{"id":95395,"date":"2025-03-26T19:23:09","date_gmt":"2025-03-26T19:23:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/95395\/"},"modified":"2025-03-26T19:23:09","modified_gmt":"2025-03-26T19:23:09","slug":"95395","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/95395\/","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrado Ponente<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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SC130-2018<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n\u00b0 <\/b><\/font><\/font>11001-31-03-031-2002-01133-01<\/b><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de <\/font><\/font>treinta de agosto de dos mil diecisiete)<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., <\/font><\/font>doce (12) de febrero de dos mil dieciocho (2018).<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n formulado por la parte demandante frente a la sentencia de 20 de enero de 2012, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Civil de Descongesti\u00f3n, en el proceso ordinario de Guillermo Ba\u00edn P\u00e9rez, Jos\u00e9 An\u00edbal Ruge Pedraza y Esmer Mar\u00edn Morales contra La Previsora S. A. Compa\u00f1\u00eda de Seguros y Aseguradora Colseguros S. A. -actualmente Allianz Seguros S. A.-<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1.<\/font><\/font>Mediante demanda presentada el 18 de octubre de 2002, los actores pidieron que, previa declaraci\u00f3n de incumplimiento del contrato de seguro contenido en la p\u00f3liza No. 1000129, por no pagarles los costos de defensa, concretados en honorarios profesionales a su cargo por una investigaci\u00f3n penal en su contra, seg\u00fan hechos relacionados con su desempe\u00f1o como funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Aeron\u00e1utica Civil, Aerocivil, se condene a las demandadas a pagarles la suma de $260’000.000, as\u00ed: 90 millones para Jos\u00e9 An\u00edbal Ruge, cuya reclamaci\u00f3n fue el 5 de octubre de 2000; 120 millones a Esmer Mar\u00edn, que reclam\u00f3 el 30 de julio de 2001; y 50 millones a Guillermo Ba\u00edn, con reclamo el 25 de agosto de 2000; o las cantidades que se prueben, m\u00e1s los intereses de mora previstos a la tasa m\u00e1xima permitida, e intereses sobre intereses adeudados con m\u00e1s de un a\u00f1o de anterioridad, y las costas.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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2.<\/font><\/font>El resumen del sustento f\u00e1ctico se hizo consistir en que cuando los pretendientes eran funcionarios de Aerocivil, esta entidad tom\u00f3 con las demandadas, La Previsora S. A. como l\u00edder y Colseguros S.A. en calidad de coaseguradora, una p\u00f3liza de seguro de responsabilidad de servidores p\u00fablicos, cuyos asegurados eran las personas que tuvieran la calidad de administradores o directores en esa unidad administrativa, con el fin de amparar varios riesgos, entre ellos, el de \u00ab<\/font><\/font>costos del proceso<\/i><\/font><\/font>\u00bb, con vigencia de 21 de diciembre de 1999 a 21 de diciembre de 2001. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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Dentro de este periodo, en concreto, con providencia de 18 de julio de 2000, se inici\u00f3 una investigaci\u00f3n judicial contra los actores, por los presuntos delitos de cohecho y concierto para delinquir, relacionados con el ejercicio de sus funciones como servidores de Aerocivil. A ra\u00edz de esos presuntos delitos fueron vinculados mediante indagatorias, las cuales comenzaron entre 26 de julio y 1\u00ba de agosto del mismo a\u00f1o; para ejercer su defensa celebraron contratos con abogados en agosto de 2000, en que se pactaron los honorarios correspondientes. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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Expresaron que por lo referenciado en el p\u00e1rrafo anterior, formularon las respectivas reclamaciones a las aseguradoras los d\u00edas 25 de agosto, 5 de octubre de 2000, y 30 de julio de 2001, para que les reembolsaran los emolumentos contratados con sus apoderados, con base en el amparo \u00ab<\/font><\/font>costos del proceso<\/i><\/font><\/font>\u00bb; pero las entidades aseguradoras guardaron silencio por m\u00e1s de quince d\u00edas, omisi\u00f3n que \u00ab<\/font><\/font>supone aprobaci\u00f3n de los mismos<\/i><\/font><\/font>\u00bb. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Por otra parte, a<\/font><\/font>gregaron que el 6 de agosto de 2002 se solicit\u00f3 la conciliaci\u00f3n prejudicial, y la audiencia para esos efectos se produjo el 17 de octubre de 2002.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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3.<\/font><\/font>Las demandadas se opusieron a las pretensiones, aceptaron unos hechos y cuestionaron otros.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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La Previsora formul\u00f3 las excepciones que denomin\u00f3 <\/font><\/font>inexistencia de obligaci\u00f3n a su cargo por ausencia de cobertura<\/i><\/font><\/font>, y en subsidio, <\/font><\/font>limitaci\u00f3n de la condena por coaseguro pactado, exclusi\u00f3n prevista en el numeral 2.6. de las condiciones generales, falta de prueba de la cuant\u00eda del da\u00f1o y prescripci\u00f3n<\/i><\/font><\/font>. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

A su vez, <\/font><\/font>Colseguros propuso las defensas que llam\u00f3 <\/font><\/font>l\u00edmite de responsabilidad, falta de cobertura por inexistencia de v\u00ednculo entre demandantes y demandadas, exclusi\u00f3n por dolo y prescripci\u00f3n<\/i><\/font><\/font>. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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4.<\/font><\/font>Surtida la primera instancia, el Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, profiri\u00f3 sentencia en que declar\u00f3 probadas las excepciones de <\/font><\/font>inexistencia de la obligaci\u00f3n por ausencia de cobertura y falta de cobertura por ausencia de v\u00ednculo entre demandantes y demandadas<\/i><\/font><\/font>, deneg\u00f3 las pretensiones y conden\u00f3 en costas a los actores.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Apelad<\/font><\/font>o el fallo por los \u00faltimos, fue modificado por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, quien sustituy\u00f3 las excepciones que declar\u00f3 el juzgado, por la de prescripci\u00f3n. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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En una primera parte de sus consideraciones, el sentenciador de segundo grado desvirtu\u00f3 las razones de la sentencia apelada para declarar las excepciones relativas a <\/font><\/font>ausencia de cobertura y de v\u00ednculo entre demandantes y demandadas, porque los primeros se hab\u00edan retirado de la Aeron\u00e1utica Civil, cuando se inici\u00f3 la vigencia de p\u00f3liza, pero estaban cobijados al tener las calidades de director o administrador, que eran las personas aseguradas, cuando ocurrieron los hechos que sirvieron de fundamento a la acci\u00f3n penal, que tambi\u00e9n estaban amparados.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Sobre <\/font><\/font>la p\u00f3liza, expedida por La Previsora -l\u00edder- y Colseguros -coaseguradora-, anot\u00f3 que rigi\u00f3 de 21 de diciembre de 1999 a 21 de diciembre de 2001, y cubr\u00eda las reclamaciones por \u00ab<\/font><\/font>responsabilidad hecha o denunciada por primera vez durante la vigencia del seguro<\/i><\/font><\/font>\u00bb, en cuyos amparos estaban los de \u00ab<\/font><\/font>costos del proceso y honorarios de abogado<\/i><\/font><\/font>\u00bb. En la car\u00e1tula se estableci\u00f3 como cl\u00e1usula adicional que la definici\u00f3n de \u00ab<\/font><\/font>administradores y\/o directores<\/i><\/font><\/font>\u00bb, era acorde con las condiciones generales de la p\u00f3liza.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Expres\u00f3 el fallador que los actores se retiraron de la Aeron\u00e1utica antes de 21 de diciembre de 1999, cuando se inici\u00f3 la cobertura: el se\u00f1or Jos\u00e9 An\u00edbal Ruge en septiembre de 1998, su \u00faltimo cargo fue de Asesor Aeron\u00e1utico de la Divisi\u00f3n de Adquisiciones; Esmer Mar\u00edn en 16 de junio de 1997, su \u00faltimo empleo fue de Director Aeron\u00e1utico de \u00c1rea de la Direcci\u00f3n de Infraestructura Aeroportuaria; y por \u00faltimo Guillermo Ba\u00edn, en septiembre de 1998, con el cargo de Director Aeron\u00e1utico de \u00c1rea, de la misma direcci\u00f3n. Sin embargo, el seguro daba cobertura por las p\u00e9rdidas de cualquier reclamaci\u00f3n contra directores o administradores \u00ab<\/font><\/font>hecha por primera vez durante el periodo de vigencia de la p\u00f3liza<\/i><\/font><\/font>\u00bb.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Adem\u00e1s, escribi\u00f3 el Tribunal, en el otro aspecto, conforme a la prueba de oficio en segunda instancia, la Aeron\u00e1utica y las aseguradoras pactaron la extensi\u00f3n de amparo a todos los administradores y directores de la entidad, <\/font><\/font>pasados, presentes y futuros<\/i><\/font><\/font>, con inclusi\u00f3n de los ocurridos antes de la vigencia t\u00e9cnica de la p\u00f3liza, como emana del pliego de condiciones de la licitaci\u00f3n p\u00fablica para seleccionar al asegurador, entre cuyas condiciones estaba el amparo adicional consistente en \u00ab<\/font><\/font>periodo de descubrimiento de dos a\u00f1os (cubre a los funcionarios retirados de la entidad) sujetos a los dem\u00e1s t\u00e9rminos y condiciones<\/i><\/font><\/font>\u00bb, y el de \u00ab<\/font><\/font>cobertura para cualquier administrador o servidor p\u00fablico pasado, presente o futuro<\/i><\/font><\/font>\u00bb. Se defini\u00f3 all\u00ed mismo que administradores o directores eran las personas naturales \u00ab<\/font><\/font>que tengan la calidad<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>de administradores, representantes legales, factores,… o cualquier empleado de la entidad que sin tener la representaci\u00f3n legal de la misma, desempe\u00f1e funciones t\u00e9cnicas o administrativas similares…<\/i><\/font><\/font>\u00bb; y tambi\u00e9n se entienden \u00ab<\/font><\/font>los servidores p\u00fablicos de la entidad tomadora que tiene el car\u00e1cter de estatal o aquellos funcionarios que son considerados como tales por la legislaci\u00f3n vigente por el hecho de desempe\u00f1ar una funci\u00f3n p\u00fablica<\/i><\/font><\/font>\u00bb.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En la propuesta de La Previsora, en uni\u00f3n temporal con Colseguros, se expuso que cumpl\u00eda \u00ab<\/font><\/font>con la totalidad de las condiciones y exigencias t\u00e9cnicas m\u00ednimas contenidas en el pliego de condiciones y acepto que las mismas se preferir\u00e1n en caso de haber cl\u00e1usulas en contrario o que limiten sus alcances<\/i><\/font><\/font>\u00bb.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Seguidamente sustent\u00f3 el sentenciador la fuerza del pliego de condiciones de la licitaci\u00f3n, acorde con la ley 80 de 1993 y la jurisprudencia sobre el tema; de manera que as\u00ed en la p\u00f3liza y sus condiciones generales no aparecieran como asegurados los administradores pasados de la Aeron\u00e1utica, y aunque en la propuesta se dijo que no se cubr\u00edan actuaciones de funcionarios desvinculados, el organismo estatal hizo una exigencia en el pliego de condiciones que ha de preferirse.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Con todo, aunque <\/font><\/font>hay cobertura, el Tribunal hall\u00f3 configurada la prescripci\u00f3n, a que se refieren los arts. 1081 y 1131 del C\u00f3digo de Comercio, porque transcurrieron m\u00e1s de dos a\u00f1os desde la fecha en que los demandantes conocieron el hecho que dio base a la acci\u00f3n, y la formulaci\u00f3n de la petici\u00f3n de conciliaci\u00f3n prejudicial. El hecho base de la acci\u00f3n fue el requerimiento judicial que se les hizo y determin\u00f3 la necesidad de asumir su defensa, pues la vinculaci\u00f3n al proceso fue con indagatorias, as\u00ed: 26 de julio para Guillermo Ba\u00edn, 28 de julio para Esmer Mar\u00edn y 1\u00ba de agosto para Jos\u00e9 An\u00edbal Ruge, todos de 2000; mientras que la solicitud para la conciliaci\u00f3n se hizo el 6 de agosto de 2002.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Agreg\u00f3 el juez <\/font><\/font>ad quem<\/i><\/font><\/font> que la prescripci\u00f3n no pod\u00eda correr desde la fecha de celebraci\u00f3n de los contratos de prestaci\u00f3n de servicios profesionales, para la defensa en la investigaci\u00f3n penal, porque las normas citadas expresan con claridad que se cuenta desde el \u00ab<\/font><\/font>hecho externo imputable al asegurado<\/i><\/font><\/font>\u00bb (art. 1131 C.Co.), \u00ab<\/font><\/font>con independencia de si la cobertura reclamada no es de ‘responsabilidad civil’, sino la de ‘costos del proceso’<\/i><\/font><\/font>\u00bb. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Por tanto, el siniestro correspondi\u00f3 a la apertura de la investigaci\u00f3n, y aunque respecto de la v\u00edctima corre la prescripci\u00f3n desde ah\u00ed, \u00ab<\/font><\/font>no ocurre lo mismo respecto de los asegurados, quienes no tienen conocimiento de esa situaci\u00f3n que presuntamente compromete su responsabilidad, sino hasta que son requeridos…, momento en que surge la necesidad de ser defendidos dentro del proceso<\/i><\/font><\/font>\u00bb. Desde ah\u00ed corri\u00f3 para ellos la prescripci\u00f3n, no desde un hecho posterior, como la efectiva contrataci\u00f3n de servicios de asesor\u00eda legal.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1.En el cargo segundo, \u00fanico admitido a tr\u00e1mite, con apoyo en la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, ordenamiento aplicable a este asunto, la parte demandante acus\u00f3 la sentencia impugnada de ser violatoria, por v\u00eda indirecta, del art\u00edculo 2539 del C\u00f3digo Civil, por falta de aplicaci\u00f3n, lo que a su vez vulnera los arts. 1054, 1072 y 1080 del C\u00f3digo de Comercio, 1618, 1620 y 1624, inciso 2\u00ba, del C\u00f3digo Civil. Eso fundado en error de hecho por desconocer la prueba sobre interrupci\u00f3n natural de la prescripci\u00f3n por las demandadas, que reconocieron de manera t\u00e1cita la obligaci\u00f3n, por su silencio superior a quince (15) d\u00edas frente a las reclamaciones de los demandantes, respecto del amparo de costos del proceso y honorarios. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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En la justificaci\u00f3n del cargo adujo el impugnante que en una cl\u00e1usula del contrato de seguro, reconocida en los interrogatorios de parte por los representantes legales de las demandadas, se establecieron efectos jur\u00eddicos para el silencio de la aseguradora cuando superara los quince d\u00edas, con relaci\u00f3n a las reclamaciones que le formularan los asegurados para la aceptaci\u00f3n de los costos, honorarios y gastos en que incurrieran, y claramente se estipul\u00f3 que el efecto \u00ab<\/font><\/font>consist\u00eda en la aceptaci\u00f3n o aprobaci\u00f3n de los mismos<\/i><\/font><\/font>\u00bb. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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Anot\u00f3 el recurrente que el sentenciador <\/font><\/font>ad quem<\/i><\/font><\/font> no analiz\u00f3 en ning\u00fan momento tal aspecto de la controversia, puesto de presente en el hecho octavo de la demanda y en otras ocasiones, y su efecto, ante la conducta t\u00e1cita del asegurador, era la aceptaci\u00f3n o aprobaci\u00f3n de los honorarios reclamados, con clara aplicaci\u00f3n del art. 2539 del C.C.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Esa falta de apreciaci\u00f3n de las pruebas referidas, agreg\u00f3 la parte inconforme, conllev\u00f3 a la vulneraci\u00f3n de las otras normas sustanciales invocadas, entre ellas, las contenidas en los arts. 1618, 1620 y 1624 del C.C., que tratan de la interpretaci\u00f3n de los contratos, con el prop\u00f3sito de que las disposiciones produzcan efectos, y a la explicaci\u00f3n \u00ab<\/font><\/font>en su caso, de una cl\u00e1usula ambigua en contra de la parte que la ha redactado<\/i><\/font><\/font>\u00bb. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Por eso pide se case la sentencia y se acojan las pretensiones, dado que los costos de defensa que debieron afrontar los demandantes, s\u00ed est\u00e1n cubiertos por la p\u00f3liza, emolumentos que quedaron acreditados con los contratos de prestaci\u00f3n de servicios, testimonios y dem\u00e1s instrumentos de juicio. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

2.Las sociedades demandadas presentaron sus r\u00e9plicas a la demanda de casaci\u00f3n aduciendo, en s\u00edntesis: que la cl\u00e1usula invocada por los demandantes fue incumplida por ellos, puesto que en la misma se dijo que La Previsora pagar\u00eda \u00ab<\/font><\/font>los costos, honorarios y gastos de defensa<\/i><\/font><\/font>\u00bb que debieran cubrir los administradores y directores asegurados, y se agreg\u00f3: \u00ab<\/font><\/font>pero los asegurados no incurrir\u00e1n en dichos costos, honorarios y gastos de defensa sin previa notificaci\u00f3n por escrito a La Previsora S. A…<\/i><\/font><\/font>\u00bb. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Alegaron que el asegurador puede limitar los riesgos que asume, seg\u00fan el art. 1056 del C.Co., a m\u00e1s de que la estipulaci\u00f3n se adecua al precepto 1128-2 ibidem, conforme al cual no se responde por costos procesales \u00ab<\/font><\/font>si el asegurado afronta el proceso contra orden expresa del asegurador<\/i><\/font><\/font>\u00bb. Y como los actores incumplieron, porque no notificaron a la entidad de seguros antes de incurrir en esos gastos, sino despu\u00e9s de haber firmado o aceptado los contratos con sus respectivos apoderados, no pueden aspirar a la interrupci\u00f3n natural con la aplicaci\u00f3n de la referida estipulaci\u00f3n, por el eventual silencio de la entidad, porque incurrieron en la obligaci\u00f3n de pagar los honorarios sin aprobaci\u00f3n expresa o t\u00e1cita de la misma. Adem\u00e1s de que dicha interrupci\u00f3n no hab\u00eda sido alegada antes.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

La condici\u00f3n fue redactada por la Aeron\u00e1utica Civil, seg\u00fan el pliego de condiciones, y por eso no puede interpretarse contra las aseguradoras.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Aclararon que no pod\u00eda interrumpirse la prescripci\u00f3n por haberse pactado que si la aseguradora guardaba silencio, se entend\u00eda aprobada la reclamaci\u00f3n, ya que el sentido de esa estipulaci\u00f3n fue modificar el t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 1080 del estatuto comercial, pero no que se entendiera \u00ab<\/font><\/font>como aceptada en su integridad y sobre bases inexpugnables<\/i><\/font><\/font>\u00bb, y la entidad conservaba el derecho a oponerse a la reclamaci\u00f3n, como en efecto lo hizo luego La Previsora, antes del proceso y en este; y reconocer la existencia de dicha cl\u00e1usula los representantes de las demandadas, no es igual a reconocer la prestaci\u00f3n (folios 27 a 38, 67 a 80 del cuaderno de la Corte). <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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A\u00f1adi\u00f3 Colseguros -actualmente Allianz Seguros S.A.-, que las dos compa\u00f1\u00edas no son responsables solidarias y, en caso de prosperar la demanda, debe aplicarse su cuota en el coaseguro.<\/font><\/font><\/p>\n

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CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1.Emana de lo plasmado en renglones precedentes que para el Tribunal aconteci\u00f3 la prescripci\u00f3n ordinaria de la acci\u00f3n derivada del contrato de seguro objeto de proceso, porque desde las fechas en que los demandantes conocieron el hecho que dio base a la acci\u00f3n, cuando fueron vinculados al tr\u00e1mite penal mediante indagatorias por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, los d\u00edas 26, 28 de julio y 1\u00ba de agosto de 2000, y la presentaci\u00f3n de la solicitud de conciliaci\u00f3n prejudicial -6 de agosto de 2002-, transcurrieron m\u00e1s de los dos a\u00f1os previstos para la referida forma extintiva en el art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Lo anterior porque, explic\u00f3 el sentenciador de segunda instancia, fue en esas primeras datas que dichos interesados estuvieron al tanto del hecho origen del reclamo, y surgi\u00f3 la necesidad de asumir su defensa en el proceso punitivo, para cuyo prop\u00f3sito contrataron sendos abogados, con quienes pactaron los honorarios que luego exigieron como sumas aseguradas por la p\u00f3liza convenida. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Sobre esta cabe recordar que el negocio de amparo hab\u00eda sido celebrado por la empleadora de aquellos, <\/font><\/font>Unidad Administrativa Especial de Aeron\u00e1utica Civil -Aerocivil-,<\/font><\/font> con las aseguradoras demandadas, que actuaron en uni\u00f3n temporal, principal La Previsora y Colseguros en calidad de coaseguradora, como una especie de seguro de responsabilidad de servidores p\u00fablicos que fueran administradores o directores, vigente entre 21 de diciembre de 1999 y 21 de diciembre de 2001, y entre los riesgos asegurados e invocados en la demanda, se establecieron los de<\/font><\/font> \u00ab<\/font><\/font>costos del proceso<\/i><\/font><\/font>\u00bb. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

2.<\/font><\/font>Examinado que este recurso se rige por <\/font><\/font>el <\/font><\/font>anterior C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dado que fue interpuesto antes de 1\u00ba de enero de 2016, acorde con reglas <\/font><\/font>de transici\u00f3n previstas en los art\u00edculos 624 y 625, numeral 5\u00ba, del C\u00f3digo General del Proceso, que entr\u00f3 a regir en esa fecha<\/font><\/font>1<\/a><\/font><\/font>, anticipase que tiene fundamento <\/font><\/font>la acusaci\u00f3n de los actores contra lo decidido por el sentenciador de segundo grado, de atender que est\u00e1 demostrado el yerro f\u00e1ctico en el razonamiento del fallo impugnado, con las caracter\u00edsticas de evidente y trascedente, como se explica enseguida.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3.Alrededor del tema medular de la demanda de casaci\u00f3n, cumple precisar que la estipulaci\u00f3n 3.3.2. del contrato de aseguraci\u00f3n, por la que contienden las partes en esta sede y que sirve para desvirtuar la prescripci\u00f3n, en sus primeros apartes, qued\u00f3 redactada as\u00ed:<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Gastos de defensa del Asegurado:<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

La Previsora pagar\u00e1, en nombre del asegurado los costos, honorarios y gastos de defensa frente a reclamaciones de terceros que tengan que cubrir los administradores y directores asegurados, pero los asegurados no incurrir\u00e1n en dichos costos, honorarios y gastos de defensa sin previa notificaci\u00f3n por escrito a La Previsora S.A. deber\u00e1 (sic) pronunciarse sobre la aprobaci\u00f3n de los costos, honorarios y gastos dentro de los quince (15) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de ellos. El silencio de La Previsora S.A. sobre tal notificaci\u00f3n supone aprobaci\u00f3n de los mismos.<\/i><\/font><\/font> (Folio 46 del cuaderno principal).<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

A rengl\u00f3n seguido se apunt\u00f3 que La Previsora pod\u00eda, \u00ab<\/font><\/font>a su arbitrio y a petici\u00f3n del asegurado, adelantar los gastos de defensa incurridos por los administradores y directores asegurados, antes de la resoluci\u00f3n final de la reclamaci\u00f3n<\/i><\/font><\/font>\u00bb, siempre que se cumplieran los condicionamientos all\u00ed consignados (ibidem). <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Puede verse en ese segmento negocial, que en el punto de la asunci\u00f3n de los gastos de defensa por la entidad aseguradora, se fij\u00f3 que esta \u00faltima se obligaba a pagar dichas expensas a cargo de los administradores y directores asegurados, pero estos \u00ab<\/font><\/font>no incurrir\u00e1n en dichos costos, honorarios y gastos de defensa sin previa notificaci\u00f3n por escrito a La Previsora S.A.<\/i><\/font><\/font>\u00bb; tambi\u00e9n que la misma entidad de seguros ten\u00eda que pronunciarse sobre la aprobaci\u00f3n de los costos o gastos de defensa, dentro de los quince (15) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n anterior, y que el silencio frente a esa comunicaci\u00f3n \u00ab<\/font><\/font>supone aprobaci\u00f3n de los mismos<\/i><\/font><\/font>\u00bb.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Conforme a esos apartes, la asunci\u00f3n de la obligaci\u00f3n de pago de las expensas requeridas para la defensa de los asegurados, por las entidades aseguradoras, sin duda oper\u00f3 por la convenci\u00f3n de las partes, al disponerse que el silencio de la que representaba la uni\u00f3n temporal, dentro de los quince d\u00edas siguientes a la reclamaci\u00f3n, equival\u00eda a su aceptaci\u00f3n, pues as\u00ed fue que qued\u00f3 escrito en la regla antes citada, dentro de las llamadas a gobernar el negocio jur\u00eddico. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

4.As\u00ed entendido el eje contractual objeto de la disputa, aflora que ciertamente el sentenciador de segundo grado dej\u00f3 sin analizar los aspectos invocados en casaci\u00f3n para fundar la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n, que no era, ni mucho menos puede serlo en casaci\u00f3n, un tema nuevo, comoquiera que fue planteado desde el principio en el fundamento f\u00e1ctico de la demanda, donde se asent\u00f3 con base en la estipulaci\u00f3n aludida, que \u00ab<\/font><\/font>la aseguradora deb\u00eda pronunciarse sobre la aceptaci\u00f3n de los costos, honorarios y gastos dentro de los quince (15) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de ellos. El silencio de la aseguradora sobre tal notificaci\u00f3n supone aprobaci\u00f3n de los mismos<\/i><\/font><\/font>\u00bb (folio 81 del cuaderno principal).<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Mal podr\u00eda exigirse que en dicho ac\u00e1pite del libelo introductorio, destinado a la narraci\u00f3n de los hechos, se hicieran apreciaciones de las consecuencias jur\u00eddicas de interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n, de examinar que a las partes corresponde expresar y acreditar aquellos, porque la calificaci\u00f3n definitiva de las \u00faltimas corresponde al juez, que es quien conoce y aplica el derecho (<\/font><\/font>iura novit curia<\/i><\/font><\/font>).<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Ante tal aserto es inadmisible la tesis de novedad de la interrupci\u00f3n prescriptiva, seg\u00fan se invoca en una de las r\u00e9plicas al recurso de casaci\u00f3n, y los demandantes s\u00ed puedan aducir esa forma de discontinuidad de la prescripci\u00f3n, con fundamento en el supuesto integral de la cl\u00e1usula, sin que tampoco sea atendible el argumento de que ellos incumplieron primero, por ser plausible estimar, que antes de incurrir en los costos de defensa, notificaron por escrito a la aseguradora l\u00edder respecto de los mismos.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Los recurrentes probaron ese supuesto de hecho, pues lo que puede deducirse de los documentos allegados por ellos, es que una vez fueron vinculados al proceso penal, contrataron sus abogados defensores, y pod\u00edan formular sus reclamaciones por las sumas aseguradas, actuaci\u00f3n conexa con el derecho de defensa que de modo repentino deb\u00edan atender, por fuerza de circunstancias tan apremiantes, bajo las cuales debieron actuar. Luce exorbitante por parte de las compa\u00f1\u00edas aseguradoras exigirles ahora, que a la saz\u00f3n deb\u00edan aplazar su defensa en el proceso penal en que los vincularon, y que debieron adelantar el tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n \u00ab<\/font><\/font>previa<\/i><\/font><\/font>\u00bb a La Previsora, antes de cualquier actuaci\u00f3n.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Por dem\u00e1s, esa secuela ninguna merma sufri\u00f3 por las razones que solo hasta ahora, en la r\u00e9plica a la demanda extraordinaria, quieren anteponer las aseguradoras, en el sentido de que previamente los actores deb\u00edan ce\u00f1irse a un sendero conductual especial establecido en el contrato (<\/font><\/font>contractus via<\/i><\/font><\/font>), sin el cual, en su criterio, no era posible la aceptaci\u00f3n impl\u00edcita preestablecida, y que seg\u00fan ellas consist\u00eda en que dichos interesados \u00ab<\/font><\/font>no incurrir\u00e1n<\/i><\/font><\/font>\u00bb en esos gastos antes de notificarlos por escrito a la aseguradora l\u00edder. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

En oposici\u00f3n a tal hip\u00f3tesis hermen\u00e9utica de la parte demandada cabe expresar, como primer argumento literal, que el verbo <\/font><\/font>incurrir<\/i><\/font><\/font> no tiene el significado un\u00edvoco que ella quiere darle, en cuanto a que los actores no pod\u00edan <\/font><\/font>contratar<\/i><\/font><\/font> los abogados antes de avisarle, de atender que de acuerdo con el uso general en la lengua espa\u00f1ola, a falta de definici\u00f3n legal (arts. 28 C.C. y 823 del C.Co.), esa palabra tiene varias acepciones: <\/font><\/font>caer en una falta, cometerla; causar o atraerse un sentimiento desfavorable; y hacer breves intromisiones en alg\u00fan quehacer<\/i><\/font><\/font>2<\/a><\/font><\/font>. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

La interpretaci\u00f3n apropiada debe responder al contexto de los hechos, porque estando los demandantes convocados a una actuaci\u00f3n punitiva, con las conocidas medidas de restricci\u00f3n de esas actuaciones, mal podr\u00eda admitirse que quedaran desprovistos de una defensa t\u00e9cnica hasta que avisaran a la aseguradora y esta consintiera en su contrataci\u00f3n, o que deb\u00edan subordinar sus intereses y la defensa de su libertad individual a un acto discrecional de aquella, esto es, que no pod\u00edan contratar ning\u00fan abogado. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Cabe juzgar, en cambio, que con esa locuci\u00f3n verbal los interesados no pod\u00edan consumar la actuaci\u00f3n de contratar la defensa y ejecutarla en su totalidad, incluyendo el pago de costos, honorarios y gastos, esto es, que no pod\u00edan adelantar toda la operaci\u00f3n defensiva, sin notificar a La Previsora, porque privaban a esta desde el comienzo de la facultad de formular las observaciones de su incumbencia, inclusive proponer alternativas, que es como debe entenderse de manera razonable que no pod\u00edan incurrir o caer en los mismos, acorde con el significado castizo antes anotado. Pero de ninguna manera pensar que ten\u00edan restringido buscar a un profesional para iniciar el ejercicio de su derecho a un resguardo procesal t\u00e9cnico, e informarlo, como en realidad procedieron.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

Por cierto que, con la contestaci\u00f3n de la demanda, dicha interesada alleg\u00f3 copias de respuestas que emiti\u00f3 a ra\u00edz de las reclamaciones de los demandantes, y ni siquiera en esa ocasi\u00f3n, que ya era extempor\u00e1nea, adujo la excusa de falta de informaci\u00f3n previa a la contrataci\u00f3n de los apoderados, s\u00f3lo dijo objetar esas solicitudes por ausencia de cobertura en el tiempo (folios 103 a 108 del cuaderno 1). <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

De donde aflora como conclusi\u00f3n que es inviable el planteamiento postrero de la parte demandada, relativo a que la expresi\u00f3n <\/font><\/font>incurrir<\/i><\/font><\/font> debe interpretarse como una restricci\u00f3n para que los actores antes de contratar a sus defensores, notificaran a la instituci\u00f3n de aseguramiento, toda vez que ese parecer es incompatible con el significado com\u00fan de la expresi\u00f3n verbal, y tampoco acompasa con las circunstancias concretas de su aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

5.Dentro del explicado esquema para comprensi\u00f3n de la regla negocial en menci\u00f3n, debe considerarse que los demandantes noticiaron a la aseguradora sobre los costos, gastos u honorarios del proceso, previamente a <\/font><\/font>incurrir<\/i><\/font><\/font> en ellos, esto es, antes de ejecutar todas las labores necesarias para su defensa, que no s\u00f3lo era la contrataci\u00f3n inmediata de los apoderados, sino tambi\u00e9n el ejercicio de la defensa t\u00e9cnica durante el proceso, entre otros. Lo hicieron desde un principio con la reclamaci\u00f3n que formularon, as\u00ed:<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

a) Jos\u00e9 An\u00edbal Ruge Pedraza contrat\u00f3 la defensa con su abogado el 8 de agosto de 2000, por $90’000.000 (folios 4 y 5 del cuaderno 1); pidi\u00f3 informaci\u00f3n a la firma corredora de seguros respecto del procedimiento para hacer efectiva la p\u00f3liza objeto de proceso el 30 del mismo mes (folios 6 \u00edd.); y alleg\u00f3 a la aseguradora la copia del contrato el 5 de octubre siguiente y pidi\u00f3 el pago de lo asegurado (folio 3 ib.). <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Concierne asentar aqu\u00ed, frente a una raz\u00f3n de defensa de las demandadas, que el demandante en menci\u00f3n s\u00ed tuvo la calidad de <\/font><\/font>Director<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>o Administrador<\/i><\/font><\/font>, porque en la constancia expedida por Aerocivil se revel\u00f3 que el mismo hab\u00eda ocupado estos dos cargos: <\/font><\/font>i)<\/i><\/font><\/font> Especialista Aeron\u00e1utico III Grado 38, de 23-05-96 a 24-08-97, y <\/font><\/font>ii)<\/i><\/font><\/font> Asesor Aeron\u00e1utico Grado 40 de 25-08-97 a 14-09-98 (folio 11 de la carpeta citada). Con todo, seg\u00fan certificaci\u00f3n de Aerocivil de 19 de noviembre de 2004, allegada legalmente al proceso (folios 251 a 254 de all\u00ed mismo), el \u00faltimo cargo del citado Ruge Pedraza fue de Asesor Aeron\u00e1utico, de la Divisi\u00f3n de Adquisiciones, y estuvo encargado de la Secretar\u00eda Aeroportuaria durante varios meses, ocupaci\u00f3n esta \u00faltima (<\/font><\/font>Secretar\u00eda<\/i><\/font><\/font>) que est\u00e1 expresamente incluida dentro de las que quedaban cobijadas por el seguro, seg\u00fan manifestaci\u00f3n de La Previsora cuando postul\u00f3 a la Uni\u00f3n Temporal con Colseguros para participar en la licitaci\u00f3n (folio 322 del cuaderno de las copias remitidas por Aerocivil). <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

b) Esmer Leoncio Mar\u00edn Morales recibi\u00f3 y acept\u00f3 oferta de prestaci\u00f3n de servicios profesionales de su abogado, el 14 de agosto de 2000, por la suma de $120’000.000 (folios 18 y 19 del cuaderno 1); al paso que el 27 de septiembre subsiguiente se avis\u00f3 a La Previsora, a quien se remiti\u00f3 el documento negocial aludido en julio de 2001 (folios 12, 13 y 14 de ah\u00ed mismo).<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

c)Guillermo Ba\u00edn P\u00e9rez, a su vez, celebr\u00f3 el contrato de servicios con su abogado el 8 de agosto de 2000 y lo alleg\u00f3 a La Previsora el 25 de ese mismo mes, para fines del pago perseguido (folios 20 a 23 del citado legajo). <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Por manera que si ellos acataron el escal\u00f3n de la cl\u00e1usula negocial, desde que notificaron a la aseguradora previamente a incurrir en los costos y gastos de defensa en el proceso, cuando apenas hab\u00edan contratado a sus defensores, s\u00ed pueden reclamar la aprobaci\u00f3n de la solicitud de pago de esos emolumentos, ora por una manifestaci\u00f3n expresa, o ya por el transcurso del tiempo se\u00f1alado en el negocio jur\u00eddico para entender que fue aceptada.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

El<\/font><\/font> silencio de la entidad conllev\u00f3 una aprobaci\u00f3n t\u00e1cita de la exigencia, porque acorde con lo estipulado, requerida la <\/font><\/font>compa\u00f1\u00eda ten\u00eda quince (15) d\u00edas para pronunciarse sobre esos gastos, con el agregado de que vencido este plazo se supon\u00eda la \u00ab<\/font><\/font>aprobaci\u00f3n de los mismos<\/i><\/font><\/font>\u00bb, vale decir, se previ\u00f3 una especie de silencio positivo.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Sobra referirse, por sustracci\u00f3n de materia, a las declaraciones de los representantes de las demandadas cuando admitieron la existencia de la disposici\u00f3n concertada, conocido que la existencia de esta es un hecho objetivo no discutido en esta especie de litis, cuyo estudio se hace en esta providencia. <\/font><\/font> <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

6.Por eso, como tiene sost\u00e9n el planteamiento f\u00e1ctico invocado por los demandantes, de tenerse por aprobada la solicitud de los gastos reclamados por ellos a la aseguradora l\u00edder en la contrataci\u00f3n arriba referida, comprobaci\u00f3n que a su vez es el argumento basilar para la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n que se enfrenta al raciocinio del Tribunal, el ataque por yerro evidente de hecho qued\u00f3 demostrado.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Distracci\u00f3n del sentenciador que fue trascendente, pues el tema, que deb\u00eda ser abordado al resolverse el referido medio extintivo en el recurso de apelaci\u00f3n, tuvo una incidencia determinante en la decisi\u00f3n, visto que como los actores ajustaron su conducta a la estipulaci\u00f3n contractual que exhortan, en particular, informar a la aseguradora previamente a <\/font><\/font>incurrir<\/i><\/font><\/font> en los gastos o costos del proceso, pueden pedir la consecuencia de tener como supuesta la aprobaci\u00f3n de la reclamaci\u00f3n que formularon.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

7.As\u00ed puestos esos elementos de juicio, como en el negocio bajo juicio se estipul\u00f3 que la compa\u00f1\u00eda de seguros deb\u00eda pronunciarse en torno a la aprobaci\u00f3n de costos, honorarios y gastos en quince d\u00edas, y que su \u00ab<\/font><\/font>silencio… supone aprobaci\u00f3n de los mismos<\/i><\/font><\/font>\u00bb, es menester derivar, a su turno, que se interrumpi\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n del contrato de seguro, porque esa aceptaci\u00f3n sobrentendida de la prestaci\u00f3n, conforme a lo pactado, al mismo tiempo fue un reconocimiento t\u00e1cito de la obligaci\u00f3n.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Derivaci\u00f3n que en nada perjudica las reglas sobre esa forma de extinci\u00f3n de las obligaciones, de orden p\u00fablico, porque, al contrario, acompasa con su especial naturaleza que permite la interrupci\u00f3n antes de consumarse, o su renuncia luego de esto, y as\u00ed como es necesaria para la estabilidad y certeza de las relaciones jur\u00eddicas, es tambi\u00e9n permitido que la parte que podr\u00eda beneficiarse de sus efectos, pueda reconocer el derecho ajeno, del propietario o acreedor, antes o despu\u00e9s de cumplirse la prescripci\u00f3n. Formas de dejaci\u00f3n del beneficio prescriptivo que pueden operar ya de manera expresa, ora en forma t\u00e1cita, acorde con las regulaciones sustantivas correspondientes (arts. 2512 y ss. del C.C.), sin perjuicio de pautas especiales en distintos contextos, como se explica. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

7.1.En el contrato de seguros la prescripci\u00f3n tiene ciertas reglas especiales, contenidas b\u00e1sicamente en el art\u00edculo 1081 del C\u00f3digo de Comercio, la cual puede ser ordinaria o extraordinaria. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

La primera \u00ab<\/font><\/font>ser\u00e1 de dos a\u00f1os y empezar\u00e1 a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acci\u00f3n<\/i><\/font><\/font>\u00bb (inc. 2\u00ba); mientras que la otra \u00ab<\/font><\/font>ser\u00e1 de cinco a\u00f1os, correr\u00e1 contra toda clase de personas y empezar\u00e1 a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho<\/i><\/font><\/font>\u00bb (inc. 3\u00ba); t\u00e9rminos que \u00ab<\/font><\/font>no pueden ser modificados por las partes<\/i><\/font><\/font>\u00bb (inc. 4\u00ba).<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En torno al alcance que la jurisprudencia ha dado a las <\/font><\/font>expresiones<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>\u00ab<\/font><\/font>tener conocimiento del hecho que da base a la acci\u00f3n<\/i><\/font><\/font>\u00bb y \u00ab<\/font><\/font>desde el momento en que nace el respectivo derecho<\/i><\/font><\/font>\u00bb, empleadas por la citada norma para las dos formas prescriptivas, reiter\u00f3 la Corte en sentencia <\/font><\/font>de casaci\u00f3n civil de 12 de febrero de 2007<\/font><\/font>3<\/a><\/font><\/font>:<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

…comportan \u2018una misma idea\u2019<\/i><\/font><\/font>4<\/a><\/i><\/font><\/font>, esto es, que para el caso all\u00ed tratado no pod\u00edan tener otra significaci\u00f3n distinta que el conocimiento (real o presunto) de la ocurrencia del siniestro, o simplemente del acaecimiento de \u00e9ste, seg\u00fan el caso, pues como se asever\u00f3 en tal oportunidad \u2018El legislador utiliz\u00f3 dos locuciones distintas para expresar una misma idea\u2019 \u201d. En la misma providencia esta Sala concluy\u00f3 que el conocimiento real o presunto del siniestro era \u201cel punto de partida para contabilizar el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n ordinario\u201d, pues, como la Corte dijo en otra oportunidad<\/i><\/font><\/font>5<\/a><\/i><\/font><\/font>, no basta el acaecimiento del hecho que da base a la acci\u00f3n, sino que por imperativo legal \u201cse exige adem\u00e1s que el titular del inter\u00e9s haya tenido conocimiento del mismo efectivamente, o a lo menos, debido conocer este hecho, momento a partir del cual ese t\u00e9rmino fatal que puede culminar con la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n \u2018empezar\u00e1 a correr\u2019 y no antes, ni despu\u00e9s\u201d. En suma,<\/i><\/font><\/font> la regla legal aplicable en casos como el presente, dista radicalmente del planteamiento del casacionista, pues el conocimiento real o presunto del siniestro por parte del interesado en demandar, es el hito temporal que debe ser considerado para que se inicie el conteo de la prescripci\u00f3n ordinaria<\/i><\/font><\/font>6<\/a><\/i><\/font><\/font>. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

En compendio, el inicio del letal t\u00e9rmino s\u00f3lo acontece dentro de las dos hip\u00f3tesis antes explicadas, en su orden, desde el conocimiento del hecho base de la acci\u00f3n, o desde el momento en que nace el respectivo derecho.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

7.2.Acorde con esas pautas especiales y dem\u00e1s reglas de la comentada forma de decadencia sustancial, es sabido que la reclamaci\u00f3n del beneficiario y el silencio del asegurador frente a \u00e9sta, en condiciones normales no pueden tener el efecto de interrumpir la prescripci\u00f3n, ni en forma civil ni natural. Empero en este caso, conocida la especial estipulaci\u00f3n de las partes en torno a la necesidad de que la aseguradora ofreciera una respuesta en un plazo perentorio -15 d\u00edas-, so pena de entenderse aprobados los costos, gastos, honorarios reclamados, tiene que deducirse esa interrupci\u00f3n, porque conforme a las reglas espec\u00edficas del negocio de garant\u00eda, la \u00faltima ten\u00eda el deber contractual de pronunciarse frente a esta petici\u00f3n, para impedir la consecuencia estipulada. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

De modo que por omitir la respuesta en el lapso de tiempo convenido, se produjo la aceptaci\u00f3n o el reconocimiento t\u00e1cito de la obligaci\u00f3n, como emana de entenderse aprobados los emolumentos reclamados, supuesto de hecho que, as\u00ed mismo, gener\u00f3 el efecto de interrupci\u00f3n natural de la obligaci\u00f3n, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 2539 del C\u00f3digo Civil.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Justamente, aparte de la interrupci\u00f3n civil, que aqu\u00ed no es tema de decisi\u00f3n, bajo el tenor de esa \u00faltima preceptiva, la interrupci\u00f3n natural de la prescripci\u00f3n acontece \u00ab<\/font><\/font>por el hecho de reconocer el deudor la obligaci\u00f3n, ya expresa, ya t\u00e1citamente<\/i><\/font><\/font>\u00bb (inc.2\u00ba), manera esta de impedimento prescriptivo que es aplicable a las acciones del contrato de seguro, como ciertamente, fue reconocido por la Sala en fallo de casaci\u00f3n de 23 de mayo de 2006 (Exp. No. 1998-03792-01).<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Esa interrupci\u00f3n natural tiene que ser, como anot\u00f3 la Corte en esa ocasi\u00f3n, por una conducta inequ\u00edvoca, de esas que \u00ab<\/font><\/font>encajan sin objeci\u00f3n en aquello que la doctrina considera el reconocimiento t\u00e1cito de obligaciones, para lo cual basta ‘que un hecho del deudor implique inequ\u00edvocamente la confesi\u00f3n de la existencia del derecho del acreedor: as\u00ed, el pago de una cantidad a cuenta o de los intereses de la deuda, la solicitud de un plazo, la constituci\u00f3n de una garant\u00eda, las entrevistas preliminares con el acreedor para tratar del importe de la obligaci\u00f3n, un convenio celebrado entre el deudor y un tercero con vista al pago del acreedor’ (Planiol, Marcelo y Ripert, Jorge, Tratado Pr\u00e1ctico de Derecho Civil, T. VII, Cultural S.A., 1945, p\u00e1g. 703)<\/i><\/font><\/font>\u00bb.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

La ley exige para la interrupci\u00f3n natural, que el deudor debe \u00ab<\/font><\/font>reconocer<\/i><\/font><\/font>\u00bb, es decir, asentir, consentir o aceptar la obligaci\u00f3n, en forma expresa o t\u00e1cita, como de manera an\u00e1loga se establece para la renuncia t\u00e1cita de la prescripci\u00f3n, en que el deudor \u00ab<\/font><\/font>manifiesta por un hecho suyo que reconoce el derecho del due\u00f1o o del acreedor<\/i><\/font><\/font><\/font>\u00bb, como por ejemplo, cuando \u00ab…<\/font><\/font><\/font>el que debe dinero paga intereses o pide plazos<\/i><\/font><\/font><\/font>\u00bb (art. 2514 C.C.).<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

Por supuesto que hay una manifestaci\u00f3n o conducta que no admite duda, seg\u00fan el significado de lo <\/font><\/font>inequ\u00edvoco<\/i><\/font><\/font>, cuando las partes pactan que una conducta determinada tenga la consecuencia de consolidar un derecho, como entender aprobada una reclamaci\u00f3n entre ellas, siempre que emane de una declaraci\u00f3n de voluntad consciente y libre, que precisamente se conviene para evitar equ\u00edvocos o discusiones sobre hip\u00f3tesis del desarrollo negocial.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En buenas cuentas, los quince d\u00edas siguientes a las solicitudes de pago, en que quedaron aprobadas, acontecieron as\u00ed: para Jos\u00e9 An\u00edbal Ruge Pedraza el 21 de octubre de 2000, visto que formul\u00f3 el reclamo de pago de la prestaci\u00f3n el 5 del mismo mes (folio 3 de la carpeta 1); de Esmer Leoncio Mar\u00edn Morales el 15 de agosto de 2001, porque se formaliz\u00f3 su petici\u00f3n hasta el 30 de julio anterior (folio 12 ib.); y frente a Guillermo Ba\u00edn P\u00e9rez el 11 de septiembre de 2000, dado que concret\u00f3 su reclamaci\u00f3n el 25 del mes anterior (folio 20). <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Dos precisiones m\u00e1s en este ac\u00e1pite: la primera, que la fecha m\u00e1s antigua de esa aceptaci\u00f3n es 11 de septiembre de 2000, y as\u00ed, cuando se present\u00f3 la solicitud de conciliaci\u00f3n prejudicial, <\/font><\/font>6 de agosto de 2002, que se prolong\u00f3 hasta el 17 de octubre siguiente, no hab\u00eda transcurrido el t\u00e9rmino prescriptivo; y la segunda, que se carece de elementos de persuasi\u00f3n de los cuales pueda derivarse de manera indiscutible, que esas no fueron las verdaderas reclamaciones de los actores, o que las mismas incumpl\u00edan las m\u00ednimas formalidades para esos efectos. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

7.3.De otra parte, es de recibo la interrupci\u00f3n natural de la prescripci\u00f3n, por la omisi\u00f3n del deudor en rehusar la reclamaci\u00f3n, frente a la existencia de una carga contractual que impone la obligaci\u00f3n de expresarse, so pena de entenderse aceptada la prestaci\u00f3n reclamada por el otro contratante, puesto que una circunstancia de ese linaje es un reconocimiento t\u00e1cito de la obligaci\u00f3n, cual aconteci\u00f3 en el caso de autos, sin contravenir las reglas legales, y estar amparada por la libertad contractual. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Importa recordar que la conducta silente, en general, no tiene efectos en el campo del derecho, pero en algunos escenarios jur\u00eddicos puede tenerlos de diversa \u00edndole, seg\u00fan la naturaleza o especificidad de cada derecho o relaci\u00f3n jur\u00eddica, acorde con las regulaciones normativas, que no contemplan un efecto un\u00edvoco para el mutismo de las personas, o cuando media pacto expreso de las partes. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Unas veces supone aceptaci\u00f3n o aprobaci\u00f3n, <\/font><\/font>verbi gratia<\/i><\/font><\/font>, entre muchas normas en ese \u00e1mbito: a) el art\u00edculo 2151 del C\u00f3digo Civil, que constri\u00f1e a las personas que por su profesi\u00f3n u oficio se encargan de negocios ajenos, declarar r\u00e1pidamente si aceptan o no el cargo de una persona ausente, de suerte que \u00ab<\/font><\/font>transcurrido un t\u00e9rmino razonable, su silencio se mirar\u00e1 como aceptaci\u00f3n<\/i><\/font><\/font><\/font>\u00bb (inc. 1\u00ba); b) el 1270 del estatuto mercantil, sobre el deber de responder el mandante a cierto requerimiento del mandatario, porque de lo contrario, su silencio equivale a aprobaci\u00f3n.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Otras veces, el silencio no significa aceptaci\u00f3n, sino lo contrario, como el art\u00edculo 18 de la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas reguladora de los contratos de compraventa internacional de mercader\u00edas, en que constituye aceptaci\u00f3n si hay una declaraci\u00f3n que muestre \u00ab<\/font><\/font><\/font>asentimiento<\/i><\/font><\/font><\/font>\u00bb a la oferta, pero si hay <\/font><\/font><\/font>\u00ab<\/font><\/font>silencio o la inacci\u00f3n, por s\u00ed solos, no constituir\u00e1n aceptaci\u00f3n<\/i><\/font><\/font>\u00bb<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En materias procesales, tambi\u00e9n hay diversas formas de darle consecuencias al hecho de callar una parte, como por ejemplo: <\/font><\/font><\/font>(i)<\/i><\/font><\/font><\/font> la falta de contestaci\u00f3n de la demanda, que salvo norma en contrario, constituye un indicio grave (art. 95 del CPC), o una confesi\u00f3n ficta (art. 97 CGP); <\/font><\/font><\/font>(ii)<\/i><\/font><\/font><\/font> la conducta del demandado cuando deja sin proponer la prescripci\u00f3n en la litiscontestaci\u00f3n, omisi\u00f3n que conlleva su renuncia, si ya estuviere cumplida; <\/font><\/font><\/font>(iii)<\/i><\/font><\/font><\/font> la opci\u00f3n del c\u00f3nyuge sobreviviente entre porci\u00f3n conyugal o gananciales, que en caso de \u00ab<\/font><\/font><\/font>silencio<\/i><\/font><\/font><\/font> <\/font><\/font><\/font>se entender\u00e1 que opt\u00f3 por gananciales<\/i><\/font><\/font><\/font>\u00bb (arts. 593 del CPC y 495 del CGP). <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

7.4.Los efectos de la conducta silente tambi\u00e9n pueden ser fijados por las partes en un negocio jur\u00eddico, cual se adelant\u00f3, mientras no contrar\u00eden normas imperativas, como el pacto de este caso, consistente en que la compa\u00f1\u00eda de seguros deb\u00eda manifestarse acerca de la aprobaci\u00f3n de costos, honorarios y gastos en quince d\u00edas, y que su silencio supon\u00eda \u00ab<\/font><\/font>…aprobaci\u00f3n de los mismos<\/i><\/font><\/font>\u00bb; secuela que aconteci\u00f3 sin vacilaci\u00f3n alguna, puesto que esa disposici\u00f3n ten\u00eda fuerza normativa entre las partes, acorde con el art\u00edculo 1602 del C\u00f3digo Civil, bajo cuyo tenor los contratos son \u00ab<\/font><\/font>una ley<\/i><\/font><\/font>\u00bb para ellas, regla que ratifica el precepto 4 del C\u00f3digo de Comercio, conforme al cual las estipulaciones de los contratos \u00ab<\/font><\/font>preferir\u00e1n a las normas legales supletivas y a las costumbres mercantiles<\/i><\/font><\/font>\u00bb.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Pertinente es registrar que la fuerza vinculante de esa cl\u00e1usula no fue para modificar el t\u00e9rmino en que La Previsora pod\u00eda objetar la reclamaci\u00f3n, con el consecuente m\u00e9rito ejecutivo de la p\u00f3liza (art. 1053-3 del C.Co.), y en oposici\u00f3n a otro argumento de la r\u00e9plica al recurso extraordinario, tampoco fue solamente para disminuir el plazo que ella ten\u00eda para pagar (art. 1080 ibidem). Lo pactado de manera rotunda fue que la compa\u00f1\u00eda ten\u00eda el deber (<\/font><\/font>deber\u00e1<\/i><\/font><\/font>) de pronunciarse frente a la aprobaci\u00f3n de costos, honorarios y gastos en el t\u00e9rmino de quince d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de los reclamantes, y que su silencio \u00ab<\/font><\/font>supone aprobaci\u00f3n de los mismos<\/i><\/font><\/font>\u00bb, como por cierto ya fue explicado.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Autorizados expositores han sostenido que son admisibles los pactos en que las partes se obligan a adoptar una determinada conducta, respecto de un negocio o una obligaci\u00f3n, esto es, cumplir con el deber de hablar, de manifestarse, porque si bien la regla general es que el silencio no puede obligar, en ciertos eventos puede ser fuente de efectos jur\u00eddicos o derechos. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

As\u00ed, el profesor Ospina Fern\u00e1ndez<\/font><\/font>7<\/a><\/font><\/font>, a prop\u00f3sito de la formaci\u00f3n del consentimiento en las convenciones consensuales, expone que la mayor\u00eda de la doctrina considera que la negativa ante una oferta de negocio no puede considerarse aceptaci\u00f3n, pues debe haber una afirmaci\u00f3n concreta, pero en ciertos casos de excepci\u00f3n, la omisi\u00f3n de hablar s\u00ed puede tener la secuela de aceptaci\u00f3n:<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

a)cuando las partes lo hubieren estipulado as\u00ed, como cuando entre el arrendador y el arrendatario se ha pactado que la falta de desahucio con cierta anticipaci\u00f3n al vencimiento del plazo implica una pr\u00f3rroga del contrato; b) cuando entre los interesados existen relaciones anteriores de negocios que autoricen a uno de ellos para interpretar el silencio del otro como aceptaci\u00f3n t\u00e1cita de sus ofertas; por ejemplo, el proveedor habitual de un almac\u00e9n puede presumir naturalmente que la falta de respuesta al anuncio de uno de sus despachos peri\u00f3dicos implica la aceptaci\u00f3n del despacho; y c) cuando no existiendo relaciones anteriores de negocios entre los interesados, los usos y las pr\u00e1cticas relativas al negocio de que se trata han establecido que la ausencia de protesta dentro de cierto tiempo se mire como una aceptaci\u00f3n t\u00e1cita de la oferta.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Por su parte, Messineo<\/font><\/font>8<\/a><\/font><\/font> opina que las declaraciones de voluntad son normalmente <\/font><\/font>expresas<\/i><\/font><\/font>, pero tambi\u00e9n hay otros modos de obrar que se llaman declaraciones <\/font><\/font>t\u00e1citas<\/i><\/font><\/font> o <\/font><\/font>indirectas<\/i><\/font><\/font>, dentro de las cuales est\u00e1 el <\/font><\/font>silencio<\/i><\/font><\/font>, que no puede valer \u00ab<\/font><\/font>en general<\/i><\/font><\/font>\u00bb como declaraci\u00f3n de voluntad, porque en s\u00ed mismo \u00ab<\/font><\/font>es comportamiento equ\u00edvoco y neutro<\/i><\/font><\/font>\u00bb, aunque puede generar efectos, por disposici\u00f3n de la ley o por acuerdo de voluntades, como en<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

…<\/font><\/font>casos excepcionales<\/b><\/i><\/font><\/font>, en los que concurran particulares circunstancias (existencia de usos integrativos; naturaleza del negocio; acuerdos o relaciones preexistentes; interpelaci\u00f3n o puesta en mora… y similares), para evitar que su silencio, especialmente si se prolonga, pueda -de acuerdo con la buena fe- ser interpretado por los terceros como asentimiento, el sujeto tiene inter\u00e9s (carga: no obligaci\u00f3n) en hablar. En tales casos, si no habla para expresar una voluntad <\/i><\/font><\/font>diversa<\/b><\/i><\/font><\/font> (<\/i><\/font><\/font>protestatio<\/b><\/i><\/font><\/font>, protesta; pero con el l\u00edmite de que <\/i><\/font><\/font>protestatio contra factum non valet<\/b><\/i><\/font><\/font>) de la que se le puede atribuir, su silencio (<\/i><\/font><\/font>comportamiento silencioso<\/b><\/i><\/font><\/font>) valdr\u00e1 como asentimiento…<\/i><\/font><\/font> (Resaltados son del texto original).<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

An\u00e1logo criterio expresa el citado autor italiano de cara a las formas t\u00e1citas de las declaraciones de voluntad, al tratar el tema de formaci\u00f3n del contrato<\/font><\/font>9<\/a><\/font><\/font>. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

7.5.Considerar lo contrario: que el pacto de suponer la aprobaci\u00f3n de lo reclamado por el silencio, era una simple reducci\u00f3n de los t\u00e9rminos que ten\u00eda la compa\u00f1\u00eda garante para decidir, seg\u00fan el art\u00edculo 1080 del estatuto mercantil, cual plantea una de las demandadas, ser\u00eda vaciar de contenido y dejar sin m\u00e9rito la disposici\u00f3n, pues no hay una explicaci\u00f3n razonable para considerar una ventaja real del tomador y los asegurados, con la mera simplificaci\u00f3n de ese transcurso temporario. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Se tratar\u00eda, es de observar, de nimia o escasa importancia la consagraci\u00f3n de esa ventaja, al punto que era igual fijarla o no, en contrav\u00eda del texto mismo, conforme al cual lo perseguido a favor de los asegurados o afectados es que vencido el plazo susodicho, sin respuesta de la aseguradora, se tuviera por aprobada la reclamaci\u00f3n, que s\u00ed es una prestaci\u00f3n en verdad provechosa.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Lo considerado hace innecesario referirse a la eventual ambig\u00fcedad de un aparte contractual, cuesti\u00f3n que tambi\u00e9n se incluy\u00f3 en el cargo bajo an\u00e1lisis. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

\n

8.Del mismo modo, es verdad que el <\/font><\/font>asegurador puede limitar los riesgos que quiera asumir (art. 1056 del C.Co.), pero esa regla legal no impide las conclusiones que se han dado en relaci\u00f3n con la negociaci\u00f3n aqu\u00ed estudiada, donde fue pactada la cobertura sobre el riesgo que se reclama, como expuso el sentenciador de segunda instancia, que en ese punto fue certero.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Porque es cierto que los actores concluyeron su v\u00ednculo laboral con la entidad tomadora antes del perfeccionamiento del contrato de seguro bajo estudio -vigente entre 21 de diciembre de 1999 <\/font><\/font>y 21 de diciembre de 2001-, circunstancia temporal de los <\/font><\/font>retiros que es indiscutida por las partes, as\u00ed:<\/font><\/font> Jos\u00e9 An\u00edbal Ruge en septiembre de 1998, Esmer Mar\u00edn el 16 de junio de 1997 y Guillermo Ba\u00edn en septiembre de 1998; pero tambi\u00e9n es verdad que los riesgos por los hechos reclamados estaban amparados, toda vez que dentro de las <\/font><\/font>\u00ab<\/font><\/font>coberturas<\/i><\/font><\/font>\u00bb qued\u00f3 el \u00ab<\/font><\/font>amparo de responsabilidad a servidores p\u00fablicos, en caso de presentarse una reclamaci\u00f3n de responsabilidad hecha, o denunciada por primera vez contra los asegurados durante la vigencia del seguro,…<\/i><\/font><\/font>\u00bb (folio 36 del cuaderno 1), que comprend\u00eda \u00ab<\/font><\/font>costos del proceso y honorarios de abogados<\/i><\/font><\/font>\u00bb.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Obs\u00e9rvese, por tanto, que en el objeto fue expresado que esa cobertura era por una <\/font><\/font>reclamaci\u00f3n <\/i><\/font><\/font>por responsabilidad que fuera \u00ab<\/font><\/font>hecha<\/i><\/font><\/font>\u00bb o denunciada \u00ab<\/font><\/font>por primera vez contra los asegurados durante la vigencia del seguro<\/i><\/font><\/font>\u00bb, realidad que es la invocada aqu\u00ed, comoquiera que a los demandantes se les vincul\u00f3 al proceso penal germen del reclamo, a finales de julio y principios de agosto de 2000, vale decir, estando en vigor el contrato, sin que pueda aceptarse el argumento de la parte demandada, en cuanto a que al inicio del periodo de cobertura (21-12-1999), ellos no laboraban en la entidad tomadora -Aerocivil-, por varias razones: <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

8.1.El seguro contratado fue de responsabilidad sujeto a la denominada cl\u00e1usula \u00ab<\/font><\/font>por reclamaci\u00f3n<\/i><\/font><\/font>\u00bb, tambi\u00e9n conocida como \u00ab<\/font><\/font>claims made<\/i><\/font><\/font>\u00bb, en una de sus modalidades, seg\u00fan el art\u00edculo 4 de la ley 389 de 1997.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Esa singularidad fue prevista para esta especie de convenci\u00f3n, conforme a lo antes anotado, en el sentido de que la cobertura era por <\/font><\/font>reclamaci\u00f3n<\/i><\/font><\/font> de responsabilidad que se planteara por primera vez \u00ab<\/font><\/font>durante la vigencia del seguro<\/i><\/font><\/font>\u00bb, sin distingo de v\u00ednculo laboral actual del sujeto asegurado (director o administrador), como tampoco del tiempo anterior en que pudo ocurrir la conducta que diera origen a la reclamaci\u00f3n. As\u00ed, suficiente era que esta se formulara en el periodo de tiempo cubierto.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Caracter\u00edstica que, adem\u00e1s de la ya transcrita estipulaci\u00f3n, fue reiterada m\u00e1s adelante, cuando se expres\u00f3: \u00ab<\/font><\/font>Periodo de descubrimiento aplicable a cualquier evento ocurrido antes de la terminaci\u00f3n de la vigencia y no solamente a los ocurridos durante la vigencia de la p\u00f3liza (siempre y cuando las reclamaciones sean hechas o denunciadas por primera vez contra los asegurados durante la vigencia del seguro)<\/i><\/font><\/font>\u00bb (folio 38 del cuaderno 1).<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Y se ratific\u00f3 en las condiciones generales, donde se repiti\u00f3 que la solicitud fuera \u00ab<\/font><\/font>… por primera vez…<\/i><\/font><\/font>\u00bb, y que era una \u00ab<\/font><\/font>reclamaci\u00f3n hecha o denunciada<\/i><\/font><\/font>\u00bb (folios 40 y 52 ib.)<\/font><\/font>.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

8.2.Remem\u00f3rase que, seg\u00fan el art\u00edculo 1131 del C\u00f3digo de Comercio, modificado por la ley 45 de 1990, en los seguros por responsabilidad se entiende \u00ab<\/font><\/font>ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado…<\/i><\/font><\/font>\u00bb, momento que, adem\u00e1s de ser el jal\u00f3n para el comienzo del t\u00e9rmino prescriptivo, debe estar incluido en el plazo de vigencia de la p\u00f3liza respectiva.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Empero, como ha tenido ocasi\u00f3n de puntualizar esta Corte<\/font><\/font>10<\/a><\/font><\/font>, tal cobertura temporal, inicialmente concebida en el derecho asegurador con base en la fecha de ocurrencia del hecho o de la p\u00e9rdida (<\/font><\/font>losses ocurrence<\/i><\/font><\/font>), ha mutado por la necesidad de ajustar este contrato al dinamismo propio de los negocios modernos, y puede ser modificada por las partes para ser por las denominadas \u00ab<\/font><\/font>reclamaciones hechas<\/i><\/font><\/font>\u00bb o por reclamaciones que se hagan durante la vigencia pactada (<\/font><\/font>claims made<\/i><\/font><\/font>), acorde con el citado art\u00edculo 4 de la ley 389 de 1997, que dispuso: <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

En el seguro de manejo y riesgos financieros y en el de responsabilidad la cobertura podr\u00e1 circunscribirse al descubrimiento de p\u00e9rdidas durante la vigencia, en el primero, <\/i><\/font><\/font>y a las reclamaciones formuladas por el damnificado al asegurado o a la compa\u00f1\u00eda durante la vigencia, en el segundo, as\u00ed se trate de hechos ocurridos con anterioridad a su iniciaci\u00f3n<\/b><\/i><\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

As\u00ed mismo, se podr\u00e1 definir como cubiertos los hechos que acaezcan durante la vigencia del seguro de responsabilidad siempre que la reclamaci\u00f3n del damnificado al asegurado o al asegurador se efect\u00fae dentro del t\u00e9rmino estipulado en el contrato, el cual no ser\u00e1 inferior a dos a\u00f1os.<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>(Se resalt\u00f3).<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Se autorizaron, por ende, estas modalidades de seguro de responsabilidad por reclamaci\u00f3n:<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

a)En las hip\u00f3tesis previstas en el inciso primero, puede acordarse en el seguro de manejo y riesgos financieros, y en el de responsabilidad, que se limite a las p\u00e9rdidas que se descubran durante el periodo de vigencia del seguro, o a las reclamaciones hechas por el damnificado al asegurado o al asegurador en el mismo t\u00e9rmino, con independencia de que los hechos, entendidos como aquellos que configuran el siniestro, hubiesen ocurrido antes de iniciarse dicha vigencia. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Cabe insistir, por tanto, que para estos primeros eventos, los hechos pueden haber ocurrido antes de iniciarse el negocio de salvaguarda o durante este, porque en \u00faltimas importa es que la p\u00e9rdida se descubra, o la reclamaci\u00f3n se haga, durante la vigencia del mismo. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

b)Acorde con el inciso segundo, tambi\u00e9n pueden cobijarse hechos que acaezcan durante la vigencia de este seguro, siempre que el reclamo del damnificado al asegurado o al asegurador se haga en el t\u00e9rmino determinado en el convenio, que no puede ser inferior a dos a\u00f1os. Es decir, que esa petici\u00f3n debe hacerse dentro del plazo que se pacte, que no puede ser inferior a esos dos a\u00f1os. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

8.3.Ahora, aparte de los riesgos de manejo y financieros, tambi\u00e9n pueden cubrirse los que se comprendan dentro del concepto amplio de responsabilidad, que pueden ser de directores, administradores o socios de compa\u00f1\u00edas u otras entidades, o de terceros, de administraci\u00f3n, en general, por procesos judiciales, entre muchos otros.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Esas formas nuevas de determinaci\u00f3n temporal fueron justificadas en el Congreso de la Rep\u00fablica, en la necesidad de modernizar las normas originarias: <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

\u00ab6. Modernizaci\u00f3n de las normas para ciertas coberturas de riesgos.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Se propone una nueva norma en el art\u00edculo 4\u00ba con el prop\u00f3sito de actualizar la legislaci\u00f3n colombiana y acoger las nuevas tendencias del mercado mundial de reaseguros para la cobertura de los seguros de manejo y de responsabilidad civil.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Este art\u00edculo posibilita que las compa\u00f1\u00edas cubran en este tipo de ramos hechos ocurridos antes del contrato, que produzcan p\u00e9rdidas que se descubran o reclamaciones que se formulen en la vigencia de la p\u00f3liza. Igualmente, se permite precisar la cobertura de responsabilidad civil frente a reclamaciones tard\u00edas.<\/b><\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Con lo anterior, el sector asegurador colombiano podr\u00e1 contar con un adecuado apoyo internacional de reaseguros para el otorgamiento de mejores coberturas a precios mucho m\u00e1s atractivos en favor de los asegurados, atendiendo necesidades sentidas en el pa\u00eds, tales como las coberturas en materia ambiental y de contaminaci\u00f3n, en cuanto a la elaboraci\u00f3n de productos defectuosos, en relaci\u00f3n con actividades profesionales, etc.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Se contempla, por \u00faltimo, la posibilidad para que el gobierno nacional haga aplicable estas disposiciones a otros ramos que, de acuerdo con la evoluci\u00f3n de los mercados, requieran este tratamiento espec\u00edfico\u00bb<\/i><\/font><\/font>11<\/a><\/i><\/font><\/font>.<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>(Resaltado no es del texto original)<\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Se trat\u00f3, en s\u00edntesis, de permitir contratos de seguros con coberturas temporales distintas a las que inicialmente contempl\u00f3 el C\u00f3digo de Comercio, pero dentro de un equilibrio entre: los derechos de los asegurados o v\u00edctimas a un resguardo eficaz por da\u00f1os que se descubran o las reclamaciones que se hagan en cierto tiempo, y los derechos de las aseguradoras a cubrir unos periodos concretos que les permitan hacer provisiones prudentes, obtener buenos reaseguros nacionales o internacionales, en fin, tambi\u00e9n resguardarse de modo razonable.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

De ah\u00ed que a m\u00e1s de la configuraci\u00f3n del siniestro o realizaci\u00f3n del riesgo asegurado (art. 1072 del C.Co.), que en el seguro de responsabilidad tiene una regla especial (art. 1131 id.), lo cierto es que cuando se ha pactado la forma de <\/font><\/font>reclamaci\u00f3n hecha<\/i><\/font><\/font> (<\/font><\/font>claim mad<\/i><\/font><\/font>e), es menester el descubrimiento de la p\u00e9rdida o el reclamo del perjudicado al asegurado o al asegurador, en el t\u00e9rmino de vigencia de la p\u00f3liza que se hubiese acordado, o en el plazo posterior convenido. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Consecuentemente, en el sistema tradicional el d\u00e9bito del asegurador surge con la ocurrencia de los hechos que generan la responsabilidad -siniestro-, dentro del t\u00e9rmino de vigencia de la p\u00f3liza, sin atender el tiempo posterior en que se haga el reclamo, limitado tan s\u00f3lo por los plazos de prescripci\u00f3n; a diferencia de estas variantes de <\/font><\/font>claim made<\/i><\/font><\/font>, en que se requiere que adem\u00e1s del siniestro en tiempo anterior o coet\u00e1neo al espacio temporal del amparo, la reclamaci\u00f3n se haga dentro del t\u00e9rmino espec\u00edfico y delimitado en el contrato, que en armon\u00eda con lo concertado, puede ser durante la vigencia de la p\u00f3liza o en un periodo adicional y espec\u00edfico.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

8.4.Tal figura contractual de amparo por reclamaci\u00f3n (<\/font><\/font>claim made<\/i><\/font><\/font>) qued\u00f3 determinada en la especie f\u00e1ctica aqu\u00ed revisada, entre Aerocivil y la alianza temporal ya referida -La Previsora como aseguradora principal-, porque como estableci\u00f3 el juez de segunda instancia -punto tambi\u00e9n acertado-, en congruencia con dicha forma, fue fijado el amparo para todos los administradores y directores de la entidad, <\/font><\/font>pasados, presentes y futuros<\/i><\/font><\/font>, es decir, con inclusi\u00f3n de servidores retirados y por hechos anteriores a la vigencia, ya que as\u00ed fue requerido por la entidad tomadora en la licitaci\u00f3n p\u00fablica adelantada para seleccionar la compa\u00f1\u00eda aseguradora, por cuanto en el pliego de condiciones se dispuso que se inclu\u00edan situaciones precedentes al inicio del seguro, lo que se acept\u00f3 por La Previsora en su propuesta. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

En efecto, puede verse en un aparte del pliego, en concreto, el Anexo H (folio 62 de las pruebas practicadas por el Tribunal), que el amparo deb\u00eda ser: a) por un <\/font><\/font>\u00ab<\/font><\/font>periodo de descubrimiento de dos a\u00f1os (cubre a los funcionarios retirados de la entidad) sujetos a los dem\u00e1s t\u00e9rminos y condiciones<\/i><\/font><\/font>\u00bb; b) que dicho periodo de descubrimiento era \u00ab<\/font><\/font>aplicable a cualquier evento ocurrido antes de la terminaci\u00f3n de la vigencia de la p\u00f3liza y no solamente a los ocurridos dentro de la vigencia de la p\u00f3liza<\/i><\/font><\/font>\u00bb; y c) que era \u00ab<\/font><\/font>cobertura para cualquier administrador o servidor p\u00fablico pasado, presente o futuro<\/i><\/font><\/font>\u00bb.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Igualmente, se precis\u00f3 que en la p\u00f3liza se deb\u00eda fijar una \u00ab<\/font><\/font>definici\u00f3n ampliada del t\u00e9rmino servidor p\u00fablico<\/i><\/font><\/font>\u00bb, condici\u00f3n completada en el Anexo I, numeral 4.3., que defini\u00f3 al \u00ab<\/font><\/font>asegurado<\/i><\/font><\/font>\u00bb como \u00ab<\/font><\/font>cualquier persona natural que tenga tuvo (sic) o tendr\u00e1 la condici\u00f3n de administradora y\/o director y\/o servidor p\u00fablico de la entidad tomadora, cuando esta sea una sociedad, tal y como se define en los puntos 4.4. y 4.5….<\/i><\/font><\/font>\u00bb (folio 72 de las pruebas citadas). <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

En el citado n\u00famero 4.4., a su vez, se escribi\u00f3 que se eran \u00ab<\/font><\/font>administradores y\/o directores,… de acuerdo con la definici\u00f3n legal,… las personas naturales que tengan la calidad administradores, representantes legales, factores, liquidadores, miembros de la junta o consejo directivo de la entidad o de sus subordinados, o cualquier empleado de la entidad que sin tener representaci\u00f3n legal de la misma, desempe\u00f1e funciones t\u00e9cnicas o administrativas similares a las de los administradores y que por una ‘falta de gesti\u00f3n’ incurra en responsabilidad<\/i><\/font><\/font>\u00bb. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Se agreg\u00f3, en ese mismo segmento, que tambi\u00e9n deb\u00edan entenderse como administradores \u00ab<\/font><\/font>los servidores p\u00fablicos de la \u00abentidad tomadora\u00bb que tiene el car\u00e1cter de estatal o aquellos funcionarios que son considerados como tales por la legislaci\u00f3n vigente por el hecho de desempe\u00f1ar una funci\u00f3n p\u00fablica<\/i><\/font><\/font>\u00bb.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Posteriormente <\/font><\/font>La Previsora, en representaci\u00f3n de la uni\u00f3n temporal con Colseguros, ofreci\u00f3 asumir los amparos licitados por Aerocivil, y para esa finalidad declar\u00f3, adem\u00e1s de otros aspectos, que su propuesta cumpl\u00eda todas \u00ab<\/font><\/font>las condiciones y exigencias t\u00e9cnicas m\u00ednimas contenidas en el pliego de condiciones y acepto que las mismas se preferir\u00e1n en caso de haber cl\u00e1usulas en contrario o que limiten sus alcances<\/i><\/font><\/font>\u00bb (folio 320 de las copias ya citadas).<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Por consiguiente, <\/font><\/font>cualquier alegaci\u00f3n que pretenda entablar la parte demandada, con cimiento en una supuesta limitaci\u00f3n temporal para no cubrir los riesgos, sobre la base de haberse retirado los demandados de Aerocivil, antes de principiar la vigencia del seguro, es inane frente al compromiso asumido por ella cuando formul\u00f3 su propuesta a la licitaci\u00f3n y acept\u00f3 en su plenitud el pliego de condiciones que, igualmente asinti\u00f3, era de aplicaci\u00f3n preferente en caso de contradicci\u00f3n con otras pautas, y en su contenido prev\u00e9 claramente, como qued\u00f3 expuesto, la inclusi\u00f3n de \u00ab<\/font><\/font>cobertura para cualquier administrador o servidor p\u00fablico pasado, presente o futuro<\/i><\/font><\/font>\u00bb.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Y por ah\u00ed mismo puede deducirse que bastaba que los demandantes hubieran sido directores o administradores antes o durante la vigencia del seguro, con tal que en esta \u00faltima se hiciera la reclamaci\u00f3n, que fue lo acontecido en el asunto de autos.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

8.5.A la par, es inadmisible la defensa fundada en el art\u00edculo 1128, numeral 2, del C\u00f3digo de Comercio, en cuanto exonera al asegurador de pagar la suma asegurada, en el seguro de responsabilidad, cuando \u00ab<\/font><\/font>el asegurado afronta el proceso contra orden expresa del asegurador<\/i><\/font><\/font>\u00bb, revisado que hip\u00f3tesis semejante no pudo tener lugar en los hechos origen de este proceso, precisamente porque la aseguradora a cargo de la representaci\u00f3n de la uni\u00f3n temporal, ninguna manifestaci\u00f3n oportuna hizo en ese sentido. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Es m\u00e1s, ya se vio que guard\u00f3 silencio durante el lapso temporal de quince d\u00edas, que ten\u00eda para responder la reclamaci\u00f3n que le hicieron los actores, lo que equivali\u00f3 a una aceptaci\u00f3n de esa solicitud, que ahora no puede desconocer.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

9.En suma, al pactarse que, una vez realizada la petici\u00f3n de pago de sumas por los referidos conceptos asegurados, se entend\u00eda aprobada quince d\u00edas despu\u00e9s si la compa\u00f1\u00eda guardaba silencio, se estableci\u00f3 un mecanismo contractual para el reconocimiento de la obligaci\u00f3n, que tuvo el efecto de interrumpir la prescripci\u00f3n, por aceptaci\u00f3n del d\u00e9bito por parte del deudor. Am\u00e9n de que los acontecimientos invocados se hallaban cubiertos por el seguro contratado.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Por donde se infiere que s\u00ed hubo la cobertura hallada por el fallador de segundo grado, mas no la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n derivada del contrato de seguros que tambi\u00e9n extrajo, motivo suficiente para casar la sentencia, que se revel\u00f3 delanteramente, para continuar con su reemplazo. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

SENTENCIA SUSTITUTIVA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

10.<\/font><\/font>Cumplidos los presupuestos procesales y ausente una irregularidad que a estas alturas pueda invalidar lo actuado, debe tenerse presente que el juzgado de primera instancia deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda por estimar, en compendio, que no hab\u00eda cobertura para el riesgo reclamado, debido a la ausencia de v\u00ednculo entre los demandados y las demandadas, por el retiro de aquellos de la entidad tomadora del seguro antes de iniciarse su vigencia. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

En el t\u00f3pico de los aspectos formales, conviene aclarar que el recurso de apelaci\u00f3n de los actores contra el fallo de primera instancia, se tramit\u00f3 de modo incompleto, ya que el auto mediante el cual se orden\u00f3 correr traslado para alegar (folio 23 del cuaderno del Tribunal), fue revocado en desarrollo de una reposici\u00f3n de aquellos (folios 24, 29 y 30 de ah\u00ed mismo). Luego el juzgador puso en conocimiento de las partes unos mensajes y documentos (folios 31 a 38), y sin adelantarse el traslado para alegaciones, se profiri\u00f3 la sentencia aqu\u00ed recurrida. Esa omisi\u00f3n pudo generar la nulidad prevista en el art\u00edculo 140, numeral 6\u00ba, del C\u00f3digo de Procedimiento Civil.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Con todo, la irregularidad en menci\u00f3n qued\u00f3 saneada, en la medida en que las partes despu\u00e9s actuaron sin proponerla, de manera que les precluy\u00f3 la facultad, porque a voces del art\u00edculo 143, inciso 3\u00ba, del mismo estatuto, no puede <\/font><\/font>\u00ab<\/i><\/font><\/font>alegar las nulidades previstas en los numerales 5\u00ba a 9\u00ba del art\u00edculo 140, quien haya actuado en el proceso despu\u00e9s de ocurrida la respectiva causal sin proponerla<\/i><\/font><\/font>\u00bb; regla que acompasa con el ordinal 1\u00ba del 144, que en su texto considera saneada la nulidad cuando la parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Inclusive, esa nulidad es causal de casaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 368, numeral 5\u00ba, del anterior C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y no fue exhortada. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

11.De tal manera que ahora, en sede de reemplazo, s\u00f3lo puede tenerse en cuenta la copia de las alegaciones formuladas por la parte demandante en primera instancia, que alleg\u00f3 ante el juez de segundo grado, frente a quien expuso que en el juzgado <\/font><\/font>a quo<\/i><\/font><\/font> se extraviaron dichas alegaciones y no se le contemplaron por el mismo (folios 15 a 19 del legajo antes citado). Es razonable atender ese escrito, como lo hizo el Tribunal, toda vez que, adem\u00e1s de estar saneada cualquier irregularidad derivada de la omisi\u00f3n antes vista, fue arrimado a la segunda instancia para que el juez de esta lo observara, como no se hab\u00eda hecho hasta entonces. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

All\u00ed explicaron los demandantes, en resumen, que conforme a lo pactado por las aseguradoras y la tomadora, as\u00ed como el pliego de condiciones de la licitaci\u00f3n, s\u00ed hay la cobertura para administradores y directores pasados, presentes y futuros, incluyendo a los que hab\u00edan estado vinculados y se hab\u00edan retirado de la entidad, antes iniciar la vigencia de la p\u00f3liza, a m\u00e1s de que no fue probado que hubiesen sido declarados responsables a t\u00edtulo de conducta dolosa. Tambi\u00e9n que se comprob\u00f3 la cuant\u00eda de lo reclamado por pagos a los apoderados judiciales, con documentos y declaraciones de los mismos.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Adujeron que la acci\u00f3n no est\u00e1 prescrita porque la cobertura no es propia de responsabilidad civil, sino de \u00ab<\/font><\/font>costos del proceso<\/i><\/font><\/font>\u00bb, que opera cuando los asegurados tienen que asumir la necesidad de contratar los servicios profesionales para apoderados judiciales. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

12.Pues bien, el recurso de apelaci\u00f3n es pr\u00f3spero<\/font><\/font>, percibido que se halla en consonancia con las reflexiones antes esbozadas, que giraron alrededor de las cuestiones relacionadas con la existencia de la cobertura del riesgo reclamado por los demandantes, como tambi\u00e9n de la prescripci\u00f3n que se descart\u00f3 en forma delantera por el desarrollo del recurso de casaci\u00f3n, sin que sea menester volver a esas disquisiciones para reconocer el derecho sustancial objeto de an\u00e1lisis. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

En el <\/font><\/font>extremo de las excepciones, cumple anotar que no tienen vocaci\u00f3n de florecer. Las de <\/font><\/font>inexistencia de obligaci\u00f3n por ausencia de cobertura e inexistencia de v\u00ednculo entre demandantes y demandadas<\/i><\/font><\/font>, comunes a ambas contestaciones de la demanda, carecen de aliento por estar verificado en renglones precedentes que el negocio de aseguramiento s\u00ed cubr\u00eda los costos, gastos u honorarios profesionales aqu\u00ed cobrados, dado que los primeros estuvieron al servicio de la entidad tomadora, en cargos de administraci\u00f3n o direcci\u00f3n, que el hecho por el que fueron llamados al proceso penal s\u00ed estaba comprendido dentro de los riesgos asegurados. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Las que se refieren a la exclusi\u00f3n prevista en el numeral 2.6. de las condiciones generales de la p\u00f3liza, tocante a reclamaciones originadas en conductas deshonestas, fraudulentas o dolosas, que igualmente propusieron las dos demandadas, de igual forma se encuentran sin soporte, visto que no aparece acreditado comportamiento de los actores en ese sentido, ni por derivaci\u00f3n del acervo probatorio, ni por condena alguna que se hubiese proferido en su contra. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

La prescripci\u00f3n, que hab\u00eda aplicado el Tribunal, fue descartada en el estudio del recurso de casaci\u00f3n, con argumentos que no se repiten por brevedad. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

La falta de prueba de la cuant\u00eda del da\u00f1o o de la reclamaci\u00f3n, <\/font><\/font>que en definitiva no es una excepci\u00f3n, porque no versa sobre hechos impeditivos o extintivos de la obligaci\u00f3n, de todas maneras tampoco es viable, de cavilar que los montos solicitados no s\u00f3lo figuran en los documentos que recogieron los contratos con los abogados defensores de los demandantes, sino tambi\u00e9n del hecho de haber declarado los respectivos profesionales en esta actuaci\u00f3n, Orlando Alfonso Rodr\u00edguez Chocont\u00e1 (folios 225 y s. del cuaderno 1), Ricardo Calvete Rangel (folios 312 y s. id.), y Orlando Enrique Vargas Rueda (folios 314 y s.), quienes fueron contestes en reconocer los respectivos negocios jur\u00eddicos y en cuanto a la contrataci\u00f3n de cada uno, conforme a lo pedido, adem\u00e1s de otros detalles, como que los demandantes en ese momento les deb\u00edan cierta parte de los honorarios. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

El coaseguro <\/font><\/font>realmente no es una excepci\u00f3n, porque no persigue destruir con nuevos hechos la pretensi\u00f3n de los demandantes. Es una vinculaci\u00f3n sustancial entre las aseguradoras demandadas, de conformidad con la uni\u00f3n temporal que conformaron para postularse en la licitaci\u00f3n, que debe respetarse en los t\u00e9rminos pactados, como luego se explicar\u00e1. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Y no se aprecia otro hecho probado que pueda estructurar ninguna excepci\u00f3n. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

13.<\/font><\/font>Resta por concretar la condena a las demandadas, que es por las sumas pretendidas en la demanda, m\u00e1s el inter\u00e9s moratorio igual al bancario corriente, certificado por la Superintendencia Financiera, aumentado en la mitad, acorde con el precepto 1080 del C\u00f3digo de Comercio. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Conforme a lo pedido, en consonancia con ese mandato legal, <\/font><\/font>los intereses ser\u00e1n a partir del mes siguiente a la acreditaci\u00f3n del derecho, t\u00e9rminos que, inclusive, fueron posteriores a los quince d\u00edas siguientes a las reclamaciones de cada uno de los peticionarios, cuando se entendieron aprobadas las mismas, seg\u00fan el apartado contractual estudiado l\u00edneas arriba. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

13.1.En conexi\u00f3n con la demanda y lo antes anotado, las prestaciones deben ser fijadas:<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

a)Para <\/font><\/font>Jos\u00e9 An\u00edbal Ruge Pedraza, la suma de $90’000.000, m\u00e1s los intereses de mora citados desde el 5 de noviembre de 2000, por cuanto el 5 de octubre de 2000 present\u00f3 la reclamaci\u00f3n y alleg\u00f3 copia del contrato de servicios profesionales, para que se pagara el primer contado a su apoderado, luego de haber pedido informaci\u00f3n a la firma corredora de seguros (folios 3 a 11 del cuaderno primero). <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

b)A favor de Esmer Leoncio Mar\u00edn Morales, la suma de $120’000.000 (folios 18 y 19 del cuaderno 1), m\u00e1s los intereses de mora desde 30 de agosto de 2001, un mes despu\u00e9s de aquel en que el Jefe de Unidad de Seguros remiti\u00f3 a La Previsora el original del documento negocial de aquel con su apoderado judicial (30 de julio de 2001), oferta de servicios que \u00e9l hab\u00eda aceptado el 14 de agosto de 2000 (folios 12, 18 y 19 de igual carpeta<\/font><\/font>), ya en tr\u00e1mite de la reclamaci\u00f3n. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Agr\u00e9gase que Mar\u00edn hab\u00eda avisado a la aseguradora en cita el 27 de septiembre de 2000 (folio 14 ib.). <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

c)A favor de Guillermo Ba\u00edn P\u00e9rez, la suma de $50.000.000 (folios 21 a 23 del cuaderno 1), m\u00e1s los intereses de mora desde 25 de septiembre de 2000, un mes despu\u00e9s de haber radicado su reclamaci\u00f3n ante La Previsora y la firma corredora de seguros, que fue el 25 de agosto de 2000, cuando alleg\u00f3, entre otros documentos el contrato con el apoderado judicial (folios 20 y 27 del cuaderno 1).<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Se denegar\u00e1n los intereses sobre intereses (anatocismo), que pretenden los demandantes, por cuanto los mismos, ha decantado la jurisprudencia de la Sala, no tienen cabida sobre intereses moratorios, como son los que aqu\u00ed se aplican en cumplimiento del art\u00edculo 1080 del estatuto mercantil, sino eventualmente sobre los remuneratorios, y siempre que se no se vulneren los l\u00edmites legales. Justamente la Corte asent\u00f3<\/font><\/font>12<\/a><\/font><\/font>: <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

\n

La recta inteligencia del art\u00edculo 886 del C\u00f3digo de Comercio conforme al cual, \u2018[<\/i><\/font><\/font>l]os intereses pendientes no producir\u00e1n intereses\u2019, salvo<\/i><\/font><\/font> en los casos expresos, taxativos, limitativos, restrictivos y excepcionales consagrados en el precepto, <\/i><\/font><\/font>se orienta a la finalidad exclusiva de retribuir al acreedor la ociosidad del dinero representativo de los intereses ya devengados, exigibles, atrasados y no pagados oportunamente, es decir, compensar el costo de oportunidad de no tenerlos a su disposici\u00f3n como consecuencia de la mora y durante \u00e9sta.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

La exigencia de la mora para que los intereses puedan engendrar nuevos intereses, seg\u00fan el sentido natural, l\u00f3gico, elemental y obvio de la expresi\u00f3n \u2018intereses pendientes\u2019, \u2018atrasados\u2019, \u2018exigibles\u2019, no \u2018pagados oportunamente\u2019 y \u2018debidos con un a\u00f1o de anterioridad\u2019, se predica de la prestaci\u00f3n de pagar intereses y no de la obligaci\u00f3n principal, siendo, jur\u00eddicamente factible que el deudor se encuentre cumplido en la obligaci\u00f3n principal y en mora solo de la prestaci\u00f3n de intereses remuneratorios.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Cuando el deudor incurre en mora de la prestaci\u00f3n principal, por y a partir de \u00e9sta, se constituye la obligaci\u00f3n de pagar intereses moratorios y el acreedor podr\u00e1 exigirlos con aqu\u00e9lla mientras persista, siendo inadmisible reclamarlos con intereses remuneratorios, salvo claro est\u00e1 los causados antes de la mora. <\/i><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Tampoco puede pretender sobre los intereses moratorios causados nuevos intereses remuneratorios, los cuales retribuyen el capital durante el plazo y, con m\u00e1s veras, moratorios constitutivos de la sanci\u00f3n e indemnizaci\u00f3n del perjuicio causado por la mora, por ser incompatibles, tanto cuanto m\u00e1s que con esta pr\u00e1ctica se desconocer\u00edan incluso los l\u00edmites tarifados imperativos regulados por la ley.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Si, como est\u00e1 dicho, la prestaci\u00f3n principal puede generar intereses remuneratorios o de mora, siendo en l\u00ednea de principio inadmisible exigirlos simult\u00e1neamente por su funci\u00f3n diversa e incompatible y la finalidad del art\u00edculo 886 del C\u00f3digo de Comercio al disciplinar la producci\u00f3n de intereses sobre los intereses pendientes, d\u00e1ndose las restantes condiciones concurrentes normativas, consiste en retribuir el dinero de los \u2018<\/i><\/font><\/font>intereses pendientes\u2019, \u2018<\/i><\/font><\/font>atrasados\u2019, \u2018exigibles\u2019, \u2018<\/i><\/font><\/font>que no han sido pagados oportunamente\u2019 (art\u00edculo 1\u00ba, Dec. 1454 de 1989) y \u2018<\/i><\/font><\/font>debidos con un a\u00f1o de anterioridad, por lo menos\u2019, se concluye que los intereses susceptibles de producir nuevos intereses, no son otros sino los remuneratorios, o sea, los que retribuyen el dinero de los intereses causados, devengados y respecto de cuyo pago el deudor est\u00e1 en mora.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Captada en estos t\u00e9rminos la norma, los intereses moratorios no pueden generar nuevos intereses. S\u00f3lo los remuneratorios. No de otra forma puede entenderse el precepto, porque con absoluta claridad y precisi\u00f3n, precept\u00faa que los pendientes \u2018no producir\u00e1n intereses\u2019, vinculando a la producci\u00f3n del dinero y no a la mora, la causa primaria, genuina e indiscutible de su generaci\u00f3n, concibi\u00e9ndolos como frutos o productos del dinero y no como sanci\u00f3n de la mora.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

13.2.Para las eventualidades de pagos por cuotas de los honorarios, no pueden separarse las prestaciones, sino que se incluyen los totales que deb\u00edan pagarse por los demandantes a sus apoderados, porque adem\u00e1s de que los vencimientos fueron en esa \u00e9poca, lo m\u00e1s importante es que los primeros debieron cancelar todos los emolumentos, como anunciaron en la demanda (hecho sexto).<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Am\u00e9n de que en todo caso, y esto es muy significativo, los actores, quienes son los responsables ante sus respectivos apoderados judiciales, no pueden verse afectados por la incertidumbre que gener\u00f3 la circunstancia de no haberse dado respuestas oportunas por La Previsora.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

\n

Esta \u00faltima, agr\u00e9gase, enarbol\u00f3 unas respuestas de objeci\u00f3n a los demandantes con comunicaciones de 20 de mayo de 2002 (folios 103 a 108 del cuaderno principal); pero estas no pueden atenderse para efectos sustantivos ni para los pagos de sumas e intereses, primero, porque pugnan con lo ampliamente reflexionado respecto de la cobertura del seguro para las pretensiones aqu\u00ed controvertidas, sin elemento de juicio que desvirt\u00fae las reclamaciones que los actores invocaron en este proceso; y segundo, pues a m\u00e1s de la evidente extemporaneidad de dichas respuestas, no muestran enlace con el desarrollo de las susodichas solicitudes que los solicitantes esgrimieron, y que se entendieron aprobadas. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

De otro lado, al contestar el hecho s\u00e9ptimo de la demanda, concerniente a la presentaci\u00f3n de las reclamaciones y sus fechas, la compa\u00f1\u00eda l\u00edder manifest\u00f3 que se aten\u00eda \u00ab<\/font><\/font>al texto literal de las ‘reclamaciones’ formuladas por los demandantes a mi representadas<\/i><\/font><\/font>\u00bb (folio 113 mismo cuaderno), que fueron las ya analizadas, puesto que a la mismas que efectu\u00f3 la r\u00e9plica.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

14.Las condenas se har\u00e1n en armon\u00eda con el acuerdo de coaseguro que fue establecido en el contrato de protecci\u00f3n, donde se estableci\u00f3 que la responsabilidad en el aseguramiento era en un 60% a cargo de La Previsora S.A. y en un 40% a cargo de <\/font><\/font>Aseguradora Colseguros S. A. -actualmente Allianz Seguros S. A. <\/font><\/font> <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Por cierto que esos porcentajes de coaseguro fueron pactados para la mayor\u00eda de los amparos, como el aqu\u00ed reclamado, desde el mismo escrito de conformaci\u00f3n de la uni\u00f3n temporal por dichas entidades, donde estipularon que la responsabilidad de cada una de ellas \u00ab<\/font><\/font>no podr\u00e1 exceder en ning\u00fan caso de los porcentajes de participaci\u00f3n se\u00f1alados anteriormente<\/i><\/font><\/font>\u00bb (folio 88 de las copias remitidas por Aerocivil). <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Tal forma de responsabilidad entre las aseguradoras, debe acatarse, como fue pedido por las demandadas, aunque no tengan el car\u00e1cter de una excepci\u00f3n, cual se adelant\u00f3, pues as\u00ed formularon la propuesta frente a la licitaci\u00f3n previa a la celebraci\u00f3n del contrato estatal, cuando conformaron la aludida uni\u00f3n temporal. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

15.En <\/font><\/font>resumen, como los embates en casaci\u00f3n recurso dejaron sin pie la sentencia impugnada, resulta factible acceder al recurso extraordinario, y en sede de sustituci\u00f3n del Tribunal se revocar\u00e1 el fallo primera instancia, para acceder a las pretensiones de la demanda, en los t\u00e9rminos esbozados. Sin condena en costas en el recurso extraordinario, por ser exitoso (art. <\/font><\/font>375 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil). <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Como el fallo de primera instancia se revoca totalmente, las demandadas ser\u00e1n condenadas a pagar el 80% de las costas de ambas instancias, por la negativa de intereses sobre intereses, en proporci\u00f3n a sus condenas, a favor de cada uno de los demandantes (art. 392, nums. 4\u00ba y 7\u00ba, ib.).<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Con <\/font><\/font>base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley,<\/font><\/font> CASA<\/b><\/font><\/font> la sentencia de <\/font><\/font>20 de enero de 2012, proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Civil de Descongesti\u00f3n, en el proceso ordinario de Jos\u00e9 An\u00edbal Ruge Pedraza, Esmer Mar\u00edn Morales y Guillermo Ba\u00edn P\u00e9rez contra La Previsora S. A. Compa\u00f1\u00eda de Seguros y Aseguradora Colseguros S. A. -actualmente Allianz Seguros S. A.-; y en sede <\/font><\/font>de segunda instancia, <\/font><\/font>resuelve:<\/b><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Primero<\/b><\/font><\/font>:<\/b><\/font><\/font> R<\/font><\/font>evocar la sentencia dictada en primera instancia por el <\/font><\/font>Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogot\u00e1.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Segundo:<\/b><\/font><\/font> Declarar no probadas las excepciones propuestas por parte demandada. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Tercero<\/b><\/font><\/font>:<\/b><\/font><\/font> Declarar que <\/font><\/font>La Previsora S. A. Compa\u00f1\u00eda de Seguros y Aseguradora Colseguros S. A. -actualmente Allianz Seguros S. A.-, incumplieron el contrato de seguro de responsabilidad contenido en la <\/font><\/font>p\u00f3liza No. 1000129, tomado por Aerocivil, a que se refiere este proceso, en relaci\u00f3n con los aqu\u00ed demandantes, al no pagarles las sumas reclamadas por ellos como \u00ab<\/font><\/font>costos del proceso<\/i><\/font><\/font>\u00bb.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Cuarto:<\/b><\/font><\/font> En consecuencia, condenar a las demandadas a pagar en favor de los demandantes, en proporci\u00f3n de 60% La Previsora S.A. y de 40% Aseguradora <\/font><\/font>Colseguros S. A. -actualmente Allianz Seguros S. A.-, <\/font><\/font>las siguientes cantidades:<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

a)<\/font><\/font>$90’000.000 a Jos\u00e9 An\u00edbal Ruge Pedraza, m\u00e1s los intereses de mora iguales al bancario corriente aumentado en la mitad, desde el 5 de noviembre de 2000 y hasta el pago total.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

b)$120’000.000 a Esmer Leoncio Mar\u00edn Morales, m\u00e1s los intereses de mora iguales al bancario corriente aumentado en la mitad, desde 30 de agosto de 2001 y hasta el pago total.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

c)$50’000.000 a Guillermo Ba\u00edn P\u00e9rez, m\u00e1s los intereses de mora iguales al bancario corriente aumentado en la mitad, desde 25 de septiembre de 2000 y hasta el pago total. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

El inter\u00e9s ser\u00e1 conforme a lo certificado por la Superintendencia Financiera. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Quinto:<\/b><\/font><\/font> <\/font><\/font>Cond\u00e9nase a las demandadas,<\/font><\/font> en proporci\u00f3n a sus respectivas condenas de 60% y 40%,<\/font><\/font> al pago del 80% de las costas en ambas instancias a favor de cada uno los demandantes<\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Para valoraci\u00f3n <\/font><\/font>de las de segunda instancia, el magistrado ponente fija como agencias en derecho lo siguente: a) Cinco millones de pesos ($5’000.000), a favor de Jos\u00e9 An\u00edbal Ruge Pedraza; b) Siete millones de pesos ($7’000.000) para <\/font><\/font>Esmer Leoncio Mar\u00edn Morales; y c) Tres millones de pesos ($3.000.000) a favor de Guillermo Ba\u00edn P\u00e9rez.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Sexto:<\/b><\/font><\/font> Sin costas en casaci\u00f3n. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Oportunamente de<\/font><\/font>vu\u00e9lvase al Tribunal de origen.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Notif\u00edquese.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

P<\/font><\/font>residente de la Sala<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

Ausencia justificada<\/font><\/font><\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-031-2002-01133-01<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

\n

Aunque estoy de acuerdo integralmente con la resolutiva de la decisi\u00f3n adoptada, el \u00fanico cargo propuesto contra la sentencia impugnada, no comportaba ni hac\u00eda necesario el razonamiento que se introdujo con relaci\u00f3n a las cl\u00e1usulas \u201c<\/font><\/font>claims made\u201d <\/i><\/font><\/font>(reclamo hecho). Por esta raz\u00f3n, someramente, procedo a aclarar mi voto en el siguiente sentido:<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1. La sentencia debi\u00f3 casarse tal como est\u00e1 razonado en el fallo respectivo y en la sustitutiva correspondiente, pero con exclusi\u00f3n de toda referencia conceptual a las cl\u00e1usulas \u201c<\/font><\/font>claims made\u201d<\/i><\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2. Advi\u00e9rtase l\u00edmpidamente: El cargo no viene formulado debatiendo la vigencia y gobierno del art\u00edculo 4 de la Ley 389 de 1997, y por consiguiente, ninguna respuesta sobre ese particular debi\u00f3 brindarse. Todo el an\u00e1lisis y los razonamientos que se realizan en la decisi\u00f3n sobre el art\u00edculo 4 de la preceptiva en cuesti\u00f3n, devienen en meros <\/font><\/font>obiter dictum <\/i><\/font><\/font>innecesarios, los cuales por haberse embutido en la motiva, no comparto, como he tenido la oportunidad de expresarlo con relaci\u00f3n a otros fallos que abordan esas cl\u00e1usulas; esencialmente en cuanto tienen que ver con el criterio restrictivo que adoptan con relaci\u00f3n a los derechos de los terceros o de la v\u00edctimas, hall\u00e1ndose, las m\u00e1s de las veces en contra de los principios, valores y derechos constitucionales que pregona el Estado Constitucional y social de Derecho. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

3. El art\u00edculo 4 de la Ley 389 de 1997 tiene una precisa aplicaci\u00f3n, pero la considerativa desbord\u00f3 el an\u00e1lisis para prohijar unas motivaciones, ajenas del todo a la controversia planteada. El modo como ven\u00eda formulado el cargo, las disposiciones que se denuncian como infringidas del C\u00f3digo de Comercio junto a las del C\u00f3digo Civil, eran suficientes para resolver el <\/font><\/font>iudicium rescindes<\/i><\/font><\/font> propuesto a la Corte. Cualquier vac\u00edo que pudiera existir en disparidad de criterios, ora restrictivos, ya extensivos con relaci\u00f3n al negocio jur\u00eddico de los seguros, qued\u00f3 cerrado, y as\u00ed debi\u00f3 entenderse, con las modificaciones que introdujo la Ley 45 de 1990 al respectivo plexo jur\u00eddico, mejorando la t\u00e9cnica legislativa y la estructura del seguro; de modo que se tornan impertinentes las consideraciones 8.1, 8.2, 8.3, y partes del 8.4. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Para se\u00f1alar, por ejemplo, el debate del gobierno del art\u00edculo 1131 del C\u00f3digo de Comercio, en materia de prescripci\u00f3n por las imprecisiones que pudo presentar al aprobarse o ponerse en vigencia en 1971 el C\u00f3digo de Comercio Nacional vigente, al distinguir la fecha del siniestro para el asegurado y la v\u00edctima como factores detonantes de la prescripci\u00f3n, con la Ley 45 quedaron zanjadas todas las dudas o diferencias, en relaci\u00f3n con los arts. 1081 del C. de Co. y 2536 del C.C., desapareciendo todo desequilibrio entre v\u00edctima, asegurado y aseguradora en el punto prescriptivo. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

4. No pueden confundirse los hechos y los derechos de los terceros y los de las v\u00edctimas, con las relaciones que surgen entre el asegurado y el asegurador, cuando el tercero o el afectado no ha formulado reclamaci\u00f3n para el pago de la indemnizaci\u00f3n al asegurador durante la vigencia del seguro de responsabilidad, para consecuencialmente, desconocer los intereses del damnificado frente al responsable o para limitarlos en materia extintiva.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

5. La cuesti\u00f3n es m\u00e1s patente, especialmente, frente a tipos de seguros, como los de cola larga (cobertura que se extiende por per\u00edodos largos), o donde se amparan riesgos cuyas consecuencias adversas no se presentan inmediatamente o no son perceptibles prontamente o no son reclamables dentro del t\u00e9rmino estipulado en el contrato entre asegurado y asegurador; por lo tanto, resulta injusto e inequitativo gobernar un problema jur\u00eddico con una disposici\u00f3n que tiene aplicaci\u00f3n para otros contextos y relaciones jur\u00eddicas, pero jam\u00e1s para los terceros o las v\u00edctimas, porque a \u00e9stos, en tales condiciones, les resulta inoponible. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

6. Las cl\u00e1usulas <\/font><\/font>\u201cclaims made\u201d<\/i><\/font><\/font>, del todo resultan abusivas con el consumidor de seguros, con los afectados o con los legitimados para reclamar reparaciones a las aseguradoras. Ellos no conocen el clausulado del contrato, el cual, por su naturaleza, es de adhesi\u00f3n para el tomador, por regla general. Ellas resultan inequitativas, irrazonables e inconstitucionales, m\u00e1xime con la ignorancia de los consumidores de seguros sobre las categor\u00edas b\u00e1sicas del contrato correspondiente: infraseguro, prorrata, reticencia, riesgo relativo, coaseguro, p\u00e9rdida por beneficio contingente; \u201c<\/font><\/font>claims made<\/i><\/font><\/font>\u201d, per\u00edodo de retroactividad, base de ocurrencia, cobertura, <\/font><\/font>\u201cdescubrimiento de p\u00e9rdidas durante la vigencia\u201d, \u201chechos ocurridos con anterioridad a su iniciaci\u00f3n\u201d<\/i><\/font><\/font>, etc.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

7. Realmente se trata de cl\u00e1usulas nulas que afectan los derechos de los usuarios y consumidores de seguros, porque erigen una valla de contenci\u00f3n para la propia protecci\u00f3n del profesional del seguro y a las multinacionales del seguro. Seg\u00fan las mismas expresiones del art\u00edculo 4 de la Ley 389 de 1997, el resguardo reduce restrictivamente como cubiertos <\/font><\/font>\u201c(\u2026) los hechos que acaezcan durante la vigencia del seguro de responsabilidad siempre que la reclamaci\u00f3n del damnificado al asegurado o al asegurador se efect\u00fae dentro del t\u00e9rmino estipulado en el contrato (\u2026)\u201d<\/i><\/font><\/font>. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

El asegurador en consecuencia, 1. Responde \u00fanicamente por un hecho (<\/font><\/font>made<\/i><\/font><\/font>) ocurrido durante la vigencia de la p\u00f3liza, y 2. Responde siempre que se formule el reclamo (c<\/font><\/font>laim<\/i><\/font><\/font>) durante el per\u00edodo convenido en la misma p\u00f3liza y durante su vigencia. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

8. Los problemas de reserva a largo plazo, que hoy de verdad, no son tan largos, por la ostensible disminuci\u00f3n de los t\u00e9rminos de prescripci\u00f3n (dos y cinco a\u00f1os para prescripci\u00f3n ordinaria y extraordinaria, respectivamente, en materia aseguraticia). Las complicaciones que se reflejen en los estados financieros o el rehusamiento para la constituci\u00f3n de reaseguros frente a los riesgos que engendra para aseguradoras o reaseguradoras un determinado hecho o modalidad de seguro, al estar forzadas a retener el riesgo, no pueden de ninguna manera, reflejarse negativamente contra los beneficiarios o los consumidores de seguros, terceros o v\u00edctimas, mucho menos prohijando una interpretaci\u00f3n que no viene al caso.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Fecha, <\/font><\/font>ut supra<\/i><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

\n

\n

\n

\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/p>\n

Magistrado<\/b><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

\n

1<\/a> Art\u00edculo 1\u00ba del Acuerdo<\/font><\/font> PSAA15-10392 de 2015.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

2<\/a> <\/font><\/font>Diccionario de la Lengua Espa\u00f1ola, edici\u00f3n de la p\u00e1gina electr\u00f3nica de la Real Academia Espa\u00f1ola.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

3<\/a> <\/font><\/font>Exp. No. 68001-31-03-001-1999-00749-01; reiterada en la citada <\/font><\/font>SC 04-04-2013.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

4<\/a> La Corte cit\u00f3 en dicha oportunidad la sentencia de 7 de julio de 1977, G.J. CLV, p. 139. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

5<\/a> <\/font><\/font>Sent. Cas. Civ. de 18 de mayo de 1994, Exp. No. 4106, G.J. t. CCXXVIII, p. 1232.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

6<\/a> En el mismo sentido la sentencia de 19 de febrero de 2003, Exp. No. 6571, en que la Corte sostuvo: \u201c<\/font><\/font>la prescripci\u00f3n ordinaria corre respecto de todas las acciones surgidas del contrato de seguro o de las normas que los disciplinan, cobrando materialidad en relaci\u00f3n con la persona capaz que conoci\u00f3 o debi\u00f3 conocer el hecho determinante de la acci\u00f3n\u201d<\/i><\/font><\/font>. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

7<\/a> Ospina Fern\u00e1ndez, Guillermo y otro. Teor\u00eda general del contrato y del negocio jur\u00eddico. Bogot\u00e1, Ed. Temis, 2015, p\u00e1g.161 y s. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

8<\/a> Messineo, Francesco. Manual de derecho Civil y comercial. Buenos Aires: Ediciones Jur\u00eddicas Europa Am\u00e9rica, 1954. Traducci\u00f3n de Santiago Sent\u00eds Melendo. Tomo II, p\u00e1gs. 360 y ss.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

9<\/a> Obra citada, Tomo IV, p\u00e1g. 461.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

10<\/a> Entre otras, SC 18 dic. 2013, Exp. 1100131030412000-01098-01; <\/font><\/font>SC10300-2017, Rad. n\u00b0 76001-31-03-001-2001-00192-01<\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

11<\/a> Gaceta del Congreso N\u00ba 593, Senado de la Rep\u00fablica, jueves 12 de diciembre de 1996, p\u00e1g. 2.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

12<\/a> SC de 27 agosto de 2008, Exp. No. 11001-3103-022-1997-14171-01; reiterada en SC 05 de agosto de 2009, Exp. 11001-3103-001-1999-01014-01; y SC10152-2014, Exp. 1100131030252001-00457-01.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n<\/p><\/div>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado Ponente SC130-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-031-2002-01133-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de agosto de dos mil diecisiete) Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n formulado por la parte demandante frente a la sentencia de 20 de enero de 2012, proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-95395","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/95395","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=95395"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/95395\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=95395"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=95395"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=95395"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}