad, porque no se puede variar en el curso de un proceso (perpetuatio jurisdictionis); la indelegabilidad, ya que no puede ser delegada por quien la detenta; y es de orden p\u00fablico, puesto que se funda en principios de inter\u00e9s general\u00bb (C-655\/97).<\/p>\n

      <\/p>\n

      2.Inmodificabilidad de la competencia jurisdiccional y principio de aplicaci\u00f3n general inmediata de la norma procesal.<\/b><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      2.1.Como se anot\u00f3, una de las m\u00e1s relevantes caracter\u00edsticas de la competencia jurisdiccional es la inmodificabilidad, denominaci\u00f3n legal que jurisprudencial y doctrinariamente ha sido acogida bajo la f\u00f3rmula latina perpetuatio jurisdictionis<\/i> y que m\u00e1s correctamente deber\u00eda denominarse competencia perpetua, si se atiende la verdadera dimensi\u00f3n de los conceptos relacionados.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      Dicha propiedad, que no es ajena a contar con excepciones, constituye una arista fundamental del principio de Juez competente, en tanto complementa las dem\u00e1s caracter\u00edsticas de la figura: orden p\u00fablico, legalidad, imperatividad e indelegabilidad, impidiendo que las mismas pierdan vigencia por la posibilidad de una sobreviniente variaci\u00f3n de la aptitud legal regularmente radicada.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Procura esta nota caracter\u00edstica asegurar la integralidad del conocimiento del asunto, esto es, que el juez de la acci\u00f3n sea el de la excepci\u00f3n de fondo, es decir de la posterior decisi\u00f3n, generando seguridad jur\u00eddica por v\u00eda de la garant\u00eda de que la concurrencia de los factores al momento de la presentaci\u00f3n de la demanda es la determinante de la aptitud legal, sin que en principio, las contingencias posteriores tengan incidencia para mutar la situaci\u00f3n inicial.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Corresponde precisar que para el caso de los sistemas procesales dispositivos, el momento de la adquisici\u00f3n de la competencia es aquel en el cual se presenta la solicitud de iniciaci\u00f3n del procedimiento, complementado por el acto en el cual la autoridad judicial ordena darle curso al mismo, manifestaci\u00f3n de voluntad que entra\u00f1a la afirmaci\u00f3n de sujeto competente y la consecuente exclusi\u00f3n de los dem\u00e1s funcionarios investidos del poder jurisdiccional, adem\u00e1s de la satisfacci\u00f3n de los restantes presupuestos procesales.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      2.2.Es sabido que el surgimiento de una norma jur\u00eddica nueva, relativa al tr\u00e1mite de las actuaciones judiciales, provoca diversas reacciones y criterios sobre la manera y momento en que debe hacerse obrar, esencialmente, en los asuntos iniciados con antelaci\u00f3n a su vigencia.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      Es claro que no se presenta mayor controversia, cuando a la entrada en vigencia de la nueva reglamentaci\u00f3n, el juicio ya se encuentra culminado bajo los lineamientos de la derogada, pues lo all\u00ed resuelto debe permanecer intacto; tampoco ha existido pol\u00e9mica trat\u00e1ndose de procesos promovidos despu\u00e9s de entrar a regir aquella, toda vez que en ese caso, la contienda debe ser \u00edntegramente rituada por dicha ley posterior, aunque en uno u otro evento deber\u00e1 atenderse lo que al respecto haya previsto la misma reglamentaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      No obstante, en lo concerniente a los asuntos en tr\u00e1mite o no clausurados y ajenos a una regulaci\u00f3n transitoria particular, no ha existido consenso definitivo, pues tanto la doctrina, como la jurisprudencia han planteado criterios divergentes.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Al respecto, una tendencia ha considerado que la ley anterior debe aplicarse a todo el proceso cuyo tr\u00e1mite fue iniciado bajo su imperio y que la nueva gobierne solamente las causas posteriores, esto es, la ultractividad plena de la normativa derogada; de otro lado, tambi\u00e9n se ha reclamado al amparo del principio de aplicaci\u00f3n inmediata, traducido en que las nuevas disposiciones sean aplicadas a todas la situaciones tan pronto entren a regir.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Puede advertirse, si se aprecia con detenimiento la estructura secuencial y proyectiva del proceso jurisdiccional -y como tambi\u00e9n ense\u00f1a la experiencia-, que una y otra posici\u00f3n adoptada de forma absoluta resulta seriamente problem\u00e1tica.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Justamente por ello, de vieja data, nuestro ordenamiento ha acogido la segunda tesis, pero con matizaciones especiales que consultan las realidades procesales, esto es, la aplicaci\u00f3n inmediata pero con eventos de ultractividad, tal cual se condens\u00f3 desde la versi\u00f3n original del art\u00edculo 40 de la Ley 153 de 18874<\/a>, a cuyo tenor: \u00abLas leyes concernientes a la sustanciaci\u00f3n y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los t\u00e9rminos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regir\u00e1n por la ley vigente al tiempo de su iniciaci\u00f3n\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      En punto de este particular, la jurisprudencia de la Sala instruy\u00f3:<\/font><\/p>\n

      \u00abEs hoy en d\u00eda verdad sabida que frente a la aparici\u00f3n de leyes procesales nuevas en el \u00e1mbito civil, rige a modo de principio general de enlace normativo intertemporal el de la aplicaci\u00f3n inmediata de los nuevos preceptos, respet\u00e1ndose desde luego el postulado axiom\u00e1tico de la no retroactividad \u00bb tambi\u00e9n reconocido de modo concluyente por el derecho procesal legislado y de cuyo significado puede decirse, en apretada s\u00edntesis, que no permite atribuirle o la normatividad naciente alcances que afectan hechos pasados o las consecuencias inmediatas que, pesar de encontrarse estas aun latentes, ellos est\u00e1n llamados a producir bajo el ordenamiento anterior …\u00bb (G.J. C.XCII, p\u00e1g. 30).<\/p>\n

      <\/p>\n

      Significa esto, y por lo com\u00fan de acuerdo con esta doctrina estatuyen positivamente preceptos de los que sin duda constituye se\u00f1alado ejemplo entre nosotros el art\u00edculo 40 de la Ley 153 de 1887, que los procedimientos para dispensar tutela jur\u00eddica a cargo de autoridades del orden jurisdiccional son asuntos de estricto orden p\u00fablico que se regulan en cada momento como mejor convenga al inter\u00e9s social, raz\u00f3n por la cual se dice que la nueva ley concerniente a tales materias debe tener aplicaci\u00f3n general inmediata aun respecto de pleitos pendientes o no resueltos, pero respetando por principio y en gracia del aludido postulado que repele le retroactividad, las situaciones concretas; en cada actuaci\u00f3n irrevocablemente consumadas. As\u00ed, entonces, trat\u00e1ndose de procesos ya del todo terminados, ventilados por consiguiente bajo el imperio de la legislaci\u00f3n anterior, sus efectos son intangibles y frente a ellos el tr\u00e1nsito normativo ninguna consecuencia lleva aparejada, a menos que de manera expresa el legislador hubiera dispuesto lo contrario; en el evento de proceso no iniciados o futuros, como es apenas natural, la nueva ley es la llamada a regirlos integralmente aun cuando la cuesti\u00f3n de fondo tenga origen de hechos acaecidos antes de su vigencia; y en fin, cuando se trata de procesos no terminados o en curso al entrar en vigencia el nuevo ordenamiento, son intangibles las situaciones procesales creadas, lo que equivale a sostener, entre otras cosas de no menor importancia, en primer lugar que no obstante la apremiante necesidad de le aplicaci\u00f3n inmediata y generalizada del ordenamiento ritual en menci\u00f3n, no se puede restringir o generar la producci\u00f3n normal de los efectos que, si amparo de la legislaci\u00f3n derogada, debieron producir aquellas situaciones, y en segundo lugar, que como la nueva ley no se aplica a los hechos procesales sucedidos antes de que ella entre en vigor, \u00ablos efectos que a ellos atribuye la norma jur\u00eddica entonces imperante contin\u00faan subsistiendo y, por ende, su eficacia no puede desconocerse so pretexto del cambio de legislaci\u00f3n …\u00bb (C.S.J. Sala de Casaci\u00f3n Civil, providencia de 22 de agosto de 1574 no publicada).\u00bb (CSJ AC112, 28 nov. 1990, Exp. 3251).<\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      A tono con la inteligencia del principio referido, diferentes estatutos de procedimiento civil han incluido reglas particulares de tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n con similar enfoque, como bien puede verse en los art\u00edculos 1228 del C\u00f3digo Judicial (Ley 105 de 1931), 699 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (Decreto 1400 de 1970) y 625 del C\u00f3digo General del Proceso (Ley 1564 de 2012); cada uno de los cuales, innegablemente, ha incrementado el espectro de los supuestos de ultractividad, sin renunciar a la vocaci\u00f3n de inmediata aplicaci\u00f3n del nuevo compendio.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      2.3.La revisi\u00f3n detenida de los temas precedentemente abordados y la relaci\u00f3n de los mismos entre s\u00ed, conduce a inferir, a priori, <\/i>una suerte de choque o colisi\u00f3n entre las instituciones comprometidas en lo que respecta a su alcance pr\u00e1ctico y necesaria estimaci\u00f3n simult\u00e1nea para los procesos en curso que enfrenten eventos de tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n que incluyan reformas a las pautas de competencia.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      En efecto, si de una parte, la caracter\u00edstica de inmodificabilidad supone que la aptitud legal <\/i>debidamente radicada \u2013conforme al estado de cosas inicial- debe perpetuarse por v\u00eda de principio; y de otro lado, es regla general que las nuevas normas procesales deben aplicarse inmediatamente, incluso para las actuaciones no terminadas, resulta evidente que se estructura un enfrentamiento conceptual con notables consecuencias pr\u00e1cticas si la variaci\u00f3n normativa comprende reglas de atribuci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Vistas as\u00ed las cosas, optar por una figura supondr\u00eda menoscabar o derogar en el caso concreto a la otra, es decir, si se elige ponderar la perpetuatio jurisditionis<\/i>, ello comportar\u00eda desconocer el car\u00e1cter indisponible, imperativo y de orden p\u00fablico de la norma procesal, al tiempo que proceder en sentido contrario, haciendo prevalecer el principio de aplicaci\u00f3n inmediata general de una norma procesal sobre competencia, dar\u00eda lugar a negar el atributo de inmutabilidad que confiere sentido a la filosof\u00eda, prop\u00f3sitos pol\u00edticos y utilidad jur\u00eddica de la distribuci\u00f3n del poder jurisdiccional, en tanto garant\u00eda procesal.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      3.<\/b>Perpetuatio <\/b><\/i>jurisdictionis: postura circunscrita a las variaciones en las situaciones de hecho<\/b><\/h2>\n

      <\/p>\n

      La respuesta que tradicionalmente mereci\u00f3 el dilema<\/i> propuesto, en los eventos de ausencia de previsi\u00f3n legal espec\u00edfica, consisti\u00f3 en hacer prevalecer el car\u00e1cter de orden p\u00fablico de la norma procesal y limitar el alcance de la inmutabilidad de la competencia a las variaciones en las circunstancias de hecho, negando la posibilidad de perpetuar la aptitud legal del juzgador frente a los cambios en materia de criterios de competencia y organizaci\u00f3n judicial.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      En el marco de esta l\u00ednea de la inmodificabilidad de la competencia se sostuvo por esta Corporaci\u00f3n:<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      \u00abLa competencia establecida inicialmente para el conocimiento de un proceso no var\u00eda con posterioridad, salvo disposici\u00f3n expresa de la ley, por aplicaci\u00f3n del principio general del derecho llamado de la perpetuatio jurisdictionis, cuya finalidad es concentrar el conocimiento del negocio, en lo posible, en un solo Juez, a pesar de las variaciones que ocurran en la situaci\u00f3n de hecho<\/b>, impidiendo, de paso, que el expediente deambule de un lugar a otro.\u00bb (AC, 8 abr. 1992).<\/p>\n

      <\/p>\n

      De igual forma se afirm\u00f3 al amparo de postulado copiosamente reiterado de la Sala sobre el \u00ab\u2019efecto absoluto e inmediatamente obligatorio\u2019\u00bb<\/i><\/font><\/font> <\/i>(G.J. ts. LXXJL p\u00e1g. 512. XLII, p\u00e1g. 73 y XC, p\u00e1g. 271), predicable \u00abde todas aquellas normas de alcance general que, en atenci\u00f3n a precisas finalidades de inter\u00e9s institucional para la organizaci\u00f3n judicial del pa\u00eds, directa o indirectamente introducen cambios en las bases y en las \u00f3rbitas de la competencia asignada a jueces y tribunales\u00bb<\/i><\/font><\/font> que no es aplicable regla de ultractividad, ni siquiera parcial en la materia, en tanto:<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      \u00abno les son aplicables los art\u00edculos 40 de la Ley 153 de 1887 y 699 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, trat\u00e1ndose de actuaciones todav\u00eda pendientes o en curso, as\u00ed como tampoco es factible en modo alguno pretender oponerles artificiales cortapisas derivadas de un texto de rango legal que, cual acontece con el art\u00edculo 21 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, alude por supuesto a modificaciones sobrevinientes en las circunstancias concretas de hecho que ante un asunto dado, permitieran radicar la competencia en una autoridad judicial determinada, no as\u00ed a eventuales variaciones de las normas de derecho p\u00fablico que delimitan la esfera de atribuciones dentro de la cual le es l\u00edcito a esa misma autoridad ejercer la potestad jurisdiccional de que est\u00e1 investida\u00bb (AC 21 mar. 1997, Exp. 6526, entre mucho otros).<\/p>\n

      <\/p>\n

      Incluso se lleg\u00f3 a concluir categ\u00f3ricamente que<\/font><\/font> <\/font><\/font>\u00abno puede hablarse frente a la ley de aplicaci\u00f3n del principio de la perpetuatio jurisdictionis\u00bb<\/i><\/font><\/font> (AC 10 mar. 1997, Exp. 6521).<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      La m\u00e1s autorizada doctrina nacional, inspirada en literatura especializada cl\u00e1sica, particip\u00f3 de la tesis que se viene referenciando, al conceptuar:<\/font><\/font> <\/font><\/font>\u00absi por ley var\u00eda el juez competente, deben enviarse a quien en lo sucesivo lo fuere, los procesos en curso, pues se trata de competencia, que es de orden p\u00fablico, Art. 26 de la Constituci\u00f3n, es superior a la ley que regula la perpetuatio jurisditionis\u00bb<\/i><\/font><\/font>5<\/a>;<\/i><\/font><\/font> concluyendo sobre la figura que <\/font><\/font>\u00abno existe, como se ve, frente a las nuevas leyes procesales, y solo se aplica para las circunstancias de hecho que determinan la competencia en relaci\u00f3n con estos factores: valor, territorio o domicilio y calidad de las partes\u00bb<\/i><\/font><\/font>6<\/a>.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      4.Inmodificabilidad de la competencia a partir del bloque de constitucionalidad.<\/b><\/h2>\n

      <\/p>\n

      4.1.La inclinaci\u00f3n hacia una visi\u00f3n m\u00e1s amplia de la inmutabilidad de la competencia, esto es, la perspectiva que no confina el alcance de la figura a las situaciones de hecho e incluye a las de derecho (normas procesales referidas a la competencia), blindando en mayor medida la aptitud legal del funcionario judicial hasta la finalizaci\u00f3n del procedimiento, es fen\u00f3meno relativamente contempor\u00e1neo, y en importante grado, emanado de los avances en garant\u00edas procesales que encuentran venero en los instrumentos de derecho internacional, la aplicaci\u00f3n directa de la cl\u00e1usula fundamental del debido proceso, su interpretaci\u00f3n por la jurisprudencia constitucional y los estudios de la doctrina especializada; todo lo cual condujo, incluso, a la positivizaci\u00f3n de norma concreta en la materia que en la actualidad permite entender contundentemente superado el debate relacionado.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      4.2.Antes de sustentar lo anterior, es del caso precisar desde una mirada retrospectiva, que siempre estuvo latente y por consiguiente result\u00f3 plausible una hermen\u00e9utica amplia de la inmodificabilidad, si se considera que la pauta jur\u00eddica que en nuestro ordenamiento estableci\u00f3 el principio de aplicaci\u00f3n general inmediata de la norma procesal -matizada con eventos de ultractividad-, art\u00edculo 40 de la Ley 153 de 1887, refer\u00eda tan s\u00f3lo a \u00abLas leyes concernientes a la <\/i><\/font><\/font>sustanciaci\u00f3n y ritualidad de los juicios<\/b><\/i><\/font><\/font>\u00bb, <\/i><\/font><\/font>es decir, a las reglas procedimentales propiamente dichas (llamadas tambi\u00e9n procesales formales o de simple procedimiento), las cuales difieren seg\u00fan esfuerzo doctrinario de clasificaci\u00f3n, de las disposiciones procesales materiales<\/i> y las procesales org\u00e1nicas<\/i>, esta \u00faltima categor\u00eda \u00edntimamente relacionada con la competencia, en tanto alude a las leyes que se ocupan de la constituci\u00f3n del \u00f3rgano jurisdiccional y sus atribuciones.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      En este sentido, si la regla de aplicaci\u00f3n inmediata matizada no refer\u00eda a las normas procesales de competencia (org\u00e1nicas), sino tan s\u00f3lo a las de sustanciaci\u00f3n o ritualidad de los juicios (simple procedimiento), y por su parte, la inmodificabilidad es nota caracter\u00edstica de la atribuci\u00f3n jurisdiccional concreta -al tiempo que garant\u00eda-, correspond\u00eda inferir que ambas figuras podr\u00edan coexistir sin excluirse, en favor de la perpetuaci\u00f3n del conocimiento del funcionario jurisdiccional y sin desmedro de las disposiciones rituales que el legislador expresa o impl\u00edcitamente dese\u00f3 que afectaran los procesos en curso.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      4.3.Retomando, del marco convencional referido en el numeral 1.2., corresponde reiterar y destacar por su pertinencia, el alcance del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 8\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, que al referirse a las \u00abgarant\u00edas judiciales\u00bb <\/i><\/font><\/font>m\u00ednimas<\/font><\/font>7<\/a>, establece:<\/h2>\n

      <\/p>\n

      Toda persona tiene derecho a ser o\u00edda, con las debidas garant\u00edas y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciaci\u00f3n de cualquier acusaci\u00f3n penal formulada contra ella, o para la determinaci\u00f3n de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, o de cualquier otro car\u00e1cter8<\/a>.<\/p>\n

      <\/p>\n

      Conviene aclarar que este cuerpo normativo integra el bloque de constitucionalidad de conformidad con lo previsto en el canon 93 Superior y su alcance no est\u00e1 restringido a las actuaciones penales, sino que expresamente cobija a cualquier asunto donde se determinen las obligaciones y derechos de toda persona en el \u00aborden civil, laboral, o de cualquier otro car\u00e1cter\u00bb;<\/i><\/font><\/font> escenarios todos dentro de los cuales se exige por igual que las situaciones jur\u00eddicas sean conocidas y definidas \u00ab<\/i><\/font><\/font>por un juez o tribunal competente<\/i><\/font><\/font>, independiente e imparcial, <\/i><\/font><\/font>establecido con anterioridad por la ley<\/i><\/font><\/font>\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Como tambi\u00e9n se antel\u00f3, el principio de legalidad del Juez, esto es, la garant\u00eda de predeterminaci\u00f3n jur\u00eddica de la autoridad del proceso, se condens\u00f3 en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, bajo la expresi\u00f3n \u00abante juez o tribunal competente\u00bb<\/i><\/font><\/font> (art. 29), respecto de la cual ha ilustrado la Corte Constitucional:<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      \u00ab<\/font>El derecho al juez natural constituye una de las garant\u00edas b\u00e1sicas que, junto al complejo del derecho de defensa y el principio de legalidad, definen el debido proceso. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el derecho en cuesti\u00f3n se encuentra consagrado en la Carta en el art\u00edculo 29, al disponer que \u201cnadie podr\u00e1 ser juzgado sino…. ante juez o tribunal competente\u201d. Dicho texto normativo, si bien enuncia la idea b\u00e1sica que subyace en el derecho al juez natural, no contiene en su integridad el contenido normativo del derecho, ni mucho menos define su n\u00facleo esencial.<\/b>\/\/ Seg\u00fan la jurisprudencia de esta corporaci\u00f3n, el juez natural es aquel a quien la Constituci\u00f3n y la ley le han asignado competencia para conocer cierto asunto. Con ello, la Corte no ha hecho m\u00e1s que reiterar lo dispuesto en el texto normativo anterior. La exigencia de que se haya asignado normativamente competencia no es suficiente para definir el concepto de juez natural, pues como lo subray\u00f3 esta corporaci\u00f3n en la sentencia C-208 de 1993, el derecho en cuesti\u00f3n exige adem\u00e1s que no se altere \u201cla naturaleza de funcionario judicial\u201d y que no se establezcan jueces o tribunales ad-hoc. Ello implica que es consustancial al juez natural que previamente se definan quienes son los jueces competentes, que estos tengan car\u00e1cter institucional y que una vez asignada \u2013debidamente- competencia para conocer un caso espec\u00edfico, no les sea revocable el conocimiento del caso, salvo que se trate de modificaciones de competencias al interior de una instituci\u00f3n<\/b>.\u00bb (CC SU-1184\/01; destacado fuera de texto).<\/p>\n

      <\/p>\n

      En desarrollo y precisi\u00f3n de su l\u00ednea de pensamiento, el Tribunal Constitucional enfatiz\u00f3 m\u00e1s recientemente que<\/font><\/font> <\/font><\/font>\u00abs\u00ed existe y es aplicable en el ordenamiento constitucional colombiano, un principio normativo en virtud del cual la competencia judicial tiende a perpetuarse a pesar de las reformas legales (\u2018perpetuatio jurisdictionis)\u00bb, <\/i><\/font><\/font>respecto del cual recalc\u00f3 que se trata de <\/font><\/font>\u00abuna garant\u00eda no absoluta y ponderable\u00bb<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>que no supone limitaci\u00f3n categ\u00f3rica e infranqueable al legislador para alterar competencias judiciales de procesos en curso, siempre y cuando se exhiba justificaci\u00f3n suficiente para reducir el \u00e1mbito de la inmodificabilidad, dado que la figura detenta condici\u00f3n de salvaguarda instrumental, esto es, al servicio de caros fines constitucionales del proceso, que relacion\u00f3 en los siguientes t\u00e9rminos:<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      \u00ab19. En definitiva, si bien no puede decirse que la Constituci\u00f3n proh\u00edba de forma terminante o absoluta al legislador alterar competencias judiciales de procesos en curso, pues ya se vio que la jurisprudencia de la Corte no s\u00f3lo ha admitido facultar a determinadas autoridades para que lo hagan, sino que incluso ha considerado que se ajusta a la Carta que lo disponga el legislador directa o indirectamente, lo cierto es que el Congreso tampoco puede alterar ilimitadamente, y en cualquier caso, la competencia judicial de los procesos que se encuentren en curso. La Corte Constitucional ha se\u00f1alado que hay ciertos l\u00edmites a esa competencia del legislador, y a primera vista parecen diferentes entre s\u00ed<\/b>. No obstante, lo cierto es que hay algo en com\u00fan en esos l\u00edmites, y es que todos se derivan del derecho fundamental a un juez natural, y m\u00e1s espec\u00edficamente de una garant\u00eda no absoluta y ponderable, de inmodificabilidad de la competencia judicial. Dicha garant\u00eda tiene sustento constitucional en el derecho fundamental a un juez competente, y se justifica por los motivos que a continuaci\u00f3n expone la Sala Plena.<\/p>\n

      <\/p>\n

      20. En un Estado social de Derecho<\/b>, como el colombiano (CP art. 1), debe procurarse cierta estabilidad y coherencia en la aplicaci\u00f3n del derecho<\/b>, no s\u00f3lo por razones de seguridad jur\u00eddica<\/b>, sino tambi\u00e9n de confianza leg\u00edtima en las instituciones<\/b> (CP art. 83), y de igualdad de trato<\/b> (CP art. 13). A su turno, el Constituyente estableci\u00f3 que las actuaciones de la administraci\u00f3n de justicia deben ser oportunas<\/b>, y por lo mismo previ\u00f3 que han de ser permanentes<\/b>, y que los t\u00e9rminos procesales deben observarse con diligencia<\/b> (CP art. 228). El derecho al debido proceso es, por esa raz\u00f3n, un derecho a un proceso p\u00fablico \u201csin dilaciones injustificadas\u201d<\/b> (CP art. 29). Las personas tienen en todo proceso el derecho a \u201cpresentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra<\/b>\u201d (CP art. 29), justamente para que sean tenidas en cuenta sus alegaciones probatorias, lo cual significa que tienen derecho a que sus argumentos en materia de pruebas, cuando cumplan las condiciones jur\u00eddicas para ello, sean eficaces. La alteraci\u00f3n de competencias, aplicable a procesos en curso, tiene la virtualidad de incidir en el cumplimiento de cada uno de esos fines del proceso judicial, incluso si no supone asignar las atribuciones a jueces ad hoc o a una jurisdicci\u00f3n distinta a la ordinaria, sino por ejemplo pasarla de una especialidad a otra de la justicia en lo ordinario.<\/b><\/p>\n

      <\/p>\n

      21. En efecto, una variaci\u00f3n de competencias aplicable a procesos pendientes, cuando introduce un cambio en la especialidad del juez<\/b> (civil a laboral, o viceversa), puede suponer cambios de criterio en la interpretaci\u00f3n del derecho<\/b>, por estar cada ramo de la justicia ordinaria encabezado por salas de casaci\u00f3n distintas en la Corte Suprema de Justicia (civil o laboral, seg\u00fan el caso). Los cambios de criterios en la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del derecho no est\u00e1n del todo prohibidos, pero inciden en la estabilidad que en principio debe tener la administraci\u00f3n de justicia en un Estado de Derecho, y como efecto de eso interfieren en la eficacia de los principios de confianza leg\u00edtima y \u2013posiblemente- de seguridad jur\u00eddica e igualdad<\/b>. La trasferencia de expedientes en procesos en curso, puede a su vez impactar la celeridad procesal, y el cumplimiento de las oportunidades previstas en la ley, objetivos que si bien tampoco son absolutos, y admiten ser ponderados, s\u00ed conducen a que la competencia de procesos pendientes se altere cuando haya razones suficientes para ello<\/b>. La eficacia de las pruebas, asegurada entre otros por el principio de inmediaci\u00f3n, puede igualmente ser impactada por las variaciones de competencia en el curso del proceso jurisdiccional. La inmodificabilidad de la competencia es entonces una garant\u00eda instrumental, al servicio de otros fines constitucionales del proceso.<\/b><\/p>\n

      <\/p>\n

      22. El derecho a la inmodificabilidad de la competencia no es sin embargo absoluto, y se han admitido no s\u00f3lo leyes que autorizan variaciones de competencia a procesos pendientes, sino tambi\u00e9n leyes que introducen, directa o indirectamente, las alteraciones asimismo a procesos pendientes<\/b>. Y debe decirse que estos son eventos, que vendr\u00edan a sumarse a otros, ilustrados por la doctrina jur\u00eddico procesal, en los cuales las codificaciones prev\u00e9n para casos futuros hip\u00f3tesis en las que tendr\u00eda cabida un cambio en la competencia dentro de procesos en curso (y que en esa medida son limitaciones, muchas veces proporcionales, a este principio). Por ejemplo, se se\u00f1ala que la recusaci\u00f3n o el impedimento pueden ser razones justas y suficientes para variar la competencia judicial durante un proceso \u2013alteraci\u00f3n en la competencia del juez de car\u00e1cter personal-. La supresi\u00f3n justificada de una especialidad en la justicia ordinaria (jueces agrarios o comerciales), y la remisi\u00f3n de los procesos pendientes a otra de la misma jurisdicci\u00f3n (a la justicia civil), es un caso de cambio aceptable de competencia judicial \u2013cambio en la competencia del juez \u00f3rgano-. La Constituci\u00f3n misma prev\u00e9 que ser\u00eda posible alterar durante un proceso la competencia judicial \u2013en el sentido del juez \u00f3rgano-, cuando se integra o deja de formar parte de \u201cnegocios contenciosos\u201d un agente diplom\u00e1tico acreditado ante el Gobierno Nacional, en los casos previstos por el derecho internacional, ya que en esos eventos la competencia la asume o la deja de tener, seg\u00fan el caso, la Corte Suprema de Justicia (CP art. 235 num. 5). [39]<\/p>\n

      <\/p>\n

      23. Conviene entonces sintetizar que el legislador tiene amplia potestad para variar las competencias, incluidas las de procesos en curso (C-200 de 2002). [40] Sin embargo, esa atribuci\u00f3n no es absoluta y tiene ciertos l\u00edmites. (\u2026) En general, puede decirse que a falta de justificaci\u00f3n suficiente, no podr\u00eda entonces alterar la competencia en procesos pendientes. La variaci\u00f3n de la competencia debe, por tanto, perseguir un fin leg\u00edtimo y ser adecuada para conseguirlo<\/b>. (CC C-755\/13; destacado fuera de texto)<\/font><\/font>.<\/p>\n

      <\/p>\n

      4.4.A tono con la referida comprensi\u00f3n y en casos concretos, las Altas Corporaciones judiciales han expuesto criterios favorables a la inmutabilidad, por encima de eventos de alteraci\u00f3n de normas sobre especialidad jurisdiccional y competencia, en los que el legislador no dispuso una medida espec\u00edfica.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      Como muestra de ello, esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, al estudiar y denegar un cargo en el cual se denunciaba la incursi\u00f3n en nulidad por falta de jurisdicci\u00f3n<\/i>, aunque como argumento principal sostuvo la ausencia de variaci\u00f3n normativa, tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3:<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      \u00abAs\u00ed las cosas, ha de concluirse que <\/i><\/font>definida la jurisdicci\u00f3n inicialmente a favor de los jueces civiles, los funcionarios adscritos a ella eran los encargados de decidir el conflicto en las instancias permitidas por la ley<\/b><\/i><\/font>, sin que sea admisible la hibridaci\u00f3n que ahora defiende el recurrente.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Es m\u00e1s, aunque la Ley 1107 de 2006 hubiera alterado las competencias de los jueces administrativos para asignarles los litigios entablados contra entidades como la que aqu\u00ed se demand\u00f3 -lo que no ocurri\u00f3 seg\u00fan se explic\u00f3 en precedencia-, ese hecho no imped\u00eda al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto fallar el proceso en segunda instancia, pues <\/i><\/font>la especialidad de la jurisdicci\u00f3n en este caso se defini\u00f3 con base en las normas vigentes para el momento de sometimiento de la demanda a reparto<\/b><\/i><\/font> (23 de abril de 2001) y ning\u00fan precepto sobreviniente modific\u00f3 esa situaci\u00f3n. Por consiguiente, como el Tribunal fungi\u00f3 en calidad de superior funcional del a quo y ejerci\u00f3 su poder decisorio conforme a la ley, emerge que no pudo configurarse la nulidad invocada por el casacionista. <\/i><\/font>(SC <\/font><\/font><\/font>28 abr. 2009, rad. 2001-00902-01).<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      De igual manera, el Consejo de Estado, refiri\u00e9ndose a la aplicaci\u00f3n de la Ley 1107 de 2006 y con notable alusi\u00f3n a la relaci\u00f3n de la inmodificabilidad con otros fines constitucionales del proceso, expuso:<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      \u00abSe encuentra que la jurisdicci\u00f3n ordinaria debe conocer la presente litis, dado que la Ley 1107 entr\u00f3 en vigencia el 27 de diciembre de 2006 y la demanda se present\u00f3 -y se admiti\u00f3- con anterioridad a la fecha -antes referida-.<\/p>\n

      <\/p>\n

      Se impone, en sana l\u00f3gica, la aplicaci\u00f3n correcta de la ley en el tiempo y, en esa din\u00e1mica, el respeto al derecho fundamental de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia y a los principios de irretroactividad, seguridad jur\u00eddica, igualdad y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal.\u00bb (Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci\u00f3n 3\u00aa, Subsecci\u00f3n B, CE 22 feb. 2013, rad. 2011-00499-01 [43277]).<\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura, al dirimir conflictos de jurisdicci\u00f3n<\/i> suscitados entre jueces civiles y administrativos derivados de la entrada en vigencia de la mencionada Ley 1107 de 2006, luego de que aqu\u00e9llos hab\u00edan asumido la competencia de acuerdo con la ley vigente en su momento, ha reiterado la aplicaci\u00f3n del principio de la \u00abperpetuatio jurisdictionis\u00bb<\/i>, as\u00ed:<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      \u00ab(\u2026) Por lo tanto cabe afirmar que<\/i><\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>es la existencia al momento de admitirse la demanda la que determina la competencia del funcionario, desat\u00e1ndose de igual forma, la jurisdicci\u00f3n competente, sin que posteriores modificaciones, reales o aparentes, de las mismas normas de competencia, alteren la ya planteada<\/b><\/i><\/font><\/font>, <\/i><\/font><\/font>proposici\u00f3n que se muestra en raz\u00f3n, a que, no tendr\u00eda sentido que en un litigio, donde se trab\u00f3 bajo las normas aplicables para el asunto, en una fecha determinada, sea expuesta a ser objeto de eventuales aclaraciones de car\u00e1cter procesal, porque a posteriori se observa o advierta que el juez que ven\u00eda conociendo del caso perdi\u00f3 la jurisdicci\u00f3n y la competencia para llevarlo hasta su final; para este caso, la Sala no recibir\u00e1 propuestas en este sentido.\u00bb<\/i><\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>(CSJ SJD A 21 jun. 2012, rad. 2012-00601-00; destacado fuera de texto).<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      En el escenario del control concreto por v\u00eda de acci\u00f3n, la Corte Constitucional en la sentencia T-064 de 2016, al resolver un amparo en donde se pregonaba la p\u00e9rdida de competencia de un funcionario de la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, por la entrada en vigencia de una nueva ley, anot\u00f3:<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      (\u2026) es pertinente precisar que la Sala toma distancia de lo afirmado por la actora en cuanto a que el Tribunal accionado perdi\u00f3 la competencia sobre el caso en el momento en que entr\u00f3 en vigor la Ley 1437 de 2011 -C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-. Es claro que una aserci\u00f3n como esa desconoce el principio de la perpetuatio jurisdictionis, en virtud del cual las reglas que gobiernan el proceso desde su comienzo se mantienen a lo largo de su duraci\u00f3n, al margen de las reformas jur\u00eddicas sobrevinientes.<\/p>\n

      <\/p>\n

      <\/p>\n

      4.5.Finalmente, tal cual se anticip\u00f3, el legislador opt\u00f3 por ponerse a tono expresamente con la perspectiva amplia del principio de inmodificabilidad y estableci\u00f3 contundente regla en su favor, que comprende las variaciones en las situaciones de derecho y a cuyo tenor:<\/h2>\n

      <\/p>\n

      \u00ab<\/b><\/i><\/font><\/font>Las leyes concernientes a la sustanciaci\u00f3n y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.<\/p>\n

      <\/p>\n

      Sin embargo, los recursos interpuestos, la pr\u00e1ctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los t\u00e9rminos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se est\u00e9n surtiendo, se regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los t\u00e9rminos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.<\/p>\n

      La competencia para tramitar el proceso se regir\u00e1 por la legislaci\u00f3n vigente en el momento de formulaci\u00f3n de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad<\/b>\u00bb <\/b><\/i><\/font><\/font>(Destacado fuera de texto).<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      De esta manera, con ocasi\u00f3n de la Ley 1564 de 2012, \u00abPor medio de la cual se expide el C\u00f3digo General del Proceso y se dictan otras disposiciones\u00bb,<\/i><\/font><\/font> se introdujo en el art\u00edculo 62410<\/a>, modificaci\u00f3n al tantas veces aludido canon 40 de la Ley 153 de 1887, la cual consisti\u00f3 en depurar y detallar los supuestos de matizaci\u00f3n de la regla de aplicaci\u00f3n general inmediata de las normas procesales rituales, e introducir un inciso puntualmente destinado a la ultractividad general de las normas procesales org\u00e1nicas, a fin de que la competencia jurisdiccional, por regla casi absoluta, se rija exclusivamente por la normativa vigente al inicio del proceso.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Con esta materializaci\u00f3n de pol\u00edtica procesal, sin lugar a dudas queda desarrollado en mejor medida y sin limitaciones contrarias a la naturaleza de la figura, la caracter\u00edstica de inmodificabilidad y las garant\u00edas fundamentales que directa e indirectamente desarrolla, dando cumplimiento a los compromisos internacionales y al avance del instituto que as\u00ed lo reclaman, en tanto de poco valdr\u00eda estructurar elaboradas reglas para la determinaci\u00f3n de la autoridad habilitada para ejercer jurisdicci\u00f3n, si una vez aplicadas debidamente, su aptitud pudiera variarse sin mayores miramientos.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Tambi\u00e9n se afianza as\u00ed el respeto al car\u00e1cter irretroactivo de la norma procesal dado que la competencia judicial es un presupuesto edificado en el momento primigenio que se proyecta hac\u00eda el futuro, no siendo admisible que el mismo, una vez radicado, se reexamine en virtud de cualquier alteraci\u00f3n; sobre todo cuando el legislador no previ\u00f3 regla particular de tr\u00e1nsito justificativa de la mutaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Recu\u00e9rdese que en un Estado Social de Derecho, razones de seguridad jur\u00eddica, acceso a la justicia, confianza leg\u00edtima e igualdad, aconsejan una cierta estabilidad en la aplicaci\u00f3n del derecho y en consecuencia, que se preserve la competencia del juez previamente establecida en la ley, pues el cambio de ella respecto de procesos en tr\u00e1nsito, puede afectar variados fines, la celeridad u oportuna resoluci\u00f3n de la causa, e inclusive suscitar variaci\u00f3n hermen\u00e9utica que incida en el m\u00e9rito del debate sustancial.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      En este escenario, resulta totalmente viable condensar que la inmodificabilidad de la competencia implica que por regla general y salvo voluntad expresa del legislador en los t\u00e9rminos vistos, la situaci\u00f3n que presenten los factores que al efecto se tienen en cuenta al momento de su adquisici\u00f3n, es la determinante para establecer la misma, sin que las modificaciones de hecho o de derecho que con posterioridad ocurran, puedan afectar esta fijaci\u00f3n o radicaci\u00f3n inicial.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      5.Resoluci\u00f3n concreta del cargo.<\/b><\/h2>\n

      <\/p>\n

      5.1.El presente juicio se inici\u00f3 por demanda instaurada el 10 de octubre de 2006, admitida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla el siguiente 3 de noviembre, esto es, antes de comenzar a regir la Ley 1107 del mismo a\u00f1o, por ello, corresponde ahora analizar si se estructur\u00f3 o no la alteraci\u00f3n de competencia que dar\u00eda lugar a la nulidad planteada en este cargo, derivada de haberse negado la remisi\u00f3n del proceso a la especialidad jurisdiccional de lo contencioso administrativo tan pronto esta normativa comenz\u00f3 su vigencia.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      Para lo anterior es menester precisar preliminarmente que la naturaleza jur\u00eddica de <\/font><\/font>Banco Agrario de Colombia S.A., <\/font><\/font>\u00abes la de una sociedad de econom\u00eda mixta del orden nacional, sujeta al r\u00e9gimen de empresa industrial y comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural\u00bb,<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>con capital p\u00fablico superior al 50%.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      As\u00ed mismo, se advierte que luego de admitirse la demanda el 3 de noviembre de 2006 por parte del a quo<\/i>, el siguiente 27 de diciembre comenz\u00f3 a regir la Ley 1107 de 2006 que le asign\u00f3 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo la facultad de \u00abjuzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades p\u00fablicas incluidas las sociedades de econom\u00eda mixta con capital p\u00fablico superior al 50%\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      5.2.En dicho orden, dado que cuando el se\u00f1alado estrado judicial asumi\u00f3 el conocimiento de este asunto, se hallaba legalmente facultado para fungir como autoridad seg\u00fan las previsiones de los art\u00edculos 12 y 16 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el posterior advenimiento de la citada normativa, no impon\u00eda la sobreviniente declinaci\u00f3n de su competencia, seg\u00fan ha quedado visto, por virtud del alcance concreto del estudiado principio de inmutabilidad o perpetuaci\u00f3n de la competencia.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      Adem\u00e1s, la aludida nota caracter\u00edstica de la aptitud legal -relevante m\u00e1s no absoluta-, no fue objeto de limitaci\u00f3n por parte del legislador en el evento referido, dado que muy a pesar de su amplio \u00e1mbito de configuraci\u00f3n, opt\u00f3 por prescindir de establecer mandato alguno encaminado a la alteraci\u00f3n de los procesos en curso, a tono con lo cual, inclusive, dispuso mantener <\/font><\/font>\u00abla vigencia en materia de competencia, de las Leyes 142 de 1994, 689 de 2001 y 712 de 2001\u00bb <\/i><\/font><\/font>(par\u00e1grafo, art. 2);.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Lo anterior, de forma manifiestamente contraria a otros supuestos donde la mutaci\u00f3n de la atribuci\u00f3n deriv\u00f3 de un mandato expreso que dio cuenta de la inequ\u00edvoca voluntad del legislador de incidir en la modificaci\u00f3n del Juez del conocimiento para procesos en curso.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Ejemplo contundente de la comprensi\u00f3n aqu\u00ed expuesta es la regla de tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n vertida en el numeral 8 del art\u00edculo 625 del C\u00f3digo General del Proceso, donde, en primer lugar, se reitera la pauta de inmodificabilidad aqu\u00ed analizada en los siguientes t\u00e9rminos: <\/font><\/font>\u00abLas reglas sobre competencia previstas en este c\u00f3digo, no alteran la competencia de los jueces para conocer de los asuntos respecto de los cuales ya se hubiere presentado la demanda. Por tanto, el r\u00e9gimen de cuant\u00edas no cambia la competencia que ya se hubiere fijado por ese factor\u00bb<\/i><\/font><\/font>, para luego, en una materia de particular importancia para el legislador, hacer expresa y categ\u00f3rica su voluntad de variar la especialidad jurisdiccional de uno de los jueces que adelantaban dicha clase de causas, as\u00ed: <\/font><\/font>\u00ab<\/i><\/font><\/font>Sin embargo, los procesos de responsabilidad m\u00e9dica que actualmente tramitan los jueces laborales, <\/b><\/i><\/font><\/font>ser\u00e1n remitidos a los jueces civiles competentes, en el estado en que se encuentren<\/b><\/i><\/font><\/font>\u00bb<\/i><\/font><\/font>, proceder por dem\u00e1s avalado en el examen de constitucionalidad vertido en la providencia referenciada en l\u00edneas anteriores (C-755\/13).<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      5.3.Conviene destacar que la censura no discute en lo absoluto la regularidad de la inicial radicaci\u00f3n de competencia, en tanto se expres\u00f3 con claridad que el fundamento del cargo ata\u00f1e a los efectos derivados de la variaci\u00f3n de la normativa sobre especialidad jurisdiccional que rigi\u00f3 con posterioridad a la adquisici\u00f3n de la atribuci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      De manera que el cargo queda prontamente desestimado por cuanto se dej\u00f3 establecido que las modificaciones en las reglas de competencia, salvo previsi\u00f3n expresa en contrario y justificada del legislador \u2013que en este caso se descarta-, no pueden afectar la competencia debidamente asentada en una autoridad jurisdiccional, por virtud del analizado principio de inmodificabilidad, que como se expuso, no se circunscribe a las situaciones de hecho, sino que comprende las de derecho, como en per\u00edodos recientes se reclamaba desde la normativa internacional y el precedente jurisprudencial y en la actualidad se predica sin dubitaci\u00f3n al amparo de norma espec\u00edfica y contundente en la materia.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Conviene agregar, dada la \u00e9poca de acaecimiento de los hechos aqu\u00ed discutidos, evidentemente anterior a la fecha de entrada en vigencia del art\u00edculo 624 del C\u00f3digo General del Proceso, que este canon no supone un cambio de postura sobre la inmodificabilidad de la competencia por variaci\u00f3n de normas que permita inferir que en los casos anteriores al precepto debiera procederse en sentido opuesto y favorable al reclamado por el recurrente en casaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Al contrario, conforme se expuso ampliamente, dicha manifestaci\u00f3n legal corresponde al reconocimiento y positivizaci\u00f3n<\/i> de una pauta de derecho que jurisprudencial y doctrinariamente ven\u00eda siendo instituida en desarrollo de la principial\u00edstica convencional y constitucional.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      5.4.Por \u00faltimo, al margen de las disparidades conceptuales en punto de la unicidad de la jurisdicci\u00f3n y am\u00e9n de lo ya afirmado sobre los atributos de la competencia, la Corte desestima la censura al amparo de adicionales reflexiones propias del caso concreto, como seguidamente se indican.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      En efecto, el devenir de este proceso permite considerar las siguientes circunstancias: (i)<\/b><\/i> en pret\u00e9rita oportunidad la cuesti\u00f3n fue resuelta; (ii)<\/b><\/i> ha transcurrido tiempo considerable desde el inicio de la litis, de modo que aniquilar lo actuado, devendr\u00eda en un alto costo que ser\u00eda vanamente dilapidado respecto de quienes han intervenido en \u00e9l; (iii)<\/b><\/i> el punto nodal del litigio ata\u00f1e materialmente al debate de un derecho de cr\u00e9dito, ligado con la actividad financiera en el mercado primario de cambio y distribuci\u00f3n y tocante con la producci\u00f3n y el consumo, cuyos conflictos jur\u00eddicos mayoritariamente est\u00e1n asignados a los jueces civiles; (iv)<\/b><\/i> el punto puesto a consideraci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, en \u00faltimas obedece a la naturaleza y materia de la obligaci\u00f3n indemnizatoria y no al car\u00e1cter org\u00e1nico de la Entidad; y, (vi)<\/b><\/i> controversias como la presente est\u00e1n expresamente excluidas del \u00e1mbito de la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo<\/i> al tenor de lo previsto por el numeral 1 del art\u00edculo 105 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.<\/font><\/p>\n

      6.Conclusi\u00f3n.<\/b><\/h2>\n

      <\/p>\n

      En raz\u00f3n de la inmodificabilidad de la competencia, resulta claro que no deb\u00eda mutar la aptitud legal del Juez la especialidad civil por la posterior entrada en vigencia de norma modificatoria de las reglas de especialidad jurisdiccional que no comprendi\u00f3 previsi\u00f3n transitoria particular, por lo cual queda desvirtuada cualquier incursi\u00f3n en causal de nulidad que pudiera tornar viable el cargo formulado, que por lo mismo en este orden queda desestimado.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      VI.CARGO SEXTO <\/p>\n

      <\/p>\n

      1.Con sustento en la causal segunda del precepto 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se acusa la sentencia de segunda instancia de ser incongruente con los hechos y las pretensiones de la demanda.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      2.Cajacopi, anota el casacionista, solicit\u00f3 declarar la responsabilidad civil extracontractual del Banco demandado por la apertura irregular de una cuenta bancaria, esgrimiendo la suplantaci\u00f3n de su representante legal y la posterior defraudaci\u00f3n de aquella.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      Aunque la accionante no invoc\u00f3 el incumplimiento contractual, agrega, el Tribunal de manera extrapetita fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en una supuesta obligaci\u00f3n contractual de seguridad y por lo mismo conden\u00f3 al Banco a pagar perjuicios.<\/font><\/p>\n

      3.En tales condiciones, finaliza, se sorprendi\u00f3 al accionado imput\u00e1ndole un incumplimiento obligacional, no invocado en la demanda, ni ventilado en el proceso.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      Pide en consecuencia, casar la sentencia y en sede de instancia, emitir la que en derecho corresponda.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      VII.CONSIDERACIONES <\/p>\n

      <\/p>\n

      1.La regla de consonancia.<\/b><\/h2>\n

      <\/p>\n

      1.1.En relaci\u00f3n con la incongruencia, esta Corte la ha concebido como un quebrantamiento de las formas esenciales del procedimiento, surgida de un fallo que decide puntos ajenos a la controversia, o cuando omite resolver aspectos materia de la litis, realiza una condena excediendo lo pretendido, u omite pronunciarse sobre alguna de las excepciones de m\u00e9rito, cuando es del caso hacerlo.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      El mencionado desacierto involucra el desconocimiento de los preceptos procesales que establecen los l\u00edmites dentro de los cuales el juzgador debe desarrollar su actividad. Por ello, la doctrina especializada ha considerado ese desatino como un verdadero <\/font><\/font>\u00abexceso de poder\u00bb <\/i><\/font><\/font>al momento de definir el asunto debatido, pues el sentenciador se halla<\/font><\/font> <\/font><\/font>\u00abdesprovisto del poder de pronunciar m\u00e1s all\u00e1 de los l\u00edmites dentro de los cuales est\u00e1 contenido el tema de la controversia\u00bb<\/i><\/font><\/font>11<\/a>.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      1.2.El juicio civil, como bien se sabe, involucra una relaci\u00f3n jur\u00eddico\u2013procesal en virtud de la cual, la actividad de las partes y el campo decisorio del fallador quedan sometidos a los t\u00e9rminos de la demanda y su contestaci\u00f3n.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      La sentencia, por su parte, es la resoluci\u00f3n final emitida por el respectivo juez acogiendo o desestimando la pretensi\u00f3n del actor, o en otros t\u00e9rminos, constituye la respuesta a trav\u00e9s de la cual, el \u00f3rgano jurisdiccional del Estado se pronuncia sobre el fondo del litigio o define con fuerza vinculante las s\u00faplicas formuladas por los litigantes en el correspondiente momento procesal. <\/font> <\/p>\n

      <\/p>\n

      Esa facultad jurisdiccional del sentenciador al momento de emitir su decisi\u00f3n, sin embargo, se encuentra demarcada, entre otras normas, por los art\u00edculos 305 y 306 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Seg\u00fan el primer precepto, <\/font><\/font>\u00abla sentencia deber\u00e1 estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las dem\u00e1s oportunidades que este C\u00f3digo contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si as\u00ed lo exige la ley.- No podr\u00e1 condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en \u00e9sta.- Si lo pretendido por el demandado excede lo probado, se le reconocer\u00e1 solamente lo \u00faltimo (\u2026)\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      De acuerdo con la segunda norma,<\/font><\/font> \u00abc]uando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepci\u00f3n, deber\u00e1 reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripci\u00f3n, compensaci\u00f3n y nulidad relativa, que deber\u00e1n alegarse en la contestaci\u00f3n de la demanda. (\u2026)\u00bb<\/i><\/font><\/font>, directrices recogidas, con algunas breves modificaciones, por el art\u00edculo 282 del actual Estatuto Procesal Civil.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Cuando el juzgador trasgrede las anteriores pautas de conducta, incurre en la causal de incongruencia, constitutiva de un error de procedimiento, pues aunque las referidas reglas no le se\u00f1alan al funcionario judicial cu\u00e1l debe ser el sentido de su decisi\u00f3n, s\u00ed le indican los par\u00e1metros que debe observar para su proferimiento.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Concerniente al tema, esta Corporaci\u00f3n, en Sentencia CSJ SC17096-2015, rad. 2010-00637-01, reiter\u00f3:<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      \u00ab[L]a demanda que inaugura el proceso civil es la pieza fundamental del debate, pues no s\u00f3lo marca el norte de la actividad judicial, sino que adem\u00e1s limita el poder y la competencia del juez, que como es sabido, no puede abandonar los confines que traza el demandante al formular sus pretensiones y los supuestos f\u00e1cticos que les sirven de apoyo. Por ello, se ha definido en el art\u00edculo 305 del C. de P. C. que hay vicio de actividad si la sentencia no refleja fielmente lo que se plante\u00f3 en la demanda, en particular cuando el fallo desborda los lindes de las pretensiones, incorpora antojadizamente otras, deja de resolver las propuestas o sustituye a su capricho los hechos invocados por el demandante. El fundamento constitucional para proscribir el yerro de incongruencia es el derecho de defensa, en tanto la novedad que intempestivamente incorpora el juez al debate, justamente en el ep\u00edlogo del proceso, inhibe la controversia, anula las posibilidades de r\u00e9plica y contradicci\u00f3n, y sin lugar a dudas menoscaba el derecho a probar (\u2026) Por todo ello, ha repetido la jurisprudencia de esta Corte que el principio de la consonancia est\u00e1 encaminado a que la sentencia guarde armon\u00eda con el thema decidendum adscrito a los hechos y a las pretensiones aducidas en la demanda, as\u00ed como en las dem\u00e1s oportunidades que el C\u00f3digo de Procedimiento Civil consagra, y a las excepciones que hubieren sido alegadas y probadas o que debidamente acreditadas, puedan reconocerse de oficio. Por todas, en sentencia de 1\u00ba de agosto de 2001 dijo la Corporaci\u00f3n: entre las m\u00faltiples y muy heterog\u00e9neas razones que podr\u00edan arg\u00fcirse para explicar la necesidad de que el juez no se desentienda de los l\u00edmites plasmados por el demandante en la demanda, habr\u00eda que destacar una que, por estar entra\u00f1ablemente ligada con los derechos fundamentales del demandado, cobra sin igual importancia, cual es la de no sacrificar su derecho de defensa y contradicci\u00f3n, el cual sufrir\u00eda evidente mengua ante un vasto e incalculable poder hermen\u00e9utico del juez, ya que dif\u00edcilmente podr\u00eda el demandado vislumbrar el sentido que, a la postre, aqu\u00e9l le diese a dicho libelo, con el obvio estrago que ello le causa para efectos de orientar su posici\u00f3n ante las reclamaciones que se le oponen (\u2026)\u00bb.<\/p>\n

      <\/p>\n

      1.3.De acuerdo con lo anterior, cuando el juez decide sobre puntos ajenos a la controversia o deja de resolver los temas que fueron objeto de ella, incurre en incongruencia. Tambi\u00e9n comete dicho error, si condena al demandado por cantidad superior \u00abultra petita\u00bb<\/i><\/font><\/font> <\/i><\/font>o por objeto o causa distinta de la invocada en la demanda \u00abextra petita\u00bb,<\/i><\/font><\/font> lo mismo, si resuelve desconociendo los lineamientos f\u00e1cticos alegados por los litigantes o reconoce excepciones respecto de las cuales carece de facultades inquisitivas.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      Pero si al demandante \u00fanicamente se le reconoce lo acreditado en el juicio, as\u00ed sea menos de lo impetrado, no se comete ning\u00fan error, pues mal podr\u00eda condenarse a pagar un perjuicio inexistente. Esta circunstancia, denominada en estricto sentido \u00abminima petita\u00bb,<\/i><\/font><\/font> no configura motivo de incongruencia; por tanto, cuando la consecuencia deducida no supera lo pedido, o se niega la integridad de las pretensiones, en l\u00ednea de principio, no emerge el aludido dislate, porque en todo caso, la funci\u00f3n jurisdiccional a cargo del Estado fue ejercida cabalmente.<\/font><\/p>\n

      Ahora bien, otra variable de la incongruencia se compendia en la expresi\u00f3n \u00abcitra petita\u00bb,<\/i><\/font><\/font> distinta de la anterior, respecto de la cual, la Corte ha considerado que hace referencia a los eventos en los cuales el juez omite resolver la totalidad de las pretensiones formuladas en el escrito introductor o respecto de las excepciones planteadas por el convocado, estando demostradas, o sobre aquellas que ha debido declarar de oficio12<\/a>.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Por ello, con miras a determinar la existencia de la indicada falencia, seg\u00fan lo ha precisado la Sala, es necesario <\/font><\/font>\u00ab(\u2026) realizar \u2018el cotejo objetivo entre lo pedido por el actor, el fundamento f\u00e1ctico de las s\u00faplicas, las excepciones aducidas por el demandado y las que, sin requerir ser invocadas, resulten probadas en el proceso, por una parte, y el contenido concreto de la decisi\u00f3n del juzgador, por la otra, en orden a determinar si evidentemente se ha materializado alguna distorsi\u00f3n, defecto o exceso que habilite al interesado para aducir esta causal en el recurso extraordinario\u201913<\/a>\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      2.Definici\u00f3n del cargo.<\/b><\/h2>\n

      <\/p>\n

      2.1.Realizada la respectiva confrontaci\u00f3n entre lo impetrado en el escrito introductor y lo decidido por el juzgador, se descarta el dislate denunciado.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      En efecto, seg\u00fan ha quedado expuesto, la demandante solicit\u00f3 \u00abdeclar[ar] extracontractualmente responsable al \u2018Banco Agrario de Colombia\u2019, de los perjuicios causados a la parte demandante (\u2026), con motivo de la irregular y negligente apertura de la cuenta de ahorros No. 46362200048-2\u00bb, <\/i><\/font><\/font>sin su intervenci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      El juzgado de primera instancia, luego de estudiar los presupuestos de la<\/font><\/font> <\/font><\/font>\u00abresponsabilidad civil extracontractual\u00bb <\/i><\/font><\/font>y darlos por satisfechos,<\/font><\/font> <\/font><\/font>\u00abdecl[ar\u00f3] probadas las pretensiones de la demanda\u00bb. <\/i><\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

      <\/p>\n

      El Tribunal, al desatar la apelaci\u00f3n propuesta por el banco accionado, decidido<\/font><\/font> <\/font><\/font>\u00ab[c]onfirmar la sentencia venida en alzada\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      De conformidad con lo se\u00f1alado, si la accionante pidi\u00f3 declarar extracontractualmente responsable al banco demando y a ello se accedi\u00f3, ninguna inconsonancia se evidencia.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      2.2.Ahora, si el<\/font><\/font> fundamento f\u00e1ctico del reclamo elevado por la accionante, es el actuar negligente y omisivo del Banco Agrario de Colombia al haber permitido la apertura de la mencionada cuenta \u00absin verificar si quien ante ellos se presentaba como el Representante legal de Cajacopi realmente lo era y si los documentos presentados eran reales (\u2026) [y] permitir la expedici\u00f3n de cheques de gerencia sin verificar la real voluntad de Cajacopi\u00bb,<\/i><\/font><\/font> e igualmente, al desconocer no solo que se trataba de una Caja de Compensaci\u00f3n, sino que las transacciones superaban los $10.000.000,oo, lo cual le impon\u00eda \u00abcumplir unos requisitos rigurosos por la seguridad del cuentahabiente\u00bb,<\/i><\/font><\/font> entonces, la argumentaci\u00f3n del Tribunal tampoco comporta el defecto procedimental denunciado.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      Al respecto, \u00e9ste dijo que si de acuerdo con lo planteado por la entidad demandante, \u00abel da\u00f1o fue cometido en virtud de un contrato de cuenta corriente fraudulento\u00bb<\/i><\/font><\/font> en el cual ella no intervino, esa \u00absituaci\u00f3n (\u2026) nos ubica en el terreno de una responsabilidad civil extracontractual derivada de un contrato\u00bb,<\/i><\/font><\/font> para cuya apertura no se ejercieron los \u00abespec\u00edficos controles de identidad de quien la abr\u00eda\u00bb, <\/i><\/font><\/font>cuando trat\u00e1ndose de esa clase de convenciones, adem\u00e1s de otras obligaciones que se\u00f1ala, le correspond\u00eda \u00abcumplir con la obligaci\u00f3n de seguridad en su perfeccionamiento\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      2.3.Lo expuesto pone de presente que el sentenciador no se alej\u00f3 de lo esbozado en el escrito introductor del juicio, ni resolvi\u00f3 con desconocimiento de los temas planteados por las partes, pues desde el comienzo de la controversia procesal afloraba la discusi\u00f3n sobre la responsabilidad endilgada al ente crediticio, por haber facilitado la defraudaci\u00f3n de Cajacopi, mediante la apertura espuria de una cuenta de ahorros a su nombre, sin que ejerciera ning\u00fan control tendiente a establecer la identidad de quien la gestion\u00f3 y menos sobre los retiros efectuados, no obstante su elevada cuant\u00eda.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      As\u00ed las cosas, como el conflicto fue dirimido dentro de los lineamientos trazados por los litigantes, o en palabras distintas, la decisi\u00f3n guarda armon\u00eda con el thema decidendum<\/i> extra\u00eddo de los hechos, de las pretensiones y de las defensas de la demandada, quien replic\u00f3 el escrito introductor, no se menoscab\u00f3 el derecho de defensa de \u00e9sta y, en esa medida, <\/i><\/font>se reitera, la causal invocada no se configura, mucho menos por la aducci\u00f3n de un elemento f\u00e1ctico expuesto por el sentenciador en refuerzo de la negligencia por \u00e9l advertida y enrostrada por la accionante.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Con base en lo anterior, como el reproche se cimenta en que en la demanda no se invoc\u00f3 incumplimiento contractual, no obstante lo cual, el Tribunal esgrimi\u00f3 tal inobservancia para acoger las pretensiones, cabe agregar entonces, que el juzgamiento de las consideraciones judiciales ofrecidas en respuesta a la problem\u00e1tica planteada y dentro del contexto f\u00e1ctico y probatorio blandido, no pod\u00eda lograrse a trav\u00e9s de la causal segunda, sino de la primera, si es que se consideraba mal interpretada la pieza principal o g\u00e9nesis del tr\u00e1mite que culmin\u00f3 con el fallo impugnado, raz\u00f3n adicional para sostener la ausencia de fundamento del motivo casacional propuesto.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Al respecto, esta Corporaci\u00f3n, en fallo CSJ SC10051-2014, rad. 1997-00455-01, record\u00f3:<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      \u00ab(\u2026) la falta de consonancia (\u2026) \u2018ostenta naturaleza objetiva, al margen de las consideraciones normativas, la valoraci\u00f3n probatoria o eventuales yerros de juzgamiento, y no se estructura por simple divergencia o disentimiento con la decisi\u00f3n\u2019. A este prop\u00f3sito, tiene dicho la Sala que, \u2018la trasgresi\u00f3n de esa pauta de procedimiento no puede edificarse sobre la base de controvertirse el juzgamiento del caso, porque el error se estructura, \u00fanicamente, trat\u00e1ndose de la incongruencia objetiva, cuando se peca por exceso o por defecto (ultra, extra o m\u00ednima petita)\u2019 (\u2026). Del mismo modo \u2018\u2026nunca la disonancia podr\u00e1 hacerse consistir en que el tribunal sentenciador haya considerado la cuesti\u00f3n sub-judice de manera diferente a como la aprecia alguna de las partes litigantes, o que se haya abstenido de decidir con los puntos de vista expuestos por alguna de estas\u2026\u2019 (\u2026), \u2018la carencia de armon\u00eda entre lo pedido y lo decidido, referida como es al contenido de la sentencia, ha de buscarse, en l\u00ednea de principio, en la parte resolutiva de la misma, \u2018pues la causal no autoriza ni puede autorizar a entrar en el examen de las consideraciones que han servido al juzgador como motivos determinantes de su fallo (\u2026).\u00bb<\/p>\n

      <\/p>\n

      2.4.Por lo expuesto, el reproche planteado no prospera.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      VIII.CUARTO CARGO <\/p>\n

      <\/p>\n

      1.Fundado en el primer motivo de casaci\u00f3n, el accionado le enrostra a la sentencia haber quebrantado de manera indirecta los art\u00edculos 16 de la Ley 446 de 1998, y 1613, 1614, 2341, 2342 y 2343 del C\u00f3digo Civil, como consecuencia de los errores de hecho manifiestos y trascendentes cometidos, que llevaron al ad quem<\/i> a dar por demostrado, sin estarlo, que la accionante sufri\u00f3 los perjuicios alegados en la demanda.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      2.Tras reproducir lo expuesto por el Tribunal en cuanto a que la apertura irregular de la cuenta, \u00abposibilit\u00f3 que quien realiz\u00f3 la defraudaci\u00f3n direccionara (\u2026) [hacia ella] los dineros que por concepto del r\u00e9gimen subsidiado de salud recibe de algunos municipios\u00bb, <\/i><\/font><\/font>que ese aspecto fue admitido por el demandado, que la accionante era la administradora de esos recursos y que el perjuicio estaba cuantificado documental y pericialmente, expone el recurrente, el juzgador tuvo por probado que Cajacopi sufri\u00f3 el da\u00f1o reclamado, lo cual es fruto de los siguientes errores probatorios cometidos.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      2.1.Supuso la confesi\u00f3n del banco demandado, en cuanto a que los recursos sustra\u00eddos de la cuenta abierta en forma irregular correspond\u00edan a los recibidos por Cajacopi de algunos municipios y que por esa raz\u00f3n, el Despacho quedaba relevado de las pruebas al respecto, cuando en ninguna etapa procesal se admiti\u00f3 la afectaci\u00f3n del patrimonio de la actora por la sustracci\u00f3n de dineros y en consecuencia, no es verdad que \u00e9sta haya quedado relevada de probar tal circunstancia.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      2.2.Indebida apreciaci\u00f3n del dictamen pericial, al haberle atribuido un poder demostrativo del cual carece, pues \u00e9ste se limit\u00f3 a calcular el monto total de los dineros retirados de la cuenta abierta irregularmente y el valor de unos intereses, pero de \u00e9l no se desprende que la demandante haya sufrido menoscabo con dicho retiro, o \u00abque los recursos formar\u00e1n parte de los dineros administrados por la entidad\u00bb.<\/i><\/font><\/font> En concreto, agrega, el yerro devino de \u00abatribuirle a este medio de convicci\u00f3n eficacia demostrativa respecto del perjuicio que Cajacopi alega haber sufrido\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/h2>\n

      <\/p>\n

      2.3.Supuso las pruebas relativas a la titularidad de los dineros, dando por sentado que formaban parte de los recursos administrados por la demandante, de lo cual dedujo la legitimaci\u00f3n de \u00e9sta para reclamar la indemnizaci\u00f3n, cuando ninguna prueba existe al respecto.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      Dentro de los medios de persuasi\u00f3n solicitados por la accionante, a\u00f1ade la censura, se dispuso oficiar a las Tesorer\u00edas Municipales de Tol\u00fa Viejo, Sampu\u00e9s y Palmitos, para que certificaran si hab\u00edan realizado consignaciones de dinero a favor de Cajacopi; sin embargo, los oficios remitidos no fueron respondidos.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Seg\u00fan el impugnante, si bien se allegaron las copias de consignaciones en efectivo y en cheque realizadas en la cuenta irregularmente abierta, no se demostr\u00f3 que los dineros sustra\u00eddos correspond\u00edan a los girados por las entidades territoriales a favor de Cajacopi y administrados por \u00e9sta; por tanto, no quedaba relevada de probar la afectaci\u00f3n del patrimonio con dicha sustracci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      3.Como de acuerdo con los art\u00edculos 2341 y 2343 del C\u00f3digo Civil quebrantados indirectamente, la pretensi\u00f3n indemnizatoria est\u00e1 determinada por el da\u00f1o irrogado a la v\u00edctima, concluye, no hay lugar a la reparaci\u00f3n cuando quien lo reclama no lo ha sufrido efectivamente; a pesar de ello, finaliza, el Tribunal erradamente dispuso la reparaci\u00f3n a favor de Cajacopi, decisi\u00f3n con la cual igualmente desconoci\u00f3 los dem\u00e1s preceptos ab initio<\/i> se\u00f1alados.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      IX.CONSIDERACIONES <\/p>\n

      <\/p>\n

      1.Legitimaci\u00f3n en la causa y titularidad de los recursos administrados las cajas de compensaci\u00f3n.<\/b><\/h2>\n

      <\/p>\n

      1.1.Como en t\u00e9rminos generales, en esta acusaci\u00f3n se cuestiona la legitimaci\u00f3n de la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar demandante, debido a que los dineros sustra\u00eddos no eran suyos, cabe recordar que en efecto, aquella constituye un presupuesto necesario para proferir sentencia de m\u00e9rito estimatoria de la pretensi\u00f3n en la medida en que, ata\u00f1e a la titularidad del inter\u00e9s objeto de la controversia y de la decisi\u00f3n judicial.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      La legitimaci\u00f3n en la causa es condici\u00f3n indispensable para estimar la pretensi\u00f3n, raz\u00f3n por la cual, en lugar de inhibirse frente a su ausencia, el fallo debe desestimar el pedimento.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Se resalta su car\u00e1cter estrictamente sustancial, es decir, su vinculaci\u00f3n directa e ineludible con la exacta titularidad del derecho material discutido en el juicio sin la cual, como es obvio, no es posible hacerlo efectivo, raz\u00f3n por la que ha de ubic\u00e1rsele en los presupuestos materiales para la sentencia de fondo estimatoria de la pretensi\u00f3n y no en los presupuestos procesales de la acci\u00f3n como condiciones para el v\u00e1lido desarrollo de la relaci\u00f3n procesal.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Por id\u00e9ntica raz\u00f3n, la legitimaci\u00f3n en la causa es doble: respecto de la pretensi\u00f3n procesal, es decir, el derecho autoatribuido reclamado en el juicio y el efectivamente radicado en el sujeto en virtud del derecho sustancial, de all\u00ed que sin titularidad sustancial no pueda existir legitimaci\u00f3n en la causa.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      La consecuencia obvia de tal postura es que la legitimaci\u00f3n es condici\u00f3n del fallo estimatorio. Por esa v\u00eda, si no coinciden titularidad procesal (derecho autoatribuido en la pretensi\u00f3n) y derecho material (efectiva titularidad sustancial), habr\u00e1 fallo de fondo pero desestimando la petici\u00f3n.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      El anterior ha sido el consolidado entendimiento que la Corte Suprema de Justicia ha tenido sobre el tema. En efecto, esta Corporaci\u00f3n sostuvo:<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      \u00ab\u2026 preciso es notar c\u00f3mo la legitimaci\u00f3n en la causa, ha dicho insistentemente la Corte, es cuesti\u00f3n propia del derecho sustancial y no del procesal, por cuanto alude a la pretensi\u00f3n debatida en el litigio y no a los requisitos indispensables para la integraci\u00f3n y desarrollo v\u00e1lido de \u00e9ste. Por eso, su ausencia no constituye impedimento para resolver de fondo la litis, sino motivo para decidirla adversamente, pues ello es lo que se aviene cuando quien reclama un derecho no es su titular o cuando lo aduce ante quien no es el llamado a contradecirlo, pronunciamiento ese que, por ende, no s\u00f3lo tiene que ser desestimatorio sino con fuerza de cosa juzgada material para que ponga punto final al debate, distinto de un fallo inhibitorio carente de sentido l\u00f3gico por cuanto tras apartarse de la validez del proceso siendo \u00e9ste formalmente puro, conduce a la inconveniente pr\u00e1ctica de que quien no es titular del derecho insista en reclamarlo o para que si\u00e9ndolo en la realidad lo aduzca nuevamente frente a quien no es el llamado a responder.<\/p>\n

      <\/p>\n

      \u201cConcretando su criterio sobre el punto, la Corte hizo la siguiente exposici\u00f3n:<\/p>\n

      <\/p>\n

      \u00abSeg\u00fan concepto de Chiovenda, acogido por la Corte, la legitimatio ad causam consiste en la identidad de la persona del actor con la persona a la cual la ley concede la acci\u00f3n (legitimaci\u00f3n activa) y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acci\u00f3n (legitimaci\u00f3n pasiva)\u00bb. (Instituciones de Derecho Procesal Civil, I, 185). Conviene desde luego advertir, para no caer en el error en que incurri\u00f3 el Tribunal que cuando el tratadista italiano y la Corte hablan de ‘acci\u00f3n’ no est\u00e1n empleando ese vocablo en el sentido t\u00e9cnico procesal, esto es como el derecho subjetivo p\u00fablico que asiste a toda persona para obtener la aplicaci\u00f3n justa de la ley a un caso concreto, y que tiene como sujeto pasivo al Estado, sino como sin\u00f3nimo\u00a0 de ‘pretensi\u00f3n’, que se ejercita frente al demandado. Para que esa pretensi\u00f3n sea acogida en la sentencia es menester, entre otros requisitos, que se haga valer por la persona en cuyo favor establece la ley sustancial el derecho que se reclama en la demanda, y frente a la persona respecto de la cual ese derecho puede ser reclamado. De donde se sigue que lo concerniente a la legitimaci\u00f3n en la causa es cuesti\u00f3n propia del derecho sustancial y no del derecho procesal, raz\u00f3n por la cual su ausencia no constituye impedimento para desatar en el fondo el litigio sino motivo para decidirlo en forma adversa al actor. Si el demandante no es titular del derecho que reclama o el demandado no es persona obligada, el fallo ha de ser adverso a la pretensi\u00f3n de aqu\u00e9l, como acontece cuando reivindica quien no es el due\u00f1o o cuando \u00e9ste demanda a quien no es poseedor\u201d.<\/p>\n

      <\/p>\n

      \u201c’Por cuanto una de las finalidades de la funci\u00f3n jurisdiccional es la de componer definitivamente los conflictos de inter\u00e9s que surgen entre los miembros de la colectividad, a efecto de mantener la armon\u00eda social, es deber del juez decidir en el fondo las controversias de que conoce, a menos que le sea imposible hacerlo por existir impedimentos procesales, como ocurre cuando faltan los presupuestos de capacidad para ser parte o demanda en forma. La falta de legitimaci\u00f3n en la causa de una de las partes no impide al juez desatar el litigio en el fondo, pues es obvio que si se reclama un derecho por quien no es su titular o frente a quien no es el llamado a responder, debe negarse la pretensi\u00f3n del demandante en sentencia que tenga fuerza de cosa juzgada material, a fin de terminar definitivamente ese litigio, en lugar de dejar las puertas abiertas, mediante un fallo inhibitorio para que quien no es titular del derecho insista en reclamarlo indefinidamente, o para que si\u00e9ndolo lo reclame nuevamente de quien no es persona obligada, haci\u00e9ndose en esa forma nugatoria la funci\u00f3n jurisdicci\u00f3n cuya caracter\u00edstica m\u00e1s destacada es la de ser definitiva'\u00bb\u00bb (CSJ SC, <\/font>14 de ago. 1995, Exp. 4268; reiterada en S<\/font>C, <\/font>12 jun. 2001, Exp. 6050 y <\/font>SC, 14 mar. 2002, Exp. 6139; se subraya).<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      1.2.Pues bien, a fin de determinar la presencia o no del error denunciado, o en otros t\u00e9rminos, si Cajacopi se hallaba facultada para demandar el resarcimiento de da\u00f1os por la irregular apertura de una cuenta de ahorros a su nombre y la sustracci\u00f3n de los dineros en ella depositados, se impone establecer, inicialmente, la naturaleza de los recursos manejados por ella.<\/font><\/p>\n

      Como el sistema de protecci\u00f3n social ha sido una de las preocupaciones estatales, el subsidio familiar surgi\u00f3 como un mecanismo dirigido a mitigar las necesidades econ\u00f3micas de los trabajadores con menores ingresos.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Por ello, en principio, dicho auxilio era estrictamente monetario y se otorgaba a los hijos de los trabajadores, no de todas las empresas, sino de algunas, hasta cuando en 1957, mediante Decreto 118, el gobierno lo convirti\u00f3 en obligatorio.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Con el prop\u00f3sito de administrar los dineros provenientes del subsidio, en 1954 surgieron las Cajas de Compensaci\u00f3n Familiar y posteriormente, el Decreto 1521 de 1957 fij\u00f3 los requisitos para su constituci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Con la expedici\u00f3n del decreto 3151 de 1961, fueron autorizadas las Cajas para suministrar, adem\u00e1s del subsidio en dinero, servicios sociales, al punto de ampliarse a las \u00e1reas de la salud, educaci\u00f3n, recreaci\u00f3n y cultura.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Su auge permiti\u00f3 que en la d\u00e9cada de los 90, constituyeran un componente esencial de la seguridad social, porque permitieron mitigar los impactos de la crisis social y econ\u00f3mica de los trabajadores con m\u00ednimos ingresos salariales.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Dado que el monto del subsidio familiar depend\u00eda de la capacidad econ\u00f3mica de las compa\u00f1\u00edas empleadoras y de los gremios empresariales, el legislador de 1982, a trav\u00e9s de la ley 21 lo extendi\u00f3 a todos los trabajadores, reafirmando su pago a los beneficiarios, tanto en dinero como en especie o servicios.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      El aumento de afiliados, de Cajas de Compensaci\u00f3n y de los recursos de \u00e9stas, condujo no s\u00f3lo a la creaci\u00f3n de la Superintendencia de Subsidio Familiar mediante la ley 25 de 1981, para la vigilancia de aqu\u00e9llas, sino a que mediante la Ley 21 del siguiente a\u00f1o se ratificara la naturaleza de prestaci\u00f3n social del subsidio.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Por ello, la Ley 100 de 1993 les permiti\u00f3 hacer parte del sistema de seguridad social integral creado por ella, a trav\u00e9s de Empresas Promotoras de Salud (EPS), Fondos de Pensiones (AFP) y Administradoras del R\u00e9gimen Subsidiado (ARS) y, posteriormente la ley 789 de 2002 las facult\u00f3 para ser parte del sistema integral de protecci\u00f3n social, seguridad social y subsidio familiar.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Ulteriormente, por virtud de la Ley 920 de 2004 y el decreto 1465 2005, fueron autorizadas para adelantar actividades financieras y asumir funciones de operador de informaci\u00f3n de la seguridad social.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      En raz\u00f3n de que las cotizaciones realizadas por los empleadores a las Cajas de Compensaci\u00f3n Familiar son aportes obligatorios, con una destinaci\u00f3n espec\u00edfica para ser reinvertidos en un determinado grupo de la sociedad de escasos ingresos, particularmente, inferiores a cuatro salarios m\u00ednimos mensuales, seg\u00fan lo previsto en la Ley 49 de 1990, esos recursos se erigen en parafiscales y tienen como fundamento, los art\u00edculos 150 # 12 y 338 de la Carta Pol\u00edtica.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Esa naturaleza de los recursos de las CCF ha sido afirmada por la Corte Constitucional, entre otros, en fallo C-041\/06, cuando dijo:<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      \u00abSobre la parafiscalidad de los recursos de las Cajas de compensaci\u00f3n Familiar, tambi\u00e9n se pronunci\u00f3 la Corte en Sentencia C-183 de 1997 (\u2026), al conocer sobre una demanda presentada contra el art\u00edculo 217 de la Ley 100 de 1993, sobre la participaci\u00f3n de las Cajas de Compensaci\u00f3n Familiar en el r\u00e9gimen de subsidio en salud. Al respecto dijo la Corte:<\/p>\n

      <\/p>\n

      \u2018La disposici\u00f3n acusada cumple a cabalidad con los requisitos de la parafiscalidad, por cuanto plasma, en efecto, una contribuci\u00f3n a cargo de entidades pertenecientes a determinado sector econ\u00f3mico, cuyos fondos se reinvierten en el mismo. Los recursos que administran las cajas de compensaci\u00f3n familiar no pertenecen a ellas sino que corresponden a un inter\u00e9s leg\u00edtimo de los trabajadores (\u2026), lo cual implica que es \u00e9ste \u00faltimo sector -el del trabajo- el sujeto pasivo de la contribuci\u00f3n y, a la vez, el sector beneficiario del producto de la misma, en cuanto son los trabajadores los favorecidos por el r\u00e9gimen de subsidios en salud, bien que los dineros correspondientes se administren directamente por las mismas cajas -como lo autoriza la norma, bajo la modalidad de cuentas independientes de las que corresponden al resto de sus rentas y bienes-, ya sea que se manejen dentro de la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garant\u00eda creado por la Ley 100 de 1993\u00bb.<\/p>\n

      <\/p>\n

      2.Respuesta puntual a la censura.<\/b><\/h2>\n

      <\/p>\n

      2.1.De acuerdo con lo anterior, si las cajas de compensaci\u00f3n familiar son las administradoras de los recursos provenientes del subsidio familiar, como ya se dijo, de estirpe parafiscal, y en consecuencia deben responder por ellos, entonces el Tribunal no cometi\u00f3 el error endilgado en el cargo, puesto que, en tales condiciones, cuando los recursos por ella manejados se afectan, es la llamada a reclamar la respectiva indemnizaci\u00f3n del generador de ese menoscabo.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Como en sentir del recurrente, el ad quem <\/i>supuso las pruebas relativas a la titularidad de los dineros dando por establecido que formaban parte de los recursos administrados por la demandante cuando ello no est\u00e1 demostrado, es del caso se\u00f1alar que tal yerro no se estructura si se tiene en cuenta que los elementos materiales de prueba descartan la suposici\u00f3n planteada y, por el contrario, acreditan que los dineros consignados y sustra\u00eddos de la cuenta de ahorros irregularmente abierta, correspond\u00edan a la Caja de Compensaci\u00f3n Familiar demandante.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      En efecto, consta en el Informe Operativo Apertura y Manejo de Cuenta Cajacopi N\u00ba 4-6362-2- 00048-2, rendido por el Centro de Operaciones Bancarias del Banco Agrario de Colombia- Regional Costa, ya citado, ratificado por los extractos bancarios expedidos por la misma entidad<\/font><\/font>14<\/a>, que en dicha cuenta se<\/font><\/font> <\/font><\/font>\u00abefectua[ron] las siguientes operaciones desde el d\u00eda de su apertura:<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      El 07 de abril de 2005 es recibida en la oficina de Tol\u00fa Viejo volante de consignaci\u00f3n N\u00ba 1260949 por valor de $60.483.655,oo, con cheque propio de la cuenta corriente N\u00ba 0-6382-0- 00450-3 perteneciente [al] municipio Tol\u00fa Viejo [por] participaci\u00f3n y salud, el cual se encuentra girado a nombre de Cajacopi ARS (\u2026).<\/p>\n

      <\/p>\n

      El 26 de mayo de 2005 es recibida en la oficina de Magangu\u00e9 Bol\u00edvar las siguientes operaciones: <\/p>\n

      <\/p>\n

      \u2022Consignaci\u00f3n mediante volante N\u00ba 8895875 por valor de $20.478.284.03 con cheque del banco local 13 BBVA N\u00ba 302 de la cuenta corriente N\u00ba 530004985, cuyo titular es la Alcald\u00eda de Magangu\u00e9 y como beneficiario Cajacopi CCF.<\/p>\n

      \n

      \u2022 Consignaci\u00f3n mediante volante N\u00ba 8895876 por valor de $20.478.284,03 con cheque del banco local 13 BBVA N\u00ba 303 de la cuenta corriente N\u00ba 530004985, cuyo titular es la Alcald\u00eda de Magangu\u00e9 y como beneficiario Cajacopi CCF (\u2026).<\/p>\n

      <\/p>\n

      El 10 de junio de 2005 es efectuada en la oficina de Magangu\u00e9 consignaci\u00f3n por valor de $45.098.371,04 mediante volante de consignaci\u00f3n N\u00ba 8893105 con cheques de bancos locales Banco de Bogot\u00e1 as\u00ed: <\/p>\n

      <\/p>\n

      \u2022 Cheque N\u00ba 3310085 $23.093.800,oo<\/p>\n

      \u2022 Cheque N\u00ba 3310084 $ 17.750.098,oo<\/p>\n

      \u2022 Cheque N\u00ba 3310086 $ 3.485.180,oo<\/p>\n

      \u2022 Cheque N\u00ba 3310087 $ 769.293,oo (\u2026)<\/p>\n

      <\/p>\n

      El 10 de junio de 2005 es recibida en la Oficina Corozal volante de consignaci\u00f3n N\u00ba 2908522 por valor de $6.134.465,oo con cheque del Banco BBVA N\u00ba 0000210 de la cuenta corriente N\u00ba 295002737 de la Alcald\u00eda de los Palmitos radicada en la oficina Corozal, cheque girado a nombre de Cajacopi (\u2026) <\/p>\n

      <\/p>\n

      El 26 de julio de 2005 es efectuada en la oficina del Magangu\u00e9 consignaci\u00f3n por valor de $42.808.147,92 mediante volante de consignaci\u00f3n N\u00ba 3031897 con cheques de bancos locales Banco BBVA de la cuenta corriente N\u00ba 530004985 cuyo titular es la Alcald\u00eda de Magangu\u00e9 y beneficiario Cajacopi CCF as\u00ed:<\/p>\n

      <\/p>\n

      \u2022 Cheque N\u00ba 0000349 $13.652.188,56<\/p>\n

      \u2022 Cheque N\u00ba 0000350 $20.478.284,03<\/p>\n

      \u2022 Cheque N\u00ba 0000361 $8.677.675,33 (\u2026).<\/p>\n

      <\/p>\n

      El 14 de septiembre de 2005 es efectuada en la oficina de Sincelejo consignaci\u00f3n por valor de $25.047.640 mediante volante de consignaci\u00f3n N\u00ba 3102906 con cheques propios as\u00ed:<\/p>\n

      <\/p>\n

      Cheque N\u00ba 5448380 $3.519.522,oo<\/p>\n

      Cheque N\u00ba 5448374 $21.528.118,oo<\/p>\n

      Estos cheques son de la cuenta corriente de la oficina Sampu\u00e9s N\u00ba 0-6360-0-00023-4 cuyo titular es la Alcald\u00eda Municipal de Sampu\u00e9s y se encuentran girados a nombre de Cajacopi (\u2026)\u00bb.<\/p>\n

      <\/p>\n

      2.2.Conforme lo expuesto, el error denunciado se descarta, pues el se\u00f1alado informe proveniente del mismo demandado evidencia las consignaciones que se pretend\u00edan establecer a trav\u00e9s de los oficios dirigidos a las Tesorer\u00edas Municipales de Tol\u00fa Viejo, Sampu\u00e9s y Palmitos, cuya falta de respuesta reprocha el impugnante.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      Ese mismo reporte desecha el yerro, seg\u00fan el cual, el Tribunal a m\u00e1s de suponer la confesi\u00f3n del banco accionado en cuanto a que los dineros sustra\u00eddos correspond\u00edan a los recibidos por Cajacopi de algunos Municipios, apreci\u00f3 indebidamente el dictamen pericial al dar por sentado que los recursos formaban parte de los administrados por \u00e9sta, pues se reitera, la propia informaci\u00f3n proporcionada por el banco demandado acredita que los dineros sustra\u00eddos formaban parte de los recursos administrados por aquella.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Siendo ello as\u00ed, tambi\u00e9n sucumbe la acusaci\u00f3n atinente a que no se acredit\u00f3 el perjuicio, pues al haber sido menguado il\u00edcitamente el capital administrado por Cajacopi, no hay duda de su afectaci\u00f3n patrimonial.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      2.3.Por lo expuesto, el cargo aqu\u00ed estudiado, no prospera.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      <\/p>\n

      X.QUINTO CARGO <\/p>\n

      <\/p>\n

      1.Con base en el numeral primero del art\u00edculo 368 del Estatuto Adjetivo Civil, el recurrente le atribuye a la sentencia haber vulnerado de forma directa los preceptos 2341 y 1494 del C\u00f3digo Civil y, 1382 y 1392 del Estatuto Mercantil.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      2.Soportado en la consideraci\u00f3n del Tribunal, seg\u00fan la cual, como \u00abla demandante alega que el da\u00f1o fue cometido en virtud de un contrato de cuenta corriente fraudulento celebrado entre la entidad financiera y un tercero, y en cual (sic) ella no tuvo participaci\u00f3n; situaci\u00f3n que nos ubica en el terreno de una responsabilidad civil extracontractual derivada de un contrato (\u2026)\u00bb, <\/i><\/font><\/font>el impugnante expone que a pesar de enmarcarse el objeto del litigio estrictamente en la responsabilidad extracontractual del demandado, el juzgador, \u00abpara confirmar la sentencia del a quo (\u2026) fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en el supuesto incumplimiento, por parte del Banco de una presunta obligaci\u00f3n contractual que vincular\u00eda a las partes\u00bb, <\/i><\/font><\/font>concretamente la de seguridad.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      En esas condiciones, agrega, el <\/font><\/font>ad quem<\/i><\/font><\/font>, en lugar de aplicar las normas reguladoras de la responsabilidad civil extracontractual, hizo actuar las del contrato de cuenta corriente bancaria, aplicando indebidamente los art\u00edculos 1382 a 1392 del C. de Co., y 1494 del C.C., \u00e9ste porque al establecer las diversas fuentes de las obligaciones, la consecuencia<\/font><\/font> <\/font><\/font>\u00abes que a cada obligaci\u00f3n se le deben aplicar en forma \u00edntegra y l\u00f3gica, las normas que regulan el tipo de obligaci\u00f3n seg\u00fan su fuente\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      3.En raz\u00f3n de ello, dej\u00f3 de aplicar el art\u00edculo 2341 ib\u00eddem<\/i>, consagratorio del principio general de la responsabilidad civil extracontractual, bajo el cual ha debido analizar la conducta del banco, para determinar si hubo o no un comportamiento culposo. Al no haber procedido as\u00ed, termin\u00f3 condenando a \u00e9ste al resarcimiento de perjuicios.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      XI.CONSIDERACIONES <\/p>\n

      <\/p>\n

      1.Generalidades de la responsabilidad civil.<\/b><\/h2>\n

      <\/p>\n

      La responsabilidad civil ha sido tradicionalmente concebida en una dimensi\u00f3n dual, esto es, contractual y extracontractual.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      La primera se estructura por la existencia de una relaci\u00f3n jur\u00eddica preexistente entre las partes, es decir, cuando el menoscabo deviene de la inejecuci\u00f3n o ejecuci\u00f3n defectuosa o tard\u00eda de una obligaci\u00f3n pactada en un contrato existente y v\u00e1lido.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      La segunda, a su vez, surge de incumplir el mandato legal y gen\u00e9rico, concerniente a no causar da\u00f1o a otro, el cual, en nuestro sistema jur\u00eddico se halla previsto en el art\u00edculo 2341 del C\u00f3digo Civil. Su surgimiento se produce sin previo pacto y por virtud de un encuentro fortuito entre los relacionados con el da\u00f1o, o en otros t\u00e9rminos, de un hecho jur\u00eddico que puede ser una conducta punible (hecho jur\u00eddico humano voluntario il\u00edcito) o un il\u00edcito civil (hecho jur\u00eddico humano involuntario il\u00edcito), al margen de un incumplimiento obligacional previo y vinculante.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      2.Caso concreto.<\/b><\/h2>\n

      <\/p>\n

      2.1.En el presente cargo, la recurrente estima agraviada la ley sustancial de manera directa, porque a pesar de haberse enmarcado el objeto del litigio en la responsabilidad extracontractual del Banco, el Tribunal fund\u00f3 su decisi\u00f3n en el desconocimiento de una obligaci\u00f3n contractual y por ello dej\u00f3 de aplicar las normas relativas a aquella.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      Al analizar la acusaci\u00f3n propuesta, se evidencia que el juzgador no cometi\u00f3 el error denunciado, de acuerdo con lo que a continuaci\u00f3n se expone:<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      La promotora del litigio solicit\u00f3 expresamente <\/font><\/font>\u00abdeclarar(\u2026) extracontractualmente responsable al \u2018Banco Agrario de Colombia\u2019, de los perjuicios causados a la parte demandante \u2018Caja de Compensaci\u00f3n Familiar Cajacopi Atl\u00e1ntico\u2019, con motivo de la irregular y negligente apertura de la cuenta de ahorros No 46362200048-2, abierta supuestamente por el representante legal de [\u00e9sta] en la oficina del Banco Agrario de Colombia que funciona en el municipio de San Benito Abad (Sucre) (\u2026)\u00bb,<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>siendo que la entidad demandante jam\u00e1s intervino en dicha operaci\u00f3n, pero fue defraudada en $220.127.423,64.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Al analizar la situaci\u00f3n planteada, el Tribunal<\/font><\/font> <\/font><\/font>\u00abestablec[i\u00f3] que estamos ubicados en una pretensi\u00f3n claramente extracontractual, habida cuenta que la alegaci\u00f3n del actor precisamente se apoya en que no tiene realmente la calidad de contratante y sin embargo, de esa relaci\u00f3n irregular ha sufrido perjuicios que se impone deben ser resarcidos\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Luego, al examinar los elementos configurativos de la mencionada clase de responsabilidad, el juzgador reiter\u00f3 que <\/font><\/font>como<\/font><\/font> \u00ab[l]a demandante alega que el da\u00f1o fue cometido en virtud de un contrato de cuenta corriente fraudulento, celebrado entre la entidad financiera demandada y un tercero, y en el cual ella no tuvo participaci\u00f3n; [esa] situaci\u00f3n (\u2026) nos ubica en el terreno de una responsabilidad civil extracontractual derivada de un contrato, por lo cual se hace menester establecer cu\u00e1les son las obligaciones que surgen en virtud de dicho contrato, a fin de determinar si en la apertura fraudulenta de la cuenta bancaria, el banco demandado incumpli\u00f3 alguna de ellas, generando con su actuar los da\u00f1os que invoca el demandante\u00bb<\/i><\/font><\/font>15<\/a>.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Por ello, a partir de evaluar la conducta del demandado en el procedimiento de apertura de la cuenta de ahorros a nombre de la accionante, el sentenciador concluy\u00f3, que aquel hab\u00eda sido negligente, al haber fallado en los controles relacionados con la \u00abidentidad y representaci\u00f3n del demandante\u00bb, medidas que le correspond\u00eda observar, al \u00abtrata[rse] de intermediaci\u00f3n financiera, de dineros p\u00fablicos, de ser una convenci\u00f3n realizada en el \u00e1mbito bancario que jurisprudencialmente ha sido considerada una actividad peligrosa, ubicada como inter\u00e9s p\u00fablico.- Obligaci\u00f3n de seguridad radicada fundamentalmente, en cabeza del ente financiero, al que se le cataloga como especialista en dicha actividad y quien debe ejercer los mayores controles en la adecuada formaci\u00f3n del contrato\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      2.2.Si de acuerdo con lo anterior, el Tribunal basado en la consideraci\u00f3n, seg\u00fan la cual, la actora \u00abno tiene realmente la calidad de contratante\u00bb, <\/i><\/font><\/font>dej\u00f3 establecido que la reclamaci\u00f3n de \u00e9sta \u00abnos ubica en una pretensi\u00f3n claramente extracontractual\u00bb,<\/i><\/font><\/font> es evidente que la definici\u00f3n del litigio se hizo al amparo de las normas que gobiernan la responsabilidad civil extracontractual y si ello fue as\u00ed, no es dable predicar el desconocimiento de las invocadas en el cargo.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      El contexto dentro del cual se aludi\u00f3 a los contratos bancarios, pone de presente que dicha referencia tuvo como finalidad relievar las obligaciones de las entidades crediticias, en este caso, del<\/font><\/font> <\/font><\/font>\u00abBanco que es una persona jur\u00eddica dedicada a la intermediaci\u00f3n financiera\u00bb,<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>dentro de ellas,<\/font><\/font> <\/font><\/font>\u00ablas de seguridad en su perfeccionamiento, es decir, en la etapa formativa del negocio\u00bb,<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>para evitar o minimizar riesgos, como el aqu\u00ed debatido, pues seg\u00fan lo expuso el Tribunal, aqu\u00e9l,<\/font><\/font> <\/font><\/font>\u00abcomo especialista en dicha actividad (\u2026) debe ejercer los mayores controles en la adecuada formaci\u00f3n del contrato\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      El anterior aserto tiene soporte en la consideraci\u00f3n del sentenciador, seg\u00fan la cual como<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>\u00abel da\u00f1o fue cometido en virtud de un contrato de cuenta corriente fraudulento, celebrado entre la entidad financiera demandada y un tercero, y en el cual ella no tuvo participaci\u00f3n (\u2026) se hace menester establecer cu\u00e1les son las obligaciones que surgen en virtud de dicho contrato\u00bb,<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>a partir de cuyo an\u00e1lisis, concluy\u00f3 que la aludida entidad fall\u00f3 en los controles al no establecer adecuadamente la identidad y representaci\u00f3n de quien se hizo pasar por representante legal de la demandante.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      En raz\u00f3n de ello, el Tribunal encontr\u00f3<\/font><\/font> <\/font><\/font>\u00abdemostrado el presupuesto imputaci\u00f3n y v\u00ednculo causal, habida cuenta que tal apertura irregular y desconocida por Cajacopi, posibilit\u00f3 que quien realiz\u00f3 la defraudaci\u00f3n direccionara a dicha cuenta los dineros que por concepto del r\u00e9gimen subsidiado de salud recibe de algunos municipios\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      2.3.De lo expuesto emerge que el sentenciador, lejos de basarse en una responsabilidad negocial, tuvo claridad de que \u00e9sta era de origen extracontractual,<\/font><\/font> \u00abprecisamente, [porque] (\u2026)el actor (\u2026) no tiene realmente la calidad de contratante\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/h2>\n

      <\/p>\n

      As\u00ed las cosas, no resulta posible admitir que el fallador dej\u00f3 de aplicar al caso sometido a su conocimiento los preceptos sustanciales que gobiernan la responsabilidad civil extracontractual o que haya hecho actuar otros ajenos al debate sometido a la composici\u00f3n judicial, o deformado el genuino sentido de los correctamente aplicados, en otras palabras, no incurri\u00f3 en el quebranto directo de la ley sustancial que le ha sido endilgado.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      2.4.Corolario de lo expuesto, el cargo no prospera.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      XII.CARGO SEGUNDO <\/p>\n

      <\/p>\n

      1.Con sustento en la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se acusa el fallo de quebrantar de manera indirecta los preceptos 2341 y 2343 del C\u00f3digo Civil como consecuencia de los errores de hecho manifiestos y trascendentes cometidos por el Tribunal, en la apreciaci\u00f3n de las pruebas.<\/font><\/p>\n

      2.Tendiente a su demostraci\u00f3n, la censura expone lo seguidamente extractado:<\/h2>\n

      <\/p>\n

      2.1.El sentenciador dedujo la responsabilidad a partir de la manifestaci\u00f3n del apoderado de la demandada en la audiencia prevista en el art\u00edculo 101 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, sin apoyo en otras pruebas, otorg\u00e1ndole a ella un alcance que no tiene, lo cual lo condujo a tener por demostrado, sin estarlo, que el Banco incurri\u00f3 en falta de controles y por ende en culpa, al facilitar la apertura irregular de la cuenta bancaria utilizada para cometer el fraude.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      Luego de transcribir lo consignado al respecto en la se\u00f1alada diligencia judicial, el impugnante considera que de esas manifestaciones no surge la admisi\u00f3n de culpa o de la inobservancia de los controles exigibles al momento de abrir la cuenta, pues<\/font><\/font> <\/font><\/font>\u00ab(\u2026) una cosa es admitir que existi\u00f3 una suplantaci\u00f3n que condujo a la apertura irregular de una cuenta bancaria, y otra muy distinta es aceptar que se ha incurrido en culpa. Es apenas obvio que la apertura irregular de una cuenta no necesariamente est\u00e1 determinada por una culpa del Banco, pues la suplantaci\u00f3n puede haber ocurrido -como de hecho sucedi\u00f3 en este caso- a pesar de observarse los controles exigidos a cualquier profesional en materia financiera\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      En su sentir, el error del fallador surgi\u00f3 de la indebida apreciaci\u00f3n de la confesi\u00f3n del apoderado del banco, quien \u00fanicamente acept\u00f3 la impostura del representante legal de Cajacopi en la irregular apertura de la cuenta, al haber sido realizada mediante suplantaci\u00f3n, sin deducirse de ella que el banco haya incurrido en conducta culposa; no obstante, a partir de esa aceptaci\u00f3n, el Tribunal equivocadamente tuvo por demostrada la culpa o actuar negligente del ente crediticio.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      2.2.<\/font><\/font>Supuso la confesi\u00f3n del demandado, pues sin referirse a la pieza procesal en donde se encuentra, sostuvo que no realiz\u00f3 los controles necesarios para evitar que el representante legal de Cajacopi fuera suplantado, cuando ello no obra en el expediente. Por tanto,<\/font><\/font> \u00ab(\u2026) no habiendo confesado el Banco que incurri\u00f3 en falta de controles, no pod\u00eda el Tribunal aseverar, como lo hizo, que la entidad demandada \u2018admite que no realiz\u00f3 los controles necesarios…\u2019\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/h2>\n

      <\/p>\n

      2.3.Pretermiti\u00f3 los medios probatorios demostrativos de la ausencia de culpa del banco.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      Con base en la argumentaci\u00f3n judicial, seg\u00fan la cual, para liberarse de responsabilidad le<\/font><\/font> <\/font><\/font>\u00abcorresponder\u00eda al demandado traer la prueba de haber cumplido con todos los controles de identidad y representaci\u00f3n del demandante al momento de la apertura de la cuenta corriente aperturada a su nombre, lo que no cumpli\u00f3\u00bb,<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>estima la censura, esa deducci\u00f3n fue fruto de haber dejado de apreciar los siguientes documentos,<\/font><\/font> <\/font><\/font>\u00abfundamento para la apertura de la cuenta con la que se cometi\u00f3 el fraude:\u00bb<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      2.3.1.El certificado expedido por la Superintendencia de Subsidio Familiar allegado al proceso, en donde figura el se\u00f1or Eduardo Enrique Galofre Manotas, como representante legal de Cajacopi.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      2.3.2.Copia de la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda del mismo, quien se identific\u00f3 como representante legal de aquella.<\/font><\/p>\n

      2.3.3.Formato de solicitud de servicios bancarios para personas jur\u00eddicas, diligenciado y firmado por quien se identific\u00f3 como Eduardo Enrique Galofre Manotas.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      2.3.4.Comunicaci\u00f3n en papeler\u00eda y membrete de Cajacopi, dirigida al Banco Agrario de Colombia por Pedro Mulett Mogoll\u00f3n, gerente de Cajacopi, solicitando la apertura de una cuenta bancaria a nombre de \u00e9sta y autorizando al antes mencionado, para manejarla.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      2.3.5.Formato de inscripci\u00f3n en el RUT por parte de Cajacopi.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      2.3.6.Estados financieros de \u00e9sta, suscritos por su director general Eduardo Galofre Manotas, el contador y el revisor fiscal.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      2.3.7.Reglamento – contrato de dep\u00f3sitos de ahorro, rubricado por quien dijo ser representante legal de la accionante y por un funcionario del Banco Agrario.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      2.3.8.Formato de verificaci\u00f3n de informaci\u00f3n de persona jur\u00eddica, diligenciado y firmado por Jorge Carlos Mar\u00eda D\u00edaz, director de la oficina del ente crediticio demandado.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      En sentir del impugnante, con tales escritos, omitidos por el Tribunal, se descarta la ausencia de controles atribuida al demandado, pues con ellos \u00abse cre\u00f3 la apariencia de que quien se present\u00f3 a la oficina bancaria era realmente el representante legal de Cajacopi\u00bb,<\/i><\/font><\/font> <\/font>y no permit\u00edan sospechar la suplantaci\u00f3n, menos cuando varios de ellos fueron elaborados en papeler\u00eda de la actora y remitidos desde un fax suyo, seg\u00fan informe realizado por la oficina jur\u00eddica del banco, igualmente preterido.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Es m\u00e1s, como el representante de Cajacopi fue entrevistado personalmente y se le exigi\u00f3 la documentaci\u00f3n correspondiente, esa circunstancia, anota el recurrente, demuestra que el accionado despleg\u00f3 los controles, cuya ausencia le endilga el Tribunal, pues obr\u00f3 como lo hubiera hecho otro banco puesto en las mismas circunstancias.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      2.4.El juzgador err\u00f3 al acudir a una falsa regla de experiencia, cuando para dar por acreditada la culpa del banco expuso que \u00abla falta de controles es evidente \u2018trat\u00e1ndose de una ciudad peque\u00f1a, donde los funcionarios de las diferentes entidades mantienen relaciones comerciales personales\u2019\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/h2>\n

      <\/p>\n

      Con lo anterior, agrega, el Tribunal <\/font><\/font>\u00abd[i\u00f3] por sentado que el banco debi\u00f3 descubrir la suplantaci\u00f3n pues era esperable que los funcionarios de la entidad financiera conocieran a quien se present\u00f3 como representante legal de Cajacopi\u00bb, <\/i><\/font><\/font>cuando la experiencia no indica que por peque\u00f1a que sea una localidad, un funcionario bancario deba conocer a todas las personas que se acercan a sus oficinas, pues si as\u00ed fuera, en ning\u00fan lugar peque\u00f1o del pa\u00eds se presentar\u00edan defraudaciones por suplantaci\u00f3n de identidad.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      2.5.De no haber incurrido en tales errores probatorios, concluye, el Tribunal no habr\u00eda encontrado demostrada la responsabilidad del banco y por ende lo habr\u00eda absuelto.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      3.En tales condiciones, al no estar acreditada la conducta culposa de la entidad demandada, sostiene, el Tribunal vulner\u00f3 los art\u00edculos 2341 y 2343 del C\u00f3digo Civil, seg\u00fan los cuales, en responsabilidad civil extracontractual, quien comete una culpa y con ella causa da\u00f1o, est\u00e1 obligado a repararlo.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      XIII.CONSIDERACIONES <\/p>\n

      <\/p>\n

      1.Responsabilidad civil y actividad financiera.<\/b><\/h2>\n

      <\/p>\n

      1.1.Seg\u00fan se desprende del art\u00edculo 335 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la actividad bancaria constituye un servicio p\u00fablico, pues siendo esencial para el desarrollo econ\u00f3mico, reviste inter\u00e9s general, en la medida en que se halla dirigida, fundamentalmente, a la captaci\u00f3n de recursos provenientes del p\u00fablico, a su aprovechamiento e inversi\u00f3n y est\u00e1 supeditada a la autorizaci\u00f3n, intervenci\u00f3n y vigilancia del Estado.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      Por ello, las entidades financieras que desempe\u00f1an dicha labor, as\u00ed como gozan de algunas prerrogativas propias de su ejercicio y una posici\u00f3n de supremac\u00eda frente al usuario, tambi\u00e9n adquieren ciertas obligaciones para con \u00e9ste, debido al alto riesgo social que esa actividad conlleva.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Uno de esos deberes ata\u00f1e a la especial diligencia que deben observar en desarrollo de las actividades mercantiles constitutivas de su objeto social y, dentro de ellos, el ejercicio de controles y adopci\u00f3n de procedimientos dirigidos a la debida y completa identificaci\u00f3n de sus clientes y de quienes utilizan el servicio p\u00fablico para realizar operaciones financieras, tendiente a impedir o minimizar los riesgos que su omisi\u00f3n puede provocar.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Tales controles se hallan ligados, entre otros prop\u00f3sitos, a la lucha contra el lavado de activos que las naciones combaten. De ah\u00ed, la importancia de su eficacia para evitar o contrarrestar el crimen financiero, del cual la misma entidad bancaria podr\u00eda ser v\u00edctima, con la consecuente afectaci\u00f3n de su seguridad, solidez y reputaci\u00f3n, dada la publicidad negativa y p\u00e9rdida de confianza por parte de los clientes y del mercado en general.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      En virtud de ello, y debido a las operaciones desplegadas inherentes a su objeto social, particularmente concernientes a la administraci\u00f3n del ahorro del p\u00fablico, se enfatiza, las entidades bancarias, como profesionales del sector econ\u00f3mico, tienen una carga especial de diligencia y prudencia tendientes a evitar da\u00f1os suyos, a los ahorradores y a la comunidad.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Por tal raz\u00f3n, seg\u00fan lo determina el art\u00edculo 102 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero, <\/font><\/font>\u00ab[l]as instituciones sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces, estar\u00e1n obligadas a adoptar medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que en la realizaci\u00f3n de sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversi\u00f3n o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiaci\u00f3n, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas\u00bb<\/i><\/font><\/font>16<\/a>.<\/i><\/font><\/font>\u00bb<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Cuando tales instituciones desatienden sus deberes de diligencia y cuidado, comprometen su responsabilidad. Al respecto, esta Corporaci\u00f3n, en fallo SC 3 ago. 2004, Rad. 7447, anot\u00f3:<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      \u00abEn punto de la responsabilidad bancaria, la jurisprudencia de la Corte ha perseverado en la exigencia de deberes especiales de diligencia al sistema financiero, atendido que las instituciones bancarias son depositarias de la confianza p\u00fablica. En la sentencia de 11 de julio de 2001 (exp. No. 6201), la Corte en un caso de similares perfiles, expuso los trazos fundamentales sobre la materia. Se demand\u00f3 entonces por el faltante resultado de las consignaciones dejadas de percibir en la cuenta corriente de una sociedad, y la Corte hizo reproche porque \u2018existi\u00f3 por parte de empleados adscritos a la entidad crediticia manejo inadecuado de los dineros en efectivo que ingresaban a la cuenta corriente de la sociedad demandante y que a ra\u00edz de ello se abri\u00f3 investigaci\u00f3n penal… en la que los cajeros fueron condenados por el delito de hurto agravado en virtud de los hechos en que sustenta ahora la entidad consignataria. Los resultados de la aludida investigaci\u00f3n confirman la existencia del hecho punible, en virtud del cual los dineros en efectivo depositados por la sociedad ac\u00e1 demandante no entraban a formar parte del saldo en su favor, sino que eran indebidamente retenidos por empleados del Banco que luego los repart\u00edan con el contador de la empresa, quien, a su vez, organizaba de tal forma los libros contables que no aparec\u00eda en ellos el faltante; adem\u00e1s, se prob\u00f3 la autor\u00eda del hecho por parte de empleados al servicio del Banco y, por ende, el subsiguiente incumplimiento en que incurri\u00f3 dicha entidad crediticia en el manejo del dep\u00f3sito a ella confiado\u2019. <\/p>\n

      La Corte concluy\u00f3 entonces \u2018que el Banco efectivamente incurri\u00f3 en el incumplimiento que se le achaca, y que su responsabilidad civil deriva del ejercicio y del beneficio que reporta de su especializada actividad financiera, como as\u00ed lo tiene definido la jurisprudencia cuando asevera que una entidad crediticia es una empresa comercial que dado el movimiento masivo de operaciones, \u2018asume los riegos inherentes a la organizaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n del servicio de caja\u2019 (Cas. Civil 24 de octubre de 1994)\u00bb.<\/p>\n

      <\/p>\n

      1.2.As\u00ed entonces, como el servicio p\u00fablico prestado por los bancos, es de inter\u00e9s p\u00fablico e implica riesgo social, dada la intermediaci\u00f3n financiera que realiza -de gran importancia para el desarrollo econ\u00f3mico-, su desempe\u00f1o impone una indiscutible profesionalidad, idoneidad y experiencia.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      Precisamente, por ese riesgo social que su ejercicio lleva impl\u00edcito, las entidades bancarias se hallan obligadas a observar reglas fundamentales de prudencia, control y adecuada organizaci\u00f3n, tendientes a obviar el surgimiento de da\u00f1os para s\u00ed y su clientela. Cuando no proceden de tal forma, su responsabilidad se compromete, pero puede desvirtuarse o aminorarse, si se demuestra una causa extra\u00f1a, tipificada en el caso fortuito o la fuerza mayor, el hecho de un tercero o de la v\u00edctima, cuando los mismos han determinado el resultado lesivo y tienen la connotaci\u00f3n de imprevisibles e irresistibles.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      El profesionalismo, continuidad, trascendente funci\u00f3n social y provecho pecuniario, entre otras caracter\u00edsticas de la actividad bancaria, permiten suponer, no solo que cuentan con un conocimiento especializado, idoneidad y experiencia, sino que por el riesgo, de suyo creado con su ejercicio y la confianza p\u00fablica generada, tienen dise\u00f1ados y puestos en pr\u00e1ctica procedimientos pertinentes y suficientes para garantizar la prevenci\u00f3n, el control y la seguridad de las operaciones propias de su labor.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Es por ello<\/font><\/font> <\/font><\/font><\/font>que a la hora de juzgar el cumplimiento de sus obligaciones, se impone hacerlo con mayor rigurosidad respecto de cualquier otro comerciante com\u00fan o de gesti\u00f3n ordinaria, toda vez que la entidad bancaria, como organizaci\u00f3n empresarial de actividad especializada, debe estar preparada para precaver, evitar o controlar el da\u00f1o proveniente de su labor, pues como lo record\u00f3 la Sala en CSJ SC 16496-2016,<\/font><\/font> \u00ab<\/i><\/font><\/font>(\u2026) la responsabilidad del banco \u2018deriva del ejercicio y del beneficio que reporta de su especializada actividad financiera, como as\u00ed lo tiene definido la jurisprudencia cuando asevera que una entidad crediticia es una empresa comercial que dado el movimiento masivo de operaciones, \u2018asume los riegos inherentes a la organizaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n del servicio de caja\u2019 (\u2026)\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      El ejercicio de la actividad profesional bancaria, le impone entonces a la entidad, en principio, soportar las contingencias de su tarea, a menos que se demuestre, como ya se dijo, una causa extra\u00f1a, capaz de fracturar el nexo causal.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Respecto de la responsabilidad que tienen los bancos, como profesionales de la actividad financiera, esta Corporaci\u00f3n, en fallo SC18614-2016, concluy\u00f3:<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      \u00ab(\u2026) el r\u00e9gimen de responsabilidad de los Bancos por la defraudaci\u00f3n con el uso de instrumentos espurios para disponer de los fondos depositados en cuentas, se ha fundado en vertientes de la teor\u00eda del riesgo: En una primera \u00e9poca, la del \u2018riesgo creado\u2019 en virtud de la cual quien en desarrollo de una actividad genere un peligro o contingencia, debe indemnizar los perjuicios que de aquel deriven para terceros, con independencia de si ha actuado de manera diligente o culposa, o de si ha obtenido o un provecho; despu\u00e9s se dio aplicaci\u00f3n a la teor\u00eda del \u2018riesgo provecho\u2019 que carga con la obligaci\u00f3n resarcitoria a quien ejerza la actividad que genera un riesgo o peligro y, adem\u00e1s, saca de la misma una utilidad o percibe lucro, sin que importe que su conducta haya sido diligente o imprudente; por \u00faltimo, se acudi\u00f3 a la teor\u00eda del \u2018riesgo profesional\u2019 que es una derivaci\u00f3n de la anterior, empleada tambi\u00e9n en otras \u00e1reas del derecho como, por ejemplo, en materia de accidentes y enfermedades laborales. En esta \u00faltima, la obligaci\u00f3n de asumir los riesgos inherentes al ejercicio de la actividad se basa en el profesionalismo que esta requiere. <\/p>\n

      (\u2026)<\/p>\n

      Siendo la bancaria y la de intermediaci\u00f3n financiera, actividades en las que -como atr\u00e1s se dijo existe un inter\u00e9s p\u00fablico y son realizadas por expertos que asumen un deber de custodia de dineros ajenos, si\u00e9ndole exigibles, seg\u00fan lo previsto por el Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993) y las Circulares B\u00e1sica Contable y Financiera (100 de 1995) y B\u00e1sica Jur\u00eddica (007 de 1996) unos altos y especiales cargas o cumplimiento de est\u00e1ndares de seguridad, diligencia, implementaci\u00f3n de mecanismos de control y verificaci\u00f3n de las transacciones e incluso de seguridad de la confiabilidad de la informaci\u00f3n y preservaci\u00f3n de la confiabilidad, es natural que la asunci\u00f3n de tales riesgos no les corresponda a los clientes que han encomendado el cuidado de parte de su patrimonio a tales profesionales, de ah\u00ed que sea ellos quienes deban asumir las consecuencias derivadas de la materializaci\u00f3n de esos riesgos. <\/p>\n

      <\/p>\n

      En ese orden de ideas, \u2018a la hora de apreciar la conducta de uno de tales establecimientos -ha dicho la Corte- es necesario tener presente que se trata de un comerciante experto en la intermediaci\u00f3n financiera, como que es su oficio, que maneja recursos ajenos con fines lucrativos y en el que se encuentra depositada la confianza colectiva\u2019 (CSJ SC-076, 3 Ago. 2004, Rad. 7447) y por tales razones se le exige \u2018obrar de manera cuidadosa, diligente y oportuna en ejercicio de sus conocimientos profesionales y especializados en materia bancaria\u2019 para impedir que sean quebrantados los derechos patrimoniales de titulares de las cuentas de ahorro y corrientes de cuya apertura y manejo se encarga (CSJ SC, 3 Feb. 2009, Rad. 2003-00282-01). De todo lo anterior deriva, necesariamente que en la materia impera un \u2018modelo particular de responsabilidad profesional del banco\u00bb (CSJ SC-201, 15 Dic. 2006, Rad. 2002-00025-01).<\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      2.Resoluci\u00f3n del cargo.<\/b><\/h2>\n

      <\/p>\n

      2.1.En punto del reproche aqu\u00ed planteado, es del caso recordar que cuando el mismo se construye sobre la base de haberse cometido un error de hecho que como v\u00eda indirecta integra la primera causal del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, su acreditaci\u00f3n presupone, entre otras exigencias, que la inferencia probatoria atacada sea abiertamente contraria al contenido objetivo de la prueba, lo cual comporta su estructuraci\u00f3n, \u00fanicamente cuando el desacierto sea tan notorio que a simple vista se manifieste, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, es decir, de tal magnitud que resulte ostensiblemente contrario a la evidencia del proceso y que por lo mismo no requiera de hermen\u00e9uticas deductivas de elaborada confecci\u00f3n.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      2.2.En el presente asunto, se recuerda, la demandante solicit\u00f3 declarar la responsabilidad civil extracontractual del Banco accionado \u00abcon motivo de la irregular y negligente apertura\u00bb<\/i><\/font><\/font> de una cuenta de ahorros a su nombre, lo cual facilit\u00f3 su desfalco.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      El Tribunal respald\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado acogedora de las pretensiones, al hallar responsable al Banco Agrario, en esencia, por no haber cumplido \u00abcon todos los controles\u00bb<\/i><\/font><\/font> necesarios para la apertura de la cuenta de ahorros, lo cual permiti\u00f3 que se direccionaran hacia ella, dineros provenientes de algunos municipios y que posteriormente fueran retirados, defraudando a la accionante.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      La entidad convocada denuncia en este cargo, la incursi\u00f3n de errores f\u00e1cticos porque su responsabilidad fue deducida de una confesi\u00f3n supuesta por el juzgador, quien tambi\u00e9n desconoci\u00f3 varias pruebas demostrativas de que el banco no tuvo culpa en la producci\u00f3n del da\u00f1o reclamado.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      2.3.Pues bien, al revisar la decisi\u00f3n combatida, la acusaci\u00f3n planteada y los elementos materiales de prueba se extrae que el Tribunal no cometi\u00f3 el error denunciado y menos con las caracter\u00edsticas de protuberante y trascendente.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      En efecto, si como ha quedado visto, en raz\u00f3n de la actividad profesional desplegada por las entidades financieras y el riesgo surgido de ese ejercicio, \u00e9stas se hallan \u00abobligadas a adoptar medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que en la realizaci\u00f3n de sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumento [de conductas delictivas]\u00bb,<\/i><\/font><\/font> seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 102 del Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero, entonces, el Tribunal no se equivoc\u00f3 al predicar que el accionado omiti\u00f3 \u00abhaber cumplido con todos los controles\u00bb <\/i><\/font><\/font>para impedir el menoscabo cuyo resarcimiento se reclama.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Esa falta de controles la evidencia el propio <\/font><\/font>informe Operativo Apertura y Manejo de Cuenta Cajacopi N\u00ba 4-6362-2- 00048-2, rendido por el Centro de Operaciones Bancarias del Banco Agrario de Colombia – Regional Costa, denunciado como preterido, en el cual se destacan algunas de las irregularidades incurridas por el accionado, desde el mismo momento de la apertura de la cuenta de ahorros, hasta la consolidaci\u00f3n del<\/font><\/font> <\/font><\/font>\u00abdefraude <\/i><\/font><\/font>(sic) <\/font><\/font>ocurrido con los dineros de la entidad demandante\u00bb,<\/i><\/font><\/font> seg\u00fan palabras del sentenciador.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      As\u00ed, se advierte que trat\u00e1ndose de una novedosa vinculaci\u00f3n al banco, \u00e9ste, como lo anota el Tribunal, apertur\u00f3 irregularmente la cuenta, puesto que lo hizo \u00absin los espec\u00edficos controles de identidad\u00bb,<\/i><\/font><\/font> aseveraci\u00f3n que no se muestra infundada, si se tiene en cuenta lo consignado en el se\u00f1alado reporte rendido por el mismo demandado, seg\u00fan el cual, la \u00absolicitud de servicios bancarios [fue] diligenciada y firmada sin huella del representante legal.<\/i><\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font> <\/p>\n

      <\/p>\n

      Esa omisi\u00f3n, entonces, impidi\u00f3 establecer la plena \u00abidentidad de quien la abr\u00eda\u00bb,<\/i><\/font><\/font> pues bien se sabe que la huella digital, por sus caracter\u00edsticas de perenne, inmutable e irrepetible, ha sido considerada un medio adecuado para determinar que una persona es quien dice ser y no otra.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Si adicionalmente, se tienen en cuenta otras de las anomal\u00edas registradas en el aludido informe, se descarta el yerro protuberante y trascendente endilgado al fallador, cuando predica la falta de controles y que por tanto,<\/font><\/font> <\/font><\/font>\u00abel defraude <\/i><\/font><\/font>(sic) <\/font><\/font>ocurrido con los dineros de la entidad demandante son imputables al demandado\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      V\u00e9ase al respecto, c\u00f3mo <\/font><\/font>el citado informe, llama la atenci\u00f3n en lo tocante a que <\/font><\/font>\u00ab[l]os cheques de gerencia pagados por la oficina y que el beneficiario solicit\u00f3 el levantamiento del sello de cruce, estos fueron pagados por la cajera Sra Julia Marlene Mier Mercado sin el debido sello y firma de levantamiento de cruce por parte del director de la oficina Sr. Jorge Carlos Mar\u00eda D\u00edaz\u00bb,<\/i><\/font><\/font> y agrega:<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      \u00abparece bastante curioso [que] los tres retiros efectuados el 11 de abril de 2005 N\u00ba E3345701 por valor de $20.809.000,oo, N\u00ba E3345702 por valor de $18.618.000,oo y N\u00ba E3345703 por valor de $19.573.000,oo, (\u2026) fueron realizados a la misma hora de acuerdo a listado de punteo diario de operaciones Ahmone (23:09:40), en donde un retiro fue cobrado por el representante legal y los otros dos autoriza a un tercero.<\/p>\n

      <\/p>\n

      El cheque de gerencia N\u00ba 06311777 por valor de $40.250.000,oo aparece elaborado con una fecha anterior al cargo de la cuenta, es decir fue elaborado el 31 de mayo de 2005 y ese mismo d\u00eda solicitan el levantamiento del sello de cruce, pero realmente el cargo a la cuenta lo efect\u00faan el 01 de junio 2005 y es pagado ese mismo d\u00eda a la representante legal de Iasess\u00bb.<\/p>\n

      <\/p>\n

      Como de acuerdo con lo expuesto, la falta de controles esgrimida por el Tribunal, para deducir la responsabilidad del banco, se reitera, no se vislumbra caprichosa, descabellada o infundada, la Corte debe respetar y mantener tal conclusi\u00f3n.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Por ello, de aceptarse la inadecuada interpretaci\u00f3n de la audiencia del 101 y la omisi\u00f3n probatoria referida en el cargo, esas falencias resultan insuficientes para desconocer la aludida consideraci\u00f3n judicial.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      De todas formas, el error atribuido al Tribunal consistente en haber apreciado indebidamente la confesi\u00f3n efectuada por el apoderado del banco en la audiencia prevista en el art\u00edculo 101 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, no se vislumbra, si se tiene en cuenta una y otra exposici\u00f3n.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      En efecto, en la aludida audiencia, se consign\u00f3 lo siguiente:<\/font><\/font> <\/font><\/font>\u00abEl apoderado de la demandada, manifiesta que el banco admite como cierto el hecho de que Cajacopi, no abri\u00f3 cuenta de ahorro, en su oficina del municipio de San Benito Abad y ya que acepta que su representante legal de Cajacopi, fue suplantado, al momento de dicha apertura ruega a la se\u00f1ora juez declarar probado el hecho aqu\u00ed aceptado y que se concreta en que Cajacopi no tiene ni ha tenido cuentas de ahorro en el municipio de San Benito Abad por tanto pide que se excluyen las pruebas solicitadas en la demanda por el actor (\u2026). La se\u00f1ora juez, declara probado, [que] la apertura de la cuenta a nombre de Cajacopi, en el municipio de San Benito Abad, fue irregular, al existir suplantaci\u00f3n seg\u00fan lo manifiesta el demandado\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      El Tribunal, por su parte, al determinar el origen del da\u00f1o y la culpa del banco, se\u00f1al\u00f3 que \u00e9ste, siendo su deber evitarlo <\/font><\/font>\u00abpermiti\u00f3 de manera irregular la apertura de una cuenta de ahorros en nombre del demandante\u00bb, <\/i><\/font><\/font>pues, su<\/font><\/font> <\/font><\/font>\u00abrepresentante legal (\u2026) no fue quien compareci\u00f3 al Banco Agrario a realizar tal operaci\u00f3n sino que fue suplantado, circunstancia que de manera expresa admiti\u00f3 el demandado en la audiencia del 101 (\u2026) al extremo que lo da como comprobado, relevando al demandante de establecer tal circunstancia.- A su vez, lo irregular de la apertura de la cuenta corriente fue dado por cierto por el despacho de conocimiento por lo que hay que dar por sentado (sic) tal circunstancia\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      As\u00ed mismo, al analizar lo concerniente a la legitimidad de la demandante, recaba que<\/font><\/font> <\/font><\/font>\u00aben la diligencia de audiencia del 101 la parte demandada admite la suplantaci\u00f3n y la sustracci\u00f3n de los dineros, por tanto pide que no se decreten pruebas respecto de tales circunstancias, en tales circunstancias, no le es dable, con l\u00f3gico (sic) y coherencia admitir argumentos en contra de tal confesi\u00f3n, porque si admite el hecho de haber sido abierta la cuenta mediante suplantaci\u00f3n es porque admite su falta de control al momento de suscribir la cuenta corriente, m\u00e1s cuando, trat\u00e1ndose de ciudad peque\u00f1a, donde los funcionarios de las diferentes entidades mantienen relaciones comerciales y personales\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Esta \u00faltima apreciaci\u00f3n judicial, descalificada por el censor fundado en que el hecho de tratarse de una ciudad peque\u00f1a, no implica que los funcionarios bancarios deban conocer a quienes acuden a sus oficinas, tampoco es suficiente para el acogimiento del cargo, porque, seg\u00fan ha quedado visto, el argumento de la falta de controles, cuenta con respaldo probatorio.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      La precitada circunstancia tambi\u00e9n trunca la prosperidad del embate, en cuanto ata\u00f1e a la preterici\u00f3n de documentos como la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda aportada por quien dijo ser representante legal de la accionante, el formato de inscripci\u00f3n en el RUT, los estados financieros, el reglamento del contrato de dep\u00f3sitos de ahorro, el formato de verificaci\u00f3n de informaci\u00f3n y el certificado de la Superintendencia de Subsidio Familiar, puesto que esos escritos, la mayor\u00eda sin determinar su genuinidad, al haber sido presentados en fotocopia y otros enviados mediante fax, seg\u00fan lo se\u00f1ala la oficina jur\u00eddica del banco demandado, no se muestran como \u00abmedidas de control apropiadas y suficientes\u00bb,<\/i><\/font><\/font> para impedir la defraudaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Y en cuanto ata\u00f1e al reproche consistente en no haber apreciado que para la apertura de la cuenta, algunos documentos fueron enviados desde un fax de la accionante, indicativo de que hubo participaci\u00f3n de \u00e9sta, esa consideraci\u00f3n tampoco evidencia el yerro del Tribunal, menos cuando tal cooperaci\u00f3n jam\u00e1s fue demostrada.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      2.4.En este contexto, es dable se\u00f1alar que as\u00ed pudiera extraerse por medio de agudas elucubraciones una conclusi\u00f3n distinta de la que exterioriz\u00f3 el sentenciador, debe privilegiarse la de \u00e9ste, m\u00e1s a\u00fan si se tiene en cuenta que la prosperidad de una acusaci\u00f3n como la que se viene analizando, exige que el discurso casacional sea tan persuasivo y objetivo, que su sola consideraci\u00f3n, contrastada con los elementos de juicio, tenga tal entidad que de inmediato se imponga la conclusi\u00f3n planteada por el impugnante, descartando otra lectura del material probatorio, lo que no acaece en el presente asunto, pues se itera, no se acredit\u00f3 que las reflexiones del fallador se hallen divorciadas por completo de toda sind\u00e9resis y ponderaci\u00f3n que las haga ver absurdas o arbitrarias, o lo que es igual, carentes del m\u00e1s m\u00ednimo respaldo, pues solo as\u00ed puede derribarse una sentencia cuando se trata de la clase de yerro esgrimido por el censor.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      Sobre el particular, la Sala en sentencia CSJ SC16946-2015, reiter\u00f3:<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      \u00abEn efecto, \u2018partiendo de la base de que la discreta autonom\u00eda de los juzgadores de instancia en la apreciaci\u00f3n de las pruebas conduce a que los fallos lleguen a la Corte amparados en la presunci\u00f3n de acierto, es preciso subrayar que los errores de hecho que se les endilga deben ser ostensibles o protuberantes para que puedan justificar la infirmaci\u00f3n del fallo, justificaci\u00f3n que por lo tanto no se da sino en tanto quede acreditado que la estimaci\u00f3n probatoria propuesta por el recurrente es la \u00fanica posible frente a la realidad procesal, tornando por lo tanto en contraevidente la formulada por el juez; por el contrario, no producir\u00e1 tal resultado la decisi\u00f3n del sentenciador que no se aparta de las alternativas de razonable apreciaci\u00f3n que ofrezca la prueba o que no se impone frente a \u00e9sta como afirmaci\u00f3n il\u00f3gica y arbitraria, es decir, cuando s\u00f3lo se presente apenas como una posibilidad de que se haya equivocado.\u00bb<\/p>\n

      <\/p>\n

      Lo expuesto, se reitera, excluye el error endilgado al fallador, con las caracter\u00edsticas de protuberante y trascendente, al haberle deducido responsabilidad al banco demandado, bajo la consideraci\u00f3n de no haber desplegado \u00abtodos los controles\u00bb,<\/i><\/font><\/font> para evitar la defraudaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      2.5.Por lo anterior, el cargo analizado no prospera.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      XIV.TERCER CARGO <\/p>\n

      <\/p>\n

      1.<\/font><\/font>Con soporte en la misma causal de casaci\u00f3n antes referida, acusa la sentencia de violar indirectamente, adem\u00e1s de las normas indicadas en el anterior cargo, el art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Civil, debido a los errores de hecho cometidos en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, los cuales lo llevaron <\/font><\/font>\u00aba no tener por demostrado, est\u00e1ndolo, que los perjuicios demostrados por Cajacopi no son atribuibles a un comportamiento culposo del banco demandado sino a una causa extra\u00f1a, materializada en el hecho de terceros y en el hecho de la v\u00edctima\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/h2>\n

      <\/p>\n

      2.Luego de citar apartes de la sentencia del Tribunal de los cuales, seg\u00fan expone la censura, \u00ablos perjuicios reclamados por Cajacopi son imputables a una culpa del banco demandado, consistente en la omisi\u00f3n de los controles necesarios para evitar que el representante legal de Cajacopi fuera suplantado\u00bb, <\/i><\/font><\/font>expone que esa conclusi\u00f3n es fruto de los siguientes desaciertos:<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      2.1.Indebida apreciaci\u00f3n de la manifestaci\u00f3n hecha por el apoderado del banco en la audiencia del art\u00edculo 101 del C. de P.C., la cual condujo al fallador a inferir que aqu\u00e9l hab\u00eda confesado un comportamiento negligente, cuando ese dicho carece del alcance dado por el <\/font><\/font>ad quem<\/i><\/font><\/font>, toda vez que de \u00e9l no se desprende tal conclusi\u00f3n, pues una cosa es admitir que existi\u00f3 la suplantaci\u00f3n que condujo a la apertura irregular de la cuenta y otra, aceptar la incursi\u00f3n en culpa.<\/font><\/font><\/h2>\n

      <\/p>\n

      En sentir del recurrente, lo \u00fanico demostrado con esa exposici\u00f3n, es la apertura irregular de la cuenta, al haber sido realizada mediante suplantaci\u00f3n, pero no la conducta culposa del banco; no obstante, agrega, el Tribunal dio por confesada la negligencia de \u00e9ste en cuanto a los controles que le eran exigibles.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      2.2.Supuso la confesi\u00f3n del demandado, dado que ella no existe en el proceso y por lo mismo, no pod\u00eda afirmar que falt\u00f3 realizar los controles necesarios.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      2.3.Pretermiti\u00f3 las pruebas demostrativas de la ausencia de culpa del banco, pues las consideraciones en donde as\u00ed lo concibe, se produjeron por haber omitido las pruebas relacionadas en el segundo cargo, las cuales reproduce en \u00e9ste, desprendi\u00e9ndose de ellas \u00abque el banco no incurri\u00f3 en la falta de controles que se le atribuye\u00bb,<\/i><\/font><\/font> toda vez que como cualquier otro profesional de servicios financieros, exigi\u00f3 la documentaci\u00f3n requerida para la apertura de una cuenta bancaria a nombre de una persona jur\u00eddica.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      La restante argumentaci\u00f3n, es reiteraci\u00f3n de la consignada en el anterior cargo.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      2.4.Pretermiti\u00f3 las pruebas que acreditan la culpa de la v\u00edctima y el hecho de terceros.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      As\u00ed, no tuvo en cuenta que en la demanda se confes\u00f3 la apertura irregular de la cuenta bancaria en abril de 2005 y la realizaci\u00f3n del primer derecho de petici\u00f3n al banco reclamando la devoluci\u00f3n dineraria el 28 de diciembre de 2005, es decir, ocho meses despu\u00e9s de haberse llevado a cabo tal anomal\u00eda, lo cual demuestra la culpa de Cajacopi por su comportamiento negligente y descuidado, al no haberse percatado de la sustracci\u00f3n de sus recursos mediante fraude, por parte de terceros.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Ning\u00fan profesional diligente, agrega, descuida su dinero por ese lapso, <\/font><\/font>\u00abm\u00e1xime cuando administra recursos del sistema de salud (\u2026) supuestamente (\u2026) girados por las entidades territoriales\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      2.5.Omiti\u00f3, as\u00ed mismo, los documentos obrantes a folios 8 y 9 a 12 del c.1, elaborados en papeler\u00eda y con membrete de Cajacopi, presentados al banco para la apertura de la cuenta irregular, los cuales acreditan la participaci\u00f3n de \u00e9sta en el fraude, bien porque funcionarios suyos sustrajeron o falsificaron la documentaci\u00f3n, o por permitir la utilizaci\u00f3n de su papeler\u00eda y signos distintivos, creando la apariencia de legalidad en el entramado delictivo.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      2.6.Se cercen\u00f3 el documento obrante en los folios 221 a 225 c.1, correspondiente al informe de la investigaci\u00f3n realizada por la oficina jur\u00eddica del banco demandado, demostrativo de la participaci\u00f3n de funcionarios de Cajacopi, en la cadena de hechos delictivos que permitieron concretar la defraudaci\u00f3n, del cual surge que una documentaci\u00f3n para la apertura de la cuenta, fue enviada desde un abonado telef\u00f3nico perteneciente a la entidad demandante.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      2.7.Desde\u00f1\u00f3 los escritos de folios 5, 8, 13, 162, 163, 170, 172, 189, 194 y 213 del C.1, suscritos por qui\u00e9n suplant\u00f3 al representante legal de Cajacopi, utilizados para abrir la irregular cuenta bancaria y efectuar los retiros que consolidaron el fraude, creando la apariencia de legalidad, los cuales muestran que el banco fue enga\u00f1ado, desde la apertura de la cuenta, pasando por las consignaciones de dinero y culminando con el retiro del mismo, constituyendo ello una causa extra\u00f1a ajena a la esfera del dominio de la entidad financiera.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      3.Tales errores, estima, llevaron al Tribunal a tener por demostrado, sin estarlo, que los perjuicios reclamados por la demandante son atribuibles a una culpa del convocado, y a no tener por probado, est\u00e1ndolo que la verdadera causa de aqu\u00e9llos, la constituye el actuar negligente de Cajacopi y el actuar de terceros.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      Por tanto, quebrant\u00f3 indirectamente el art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Civil, liberatorio de responsabilidad cuando se presenta causa extra\u00f1a y, los preceptos 2341 y 2343 ib\u00eddem, al no poderlos aplicar, en ausencia de relaci\u00f3n causal.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      4.De no haber incurrido en tales yerros, concluye, no le era viable declarar la responsabilidad civil del ente demandado, al no estar demostrada la culpa y en cambio, lo hubiera absuelto por virtud de una causa extra\u00f1a.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      XV.CARGO OCTAVO <\/p>\n

      <\/p>\n

      1.Con base en la causal primera de casaci\u00f3n, denuncia el fallo impugnado de haber infringido de forma indirecta el art\u00edculo 2357 del C\u00f3digo Civil, como consecuencia de los errores de hecho, manifiestos y trascendentes incurridos en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, que llevaron al ad quem<\/i> a no tener por demostrado, est\u00e1ndolo, que la demandante incurri\u00f3 en culpa, con relevancia causal en la producci\u00f3n del da\u00f1o y por ello, \u00e9ste debe ser reducido.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      El tribunal, anota la censura, tuvo por demostrado que la causa de los perjuicios sufridos por Cajacopi fue la conducta culposa del banco demandado, sin detenerse a analizar el comportamiento de la demandante, pues de haberlo hecho habr\u00eda hallado acreditada la culpa de \u00e9sta.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      2.Lo anterior, agrega, se produjo en raz\u00f3n de los siguientes yerros f\u00e1cticos:<\/font><\/p>\n

      2.1.Apreciaci\u00f3n indebida de la demanda, pues en ella, Cajacopi confiesa que la apertura irregular de la cuenta bancaria acaeci\u00f3 en abril de 2005 y la primera petici\u00f3n reclamando la devoluci\u00f3n de los dineros, fue el 29 de diciembre siguiente, es decir ocho meses despu\u00e9s de aquella; por tanto, debi\u00f3 tener por demostrada la culpa de la accionante por su comportamiento negligente y descuidado al dejar transcurrir dicho lapso sin percatarse de dicha sustracci\u00f3n, lo cual no es propio de un profesional diligente \u00abm\u00e1xime cuando administra recursos del sistema de salud\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/h2>\n

      <\/p>\n

      2.2.Pretermiti\u00f3 apreciar los documentos allegados con la demanda, demostrativos de la culpa de Cajacopi, en particular el primer derecho de petici\u00f3n radicado ante el banco el 29 de diciembre de 2005, es decir, ocho meses despu\u00e9s de perfeccionarse la apertura irregular de la cuenta bancaria, lo cual demuestra la falta de control de su patrimonio, no obstante manejar recursos del sistema de salud.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      2.3.Menospreci\u00f3 los documentos obrantes a folios 8 y 9 a 12 del c.1 elaborados en papeler\u00eda y con signos distintivos de Cajacopi, los cuales fueron presentados al banco para la apertura irregular de la cuenta, de los cuales se desprende la participaci\u00f3n de \u00e9sta en el fraude, bien porque funcionarios suyos sustrajeron o falsificaron la documentaci\u00f3n, o por permitir que su papeler\u00eda y signos distintivos fueran utilizados en el entramado delictivo.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      2.4.Omiti\u00f3 el documento obrante a folios 221 a 225 c.1, correspondiente al informe de investigaci\u00f3n realizada por la oficina jur\u00eddica del banco demandado, en donde se manifiesta haberse efectuado entrevista presencial a quien se identific\u00f3 como Eduardo Enrique Galofre Manotas y se exigi\u00f3 la presentaci\u00f3n de documentos, algunos de los cuales fueron enviados v\u00eda fax desde un abonado asignado a la demandante.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      Dicho escrito, agrega, demuestra la participaci\u00f3n de funcionarios de \u00e9sta en la cadena de hechos delictivos que permitieron concretar el fraude. <\/font> <\/p>\n

      <\/p>\n

      3.Por lo mismo, el Tribunal dej\u00f3 de aplicar el art\u00edculo 2357 del C.C., que establece la reducci\u00f3n del da\u00f1o cuando la v\u00edctima se ha expuesto a \u00e9l imprudentemente. No obstante, tal disminuci\u00f3n no se produjo en el fallo, pues a pesar de tal exposici\u00f3n, el banco fue condenado al pago integral de aquel.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      XVI.CONSIDERACIONES <\/p>\n

      <\/p>\n

      1.An\u00e1lisis conjunto.<\/b><\/h2>\n

      <\/p>\n

      El estudio de los cargos tercero y octavo se abordar\u00e1 de manera conjunta al estar fundados en similares argumentos y servirse de consideraciones comunes, pues en ambos se esgrimen circunstancias eximentes de responsabilidad del banco demandado.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      2.Eximentes de responsabilidad.<\/b><\/h2>\n

      <\/p>\n

      2.1.Seg\u00fan se tiene establecido, quien directamente o a trav\u00e9s de sus agentes le infiera da\u00f1o a otro, originado por hecho o culpa suya, queda obligado a resarcirlo. A su vez, quien pretenda la indemnizaci\u00f3n derivada de tal suceso deber\u00e1 demostrar, en principio, el perjuicio sufrido, el hecho generador del mismo atribuible al demandado y el nexo causal adecuado entre ambos factores; sin \u00e9ste, el juicio de imputaci\u00f3n quedar\u00e1 destinado a sucumbir.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      Ahora, aunque objetivamente merezca atribuirse un determinado resultado da\u00f1oso a una persona, puede ocurrir que su responsabilidad no resulte comprometida y por ende, no sea viable su declaratoria, debido a la presencia de un hecho externo, imprevisto e irresistible, exonerativo de ella.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      La interrupci\u00f3n del nexo o relaci\u00f3n de causalidad entre el suceso y el resultado perjudicial derivado de aqu\u00e9l, excluye, por ende, la posibilidad de atribuir jur\u00eddicamente la responsabilidad resarcitoria al accionado, ya de manera integral, ora parcial, en el \u00faltimo evento, si converge la participaci\u00f3n de \u00e9ste, es decir, si su intervenci\u00f3n tuvo incidencia en la producci\u00f3n del da\u00f1o, evento en el cual, puede beneficiarse con una disminuci\u00f3n del monto a indemnizar.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      2.2.Tradicionalmente se ha considerado que esas circunstancias eximentes de responsabilidad, son la fuerza mayor, el caso fortuito, y el hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la v\u00edctima.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      2.2.1.<\/font><\/font>Respecto de las dos primeras modalidades, el art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Civil considera como<\/font><\/font> \u00ab<\/i><\/font><\/font>(\u2026) fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario p\u00fablico, etc.\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/h2>\n

      <\/p>\n

      La unidad conceptual o sinonimia establecida por el legislador se explica en que<\/font><\/font> <\/font><\/font>\u00abno existe realmente diferencia apreciable en t\u00e9rminos de la funci\u00f3n que ambas est\u00e1n llamadas a cumplir en el \u00e1mbito de la legislaci\u00f3n civil vigente\u00bb<\/i><\/font><\/font>17<\/a>, <\/i><\/font><\/font>refiri\u00e9ndose ellas, en esencia, <\/font><\/font>a acontecimientos an\u00f3nimos, imprevisibles, irresistibles y externos a la actividad del deudor o de quien se pretende lo sea, demostrativos en cuanto tales, del surgimiento de una causa extra\u00f1a, no atribuible a aquel.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Por tanto, para poder predicar su existencia, se impone establecer que el citado a responder estuvo en imposibilidad absoluta de enfrentar el hecho da\u00f1oso, del cual \u00e9l es ajeno, debido a la aparici\u00f3n de un obst\u00e1culo insuperable.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Al respecto, se han considerado como presupuestos de tales situaciones exonerativas de responsabilidad, la imprevisibilidad e irresistibilidad del acontecimiento, entendida aquella como la irrupci\u00f3n s\u00fabita de un suceso imposible de eludir, a pesar de la diligencia y cuidado observados con tal fin, para cuya evaluaci\u00f3n en cada caso concreto, deber\u00e1n tenerse en cuenta criterios como \u00ab1) El referente a su normalidad y frecuencia; 2) El atinente a la probabilidad de su realizaci\u00f3n, y 3) El concerniente a su car\u00e1cter inopinado, excepcional y sorpresivo\u00bb <\/i><\/font><\/font>(CSJ SC 6 ago. 2009, rad. 2001-00152-01).<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      La irresistibilidad, por su parte, ata\u00f1e a la imposibilidad objetiva absoluta de evitar el suceso imprevisto y sus consecuencias, no obstante los medios empleados para contrarrestarlo o sobreponerse a \u00e9l y a su desenlace, o en otros t\u00e9rminos, cuando en las mismas condiciones del demandado y atendiendo la naturaleza del hecho, ninguna otra persona hubiera podido enfrentar sus efectos perturbadores. En tales condiciones, no ser\u00eda viable deducir responsabilidad, pues nadie es obligado a lo imposible. La imposibilidad relativa, por tanto, o viabilidad de que, con alg\u00fan esfuerzo, quien enfrenta la situaci\u00f3n supere el resultado lesivo, descarta la irresistibilidad.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      En relaci\u00f3n con los aludidos componentes de la causa extra\u00f1a, eximentes de responsabilidad, la Sala, en fallo CSJ SC 24 jun. 2009, rad. 1999-01098-01, precis\u00f3:<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      \u00abJustamente por la naturaleza extraordinaria del hecho imprevisible e irresistible, su calificaci\u00f3n por el juzgador como hip\u00f3tesis de vis maior, presupone una actividad ex\u00f3gena, extra\u00f1a o ajena a la de la persona a quien se imputa el da\u00f1o o a su conducta, o sea, \u2018no puede concurrir con la culpa del demandado que haya tenido un rol preponderante en la causaci\u00f3n del da\u00f1o (\u2026), pues su estructura nocional refiere a las cosas que sin dolo ni culpa inciden en el suceso (qu\u00e6 sine dolo et culpa eius accidunt ) y a las que a\u00fan previstas no pueden resistirse (qu\u00e6 fortuitis casibus accidunt, quum pr\u00e6videri non potuerant), lo cual exige la ausencia de culpa (qu\u00e6 sine culpa accidunt) y, tambi\u00e9n, como precis\u00f3 la Corte, es menester la exterioridad o ajenidad del acontecimiento, en cuanto extra\u00f1o o por fuera de control del c\u00edrculo del riesgo inherente a la esfera, actividad o conducta concreta del sujeto, apreci\u00e1ndose en cada caso particular por el juzgador de manera relacional, y no aprior\u00edstica ni mec\u00e1nica, seg\u00fan el espec\u00edfico marco de circunstancias y las probanzas (\u2026).<\/p>\n

      <\/p>\n

      Por consiguiente, la falta de diligencia o cuidado, la negligencia, desidia, imprudencia e inobservancia de los patrones o est\u00e1ndares objetivos de comportamiento exigibles seg\u00fan la situaci\u00f3n, posici\u00f3n, profesi\u00f3n, actividad u oficio del sujeto, comporta un escollo insalvable para estructurar la fuerza mayor cuando, por supuesto, su incidencia causal sea determinante del evento da\u00f1oso, porque en esta hip\u00f3tesis, el hecho obedece a la conducta de parte y no a un acontecer con las caracter\u00edsticas estructurales de la vis mayor.\u00bb<\/p>\n

      <\/p>\n

      2.2.2.La modalidad exonerativa consistente en el hecho de un tercero se estructura cuando el da\u00f1o cuyo resarcimiento se pretende no puede ser jur\u00eddicamente imputable al demandado, sino a alguien diferente, carente del ligamen con \u00e9l y causante directo del menoscabo.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      Siendo ello as\u00ed, para que el demandado pueda liberarse de responsabilidad deber\u00e1 acreditar que el hecho del tercero fue el \u00fanico factor determinante del da\u00f1o y que su aparici\u00f3n se produjo, como en toda causa extra\u00f1a, en circunstancias imprevisibles e irresistibles, inclusive, para el reclamante de la indemnizaci\u00f3n y, en definitiva, que por esa circunstancia se halla ausente el nexo de causalidad. Si el hecho del tercero puede ser prevenido o resistido por el convocado, \u00e9ste deber\u00e1 sufrir los efectos de la imputaci\u00f3n que le asiste.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Ahora, si el hecho del tercero concurre con el del demandado en la producci\u00f3n del da\u00f1o, la obligaci\u00f3n resarcitoria nacer\u00e1 para ambos, al generarse la solidaridad prevista en el art\u00edculo 2344 del C\u00f3digo Civil. En esa hip\u00f3tesis, el convocado no quedar\u00e1 exonerado de su responsabilidad; para que ello acontezca, debe acreditarse que el actuar de aquel, fue en verdad ajeno, exclusivo, irresistible, imprevisible y determinante del menoscabo sufrido por la v\u00edctima.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Por lo mismo, no podr\u00e1 reconocerse la eximente cuando el soportante de la acci\u00f3n indemnizatoria pudo prever y eludir el hecho del tercero, pues seg\u00fan se tiene establecido, no impedir el resultado da\u00f1oso estando en posibilidad y deber de hacerlo, equivale a producirlo.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      2.2.3.Finalmente, cuando ha sido el hecho de la v\u00edctima el generador, de manera exclusiva y determinante del da\u00f1o, ser\u00e1 ella la llamada a soportar las consecuencias de su proceder, pues la obligaci\u00f3n de resarcir surge del da\u00f1o causado a otro, no, a s\u00ed mismo.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      De ser aquello, el demandado tambi\u00e9n puede ser liberado de su responsabilidad o \u00e9sta resultar menguada, junto con el monto a resarcir, si coparticip\u00f3 en la producci\u00f3n del resultado nocivo. <\/font> <\/p>\n

      <\/p>\n

      En el primer evento, entonces, no habr\u00e1 lugar a inculpaci\u00f3n si el demandado demuestra que el actuar de la v\u00edctima le result\u00f3 extra\u00f1o, imprevisible e irresistible, esto es, que hubo total ruptura del nexo causal.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      En la segunda hip\u00f3tesis, esa atribuci\u00f3n ser\u00e1 parcial, correspondi\u00e9ndole al juez, con base en los medios de persuasi\u00f3n y en las circunstancias que rodearon el caso, determinar la magnitud e influencia de esa intervenci\u00f3n, al igual que los efectos irradiados al monto indemnizatorio, pues de acuerdo con el art\u00edculo 2357 del C\u00f3digo Civil, \u00ab[l]a apreciaci\u00f3n del da\u00f1o est\u00e1 sujeta a reducci\u00f3n, si el que lo ha sufrido se expuso a \u00e9l imprudentemente\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Si, como en el caso del tercero, el demandado pudo prever y resistir el actuar de la v\u00edctima, no habr\u00e1 lugar a reconocer la se\u00f1alada eximente.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      2.Definici\u00f3n del cargo.<\/b><\/h2>\n

      <\/p>\n

      2.1.En este asunto, se itera, la Caja de Compensaci\u00f3n demandante pidi\u00f3 declarar civil y extracontractualmente responsable al Banco Agrario, por haber abierto de manera irregular, negligente y sin su intervenci\u00f3n, una cuenta de ahorros, permitiendo que dineros provenientes de algunos municipios se direccionaran hacia dicha cuenta, para posteriormente ser retirados en su detrimento, sin que el accionado hubiera adoptado los controles necesarios, no obstante las elevadas cuant\u00edas extra\u00eddas.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      El Tribunal, como ya se ha dicho, confirm\u00f3 el fallo del a quo<\/i> al considerar que \u00abel defraude ocurrido con los dineros de la entidad demandante son imputables al demandado\u00bb, por \u00ab[no] haber cumplido con todos los controles de identidad y representaci\u00f3n del demandante\u00bb.<\/i><\/font><\/font> <\/font> <\/p>\n

      En los cargos bajo estudio, se denuncia la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, en su modalidad de yerro f\u00e1ctico, por falta de apreciaci\u00f3n de los medios de prueba que dan cuenta de la ausencia de culpa del banco, y en cambio s\u00ed, de la existencia de una causa extra\u00f1a, el hecho de terceros y la culpa de la v\u00edctima, eximentes de su responsabilidad.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Al estudiar la segunda acusaci\u00f3n se dej\u00f3 establecido que la conclusi\u00f3n judicial relacionada con la falta de controles no se mostraba infundada, habida cuenta que los medios de persuasi\u00f3n permit\u00edan dicha deducci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual, en esta ocasi\u00f3n, la Corte se sirve de lo all\u00ed expuesto para la resoluci\u00f3n de los reproches bajo an\u00e1lisis, concentr\u00e1ndose en los aspectos relacionados con las circunstancias justificativas de responsabilidad arg\u00fcidas.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      2.2.La revisi\u00f3n de los invocados medios de persuasi\u00f3n, no permite advertir los errores denunciados y menos con las caracter\u00edsticas de protuberantes y trascendentes, al no evidenciarse la configuraci\u00f3n de ninguna de las eximentes referidas por la recurrente, seg\u00fan pasa a exponerse:<\/h2>\n

      <\/p>\n

      Ha quedado definido que el ejercicio de la actividad bancaria lleva impl\u00edcito riesgo social y por ello, las respectivas entidades, como profesionales financieras, se hallan obligadas a adoptar y observar reglas fundamentales de prudencia, control y adecuada organizaci\u00f3n, con miras a evitar el surgimiento de da\u00f1os, pero si esas medidas fallan, aqu\u00e9llas deben responder por \u00e9stos, a menos de demostrarse una causa extra\u00f1a determinante del resultado lesivo.<\/font><\/p>\n

      La relaci\u00f3n probatoria acusada de preterida y que en sentir de la impugnante demuestran la falta de culpa del banco y la presencia <\/font><\/font>de \u00abuna causa extra\u00f1a, materializada en el hecho de terceros y en el hecho de la v\u00edctima\u00bb <\/i><\/font><\/font>no acreditan el yerro f\u00e1ctico atribuido al fallador, al no evidenciar las caracter\u00edsticas de la causa extra\u00f1a enarbolada, particularmente que el hecho de terceros o de la v\u00edctima hubiera sido exclusivo, imprevisible, irresistible y determinante de la defraudaci\u00f3n, con total inconexi\u00f3n de la accionada.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      De acuerdo con los elementos materiales de prueba incorporados a la actuaci\u00f3n, seg\u00fan se expuso al analizar el segundo cargo, el mismo banco demandado, en su informe operativo puso de presente varias irregularidades cometidas por su dependencia de San Benito Abad, no solo en el proceso de apertura de la cuenta de ahorros, sino en el de entrega de cuantiosas sumas all\u00ed depositadas.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Esa circunstancia, a m\u00e1s de desvanecer la ajenidad del demandado en el resultado da\u00f1oso, los controles adecuados y suficientes para impedir la sustracci\u00f3n dineraria en detrimento de la accionante, as\u00ed como su cabal diligencia en ese manejo operacional, desvirt\u00faa el error atribuido al Tribunal, el cual, seg\u00fan la impugnante, consiste en no haber visto que \u00ablos perjuicios demostrados por Cajacopi no son atribuibles a un comportamiento culposo del banco demandado sino a una causa extra\u00f1a, materializada en el hecho de terceros y en el hecho de la v\u00edctima\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Conforme a lo ya expuesto, precisamente por la actividad profesional desplegada, la captaci\u00f3n masiva de recursos provenientes del p\u00fablico, el provecho econ\u00f3mico y los riesgos derivados de su ejercicio, las entidades que prestan ese servicio p\u00fablico deben \u00abobrar de manera cuidadosa, diligente y oportuna en ejercicio de sus conocimientos profesionales y especializados en materia bancaria\u2019\u00a0para impedir que sean quebrantados los derechos patrimoniales de titulares de las cuentas de ahorro y corrientes de cuya apertura y manejo se encargan\u00bb <\/i><\/font><\/font>(CSJ SC18614-2016).<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Si en el presente asunto, seg\u00fan lo revelado por el accionado se pagaron cheques \u00ab<\/i><\/font><\/font>sin el debido sello y firma de levantamiento de cruce por parte del director de la oficina\u00bb,<\/i><\/font><\/font> <\/i><\/font>se realizaron diversos retiros en un mismo momento (23:09:40) <\/i><\/font> y por diferentes personas, se solicit\u00f3 el levantamiento de sello de cruce de cheque antes de ser cargado a la cuenta y termin\u00f3 pag\u00e1ndose, entre otras anomal\u00edas, ello entonces, es indicativo de que no se realizaron adecuados y suficientes controles tendientes, no solo a determinar la raz\u00f3n de estas conductas, sino a evitar el menoscabo, de donde entonces, la deducci\u00f3n extra\u00edda por el fallador al respecto, no es infundada y desvanece la ausencia de culpa predicada por la impugnante.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      De todas maneras, de admitirse la equivocaci\u00f3n, la misma ser\u00eda intrascendente, porque situada la Corte como Tribunal de instancia, fundada en los medios de persuasi\u00f3n, a esa misma conclusi\u00f3n tendr\u00eda que arribar, como lo ha hecho, entre otros eventos, en uno de contornos semejantes al actual, en donde se le dedujo responsabilidad a una instituci\u00f3n financiera, porque en la apertura de una cuenta de ahorros a nombre de una persona jur\u00eddica, proceso en el cual se suplant\u00f3 a su representante legal, aquella omiti\u00f3 requerirle el certificado de existencia y representaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      En esa oportunidad, en sentencia de 3 ago. 2004, Rad. 7447, a m\u00e1s de denotar la importancia de la actividad bancaria y de estimar que las entidades dedicadas a ella \u00abdemandan (\u2026) una carga especial de diligencia en la atenci\u00f3n de los asuntos que le son inherentes, pues en materia tan delicada no hay espacio para tolerar desbordamientos, abusos o descuidos (\u2026),\u00bb<\/i><\/font><\/font> adujo:<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      \u00abDesde esta perspectiva, la diligencia exigible a las instituciones financieras no es apenas la que se espera de un buen padre de familia, referida por tanto a los negocios propios, sino la que corresponde a un profesional que deriva provecho econ\u00f3mico de un servicio que compromete el ahorro privado y en el que existe un inter\u00e9s p\u00fablico. Con otras palabras, a la hora de apreciar la conducta de uno de tales establecimientos, es necesario tener presente que se trata de un comerciante experto en la intermediaci\u00f3n financiera, como que es su oficio, que maneja recursos ajenos con fines lucrativos y en el que se encuentra depositada la confianza colectiva.<\/p>\n

      (\u2026)<\/p>\n

      En el presente caso [agreg\u00f3 la Corte] es patente la responsabilidad de \u2018Ahorramas\u2019 Corporaci\u00f3n de Ahorro y Vivienda por permitir que se abriera una cuenta en nombre de \u2018Industrias Qu\u00edmicas y Petroleras \u2013Indupetrol Ltda.-\u2018 sin exigir el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de \u00e9sta. Adem\u00e1s, es notorio que el Tribunal hall\u00f3 demostrada la culpa de la parte demandada, pues no otra cosa se deduce de la siguiente consideraci\u00f3n: \u2018la entidad demandada, al momento de la apertura de la Cuenta de Ahorros no exigi\u00f3 el certificado de existencia y representaci\u00f3n de Indupetrol, ni durante su vigencia, lo cual permiti\u00f3 que una persona extra\u00f1a al representante legal de la compa\u00f1\u00eda demandante utilizara su nombre para la apertura de la mencionada cuenta, con fines il\u00edcitos\u2019, comportamiento que revela \u2018una actitud omisiva y culposa, al no observar la diligencia y cuidado que debe cumplir la Entidad con normas bancarias, reglamentos e instrucciones de la Superbancaria, lo cual no s\u00f3lo ten\u00eda que ver con la naturaleza de sus obligaciones sino con el cometido que le es propio como Entidad Financiera\u2019 (\u2026).\u00bb<\/p>\n

      <\/p>\n

      2.3.<\/font><\/font>De conformidad con lo expuesto, no se configura el yerro del fallador, que seg\u00fan el recurrente, se produjo al no haber advertido que el experto financiero fue enga\u00f1ado, porque una excusa tal, proveniente de un profesional bancario, para quien no pueden ser desconocidos los riesgos que el ejercicio de esa actividad comporta y que por lo mismo est\u00e1 en la obligaci\u00f3n de<\/font><\/font> \u00abadoptar medidas de control apropiadas y suficientes\u00bb<\/i><\/font><\/font>,<\/i><\/font><\/font> se muestra deleznable, m\u00e1xime cuando dentro de sus posibilidades se hallaba la plena identificaci\u00f3n del impostor y de quienes concurrieron a la extracci\u00f3n del dinero, as\u00ed como la cabal confirmaci\u00f3n de los documentos y datos suministrados.<\/font><\/font><\/h2>\n

      <\/p>\n

      No puede desconocerse que en todos los tiempos, el hurto, la estafa, la falsedad, entre otros comportamientos delictuales, han hostigado a la sociedad y que los adelantos tecnol\u00f3gicos han dado lugar a nuevas modalidades delictivas, dentro de ellas, los fraudes electr\u00f3nicos. Sin embargo, los efectos nocivos de ese sofisticado proceder no pueden trasladarse al usuario, menos si \u00e9ste es ajeno a la entidad y a la operaci\u00f3n que condujo a su desfalco.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Por ello, como lo expuso la Sala en CSJ SC 16496-2016,<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>\u00ab<\/i><\/font><\/font>(\u2026) hay que admitir que los riesgos han variado y los efectos de su aparici\u00f3n usualmente son inatajables. Se experimentan nuevos mecanismos de seguridad a la par que afloran nuevos delitos cibern\u00e9ticos que impactan en el riesgo que la banca crea, utiliza y de la que es responsable salvo que acredite una causa extra\u00f1a o el hecho exclusivo de la v\u00edctima<\/i><\/font><\/font>\u00bb<\/i><\/font><\/font>.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      2.4.En este caso se acusa al Tribunal de inobservar el hecho de terceros y de la v\u00edctima como circunstancias eximentes de responsabilidad respecto del da\u00f1o experimentado por la accionante; no obstante, al no acreditarse la exclusividad de esa intervenci\u00f3n, ni la imposibilidad que para el experto financiero accionado represent\u00f3 corroborar adecuadamente la informaci\u00f3n suministrada por el timador, asegurar su plena identificaci\u00f3n y en s\u00edntesis, demostrar el obst\u00e1culo insalvable que tuvo para prever, contrarrestar o evitar el desfalco, el error judicial no se estructura y menos con las particularidades que lo identifican.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      Si a pesar de las fallas relacionadas con la identificaci\u00f3n de quien compareci\u00f3 a solicitar el servicio bancario, seg\u00fan dan cuenta los elementos materiales de prueba, pues al mismo no le fue recaudada la huella digital, el banco autoriz\u00f3 el pago de cheques con las falencias ya se\u00f1aladas y sin realizar ninguna clase de verificaci\u00f3n, no obstante las cuantiosas sumas extra\u00eddas, entonces la defraudaci\u00f3n no puede catalogarse como exclusiva de terceros; raz\u00f3n por la cual se descarta, no solo la eximente, sino el yerro judicial.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      2.5.En cuanto ata\u00f1e a la culpa de la v\u00edctima, aducida por haberse tardado en reclamarle a la entidad accionada el reintegro del dinero sustra\u00eddo o porque al parecer algunos documentos fueron remitidos desde un fax que le pertenec\u00eda, tampoco revela el error del fallador, pues a m\u00e1s de no observarse las caracter\u00edsticas de esa circunstancia exonerativa de responsabilidad, tales como su exclusividad, imprevisibilidad e irresistibilidad, ning\u00fan elemento de juicio ratifica la suposici\u00f3n del accionado, en cuanto a que alg\u00fan empleado de la demandante pudo haber participado en el atentado patrimonial, pues ni siquiera se alleg\u00f3 constancia de existir investigaci\u00f3n, menos de \u00edndole penal en donde ello fuera sugerido o demostrado.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Por lo dem\u00e1s, la recurrente no determina cu\u00e1l pudo ser la trascendencia en el fallo, si la primera reclamaci\u00f3n dineraria efectuada al banco por la demandante, se hubiera realizado con anterioridad al 29 de diciembre de 2005 o de qu\u00e9 manera ese antelado pedimento habr\u00eda evitado la irregular apertura de la cuenta bancaria y la subsiguiente sustracci\u00f3n dineraria, g\u00e9nesis de este proceso.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      2.6.As\u00ed las cosas, como de los medios de persuasi\u00f3n cuya preterici\u00f3n o indebida apreciaci\u00f3n se denuncia, no emerge la configuraci\u00f3n de la causa extra\u00f1a, es decir, el hecho externo y determinante del resultado lesivo, imposible de prever y resistir por parte del banco demandado, el error del Tribunal consistente en no haber advertido esa eximente, tampoco se estructura.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      2.7.Por tanto, los cargos examinados no prosperan.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      <\/p>\n

      XVII.CARGO NOVENO <\/p>\n

      <\/p>\n

      1.Soportado en el inicial motivo de casaci\u00f3n previsto en el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, acusa la sentencia de vulnerar indirectamente los art\u00edculos 16 de la ley 446 de 1998, 1613, 1614, 2341, 2342 y 2343 del C\u00f3digo Civil, por virtud de los errores de hecho que condujeron al Tribunal a tener por demostrado, sin estarlo, el lucro cesante supuestamente sufrido por Cajacopi.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      2.El sentenciador, se\u00f1ala el recurrente, al referirse a la cuant\u00eda del da\u00f1o, se limit\u00f3 a indicar que \u00e9ste se encontraba \u00abcuantificado documental y pericialmente\u00bb,<\/i><\/font><\/font> argumento derivado de los siguientes errores probatorios:<\/h2>\n

      <\/p>\n

      2.1.Apreci\u00f3 equivocadamente el dictamen pericial, pues apoyado s\u00f3lo en \u00e9l, tuvo por demostrado que Cajacopi dej\u00f3 de percibir $247.198.143,oo de lucro cesante, como efecto de la sustracci\u00f3n de los dineros de la cuenta bancaria irregularmente abierta, cuando dicha experticia no demuestra que ese valor haya dejado de ingresar a su patrimonio.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      El perito s\u00f3lo realiz\u00f3 las operaciones solicitadas por la demandante, es decir, calcul\u00f3 el valor de unos intereses bancarios corrientes que habr\u00edan producido las sumas sustra\u00eddas, pero ello no constituye prueba de que en efecto, haya dejado de percibir ese monto, pues cuando la obligaci\u00f3n del demandado no es de dinero sino de valor, como en los eventos de responsabilidad civil extracontractual, el lucro cesante no equivale a los intereses que habr\u00eda podido producir un capital.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      2.2.Supuso la prueba del lucro cesante, dado que el expediente no registra ninguna sobre \u00abque a ra\u00edz de la sustracci\u00f3n de los recursos de la cuenta abierta en forma irregular, Cajacopi dej\u00f3 de obtener la ganancia que el ad quem encontr\u00f3 acreditada\u00bb,<\/i><\/font><\/font> o que si ellos no hubieran sido sustra\u00eddos, aquella habr\u00eda obtenido una ganancia de $247.198.143,oo, equivalente al inter\u00e9s bancario corriente.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      Por tanto, estima, al no estar demostrada la existencia y cuant\u00eda del lucro cesante, el Tribunal no pod\u00eda condenar al banco a resarcirlo, pero como lo hizo, desconoci\u00f3 los preceptos inicialmente mencionados seg\u00fan los cuales, solo debe indemnizarse el perjuicio efectivamente causado, siendo el lucro cesante, la ganancia o provecho dejado de reportarse.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Esos errores de apreciaci\u00f3n probatoria, finaliza, incidieron en las resoluciones adoptadas en la sentencia, pues determinaron la confirmaci\u00f3n de la de primera instancia que conden\u00f3 al banco demandado al resarcimiento de perjuicios, dentro de ellos, el lucro cesante, sin estar acreditado.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      3.Con base en ello, pide casar la sentencia recurrida y en sede de segunda instancia, pronunciar la que en derecho corresponde.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      XVIII.CONSIDERACIONES <\/p>\n

      <\/p>\n

      1.El da\u00f1o como elemento estructural de la responsabilidad civil.<\/b><\/h2>\n

      <\/p>\n

      1.1.Como es sabido, uno de los elementos estructurales de la responsabilidad, es el da\u00f1o, entendido como todo detrimento o menoscabo de bienes o intereses l\u00edcitos de la v\u00edctima, vinculados con su patrimonio material o moral, cuyo resarcimiento le incumbe al autor o al legalmente vinculado con \u00e9ste.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      Desde el punto de vista patrimonial y de acuerdo con la concepci\u00f3n inserta en el art\u00edculo 1613 del C\u00f3digo Civil, \u00ab[l]a indemnizaci\u00f3n de perjuicios comprende el da\u00f1o emergente y lucro cesante, ya provenga de no haberse cumplido la obligaci\u00f3n, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Y, seg\u00fan el precepto 1614 ib\u00eddem, \u00ab[e]nti\u00e9ndese por da\u00f1o emergente el perjuicio o la p\u00e9rdida que proviene de no haberse cumplido la obligaci\u00f3n o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse\u00bb<\/i><\/font><\/font> como consecuencia de similares circunstancias.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      1.2.Seg\u00fan lo evidenciado, los mencionados preceptos fueron previstos para regular lo concerniente a la responsabilidad negocial; sin embargo, efectuada la interpretaci\u00f3n y ajustes pertinentes, es dable se\u00f1alar que, atendiendo a la naturaleza del caso, los mismos son igualmente aplicables a los eventos de responsabilidad civil extracontractual18<\/a>.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      En esa medida, si el deudor no cumple su obligaci\u00f3n, o cuando alguien carente de una relaci\u00f3n jur\u00eddica concreta causa injustamente da\u00f1os a otro, entre las varias repercusiones generadas, puede estar la afectaci\u00f3n del patrimonio de la v\u00edctima, ya sea porque a ra\u00edz de esa circunstancia, el capital de \u00e9sta se redujo o por no haber obtenido las utilidades, beneficios o dividendos que fundadamente y atendiendo el habitual desenvolvimiento de los hechos, era de esperarse.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      En ambas hip\u00f3tesis, el causante de dichos perjuicios tiene el deber jur\u00eddico de repararlos en toda su extensi\u00f3n, esto es, restableciendo el patrimonio del damnificado en lo que fue disminuido o dejado de percibir.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      La jurisprudencia de esta Sala se ha ocupado reiteradamente del se\u00f1alado componente de la responsabilidad y as\u00ed, en fallo CSJ SC 28 feb. 2013, rad. 2002-01011-01, precis\u00f3: <\/font> <\/p>\n

      <\/p>\n

      \u00abEn el \u00e1mbito patrimonial, los tipos de da\u00f1o m\u00e1s caracterizados son el \u2018da\u00f1o emergente\u2019 y el \u2018lucro cesante\u2019, conceptos que, a su turno, se traducen, el primero, en \u2018un empobrecimiento del patrimonio en sus valores actuales\u2019, que ordinariamente est\u00e1 representado en un menor valor de los activos patrimoniales -por destrucci\u00f3n, deterioro, menoscabo o inutilizaci\u00f3n de los elementos que lo conforman-, o en la realizaci\u00f3n de erogaciones o gastos con ocasi\u00f3n del hecho il\u00edcito. (\u2026). Y el segundo, el lucro cesante, se concreta en la afectaci\u00f3n de un inter\u00e9s l\u00edcito del damnificado a percibir una ganancia, provecho o beneficio de tipo econ\u00f3mico, que ya devengaba o que habr\u00eda obtenido seg\u00fan el curso normal u ordinario de los acontecimientos.\u00bb<\/p>\n

      <\/p>\n

      O como tambi\u00e9n lo expuso en fallo CSJ SC11575-2015:<\/font><\/p>\n

      \u00ab<\/font>El lucro cesante, jur\u00eddicamente considerado en relaci\u00f3n con la responsabilidad extracontractual, es entonces la privaci\u00f3n de una ganancia esperada en raz\u00f3n de la ocurrencia del hecho lesivo, o, en palabras de la Corte, \u2018est\u00e1 constituido por todas las ganancias ciertas que han dejado de percibirse o que se recibir\u00e1n luego, con el mismo fundamento de hecho\u00bb.<\/p>\n

      <\/p>\n

      2.<\/b><\/font><\/font>Resoluci\u00f3n concreta del cargo.<\/b><\/h2>\n

      <\/p>\n

      2.1.En el presente asunto, se recuerda, por virtud de la apertura de una cuenta de ahorros a nombre de la demandante, sin su intervenci\u00f3n, \u00e9sta, en s\u00edntesis, reclam\u00f3 el resarcimiento por da\u00f1o emergente y lucro cesante, o el reembolso de los dineros que le fueron sustra\u00eddos \u00abjunto con el rendimiento financiero que, ellos hubiesen generado\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/h2>\n

      <\/p>\n

      El Tribunal confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo quien al respecto<\/font><\/font>, <\/font><\/font>\u00abacog[i\u00f3] el trabajo pericial que en lo fundamental tom[\u00f3] cada uno de los dep\u00f3sitos realizados (\u2026) [y les] aplic\u00f3 los intereses mensuales, a una tasa m\u00e1xima legal autorizada y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (\u2026)\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      En esta acusaci\u00f3n, se le endilga al Tribunal haber incurrido en yerro f\u00e1ctico porque conden\u00f3 al banco accionado a pagar los perjuicios, dentro de ellos, el lucro cesante, sin estar acreditado.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Por tanto, supuso la prueba de su existencia y err\u00f3 al apreciar el dictamen del perito quien lo extrajo de calcular el valor de los intereses bancarios corrientes, a pesar de que en los casos de responsabilidad civil extracontractual, esos r\u00e9ditos no equivalen al lucro cesante.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      2.2.Si en el \u00e1mbito patrimonial, indemnizar significa transferir, por parte del llamado a responder, dinero u otro bien de contenido pecuniario a la v\u00edctima, quien tiene derecho a ser restituida a la situaci\u00f3n financiera que tendr\u00eda de no haber sufrido el perjuicio, o en t\u00e9rminos del diccionario de la Real Academia de la Lengua Espa\u00f1ola, \u00ab[r]esarcir un da\u00f1o o perjuicio, generalmente mediante compensaci\u00f3n econ\u00f3mica\u00bb,<\/i><\/font><\/font> y esa reparaci\u00f3n, como ha quedado visto, comprende el da\u00f1o emergente y el lucro cesante, entonces, no hay duda de que un menoscabo como el aqu\u00ed presentado, conlleva la satisfacci\u00f3n de este \u00faltimo componente del quebranto, en la medida de su comprobaci\u00f3n.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      Dado que seg\u00fan lo relatado, el detrimento patrimonial sufrido por la demandante, en concreto devino de haberle sido sustra\u00eddo dinero y como bien se sabe, \u00e9ste es fruct\u00edfero por excelencia, o en otros t\u00e9rminos, tiene la aptitud reconocida de producir utilidades, entonces el Tribunal no incurri\u00f3 en el error atribuido, al considerar que los intereses constitu\u00edan el lucro cesante, toda vez que el desfalco impidi\u00f3 la obtenci\u00f3n de dividendos.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Ahora, como lo pretendido por la demandante fue el da\u00f1o emergente y el lucro cesante o como antes se dijo, el<\/font><\/font> <\/font><\/font>\u00abreembols[o de] tales dineros (\u2026) junto con el rendimiento financiero que ellos hubiesen generado\u00bb,<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>indicando que este \u00faltimo componente del perjuicio<\/font><\/font> <\/font><\/font>\u00abcuando se trata de dinero, se considera como lucro cesante la falta o merma en la productividad [que] si no es posible acreditarla se aplica el inter\u00e9s comercial como compensaci\u00f3n por la utilizaci\u00f3n del dinero\u00bb, <\/i><\/font><\/font>entonces, el reconocimiento, por parte del fallador, de ese componente del da\u00f1o, no evidencia el yerro protuberante y trascendente con entidad para casar el fallo recurrido, porque asumi\u00f3 que al no haberse pedido cosa distinta al<\/font><\/font> <\/font><\/font>\u00abrendimiento financiero\u00bb,<\/i><\/font><\/font> esos r\u00e9ditos o frutos del dinero, estaban llamados a cumplir la funci\u00f3n resarcitoria integral que conlleva esta clase de atentados.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      T\u00e9ngase en cuenta que en punto de la completitud del resarcimiento, el art\u00edculo 16 de la Ley de 446 de 1998, as\u00ed lo prev\u00e9, pues seg\u00fan su literalidad<\/font><\/font>, \u00ab<\/i><\/font><\/font>dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administraci\u00f3n de Justicia, la valoraci\u00f3n de da\u00f1os irrogados a las personas y a las cosas, atender\u00e1 los principios de reparaci\u00f3n integral y equidad y observar\u00e1 los criterios t\u00e9cnicos actuariales<\/i><\/font><\/font>\u00bb<\/i><\/font><\/font>.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      Por ello, la Sala, en fallo CSJ SC6185-2014, reiter\u00f3:<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      \u00abLo anterior significa que el juez tendr\u00e1 que ordenar al demandado la restitutio in integrum a favor del damnificado, es decir que deber\u00e1 poner al sujeto perjudicado en una situaci\u00f3n lo m\u00e1s parecida posible a aqu\u00e9lla en la que se encontrar\u00eda de no haber ocurrido el da\u00f1o.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      (\u2026)<\/i><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      Varias veces se ha se\u00f1alado por esta Corporaci\u00f3n que en asuntos de responsabilidad civil, la indemnizaci\u00f3n de perjuicios que se reconozca al perjudicado, como corresponde, debe apuntar a resarcir a \u00e9ste, en su justa medida y proporci\u00f3n, el da\u00f1o total que le ha sido causado, admiti\u00e9ndose jurisprudencialmente que el correspondiente pago para que sea liberatorio, debe comprender la correspondiente correcci\u00f3n monetaria, pues no es justo, ni equitativo con el acreedor que se ponga sobre sus hombros el envilecimiento que sufra la moneda desde el momento en que se produjo el hecho da\u00f1oso hasta que se produzca la reparaci\u00f3n del correspondiente perjuicio.\u00bb<\/i><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      2.3.De acuerdo<\/font><\/font> con lo anterior, dadas las particularidades de este asunto, dentro de ellas, que no se requiri\u00f3 ni se orden\u00f3 la actualizaci\u00f3n monetaria, entonces, no resultaba desfasado que el fallador tuviera los r\u00e9ditos como lucro cesante, sin prueba adicional, pues, se repite, la demandante no pretendi\u00f3 un lucro cesante especial, sino \u00abel rendimiento financiero\u00bb<\/i><\/font><\/font> del dinero sustra\u00eddo, y en tales condiciones, seg\u00fan lo se\u00f1ala el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 1617 del C\u00f3digo Civil, \u00ab[e]l acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando s\u00f3lo cobra intereses (\u2026)\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/h2>\n

      <\/p>\n

      Distinto ser\u00eda si el damnificado pretendiera el reconocimiento de un lucro cesante mayor al generado por los intereses, caso en el cual, su reconocimiento estar\u00eda supeditado a la demostraci\u00f3n de ese exceso perjudicial.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      En este orden, si el dinero est\u00e1 llamado a producir rendimientos y en este asunto, tanto el perito en su dictamen, como el Tribunal en su sentencia tuvieron en cuenta dicha circunstancia para obtener el lucro cesante de los montos que la accionante no pudo utilizar, se desvirt\u00faa el error judicial enrostrado, seg\u00fan el cual, conden\u00f3 al pago del lucro cesante, sin hallarse acreditado.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      2.4.En consecuencia, al no advertirse la indebida apreciaci\u00f3n de dicho elemento de juicio por parte del sentenciador, ni la suposici\u00f3n de la prueba del lucro cesante, soporte de esta acusaci\u00f3n, la misma no puede prosperar.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      XIX.S\u00c9PTIMO CARGO <\/p>\n

      <\/p>\n

      1.<\/font><\/font>Fundado en la primera causal de casaci\u00f3n, acusa el fallo de quebrantar de manera directa los art\u00edculos 884 del C\u00f3digo de Comercio, y 1617 y 2341 del C\u00f3digo Civil, debido a que la cuantificaci\u00f3n del lucro cesante se obtuvo de aplicar el inter\u00e9s bancario corriente sobre las sumas retiradas de la cuenta abierta de manera irregular,<\/font><\/font> \u00abtal como lo calcul\u00f3 el perito que intervino en el proceso\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/h2>\n

      <\/p>\n

      2.No obstante que la controversia<\/font><\/font> \u00abse ubica en el \u00e1mbito de la responsabilidad extracontractual\u00bb,<\/i><\/font><\/font> agrega, el fallador acudi\u00f3 a una tasa de inter\u00e9s propia de los negocios mercantiles, dejando de aplicar el art\u00edculo 1617 del C\u00f3digo Civil, determinante de un inter\u00e9s legal del 6% anual para las obligaciones dinerarias en el \u00e1mbito civil, e igualmente desconoci\u00f3 el 2341 <\/font><\/font>ib\u00eddem<\/i><\/font><\/font> porque liquid\u00f3 el lucro cesante sin observar las reglas de la responsabilidad extracontractual en dicha materia.<\/font><\/font><\/h2>\n

      <\/p>\n

      Luego de citar el fallo de 5 de julio de 2011 proferido por esta Corporaci\u00f3n, en donde se expone que <\/font><\/font>\u00ab<\/i><\/font><\/font>los intereses legales civiles reservan su aplicaci\u00f3n como regla general, por falta de norma especial, a casos de responsabilidades civiles extracontractuales y precontractuales (\u2026)\u00bb,<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>concluye la censura diciendo, que seg\u00fan la jurisprudencia, en materia de responsabilidad civil extracontractual, no puede calcularse el lucro cesante indemnizable aplicando la tasa de inter\u00e9s bancario corriente prevista en el art\u00edculo 884 del C\u00f3digo de Comercio, sino la del 6% anual se\u00f1alada en el 1617 del C\u00f3digo Civil.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      3.En su sentir, esa indebida aplicaci\u00f3n llev\u00f3 al Tribunal a imponer una condena superior y, por ello pide casar la sentencia para emitir una que la adec\u00fae.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      XX.CONSIDERACIONES <\/p>\n

      <\/p>\n

      1.Cuantificaci\u00f3n del da\u00f1o.<\/b><\/h2>\n

      <\/p>\n

      1.1.Ya ha sido expuesto que, cuando desde el punto de vista jur\u00eddico se habla de responsabilidad civil, ello representa la idea de la generaci\u00f3n de un da\u00f1o ajeno que el causante queda obligado a resarcir. Ser\u00e1 contractual, si preexiste un v\u00ednculo obligacional desatendido por uno o ambos extremos de la relaci\u00f3n y, extracontractual, cuando el incumplimiento se predica de la preceptiva legal y gen\u00e9rica de no causar da\u00f1o a otro. Una y otra se hallan reguladas de manera aut\u00f3noma por nuestra legislaci\u00f3n.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      As\u00ed, los art\u00edculos 1602 a 1617 del C\u00f3digo Civil, integrantes del T\u00edtulo XII, rotulado como<\/font><\/font> <\/font><\/font>\u00abdel efecto de las obligaciones\u00bb,<\/i><\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>se ocupan de la primera clase, esto es, la proveniente del quebranto de la ley contractual, en tanto que los preceptos 2341 a 2360<\/font><\/font> <\/font><\/font>ib\u00eddem<\/i><\/font><\/font>, <\/font><\/font>cuyo T\u00edtulo XXXIV nomina la<\/font><\/font> <\/font><\/font>\u00abresponsabilidad civil por los delitos y las culpas\u00bb<\/i><\/font><\/font>, <\/font><\/font>alude a la<\/font><\/font> <\/font><\/font>\u00abresponsabilidad extracontractual\u00bb,<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>disciplinando cada secci\u00f3n, adem\u00e1s, lo concerniente al resarcimiento de las lesiones acarreadas a los bienes jur\u00eddicamente tutelados.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      1.2.En cuanto ata\u00f1e al perjuicio, componente de la responsabilidad, ha quedado visto que el mismo ser\u00e1 objeto de resarcimiento en la medida en que el demandante acredite su ocurrencia y extensi\u00f3n, pudiendo comprender tanto el menoscabo material como el incorporal.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      Trat\u00e1ndose del detrimento patrimonial, en el marco de la responsabilidad civil extracontractual, el afectado tendr\u00e1 derecho al resarcimiento pleno del da\u00f1o emergente constituido por los gastos incurridos como secuela del hecho perjudicial y, del lucro cesante, es decir, lo correspondiente a la ganancia o provecho dejado de obtener.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      1.3.En relaci\u00f3n con la determinaci\u00f3n y acreditaci\u00f3n del lucro cesante, debe reconocerse que contrario a lo normalmente acaecido con el da\u00f1o emergente, aquel componente de la indemnizaci\u00f3n contiene un aspecto contingente, en cuanto su obtenci\u00f3n parte de inferir, fundadamente, que de no haberse presentado el hecho generador de la responsabilidad, la v\u00edctima habr\u00eda obtenido alguna ganancia o provecho.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      Por ello, para calcular el lucro cesante, usualmente ha de acudirse a estimaciones efectuadas sobre una base objetiva, atendiendo la naturaleza del da\u00f1o, los hechos demostrados, las reglas de experiencia y un juicio de probabilidad, entre otros factores, cuyo an\u00e1lisis puede permitir colegir que si las cosas o acontecimientos hubieran proseguido su curso normal, razonablemente pod\u00eda esperarse una determinada utilidad o dividendo.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      2.Respuesta al cargo.<\/b><\/h2>\n

      <\/p>\n

      2.1.Pues bien, en punto de la acusaci\u00f3n propuesta se impone se\u00f1alar que cuando \u00e9sta se encauza por la v\u00eda directa, es imprescindible para el recurrente admitir las conclusiones f\u00e1cticas y probatorias expuestas por el juzgador de instancia, raz\u00f3n por la cual, no resultan admisibles los cuestionamientos efectuados a la ponderaci\u00f3n de la demanda, a su contestaci\u00f3n o a los medios de persuasi\u00f3n, pues en reproches de tal naturaleza, debe prescindirse \u00edntegramente de esa clase de divergencias.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      As\u00ed lo ha venido exponiendo de manera constante esta Sala, entre otras, en decisi\u00f3n CSJ AC017-2016, rad. 2012-00592-01, cuando al respecto, reiter\u00f3:<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      \u00ab(\u2026) el ataque por este camino presupone que la censura acepta de manera plena y en su integridad la valoraci\u00f3n probatoria realizada por el ad quem, y de la cual no se puede separar ni un \u00e1pice; (\u2026)\u2019. \u2018(\u2026). Como se sabe, las acusaciones propuestas por la v\u00eda directa de la causal primera de casaci\u00f3n se encuentran encaminadas a establecer que el sentenciador infringi\u00f3 una norma de derecho sustancial, sin que hayan mediado errores en la contemplaci\u00f3n material de los hechos y pruebas, por lo que se trata de un reproche que se desarrolla en un campo estrictamente jur\u00eddico, cuya prosperidad depende de que el impugnador consiga demostrar la falta de aplicaci\u00f3n de los preceptos llamados a gobernar el caso, la actuaci\u00f3n de los que no resultan pertinentes, o la incorrecta interpretaci\u00f3n de aqu\u00e9llos (\u2026)\u2019. \u2018(\u2026), cuando es seleccionada la v\u00eda directa, (\u2026) la actividad dial\u00e9ctica del impugnador tiene que realizarse necesaria y exclusivamente en torno a los textos legales sustanciales que considere no aplicados, o aplicados indebidamente, o err\u00f3neamente interpretados; pero en todo caso con absoluta prescindencia de cualquier consideraci\u00f3n que implique discrepancia con el juicio que el sentenciador haya hecho en relaci\u00f3n con las pruebas (\u2026)\u00bb.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      2.2.En el presente asunto, cabe memorar, el Tribunal confirm\u00f3 la sentencia del <\/font><\/font>a quo<\/i><\/font><\/font>, mediante la cual y en lo concerniente a la cuantificaci\u00f3n del perjuicio a indemnizar que involucr\u00f3 el lucro cesante,<\/font><\/font> \u00abacog[i\u00f3] el trabajo pericial que en lo fundamental toma cada uno de los dep\u00f3sitos realizados, a los que se aplic\u00f3 los intereses mensuales, a una tasa m\u00e1xima legal autorizada y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, el cual el Despacho considera ajustado a derecho\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/h2>\n

      <\/p>\n

      En este cargo, la impugnante acusa la sentencia de quebrantar \u00abdirectamente\u00bb<\/i><\/font><\/font> las normas ab initio<\/i> se\u00f1aladas, porque \u00ab[p]ara la cuantificaci\u00f3n del lucro cesante, el juez de primera instancia, y por ende el Tribunal, aplicaron la tasa de inter\u00e9s bancario corriente sobre las sumas retiradas de la cuenta abierta de manera irregular, tal como lo calcul\u00f3 el perito que intervino en el proceso\u00bb<\/i><\/font><\/font>, desconociendo que por tratarse de responsabilidad civil extracontractual, la norma aplicable no era el art\u00edculo 884 del C. de Co., sino el 1617 del C.C. determinante de un inter\u00e9s legal del 6% anual.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      2.3.Los anteriores referentes evidencian que no obstante el sendero directo escogido para atacar el fallo, la censura termin\u00f3 cuestionando un aspecto de estirpe probatoria, esto es, haber cuantificado el lucro cesante \u00abtal como lo calcul\u00f3 el perito que intervino en el proceso\u00bb,<\/i><\/font><\/font> reproche \u00e9ste que no era viable, se repite, porque esa v\u00eda le impone admitir \u00edntegramente las conclusiones f\u00e1cticas y las concernientes a la ponderaci\u00f3n de los medios de persuasi\u00f3n sobre los cuales el juzgador edific\u00f3 su determinaci\u00f3n.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      En el presente caso, es claro que si para la determinaci\u00f3n del lucro cesante, el sentenciador \u00abacog[i\u00f3] el trabajo pericial\u00bb <\/i><\/font><\/font>y \u00e9ste obtuvo el aludido componente del da\u00f1o, de aplicar la \u00abtasa m\u00e1xima legal autorizada y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia\u00bb,<\/i><\/font><\/font> procedimiento que <\/i>\u00abel Despacho consider[\u00f3] ajustado a derecho\u00bb,<\/i><\/font><\/font> a la impugnante no le resultaba admisible enrostrar error jur\u00eddico a aqu\u00e9l, bajo la consideraci\u00f3n seg\u00fan la cual, \u00ab[p]ara la cuantificaci\u00f3n del lucro cesante, el juez de primera instancia, y por ende el Tribunal, aplicaron la tasa de inter\u00e9s bancario corriente sobre las sumas retiradas de la cuenta abierta de manera irregular, tal como lo calcul\u00f3 el perito que intervino en el proceso\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      El reproche analizado, impon\u00eda la completa aceptaci\u00f3n del soporte probatorio que tuvo en cuenta el sentenciador para <\/font><\/font>\u00abla cuantificaci\u00f3n del lucro cesante\u00bb<\/i><\/font><\/font>,<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>y de contera, el fundamento que en esa direcci\u00f3n propuso<\/font><\/font> <\/font><\/font>\u00abel perito que intervino en el proceso\u00bb<\/i><\/font><\/font>,<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>de donde entonces, la discrepancia puesta de presente, torna inadmisible el cargo, releva a la Corte de ingresar al estudio de fondo del mismo y conduce a su desestimaci\u00f3n. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

      <\/p>\n

      2.4.De manera que por lo resaltado el cargo analizado tampoco se abre paso.<\/h2>\n

      <\/p>\n

      XXI.CONCLUSI\u00d3N GENERAL <\/p>\n

      <\/p>\n

      La total desestimaci\u00f3n de los cargos propuestos conlleva necesariamente a la improsperidad de la impugnaci\u00f3n extraordinaria y la consecuente imposici\u00f3n de costas a su promotor, considerando que la parte opositora replic\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n; tarea esta \u00faltima para la cual el Magistrado Sustanciador se\u00f1alar\u00e1 las respectivas agencias en derecho.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      <\/p>\n

      XXII.DECISI\u00d3N <\/p>\n

      <\/p>\n

      En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

      <\/p>\n

      <\/p>\n

      RESUELVE <\/p>\n

      <\/p>\n

      PRIMERO.NO CASAR<\/b><\/font><\/font> la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2013 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso de la referencia.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      SEGUNDO.CONDENAR<\/b><\/font><\/font> <\/b>en costas al recurrente en casaci\u00f3n e incluir <\/b>en la correspondiente liquidaci\u00f3n que realizar\u00e1 la Secretar\u00eda de la Sala, la suma de seis millones de pesos ($6.000.000), por concepto de agencias en derecho.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      TERCERO.DEVOLVER<\/b> <\/b>la actuaci\u00f3n surtida al Tribunal de origen.<\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      <\/p>\n

      C\u00f3piese, notif\u00edquese y c\u00famplase,<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      <\/p>\n

      <\/p>\n

      <\/p>\n

      <\/p>\n

      AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      Presidente de Sala<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      <\/p>\n

      <\/p>\n

      <\/p>\n

      <\/p>\n

      \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      <\/p>\n

      <\/p>\n

      <\/p>\n

      <\/p>\n

      LUIS ALONSO RICO PUERTA<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      <\/p>\n

      <\/p>\n

      <\/p>\n

      <\/p>\n

      ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      <\/p>\n

      <\/p>\n

      <\/p>\n

      <\/p>\n

      <\/p>\n

      OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n

      <\/p>\n

      <\/p>\n

      <\/p>\n

      <\/p>\n

      LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      \n

      1<\/a> \u00ab<\/font>toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser <\/i><\/font>o\u00edda p\u00fablicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial<\/i><\/font>, para la determinaci\u00f3n de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusaci\u00f3n contra ella en materia penal\u2026 \u00bb<\/i><\/font>.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n<\/p><\/div>\n

      \n

      2<\/a><\/font> \u00abtodas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendr\u00e1 derecho a ser o\u00edda p\u00fablicamente y con las debidas garant\u00edas <\/i><\/font>por un tribunal competente, independiente e imparcial<\/i><\/font>, establecido por la ley\u2026\u00bb<\/i><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n<\/p><\/div>\n

      \n

      3<\/a> \u00ab<\/font>toda persona tiene derecho a ser o\u00edda, con las debidas garant\u00edas y dentro de un plazo razonable, <\/i><\/font>por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley<\/i><\/font>, en la sustanciaci\u00f3n de cualquier acusaci\u00f3n penal formulada contra ella, o para la determinaci\u00f3n de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car\u00e1cter\u00bb<\/i><\/font>.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n<\/p><\/div>\n

      \n

      4<\/a> <\/font>Actualmente modificada, cual luego se precisar\u00e1.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n<\/p><\/div>\n

      \n

      5<\/a> MORALES MOLINA, Hernando. <\/font>Curso de derecho Procesal Civil<\/i><\/font>. Parte General, 11\u00aa Ed., Bogot\u00e1: Editorial ABC, 1991, p\u00e1g. 193.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n<\/p><\/div>\n

      \n

      6<\/a> <\/font>DEVIS ECHAND\u00cdA, Hernando. <\/font><\/font>Nociones Generales de Derecho Procesal Civil. <\/i><\/font><\/font>2\u00aa Ed., Bogot\u00e1: Temis, 2009, pag. 119.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n<\/p><\/div>\n

      \n

      7<\/a> Seg\u00fan la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual 1995. Res. 5\/96. Caso 10.970, Per\u00fa: <\/font>\u00abLa enumeraci\u00f3n contenida en esta cl\u00e1usula ha sido interpretada como una n\u00f3mina de garant\u00edas m\u00ednimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garant\u00edas reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no est\u00e1n incluidas expl\u00edcitamente en el texto de la Convenci\u00f3n, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del art\u00edculo 8 de la Convenci\u00f3n\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n<\/p><\/div>\n

      \n

      8<\/a> <\/font>El subrayado no hace parte del texto original.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n<\/p><\/div>\n

      \n

      9<\/a> <\/font>Chozas Alonso, Jos\u00e9 Manuel.<\/font> <\/font>La Perpetuatio Iurisdictionis: Un efecto procesal de la Litisdependencia<\/i><\/font>. Ed Comares: Granada, 1995, p. 102.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n<\/p><\/div>\n

      \n

      10<\/a> Disposici\u00f3n vigente a partir del 12 de julio de 2012, fecha de promulgaci\u00f3n de la Ley, de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del art\u00edculo 627.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n<\/p><\/div>\n

      \n

      11<\/a> <\/font>CALAMANDREI, Piero. La Casaci\u00f3n Civil. Tomo II. Buenos Aires: Editorial Bibliogr\u00e1fica Argentina, 1945. <\/font><\/font><\/font><\/font>P\u00e1g. 266.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n<\/p><\/div>\n

      \n

      12<\/a> CSJ SC 24 jun. 2013, rad.2003-00284-01<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n<\/p><\/div>\n

      \n

      13<\/a><\/font> CSJ SC14426-2016, rad. 2007-00079-01.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n<\/p><\/div>\n

      \n

      14<\/a> Ff.79 a 84 c.1.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n<\/p><\/div>\n

      \n

      15<\/a> <\/font>El subrayado anterior no corresponde al texto original.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n<\/p><\/div>\n

      \n

      16<\/a> <\/font>Negrillas ajenas al texto original.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n<\/p><\/div>\n

      \n

      17<\/a> <\/font>Sentencia CSJ SC 26 nov. 1999, rad. 5220.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n<\/p><\/div>\n

      \n

      18<\/a> <\/font>Sentencia CSJ SC 13 sep. 2013, rad. 1998-37459-014.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

      <\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente SC1230-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-31-03-003-2006-00251-01 (Aprobado en Sala de catorce de marzo de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil dieciocho (2018). La Corte procede a decidir el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el Banco Agrario de Colombia S.A., frente a la sentencia de 2 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-95392","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/95392","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=95392"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/95392\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=95392"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=95392"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=95392"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}

      Este conjunto de pronunciamientos se acompasa con destacado criterio doctrinal sobre la perpetuatio jurisdictionis<\/i> \u2013que aunque for\u00e1neo resulta de recibo en nuestro ordenamiento-, y conforme al cual la figura \u00abes el efecto procesal de la litisdependencia por el cual, una vez que se han determinado la jurisdicci\u00f3n y la competencia de un Juez o Tribunal conforme a las circunstancias f\u00e1cticas y jur\u00eddicas existentes en el momento de la presentaci\u00f3n de la demanda, no surtir\u00e1n efecto alguno, sobre los citados presupuestos procesales, las posibles modificaciones que pudieran producirse con posterioridad tanto respecto al estado de hecho como a la norma jur\u00eddica que los hab\u00edan determinado\u00bb<\/i><\/font><\/font>9<\/a>.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/p>\n