{"id":95399,"date":"2025-03-26T19:23:09","date_gmt":"2025-03-26T19:23:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/corte-suprema-de-justicia-11\/"},"modified":"2025-03-26T19:23:09","modified_gmt":"2025-03-26T19:23:09","slug":"corte-suprema-de-justicia-11","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/corte-suprema-de-justicia-11\/","title":{"rendered":"CORTE SUPREMA DE JUSTICIA"},"content":{"rendered":"\n
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Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001 02 03 000 2017 01296 00<\/font><\/font><\/font><\/p>\n<\/p><\/div>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrada ponente<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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SC1309-2018<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

Ref.<\/b><\/font> <\/font>Exp. n\u00b0. 11001 02 03 000 2017 01296 00<\/b><\/font><\/h2>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho)<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de abril de dos mil dieciocho (2018).<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Se decide sobre la solicitud de exequ\u00e1tur presentada por la se\u00f1ora Nazly Lisseth Orrego R\u00edos respecto de la sentencia de divorcio proferida el 15 de septiembre de 2016 por el Juzgado de Primera Instancia No. 16 de Barcelona (Espa\u00f1a).<\/font><\/font><\/p>\n

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I.<\/b><\/font><\/font> <\/font><\/font>ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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1.- Mediante escrito presentado a trav\u00e9s de apoderada judicial especialmente constituida para tal fin, la aludida demandante, mayor de edad y de nacionalidad colombiana deprec\u00f3 el otorgamiento de efecto jur\u00eddico a la providencia extranjera <\/font><\/font>ab initio<\/i><\/font><\/font> citada.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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2.- Como soporte de su solicitud, la peticionaria narr\u00f3 los siguientes hechos:<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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2.1.- Que los se\u00f1ores Romel Vald\u00e9s Morales y Nazly Lisseth Orrego R\u00edos, nacionales colombianos, contrajeron matrimonio por el rito cat\u00f3lico en la ciudad de Bogot\u00e1, el 17 de julio de 2013, <\/font><\/font>\u00aben la parroquia San Antonio de Padua y Registrado en la Notaria Quinta del C\u00edrculo de Pereira Risaralda el 18 de agosto de 2013\u00bb, <\/i><\/font><\/font>y, d<\/font><\/font>entro de la convivencia, naci\u00f3 el menor XXX<\/font><\/font><\/font>1<\/a> el 23 de septiembre de 2012. <\/font><\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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2.2.- El 15 de septiembre de 2016, el Juzgado N\u00b0 16 de Primera Instancia de Familia de Barcelona (Espa\u00f1a) <\/font><\/font><\/font>\u00abdecret\u00f3 judicialmente el divorcio de mutuo acuerdo, de conformidad con el art\u00edculo 86 CC\u00bb. <\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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II. EL TR\u00c1MITE OBSERVADO<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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1.- Cumplidas las exigencias formales, el 13 de junio de 2017 fue admitida la solicitud y, en el mismo prove\u00eddo, se dispuso correr traslado al Ministerio P\u00fablico, entidad que en tiempo, a trav\u00e9s de la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia y la Familia, concluy\u00f3 que:<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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\u201cse cumplen las exigencias formales previstas para que proceda la homologaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Juzgado de Primera Instancia No. 16 Barcelona, Espa\u00f1a, el 15 de septiembre de 2016, para que tenga plena vigencia en Colombia y sea inscrita en el registro civil correspondiente, previo cumplimiento por parte de quien lo solicita de la reciprocidad diplom\u00e1tica, o en su defecto, la legislativa\u201d <\/i><\/font><\/font>(Fls. 32 a 33). <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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2. Dentro de la etapa de ordenaci\u00f3n y pr\u00e1ctica de pruebas (Fls. 36 a 37), se dispuso tener en cuenta los documentos anexados con la demanda; vencido dicho per\u00edodo, se concedi\u00f3 la oportunidad para alegar de conclusi\u00f3n (Fl. 93), derecho respecto del cual hizo uso el extremo activo. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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3. El tr\u00e1mite reservado para esta clase de asuntos fue agotado plenamente y por esto, corresponde resolver sobre el fundamento y viabilidad de la petici\u00f3n elevada.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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III.<\/b><\/font><\/font> <\/font><\/font>CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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1. La resoluci\u00f3n de los conflictos es un asunto que ata\u00f1e a la administraci\u00f3n de justicia y, por tanto, solo pueden cumplir ese encargo quienes est\u00e9n autorizados expresamente por la ley para tales prop\u00f3sitos. Lo anterior, en la medida en que aspectos como el orden p\u00fablico resultan involucrados, particularmente, la soberan\u00eda Nacional. Esa premisa pone de relieve que en territorio patrio, solo las sentencias y\/o determinaciones equivalentes, emitidas por jueces o funcionarios nacionales, tienen efectos en Colombia.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Esa directriz no es absoluta, pues debido a los principios de cooperaci\u00f3n y reciprocidad internacional, han llevado a alterar esa regla y, hoy por hoy, es posible que un fallo adoptado por un juez for\u00e1neo genere consecuencias dentro de nuestras fronteras. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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2. Empero, por expreso mandato legal, esta \u00faltima posibilidad est\u00e1 supeditada al cumplimiento de varios requisitos y, principalmente, a la obtenci\u00f3n del exequ\u00e1tur. Dentro de este tr\u00e1mite, a su vez, debe acreditarse que en el pa\u00eds de donde proviene la decisi\u00f3n objeto de homologaci\u00f3n se brinda a las providencias de los juzgadores patrios un tratamiento similar, es decir, que all\u00ed, tambi\u00e9n, pueden ser cumplidos los pronunciamientos proferidos por los agentes del Estado facultados para ello.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Ese precepto est\u00e1 regulado expresamente en el art\u00edculo 605 del C\u00f3digo General del Proceso, en los siguientes t\u00e9rminos:<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Las Sentencias y otras providencias que revistan tal car\u00e1cter, pronunciadas por autoridades extranjeras, en procesos contenciosos o de jurisdicci\u00f3n voluntaria, tendr\u00e1n en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese pa\u00eds, y en su defecto la que all\u00ed se reconozca a las proferidas en Colombia<\/i><\/font><\/font>. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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La Corte se ha ocupado de esta exigencia y, de manera reiterada y constante, en varios pronunciamientos, ha plasmado que para otorgar valor a decisiones for\u00e1neas: <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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(\u2026)<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>en primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el pa\u00eds. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia<\/i><\/font><\/font>\u2026\u201d <\/font><\/font>(G. J. t. LXXX, p\u00e1g. 464, CLI, p\u00e1g. 69, CLVIII, p\u00e1g. 78 y CLXXVI, p\u00e1g. 309, entre otras).<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Lo anterior significa, en primer lugar, que debe establecerse si entre los pa\u00edses involucrados existe un acuerdo o convenio sobre la suerte de las determinaciones que emiten sus funcionarios judiciales; en otros t\u00e9rminos, si ha sido regulado de manera directa y expresa por los propios Estados, la validez o no de las sentencias emitidas en uno u otro. En defecto de un tratado sobre el asunto, surge el imperativo de constatar la presencia de un texto legal alusivo al tema. En ese orden, acreditada la reciprocidad diplom\u00e1tica, la legislativa resulta innecesaria. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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3. Pues bien, en el expediente aparece copia del Convenio celebrado el 30 de mayo de 1908 (Fl. 43), entre Espa\u00f1a y Colombia, referente a la ejecuci\u00f3n rec\u00edproca de sentencias, a trav\u00e9s del cual ambos Estados concertaron que las providencias civiles emitidas por los tribunales comunes, serian ejecutadas en uno y otro pa\u00eds.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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4. Dicho tratado supra fue aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante la ley 7 de doce (12) de agosto de mil novecientos ocho (1908). Los \u00fanicos condicionamientos establecidos en el mencionado acuerdo se concentraron en que los fallos objeto de cumplimiento: <\/font><\/font>\u00ab1. Sean definitivos y que est\u00e9n ejecutoriados como en derecho se necesitar\u00eda para ejecutarlos en el pa\u00eds en que se haya dictado; 2. Que no se opongan a las leyes vigentes en el Estado en que se solicite su ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/i><\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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Por consiguiente, habiendo pacto vigente entre las dos naciones se encuentra debidamente acreditada la reciprocidad diplom\u00e1tica, lo que excluye cualquier ensayo tendiente a demostrar la legislativa, como as\u00ed fue advertido en precedencia. Debe agregarse, que las dos condiciones establecidas en el pacto referido, fueron acatadas a cabalidad,<\/font><\/font> <\/font><\/font><\/font>pues en el sumario aparece la constancia de que la decisi\u00f3n for\u00e1nea se encuentra ejecutoriada (Fl. 2).<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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5. Constatados esos requisitos procede, seguidamente, la verificaci\u00f3n de las restantes exigencias previstas en el art\u00edculo 606 de la Legislaci\u00f3n General Civil, teniendo en cuenta: <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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5.1. Que se aport\u00f3 al expediente copia de la sentencia extranjera debidamente autenticada cumpliendo satisfactoriamente con lo estipulado en los c\u00e1nones 251 y 177 del C. G. P. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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5.2. Que la controversia resulta no ser de competencia exclusiva de los jueces nacionales, toda vez que no hay norma que as\u00ed lo se\u00f1ale, ni se conoce de la existencia de un proceso que haya sido adelantado o se tramite por la misma causa en nuestro pa\u00eds.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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5.3. Que la decisi\u00f3n no versa sobre derechos reales constituidos en bienes ubicados en territorio patrio. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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5.4. Alusivo al orden p\u00fablico, otra de las condiciones necesarias para la viabilidad de la homologaci\u00f3n reclamada, cumple decir, de manera especial, que la providencia for\u00e1nea, como quedo rese\u00f1ado ata\u00f1e a un divorcio de matrimonio civil contencioso sin oposici\u00f3n alg\u00fan (mutuo acuerdo), cuyo an\u00e1lisis conduce a afirmar que no violenta aquellas prerrogativas; contrariamente, el ordenamiento fue acatado \u00edntegramente. En efecto, el mutuo acuerdo (causal que se deriva de la sentencia invocada), es una causal que, igualmente, el sistema patrio la contempla como determinante del divorcio (numeral 9 del art\u00edculo 6 de la ley 25 de 1992); las partes, siendo mayores de edad expresaron su voluntad para desvincularse del matrimonio vigente y, el tr\u00e1mite observado, no vulner\u00f3 derecho alguno de los c\u00f3nyuges. <\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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Es de resaltar que en la providencia objeto de homologaci\u00f3n, a partir de su numeral segundo establece una serie de medidas que regulan la situaci\u00f3n personal y patrimonial de los consortes; en especial el <\/font><\/font>\u00abR\u00c9GIMEN DE ESTACIAS DEL HIJO CON EL PADRE, R\u00c9GIMEN DE ESTANCIAS DEL HIJO CON CADA UNO DE LOS PROGENITORES EN LOS PERIODOS FESTIVOS, VACACIONES Y PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE ESTANCIA [\u2026], REGIMEN DE RELACI\u00d3N Y COMUNICACI\u00d3N CON EL HIJO DURANTE LOS PERIODOS EN QUE UN PROGENITOR NO ESTE CON EL MISMO [\u2026], SOBRE EDUCACI\u00d3N Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES [\u2026], DEBERES DE INFORMACI\u00d3N Y CONSULTA DE LOS PROGENITORES, [y] PENSI\u00d3N DE ALIMENTOS\u00bb<\/i><\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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6. En ese orden, surge evidente que la comprobaci\u00f3n de los requisitos establecidos en la normatividad General Civil (arts. 605 y siguientes), fueron cumplidos cabalmente por la interesada.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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7. En conclusi\u00f3n, la validaci\u00f3n ser\u00e1 autorizada, orden\u00e1ndose la inscripci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, junto con la sentencia extranjera, en el respectivo registro del estado civil.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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IV.<\/b><\/font><\/font> <\/font><\/font>DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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RESUELVE:<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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PRIMERO<\/b><\/font><\/font>: CONCEDER<\/font><\/font> <\/b><\/font><\/font>el exequ\u00e1tur conforme a lo expresado en la parte motiva, solicitado por la se\u00f1ora Nazly Lisseth Orrego R\u00edos, respecto de la sentencia de divorcio proferida el 15 de septiembre de 2016, por el Juzgado de Primera Instancia No. 16 de Barcelona (Espa\u00f1a).<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

SEGUNDO<\/b><\/font><\/font>: Para los efectos previstos en los art\u00edculos 6\u00ba, 106 y 107 del Decreto 1260 de 1970 y de conformidad con el art\u00edculo 13 del Decreto 1873 de 1971, se ordena la inscripci\u00f3n de esta providencia junto con la sentencia reconocida, en el registro civil de matrimonio y nacimiento de los c\u00f3nyuges. Por Secretar\u00eda l\u00edbrense las comunicaciones pertinentes.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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TERCERO<\/b><\/font><\/font>: Sin costas en la actuaci\u00f3n.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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NOTIF\u00cdQUESE<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

Presidente de Sala<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/b><\/font><\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n<\/p><\/div>\n

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1<\/a> En virtud del art\u00edculo 47 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, armonizado con el canon 7 de la Ley 1581 de 2012, se omiten los nombres de los menores.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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5<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001 02 03 000 2017 01296 00 MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente SC1309-2018 Ref. Exp. n\u00b0. 11001 02 03 000 2017 01296 00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de abril de dos mil dieciocho (2018). Se decide sobre la solicitud de exequ\u00e1tur […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-95399","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/95399","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=95399"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/95399\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=95399"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=95399"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=95399"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}