{"id":95400,"date":"2025-03-26T19:23:09","date_gmt":"2025-03-26T19:23:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/95400\/"},"modified":"2025-03-26T19:23:09","modified_gmt":"2025-03-26T19:23:09","slug":"95400","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/95400\/","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrado ponente<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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SC131-2018<\/font> Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-042-2007-00160-01<\/font> <\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de noviembre de dos mil diecisiete).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de febrero de dos mil dieciocho (2018).<\/font><\/font><\/p>\n

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Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por <\/font><\/font>Musinga S.A. contra la sentencia de 14 de octubre de 2011, proferida por la Sala Civil de Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso ordinario que la recurrente promovi\u00f3 frente a Cano Outsourcing Ltda.<\/font><\/font><\/p>\n

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ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

1.- La accionante solicit\u00f3 (folios 28 a 34 y 37 a 39, cuaderno 1):<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1.1. Se declare la resoluci\u00f3n de las compraventas contenidas en las <\/font><\/font>escrituras p\u00fablicas n\u00fameros 458 y 459, otorgadas el 8 de junio de 2006 en la Notar\u00eda \u00danica de Guatavita, que tuvieron por objeto los lotes 67 y 69 de la primera etapa del Econdominio Musinga, <\/font><\/font>por incumplimiento de la demandada en el pago del precio; <\/font><\/font>se condene a \u00e9sta a restituir los mencionados inmuebles; y se disponga el registro la sentencia.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1.2. En subsidio, deprec\u00f3<\/font><\/font> la rescisi\u00f3n de los aludidos acuerdos de voluntades por haber sufrido lesi\u00f3n enorme, que se condene a Cano Outsourcing Ltda. restituir los fundos y se ordene la inscripci\u00f3n del fallo.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1.3. Tales <\/font><\/font>pretensiones, en resumen, tuvieron el siguiente sustento f\u00e1ctico:<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1.3.1. <\/font><\/font>La junta de socios de Musinga S.A., actualmente en liquidaci\u00f3n, llevada a cabo el 28 de noviembre de 2005, autoriz\u00f3 a su representante legal a \u00ab<\/font><\/font>entregar en pago\u00bb<\/i><\/font><\/font> a favor de Cano Outsourcing Ltda. -por concepto de honorarios tras la gesti\u00f3n que le adelant\u00f3- los lotes 67 y 69, identificados con matr\u00edculas inmobiliarias n\u00fameros 176-100499 y 176-100501 de la Oficina de Registro Instrumentos P\u00fablicos de Zipaquir\u00e1, cometido que fue ejecutado con el otorgamiento de las escrituras p\u00fablicas 458 y 459 del 8 de junio de 2006 de la Notar\u00eda \u00danica de Guatavita.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1.3.2. En dichos actos se anot\u00f3 que se trataba de sendos contratos de compraventa, que los precios pactados fueron $35\u2019684.884 para el lote 67 y $48\u2019780.884 para el lote 69. Sin embargo, estas sumas no aparecen registradas en la contabilidad de la actora como un d\u00e9bito ni en la de la enjuiciada a t\u00edtulo de cr\u00e9dito.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1.3.3. A pesar de que en la junta de socios de la promotora se acord\u00f3 que uno de los motivos determinantes para autorizar los negocios jur\u00eddicos era que en los dos lotes se construir\u00edan las casas modelo de la urbanizaci\u00f3n, como incentivo para agilizar las ventas, la compradora incumpli\u00f3 <\/font><\/font>\u00abesta determinaci\u00f3n, violando as\u00ed una de las causas del contrato\u00bb.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1.3.4.Adem\u00e1s, en las escrituras p\u00fablicas no se estableci\u00f3 que el prop\u00f3sito de dichas ventas fuera cancelar obligaciones pendientes de Musinga S.A. con Cano Outsourcing Ltda.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1.3.5.A la fecha de la negociaci\u00f3n los predios ostentaban un precio muy superior, en dos o tres veces, al se\u00f1alado en dichos convenios.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1.3.6.Por \u00faltimo, la reclamante adujo que su representante legal no cumpli\u00f3 con la directriz de la asamblea consistente en entregar en pago las heredades.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.- Una vez vinculada al pleito, la enjuiciada se opuso a todas las pretensiones de la siguiente manera:<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.1. Propuso la excepci\u00f3n meritoria de \u00ab<\/font><\/font>ausencia de los elementos estructurales para la declaratoria de resoluci\u00f3n de contrato o simulaci\u00f3n deprecadas<\/i><\/font><\/font>\u00bb (folios 70 a 78, <\/font><\/font>ib\u00eddem<\/i><\/font><\/font>).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.2. Tambi\u00e9n radic\u00f3 libelo de reconvenci\u00f3n pidiendo que, en el evento de que se accediera a las pretensiones de su contendora, \u00ab<\/font><\/font>declare que entre las partes existi\u00f3 un acuerdo de daci\u00f3n en pago pues de esta manera lo confiesa el propio demandante inicial\u00bb;<\/i><\/font><\/font> y que no se configur\u00f3 la lesi\u00f3n enorme pedida (folios 18 a 23, cuaderno 3).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.3. Finc\u00f3 \u00e9stas s\u00faplicas en:<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.3.1. Cano Outsourcing Ltda. asumi\u00f3 la gerencia de Musinga en un proyecto urban\u00edstico con una licencia para desarrollar 18 lotes, redise\u00f1ado con la contrataci\u00f3n de nuevos estudios, con base en los cuales se obtuvo una nueva licencia de urbanismo y posteriormente otra licencia para construir el sal\u00f3n comunal, la aprobaci\u00f3n del reglamento de propiedad comunal y la autorizaci\u00f3n de ventas, hecho lo cual se procedi\u00f3 a la contrataci\u00f3n de la firma constructora.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.3.2. Agreg\u00f3 que como pago por estas labores, se pact\u00f3 que recibir\u00eda el 8% del \u00e1rea disponible para la venta, lo que gener\u00f3 la aprobaci\u00f3n y autorizaci\u00f3n de la junta de socios de Musinga para entregarle los lotes 67 y 69, por la gesti\u00f3n que en un 30% hab\u00eda realizado hasta ese momento, de lo cual da cuenta el acta n\u00famero 20 del 28 de noviembre de 2005 de la junta de socios de la primigenia demandante, que consagra el \u00ab<\/font><\/font>pago a contratistas<\/i><\/font><\/font>\u00bb mediante la aprobaci\u00f3n por concepto de honorarios de la entrega de los aludidos lotes.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.3.3. Finaliz\u00f3 indicando que, con base en esa autorizaci\u00f3n, el representante legal de Musinga celebr\u00f3 las compraventas contenidas en las escrituras p\u00fablicas 458 y 459 del 8 de junio de 2006 otorgadas en la Notar\u00eda \u00danica de Guatavita.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3.- Como excepci\u00f3n perentoria frente a la contrademanda, Musinga propuso la de \u00ab<\/font><\/font>inexigibilidad de las pretensiones<\/i><\/font><\/font>\u00bb (folios 24 a 26, cuaderno 3).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

4.- El Juzgado Cuarenta y Dos Civil del Circuito de Bogot\u00e1, con prove\u00eddo de 27 de julio de 2010, declar\u00f3 fundada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito planteada por la inicial convocada frente a las pretensiones principales de Musinga S.A., las que por ende neg\u00f3; igualmente reconoci\u00f3 la defensa denominada inexigibilidad de las s\u00faplicas propuesta por la encartada en reconvenci\u00f3n, desestimando \u00e9sta demanda; accedi\u00f3 a la lesi\u00f3n enorme deprecada subsidiariamente en el primigenio libelo y, en consecuencia, decret\u00f3 la rescisi\u00f3n de las ventas impugnadas y la inscripci\u00f3n de la sentencia.<\/font><\/font><\/p>\n

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A t\u00edtulo de prestaciones mutuas derivadas de la disoluci\u00f3n de los pactos, el juez <\/font><\/font>a-quo<\/i><\/font><\/font> dispuso que Musinga, en el t\u00e9rmino de 20 d\u00edas, restituyera a Cano Outsourcing Ltda. $35\u2019684.884 y $48\u2019780.884 como precios recibidos por los lotes 67 y 69, en su orden, ambas sumas con intereses legales; mientras que a \u00e9sta entidad le orden\u00f3 que, en el mismo lapso, devolviera esos inmuebles.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Finalmente, concedi\u00f3 a la compradora 10 d\u00edas para que, si deseaba persistir en las ventas, completara el justo precio con la reducci\u00f3n de una d\u00e9cima parte, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1947 del C\u00f3digo Civil (folios 238 a 248, cuaderno 1).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/h3>\n

5.- Ambas partes apelaron: la convocante solicit\u00f3 \u00ab<\/font><\/font>la revocatoria de la sentencia en cuanto hace referencia a la negativa de los pedimentos principales de la sentencia<\/i><\/font><\/font>\u00bb; al paso que su contendora inco\u00f3 la desestimaci\u00f3n de la lesi\u00f3n enorme que hall\u00f3 pr\u00f3spera el juzgador <\/font><\/font>a-quo<\/i><\/font><\/font> para que, en su lugar, fueran negadas todas las peticiones de su contraparte y se acogiera el libelo de reconvenci\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Al resolver tales alzadas el superior revoc\u00f3 en su totalidad la decisi\u00f3n apelada y en su lugar neg\u00f3 todas las pretensiones de Musinga (folios 25 a 44, cuaderno 8).<\/font><\/font><\/p>\n

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LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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El juzgador <\/font><\/font>ad quem,<\/i><\/font><\/font> luego <\/font><\/font>de resaltar que los dos extremos litigiosos censuraron la decisi\u00f3n adoptada por el fallador de primera instancia, por no guardar correspondencia con lo acreditado en el proceso, se aprest\u00f3 a determinar la verdadera voluntad de tales empresas, advirtiendo que para este efecto son insuficientes las manifestaciones plasmadas en los contratos cuestionados.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Seguidamente asever\u00f3 que de las demandas, sus contestaciones, alegatos y recursos, se concluye que lo deseado por los contratantes fue llevar a cabo una daci\u00f3n en pago, no una compraventa. De all\u00ed que el acta n\u00famero 20 de la junta de socios de Musinga, celebrada el 28 de noviembre de 2005, diga que el gerente solicit\u00f3 considerar la posibilidad de pagar parcialmente el trabajo realizado por Cano Outsourcing mediante la entrega de los lotes 67 y 69; afirmaci\u00f3n que denota c\u00f3mo la accionante, desde un principio, pretendi\u00f3 cubrir unas obligaciones pendientes con la contratista, mas no venderle los predios.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

As\u00ed mismo, continu\u00f3 el Tribunal, el examen del acta referida resalta la aprobaci\u00f3n un\u00e1nime de la solicitud tendiente a adjudicarle a Cano Outsourcing los lotes como parte de pago de una deuda, pues autorizaron \u00ab<\/font><\/font>suscribir las correspondientes escrituras de venta\u00bb<\/i><\/font><\/font>; adem\u00e1s, tal aparte pone al descubierto \u00ab<\/font><\/font>la imprecisi\u00f3n de que adolece la parte demandante al no establecer una debida distinci\u00f3n entre los negocios jur\u00eddicos de daci\u00f3n en pago y compraventa, pues a pesar de autorizar con firmeza la entrega a t\u00edtulo de daci\u00f3n en pago, los socios ordenan, en lo que puede interpretarse como una falta de conocimiento, \u2018la suscripci\u00f3n de las correspondientes escrituras de venta\u2019<\/i><\/font><\/font>\u00bb<\/i><\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Esta conclusi\u00f3n la corrobora la declaraci\u00f3n del representante legal de la vendedora, porque manifest\u00f3 que claramente la asamblea hab\u00eda aprobado que se le pagara a Cano Outsourcing con los lotes 67 y 69, una vez se estableciera qu\u00e9 tanto de sus obligaciones hab\u00eda cumplido.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En consecuencia, coligi\u00f3 el juez colegiado, los contratos de compraventa cuestionados fueron simulados, dado que el negocio jur\u00eddico celebrado por las partes fue una daci\u00f3n en pago.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

As\u00ed las cosas, est\u00e1 llamada al fracaso la pretensi\u00f3n de la demanda inicial dirigida a que se declare el incumplimiento de los contratos de compraventa por mora en el pago del precio, por cuanto este elemento es ajeno a la daci\u00f3n en pago, ya que en este tipo contractual el acreedor no asume tal obligaci\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Igual sucede con la s\u00faplica subsidiaria, porque el Tribunal resalt\u00f3, apoyado en jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, el car\u00e1cter taxativo de la sanci\u00f3n de lesi\u00f3n enorme y la imposibilidad de aplicarla a una daci\u00f3n en pago.<\/font><\/font><\/p>\n

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LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N<\/font> <\/p>\n

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Dos reproches fueron planteados en el escrito de sustentaci\u00f3n, erigidos en <\/font><\/font>la causal primera <\/font><\/font>(folios 11 a 37, cuaderno 9), los cuales se analizar\u00e1n conjuntamente<\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/p>\n

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CARGO PRIMERO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1.- A<\/font><\/font>cusa la sentencia de \u00faltima instancia de conculcar indirectamente los art\u00edculos 1494, 1495, 1498, 1502, 1517, 1546, 1626, 1627, 1766, 1849, 1857, 1864 y 1928 a 1930 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como los preceptos 306 inciso 1\u00ba, 175, 177, 187, 258 y 264 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, a consecuencia de error de hecho en la valoraci\u00f3n de varias pruebas y la interpretaci\u00f3n de la demanda, al desestimar sus pretensiones principales.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.- El casacionista, luego de transcribir los fundamentos que tuvo en cuenta el Tribunal y las peticiones primordiales del libelo inicial, desarrollo el reproche expresando:<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.1. El sentenciador err\u00f3 al interpretar la demanda, porque en \u00e9sta se aleg\u00f3 que las ventas impugnadas fueron reales, que la compradora no pag\u00f3 el precio pactado tal cual lo refleja su contabilidad y la de la enajenante, configur\u00e1ndose el incumplimiento de esos pactos que posibilita su resoluci\u00f3n; sin que ello implicara desconocer el acta de la junta de socios de Musinga S.A., en la cual se plasm\u00f3 la intenci\u00f3n de entregar los lotes 67 y 69 a la demandada como daci\u00f3n en pago, acuerdo \u00e9ste que a la postre no se perfeccion\u00f3. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

2.2. Igualmente incurri\u00f3 en un ostensible yerro f\u00e1ctico el juez <\/font><\/font>ad-quem<\/i><\/font><\/font> al concluir que las compraventas fueron simuladas y, subsecuentemente, que las partes quer\u00edan celebrar daciones en pago, porque si bien los socios de Musinga contemplaron la posibilidad de dar en pago los lotes a favor de Cano Outsourcing -como se advierte en el acta n\u00famero 20 indebidamente apreciada por el fallador- finalmente ese acto no se materializ\u00f3. Lo que hicieron los representantes legales de las dos empresas, que eran la misma persona, fue celebrar dos compraventas. Por tanto, las manifestaciones de los negociantes deben considerarse reales, pues no se demostr\u00f3 el concierto simulador, lo que deja ver que el Tribunal supuso la prueba de este.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.3. Adem\u00e1s, el tenor de los pactos no refleja la voluntad de pagar cr\u00e9ditos a favor de Cano Outsourcing, sino de venderle dos lotes de terreno; mientras que el acta de la junta de socios de la accionante tampoco evidencia los elementos esenciales de la daci\u00f3n en pago, esto es, el monto de la deuda, el valor que se cancela y los bienes o cosas que las solucionan.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.4. Esto \u00faltimo fue, precisamente, lo aceptado por el representante legal de Musinga en el interrogatorio que absolvi\u00f3 -tergiversado y cercenado por el Tribunal- porque al responder c\u00f3mo cancelaron los honorarios y prestaciones a Cano Outsourcing, afirm\u00f3 que no ha pagado pues se cubrir\u00edan con metros cuadrados de terreno, previa liquidaci\u00f3n del contrato, aclarando que la asamblea de socios aprob\u00f3 la entrega de los lotes, lo que se ejecutar\u00eda una vez estableciera qu\u00e9 tanto de sus obligaciones cumpli\u00f3 la contratista.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.5. A pesar de que en las escrituras se asent\u00f3 que el precio estipulado fue recibido en efectivo por la vendedora, desconocer ese aserto en la demanda aduciendo su falta de pago es una negaci\u00f3n indefinida, exenta de demostraci\u00f3n, por mandato del art\u00edculo 177 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que traslad\u00f3 la carga probatoria a su contendora, quien no la satisfizo.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Y como la misma persona natural fungi\u00f3 de representante legal de ambas sociedades en los contratos impugnados, su afirmaci\u00f3n \u00ab<\/font><\/font>de haber recibido el precio de manos de la demandada debe ser considerado como un indicio en contra suya de haber recibido la sociedad vendedora demandante el valor de los lotes\u00bb<\/i><\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.6. En consecuencia, al tener como irreales las compraventas, el fallador incurri\u00f3 en los errores anotados, relacionados con la falta de pago del precio de los inmuebles.<\/font><\/font><\/p>\n

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SEGUNDO CARGO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1.- Censura el fallo de segundo grado por <\/font><\/font>conculcar indirectamente los art\u00edculos 1494, 1495, 1498, 1502, 1517, 1626, 1627, 1766, 1849, 1857, 1864, 1928 a 1929 y 1946 a 1948 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como los c\u00e1nones 306 inciso 1\u00ba, 175, 177, 187, 258 y 264 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, a consecuencia de error de hecho en la valoraci\u00f3n de varias pruebas y la interpretaci\u00f3n de la demanda, al negar las s\u00faplicas subsidiarias.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.- La recurrente record\u00f3 los razonamientos del Tribunal, las peticiones subsidiarias de su libelo y seguidamente afirm\u00f3 que:<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.1. El juez colegiado err\u00f3 al interpretar tales ruegos, porque como fundamento de estos se explic\u00f3 que las compraventas impugnadas tuvieron precios inferiores al 50% del verdadero valor de los predios enajenados, lo que hac\u00eda viable la lesi\u00f3n enorme solicitada; sin que se deprecara esta declaraci\u00f3n en relaci\u00f3n con contratos de daci\u00f3n en pago, como lo analiz\u00f3 el fallador. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

2.2. A continuaci\u00f3n reiter\u00f3 los dem\u00e1s argumentos que plante\u00f3 en su primer embate y se\u00f1al\u00f3 que e<\/font><\/font>l dictamen pericial practicado en autos dej\u00f3 ver que el valor comercial del lote 67 era $102\u2019804.000 y el de lote 69 $140\u2019532.000, para la \u00e9poca de los pactos criticados, montos que cotejados con los que figuran en los negocios jur\u00eddicos, arrojan que estos se hicieron por valores inferiores a la mitad de su justo precio.<\/font><\/font><\/p>\n

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CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1.-<\/font><\/font> Cuesti\u00f3n de primer orden es precisar que a pesar de entrar en vigencia de manera \u00edntegra el C\u00f3digo General del Proceso desde el 1\u00ba de enero de 2016, al <\/font><\/font>sub lite<\/i><\/font><\/font> no resulta aplicable por consagrar, en el numeral 5\u00ba de su art\u00edculo 625, que los recursos ya interpuestos, entre otras actuaciones, deben surtirse empleando \u00ab<\/font><\/font>las leyes vigentes cuando se interpusieron<\/i><\/font><\/font>\u00bb.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Y como el que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala fue iniciado bajo el imperio del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, ser\u00e1 este ordenamiento el que siga rigi\u00e9ndolo, por el principio de la ultractividad de la vigencia de la ley en el tiempo.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.- <\/font><\/font>La v\u00eda indirecta invocada por la recurrente en la modalidad de error de hecho en la valoraci\u00f3n probatoria o la interpretaci\u00f3n de lo pedido, sucede ostensiblemente cuando el juzgador supone, omite o altera el contenido de las pruebas o el escrito genitor del litigio, siempre y cuando dicha anomal\u00eda influya en la forma en que se desat\u00f3 el debate, de tal manera que de no haber ocurrido otro fuera el resultado, lo que aparece palmario o demostrado con contundencia.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Sobre el punto indic\u00f3 la Sala:<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

[E]l error de hecho, que como motivo de casaci\u00f3n prev\u00e9 el inciso segundo, numeral primero, del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, ocurre cuando se supone o pretermite la prueba, entendi\u00e9ndose que incurrir\u00e1 en la primera hip\u00f3tesis el juzgador que halla un medio en verdad inexistente o distorsiona el que s\u00ed obra para darle un significado que no contiene, y en la segunda situaci\u00f3n cuando ignora del todo su presencia o lo cercena en parte, para, en esta \u00faltima eventualidad, asignarle una significaci\u00f3n contraria o diversa. El error \u2018ata\u00f1e a la prueba como elemento material del proceso, por creer el sentenciador que existe cuando falta, o que falta cuando existe, y debido a ella da por probado o no probado el hecho\u2019 (G. J., T. LXXVIII, p\u00e1gina 313) (\u2026) Denunciada una de las anteriores posibilidades, el impugnador debe acreditar que la falencia endilgada es manifiesta y, adem\u00e1s, que es trascendente por haber determinado la resoluci\u00f3n reprochada, de tal suerte que, de no haberse incurrido en esa sinraz\u00f3n, otra hubiera sido la resoluci\u00f3n adoptada (\u2026) Acorde con la a\u00f1eja, reiterada y uniforme jurisprudencia de la Corporaci\u00f3n, el yerro f\u00e1ctico ser\u00e1 evidente o notorio, \u2018cuando su s\u00f3lo planteamiento haga brotar que el criterio\u2019 del juez \u2018est\u00e1 por completo divorciado de la m\u00e1s elemental sind\u00e9resis; si se quiere, que repugna al buen juicio\u2019, lo que ocurre en aquellos casos en que \u00e9l \u2018est\u00e1 convicto de contraevidencia\u2019 (sentencias de 11 de julio de 1990 y de 24 de enero de 1992), o cuando es \u2018de tal entidad que a primer golpe de vista ponga de manifiesto la contraevidencia de la determinaci\u00f3n adoptada en el fallo combatido con la realidad que fluya del proceso\u2019 (sentencia 146 de 17 de octubre de 2006, exp. 06798-01); dicho en t\u00e9rminos diferentes, significa que la providencia debe aniquilarse cuando aparezca claro que \u2018se estrell\u00f3 violentamente contra la l\u00f3gica o el buen sentido com\u00fan, evento en el cual no es nada razonable ni conveniente persistir tozudamente en el mantenimiento de la decisi\u00f3n so pretexto de aquella autonom\u00eda\u2019 (G. J., T. CCXXXI, p\u00e1gina 644)<\/i><\/font>.<\/font> (CSJ SC 21 feb. 2012, rad. n\u00ba 2004-00649, reiterada en SC de 24 jul. 2012, rad. n\u00ba 2005-00595-01).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/h3>\n

3.- Con base en tales premisas la Sala concluye que los cargos ser\u00e1n desestimados, tras su estudio conjunto porque en su mayor\u00eda se fundan en las mismas alegaciones y por ende merecen id\u00e9nticas consideraciones, como pasa a verse:<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3.1. <\/font><\/font>El Tribunal no err\u00f3 al interpretar el pliego iniciador del pleito, pues estableci\u00f3 que lo pedido fue, principalmente, la resoluci\u00f3n de los contratos de compraventa y, en subsidio, la rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En efecto, ese fallador consider\u00f3, expresamente, que \u00ab<\/font><\/font>(l)as pretensiones principales de la demanda est\u00e1n dirigidas a que se declare el incumplimiento del contrato por parte de la sociedad demandada, por encontrarse en mora del pago del precio del contrato, y que en consecuencia, se declare la resoluci\u00f3n de los convenios<\/i><\/font><\/font>\u00bb (folio 39, cuaderno 8).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Y respecto de la otra petici\u00f3n contenida en ese libelo, esa misma Corporaci\u00f3n adujo que \u00ab<\/font><\/font>(a)hora bien, con relaci\u00f3n a las pretensiones subsidiarias de la demanda, encaminadas a la declaraci\u00f3n de existencia de lesi\u00f3n enorme en los contratos celebrados con su consecuente rescisi\u00f3n, la Sala advierte que tampoco est\u00e1n llamadas a prosperar, por las razones que se exponen a continuaci\u00f3n\u2026<\/i><\/font><\/font>\u00bb (Folio 41, <\/font><\/font>\u00eddem<\/i><\/font><\/font>).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

De all\u00ed se desprende, sin asomo de duda, que no se configur\u00f3 la errada asunci\u00f3n de lo pedido en el libelo porque el fallador concuerda con lo aducido por la recurrente, esto es, que lo solicitado era la resoluci\u00f3n de los pactos por incumplimiento en el pago del precio y, de no prosperar \u00e9sta s\u00faplica, la rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Ahora, en relaci\u00f3n con los hechos que erigieron esas peticiones, necesario es mencionar que inicialmente la demanda primigenia se refiri\u00f3 a que \u00ab<\/font><\/font>(e)n Asamblea extraordinaria de socios levantada en el Acta n\u00ba 20 del 28 de noviembre de 2005, (\u2026) la sociedad MUSINGA LTDA. (\u2026) en el punto 5 denominado \u2018Pago a contratistas\u2019 autoriz\u00f3 a su representante legal a entregar en pago a favor de la sociedad CANO OUTSOURCING LTDA. por concepto de honorarios <\/i><\/font><\/font>por la gesti\u00f3n adelantada hasta la fecha <\/b><\/i><\/font><\/font>los lotes 67 y 68 de la primera etapa (\u2026)<\/i><\/font><\/font>\u00bb (Hecho 3\u00ba, folio 28, cuaderno 1. Resalt\u00f3 la Sala).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Seguidamente indic\u00f3 \u00ab<\/font><\/font>(p)or tanto, se tiene que los contratos de compraventa celebrados sobre esos bienes fue una simulaci\u00f3n, pues el elemento esencial del contrato de compraventa correspondiente al pago de la cosa no se presento (sic) y si no hubo pago de la cosa vendida opera la Condici\u00f3n Resolutoria t\u00e1cita por incumplimiento del comprador<\/i><\/font><\/font>\u00bb (hecho 4\u00ba, folio 29).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Ante la confusi\u00f3n que evidenciaba el libelo, por solicitar la resoluci\u00f3n de las compraventas por incumplimiento en el pago del precio, fundada en que esos contratos eran simulados y rematar afirmando que carec\u00edan de un elemento esencial, el juez <\/font><\/font>a-quo<\/i><\/font><\/font> lo inadmiti\u00f3 para que fuera aclarado.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Acatando dicha orden, la demandante replante\u00f3 el hecho 4\u00ba de su libelo se\u00f1alando que al tenor de la contabilidad de ambas sociedades, \u00ab<\/font><\/font>el elemento esencial del contrato de compraventa correspondiente al pago de la cosa no se present\u00f3 y si no hubo pago de la cosa vendida opera la Condici\u00f3n Resolutoria T\u00e1cita<\/i><\/font><\/font>\u00bb (sic, folio 37).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Del aludido relato se desprende que se mantuvo inc\u00f3lume el hecho 3\u00ba de la primigenia demanda, en el cual la promotora indic\u00f3 que sus socios autorizaron la entrega de los lotes 67 y 69 a Cano Outsourcing Ltda., como pago de los honorarios por la gesti\u00f3n que hab\u00eda adelantado hasta esa fecha.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Sin embargo, en el hecho siguiente, teniendo en cuenta la subsanaci\u00f3n del pliego genitor del pleito, se afirm\u00f3 que la contratista no pag\u00f3 el precio pactado en las compraventas impugnadas.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

As\u00ed las cosas, el escrito iniciador de la contienda evidenci\u00f3 contradicci\u00f3n -no obstante su intento de subsanaci\u00f3n-, por lo que no se muestra errada la conclusi\u00f3n del Tribunal seg\u00fan la cual existi\u00f3 reconocimiento de la accionante en la intenci\u00f3n de entregar en daci\u00f3n en pago los inmuebles, por ser una de las posibles conclusiones a que llevaba el relato de la promotora.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Efectivamente, n\u00f3tese como, al tenor del hecho 3\u00ba de esa demanda, la intenci\u00f3n de la contratante fue entregar los predios en daci\u00f3n en pago a la contratista por la gesti\u00f3n que hab\u00eda adelantado hasta esa fecha; mientras que en el hecho siguiente se anot\u00f3 que \u00e9sta \u00faltima no pag\u00f3 el precio pactado, lo que sirve de apoyo para pedir su resoluci\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Recu\u00e9rdese que es deber del recurrente en casaci\u00f3n demostrar que los yerros endilgados al operador de justicia no s\u00f3lo existieron sino que son tan graves que a simple vista se revelan, es decir, que no cab\u00eda la m\u00e1s m\u00ednima posibilidad de que el juzgador hubiese andado por la senda que escogi\u00f3.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Lo anterior porque la sentencia cuestionada en casaci\u00f3n llega <\/font><\/font>amparada por la presunci\u00f3n de acierto y legalidad, por lo que no basta con ensayar una nueva valoraci\u00f3n probatoria para derruirla. S<\/font><\/font>obre esto la Corte ha reiterado que:<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

(\u2026) aunque el <\/i><\/font>an\u00e1lisis f\u00e1ctico y jur\u00eddico <\/i><\/font>que efectu\u00f3 el <\/i><\/font>juzgador <\/i><\/font>ad quem<\/i><\/font> <\/i><\/font>pudiera ser discutible, y al margen de si la Corte lo proh\u00edja o no, lo cierto es que tal proceder hermen\u00e9utico <\/i><\/font>llega al escenario de la casaci\u00f3n acompa\u00f1ado de una presunci\u00f3n de legalidad y acierto, la cual debe ser desvirtuada por el recurrente, dentro de los par\u00e1metros de la espec\u00edfica causal primera que invoca, en la modalidad de error de hecho (v\u00eda indirecta), mediante la singularizaci\u00f3n y demostraci\u00f3n de evidentes y trascendentes errores en la contemplaci\u00f3n objetiva del material probatorio, situaci\u00f3n que no se dio en este caso, pues el censor tan solo expuso su particular visi\u00f3n del asunto, insuficiente de suyo para quebrar el fallo del Tribunal.<\/i><\/font> <\/i><\/font>En relaci\u00f3n con asuntos de este temperamento, la Sala, de manera reiterativa, ha se\u00f1alado que \u2018<\/i><\/font>s\u00f3lo cuando la tesis que expone la censura es la \u00fanica admisible es procedente abrirle paso al recurso\u2019<\/i><\/font> (Cas. Civ., sentencia del 31 de enero de 2005, Exp. 7872), en el entendido de que \u2018<\/i><\/font>all\u00ed donde se (…) ense\u00f1oree la dubitaci\u00f3n, no puede salir airoso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, <\/i><\/font>cuya procedencia privativamente finca en la certeza, en s\u00ed misma ajena a la hesitaci\u00f3n\u2019<\/i><\/font> (Cas. Civ., sentencia del 31 de marzo de 2003, Exp. 7141). En otras palabras, un fallo judicial \u2018<\/i><\/font>no se puede socavar mediante una argumentaci\u00f3n que se limite a esbozar un nuevo parecer, por ponderado o refinado que sea, toda vez que, in abstracto, tanto respeto le merece a <\/i><\/font>la Sala el criterio que en esos t\u00e9rminos exponga la censura, como el que explicit\u00f3 el fallador para soportar su decisi\u00f3n judicial\u2019<\/i><\/font> (Cas. Civ., sentencia del 5 de febrero de 2001, Exp. 5811). <\/i><\/font>(CSJ SC <\/font><\/font>19 dic. 2012, rad. 2006-00164-01).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Por lo dicho, la falencia endilgada al operador de justicia no se configur\u00f3 porque, habida cuenta de la confusi\u00f3n que present\u00f3 la demanda g\u00e9nesis del litigio, la conclusi\u00f3n que extract\u00f3 el operador judicial ni siquiera merece reparo, al tratarse de una de las posibles interpretaciones que pod\u00edan extraerse de dicho escrito.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3.2. Tampoco hubo suposici\u00f3n de la prueba del concierto simulador, como lo plantea Musinga S.A., porque el Tribunal la extract\u00f3, en primer lugar, del acta de su junta de socios <\/font><\/font>llevada a cabo el 28 de noviembre de 2005, que no fue indebidamente apreciada como lo aducen los cargos.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En efecto, ese despacho judicial expuso que \u00ab<\/font><\/font>(e)studiando el material probatorio recaudado en el expediente y auscultando la causal de los contratos materia de debate, se resalta que la parte actora aport\u00f3 el acta N\u00ba 20, contentiva de la Asamblea Extraordinaria de Socios de 28 de noviembre de 2005, de la sociedad demandante MUSIGNA S.A.<\/i><\/font><\/font>\u00bb (Folios 36 a 37, cuaderno 8).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Seguidamente transcribi\u00f3 su contenido y concluy\u00f3 que \u00ab<\/font><\/font>(d<\/i><\/font><\/font>)e lo anterior, la Sala colige que lo pretendido desde un principio por la sociedad demandante es realizar el pago de unas obligaciones pendientes con la demandada, en ning\u00fan momento vender los inmuebles se\u00f1alados. (\u2026) Con este documento se desvela con claridad la voluntad contractual de la parte demandante, en tanto demuestra indubitadamente que los socios de \u2018MUSINGA S.A.\u2019 acordaron de forma un\u00e1nime, la entrega de los inmuebles a favor de la demandada como parte de pago de las obligaciones con ella adquiridas. La Sala destaca adem\u00e1s que ya en dicho documento comienza a notarse la imprecisi\u00f3n de que adolece la parte demandante al no establecer una debida distinci\u00f3n entre los negocios jur\u00eddicos de daci\u00f3n en pago y compraventa, pues a pesar de autorizar con firmeza la entrega a t\u00edtulo de daci\u00f3n en pago, los socios ordenan, en lo que puede interpretarse como una falta de conocimiento, la suscripci\u00f3n de las \u2018correspondientes escrituras de venta\u2019\u00bb<\/i><\/font><\/font>. (Folios 37 y 38, cuaderno del Tribunal).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En segundo lugar, el concierto simulador tambi\u00e9n fue extractado de las manifestaciones de las partes expuestas a lo largo del juicio, al se\u00f1alar el <\/font><\/font>juez ad-quem<\/i><\/font><\/font> que <\/font><\/font>\u00ab\u2026 basta una simple lectura de los escritos de la demanda, contestaci\u00f3n, alegatos y recursos, para concluir que lo realmente pretendido por las partes era llevar a cabo una daci\u00f3n en pago, y no una compraventa tal como qued\u00f3 plasmado en las escrituras p\u00fablicas suscritas por las partes.<\/i><\/font><\/font>\u00bb (Folio 36, cuaderno 8). Y que <\/font><\/font>\u00ab\u2026 todo lo anterior debe entenderse en consonancia por las alegaciones realizadas en el curso de todas las etapas procesales por las partes en litigio, quienes en todo momento y sin que exista espacio para otra interpretaci\u00f3n, sostienen que el negocio jur\u00eddico que en realidad pretend\u00eda celebrarse era una daci\u00f3n en pago, respecto de unas obligaciones a cargo de \u2018MUSINGA S.A.\u2019 y a favor de \u2018CANO OUTSOURCING LTDA.\u201d<\/i><\/font><\/font> (Folio 38).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

As\u00ed las cosas, no ocurri\u00f3 la suposici\u00f3n probatoria expuesta en los cargos, porque el Tribunal extrajo el concierto simulatorio de una prueba documental y de las manifestaciones de los contendores -valoraci\u00f3n \u00e9sta \u00faltima que no fue censurada en este mecanismo extraordinario de defensa-.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

De all\u00ed que esa Corporaci\u00f3n judicial coligiera que era de recibo la simulaci\u00f3n alegada por la convocada, en aras de desestimar las pretensiones de la inicial demandante.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Y si bien esa Colegiatura no declar\u00f3 tal simulaci\u00f3n adoptando las proclamaciones de rigor, este olvido no desvanece sus conclusiones porque esa omisi\u00f3n no fue materia de censura en casaci\u00f3n por <\/font><\/font>Cano Outsourcing Ltda., a quien interesaba alegarla, mas no a la recurrente en casaci\u00f3n<\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3.3. De otro lado, cierto es que en el acta de la junta de socios de Musinga S.A., d<\/font><\/font>e 28 de noviembre de 2005, no qued\u00f3 plasmado el valor de la acreencia a favor de Cano Outsourcing Ltda.; igualmente lo es que en las enajenaciones impugnadas tampoco se anot\u00f3 la cuant\u00eda de las deudas, mientras que s\u00ed est\u00e1n consagrados los elementos esenciales de los contratos de compraventa.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Sin embargo, dichas circunstancias no evidencian un yerro de juzgamiento del funcionario de segunda instancia, porque como de anta\u00f1o lo ha precisado la Corte, <\/font><\/font>toda simulaci\u00f3n envuelve la idea de ocultamiento frente a terceros. Es decir, implica el distanciamiento de lo declarado por los contratantes y de la realidad que envuelve tal manifestaci\u00f3n de voluntad (verdad \u00edntima) y que ella es el resultado del acuerdo de voluntades.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Ciertamente, sobre tal tem\u00e1tica la Sala ha establecido, aludiendo a la prueba de la simulaci\u00f3n, que:<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

El saludable principio de la libertad probatoria en lo tocante con la simulaci\u00f3n tiene su raz\u00f3n de ser y justificaci\u00f3n en que generalmente los simulantes asumen una conducta sigilosa en su celebraci\u00f3n, puesto que toman previsiones para no dejar huella de su fingimiento y, por el contrario, en el recorrido de tal prop\u00f3sito, procuran revestirlo de ciertos hechos que exteriorizan una aparente realidad. Porque como en la concertaci\u00f3n de un acto simulado generalmente las partes persiguen soslayar la ley o los derechos de terceros, los simulantes preparan el terreno y conciben urdirlo dentro del marco de la m\u00e1s severa cautela, sin dejar trazas de su insinceridad. De suerte que ense\u00f1orea, para tal efecto, la astucia, el ardid, la conducta ma\u00f1osa y soterrada. \u00ab4. Es entonces explicable que desde anta\u00f1o, la doctrina haya expresado que \u2018el que celebra un acto simulado rehuye el rastro que lo denuncie; extrema la apariencia enga\u00f1osa, elude la prueba que lo descubra y lo rodea con todas las precauciones que su cautela y c\u00e1lculo le sugieran\u2019. <\/i><\/font><\/font>(CSJ SC de 14 jul. 1975.)<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Por ende, que no se plasmara el valor de la deuda existente entre las partes en la prueba documental referida, mientras que en los contratos de compraventa s\u00ed se dej\u00f3 constancia de los elementos esenciales de \u00e9ste negocio, son aspectos que no evidencian error alguno en la determinaci\u00f3n cuestionada en casaci\u00f3n, menos uno con la entidad de protuberante, porque es natural que las partes oculten el verdadero contrato que los motiva y plasmen, en los documentos p\u00fablicos, las caracter\u00edsticas del que s\u00ed quieren divulgar.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3.4. La Corte colige, como lo argumenta el cargo, que fue tergiversada y cercenada la declaraci\u00f3n que dio el nuevo representante legal de la promotora, al absolver interrogatorio de parte, pues el fallador de \u00faltima instancia asumi\u00f3 que tal extremo procesal acept\u00f3 en tal diligencia que la intenci\u00f3n de Musinga S.A. fue entregar los lotes de terreno como daci\u00f3n en pago a la demandada.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Efectivamente, el fallo cuestionado indica, como conclusi\u00f3n del juzgador corroborante de la simulaci\u00f3n que estableci\u00f3, que \u00ab<\/font><\/font>(l)a voluntad contractual de la parte actora se ve reforzada aun (sic) m\u00e1s con las declaraciones rendidas por su representante legal en el interrogatorio de parte practicado dentro del presente proceso (\u2026), en el cual \u00e9sta persona manifiesta que \u00ab\u2026 es claro que la asamblea aprob\u00f3 que se le pagara a la sociedad CANO OUTSOURCING con los lotes 67 y 69, pero como era apenas natural una vez se procediera a establecer qu\u00e9 tanto de sus obligaciones y qu\u00e9 porcentaje de ellas hab\u00eda cumplido<\/i><\/font><\/font>\u00bb (folio 38, cuaderno del Tribunal).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Sin embargo, tal exposici\u00f3n estuvo acompa\u00f1ada de una previa afirmaci\u00f3n del absolvente, a cuyo tenor no se han pagado los honorarios a la firma Cano Outsourcing, lo que se realizar\u00e1 una vez liquidado el contrato ajustado entre las partes, estableciendo el porcentaje en que cumpli\u00f3 los compromisos adquiridos con aquella.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En tal orden de ideas, se concluye que el <\/font><\/font>juez ad-quem<\/i><\/font><\/font> no tuvo en cuenta la totalidad de lo expresado por la reclamante y, por ende, tergivers\u00f3 y cercen\u00f3 su exposici\u00f3n. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Sin embargo, ese yerro no reviste la trascendencia necesaria para casar la sentencia auscultada, comoquiera que, a lo sumo, evidenciar\u00eda que una de las pruebas en que se apoy\u00f3 el juez <\/font><\/font>ad-quem<\/i><\/font><\/font> realmente no mostraba lo extra\u00eddo por el operador judicial, pero en relaci\u00f3n con los dem\u00e1s medios de convicci\u00f3n la sentencia se mantendr\u00eda inc\u00f3lume.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Efectivamente, esa providencia est\u00e1 soportada en otros elementos persuasivos, como son el acta de la junta de socios de Musinga S.A. d<\/font><\/font>e 28 de noviembre de 2005 y las manifestaciones de las partes contenidas en sus escritos de demanda, contestaciones, \u00ab<\/font><\/font>alegatos y recursos<\/i><\/font><\/font>\u00bb. La <\/font><\/font>valoraci\u00f3n probatoria de la primera probanza no muestra reparo como ya se anot\u00f3 en esta providencia, mientras que la estimaci\u00f3n de las segundas -se itera- no fue censurada en casaci\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3.5. Tampoco ocurri\u00f3 la preterici\u00f3n de un medio de convicci\u00f3n, que es lo alegado por la casacionista al se\u00f1alar que el representante legal de las dos sociedades involucradas en los contratos impugnados fue la misma persona natural y que, por ende, debe tenerse como un indicio grave en contra de la enjuiciada, la manifestaci\u00f3n contenida en las escrituras p\u00fablicas relativa a que la empresa vendedora recibi\u00f3 en dinero en efectivo el valor de los lotes enajenados.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Es que, al margen de lo lac\u00f3nico de ese argumento, el ordenamiento jur\u00eddico no contempla como indicio grave la manifestaci\u00f3n de una de las partes plasmada en un contrato, acerca de que recibi\u00f3 el precio convenido, aun cuando su representante sea el mismo del otro extremo negocial.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Tampoco lo es, en contra de uno de los contratantes, que una persona figure como representante de las dos sociedades que celebraron un acuerdo de voluntades, estando de por medio intereses contrapuestos.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

La sanci\u00f3n prevista para el <\/font><\/font>autocontrato, autoacto o contrato consigo, como ha sido denominado por la doctrina el aludido <\/font><\/font>proceder, siempre y cuando se re\u00fanan otras exigencias de \u00edndole legal, es la nulidad relativa del contrato como en oportunidad reciente lo record\u00f3 la Corte (CSJ SC451 de 26 ene. 2017, rad. n\u00ba 2011-00605).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3.6. As\u00ed mismo, la falta de prueba de pago del precio pactado en las compraventas no es aspecto que denote falencia de la sentencia refutada -menos que configure la violaci\u00f3n de la ley sustancial por v\u00eda indirecta en raz\u00f3n de un error de hecho-, porque si en tal prove\u00eddo se lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n de que los contratos confutados correspond\u00edan a daciones en pago, esa pesquisa resultaba innecesaria, precisamente porque la doctrina de la Sala ha explicado que se trata de un negocio jur\u00eddico unilateral.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Ciertamente, refiri\u00e9ndose a las diferencias entre la daci\u00f3n en pago y la compraventa, la Corte se\u00f1al\u00f3:<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Sea lo primero destacar, que es incontestable que en la datio in solutum el acreedor no tiene la voluntad de comprar, ni el deudor la de vender (animus negocial); aqu\u00e9l, tan s\u00f3lo quiere que le paguen y este, correlativamente, quiere pagar. El \u00fanico tropiezo es que el deudor no puede dar, ni hacer, ni dejar de hacer lo que debe, por lo que espera que su acreedor, soberanamente, asienta en \u201crecibir otra cosa que lo que se le deba\u201d (art. 1627 C.C.). De aceptarlo, habr\u00e1 daci\u00f3n en pago, pero no compraventa, al punto que el acreedor no contrae obligaciones, como si lo hace el deudor.<\/i><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Que la daci\u00f3n en pago es negocio jur\u00eddico unilateral, lo confirma, de cara a la compraventa, que el acreedor que consiente en aquella no contrae la obligaci\u00f3n de pagar precio alguno<\/b><\/i><\/font>: apenas conviene en que se de una cosa diferente por la debida (rem pro re o rem pro pecunia), o que en lugar de ella se haga (factum pro re), o se deje de hacer (non facere pro re); o que a cambio de hacer, se de (rem pro facto o pecunia pro facto), o se ejecute un hecho distinto (factum pro facto), o se deje de hacer (non facere pro facto); o que por no hacer, se de dinero u otra cosa, o se haga o se modifique el deber de abstenci\u00f3n, entre muchas otras opciones. Por el contrario, el deudor s\u00ed se obliga para con su acreedor a dar, hacer o no hacer, seg\u00fan se hubiere acordado, para de esa manera extinguir su primigenio deber de prestaci\u00f3n, todo lo cual corrobora que la daci\u00f3n en pago, en s\u00ed misma, es un protot\u00edpico negocio jur\u00eddico extintivo (art. 878 C. de Co.). Al fin y al cabo, esa es su raz\u00f3n de ser, ese su cometido basilar.<\/i><\/font> <\/i><\/font>(CSJ SC de 6 jul. 2007, rad. n\u00ba 1998-00058, resaltado ajeno al texto).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En otro t\u00e9rminos, auscultar si la demandada pag\u00f3 el precio pactado en las compraventas censuradas era in\u00fatil para el Tribunal, porque hab\u00eda concluido que esos negocios realmente correspond\u00edan a dos acuerdos de daci\u00f3n en pago, en los que no es menester, para el acreedor que recibe la prestaci\u00f3n debida, sufragar prestaci\u00f3n alguna, porque este s\u00f3lo recibe el bien para solventar su acreencia.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3.7. Finalmente, en relaci\u00f3n con la omisi\u00f3n endilgada al Tribunal por preterir la apreciaci\u00f3n del dictamen pericial practicado, que daba cuenta de la lesi\u00f3n enorme deprecada en las pretensiones subsidiarias, la Corte extrae que <\/font><\/font>tal critica debe ser desestimada por desleal con la administraci\u00f3n de justicia y con su contendora, conclusi\u00f3n que, adicionalmente, se hace extensiva a toda la argumentaci\u00f3n plasmada en el segundo cargo.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Ciertamente, recuerda la Sala que el Juzgador de primera instancia acogi\u00f3 las s\u00faplicas subsidiarias del libelo inicial y declar\u00f3 la lesi\u00f3n enorme all\u00ed pedida, ante lo cual la empresa convocante se alz\u00f3, solicitando al fallador de segundo grado desestimara dicha decisi\u00f3n y, en su lugar, accediera a la pretensi\u00f3n principal.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En efecto, en esa impugnaci\u00f3n <\/font><\/font>la convocante solicit\u00f3 \u00ab<\/font><\/font>se decrete la resoluci\u00f3n de los contratos de compraventa\u00bb<\/i><\/font><\/font> (folio 4, cuaderno del Tribunal); expuso las razones de su censura seg\u00fan las cuales el precio plasmado en las compraventas era inexistente; e insisti\u00f3 en <\/font><\/font>\u00abla revocatoria de la sentencia en cuanto hace referencia a la negativa de los pedimentos principales de la sentencia y en consecuencia declarar sin valor ni efecto las escrituras p\u00fablicas que contienen los contratos de compraventa por faltarles uno de los requisitos esenciales<\/i><\/font><\/font>\u00bb, tal cual lo ven\u00eda solicitando -confusamente como ya se anot\u00f3- desde el p\u00f3rtico del pleito. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

As\u00ed las cosas, no es de recibo la postura que ahora adopta la recurrente, toda vez que al observar que fue revocada la lesi\u00f3n enorme declarada por el <\/font><\/font>a-quo<\/i><\/font><\/font>, tal cual lo pidi\u00f3 en segunda instancia, ahora aspira a que en sede extraordinaria vuelva a ser estimada.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

\n

Esa mutaci\u00f3n, en desmedro del principio de lealtad procesal para con el estamento jurisdiccional y con su contendora debe ser repelida en este escenario extraordinario, por tratarse de un alegato sorpresivo que la doctrina denomina \u00ab<\/font><\/font>medio nuevo<\/i><\/font><\/font>\u00bb, esto es, aquel que uno de los litigantes guarda para erigirlo cuando han fenecido las oportunidades de contradicci\u00f3n previstas en el ordenamiento jur\u00eddico o, como sucede en el <\/font><\/font>sub lite<\/i><\/font><\/font>, para revivirlo a pesar de que lo abandon\u00f3 expresamente.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

\n

En otros t\u00e9rminos, <\/font><\/font>el segundo reproche del libelo de casaci\u00f3n que tiende a que se acceda a la lesi\u00f3n enorme con base en la preterici\u00f3n del aval\u00fao evacuado para acreditarla, se formulan con ocasi\u00f3n del recurso extraordinario no obstante que ante el juzgador <\/font><\/font>ad-quem<\/i><\/font><\/font> se pidi\u00f3 su desestimaci\u00f3n, de donde se colige que se trata de alegato novedoso, inadmisible a trav\u00e9s del presente mecanismo de defensa por vulnerar el debido proceso, como quiera que sorprende a los dem\u00e1s intervinientes al tratarse de un planteamiento expresamente desechado por su promotor, <\/font><\/font>circunstancia que desemboca en la imposibilidad de analizarlo.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

\n

Esto porque, como lo ha puntualizado la Corporaci\u00f3n, avalar en el curso del juicio un alegato o una prueba, expresa o t\u00e1citamente, y criticarla sorpresivamente en este escenario extraordinario, denota incoherencia en quien as\u00ed procede, actuar que por desleal no es admisible comoquiera que habilitar\u00eda la conculcaci\u00f3n del derecho al debido proceso de su contendor, habida cuenta que ver\u00eda cercenadas las oportunidades de defensa reguladas en las instancias del proceso, caracter\u00edstica que no tiene el recurso de casaci\u00f3n.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

\n

Esa falencia basta para la desestimaci\u00f3n del reclamo, pues la Corte tiene adoctrinado, de anta\u00f1o, que:<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Ahora, por cuanto el censor, adelant\u00e1ndose a que la Corporaci\u00f3n diera por estructurado tal fen\u00f3meno, adujo no estar incurriendo en el antitecnicismo de plantear medios nuevos tanto por los motivos discernidos en la acusaci\u00f3n como porque las normas procesales son de orden p\u00fablico y de obligatorio cumplimiento, ha de se\u00f1alar la Corte que si bien es cierto, en relaci\u00f3n con el sistema ecl\u00e9ctico que en este punto impera en el ordenamiento positivo, los fundamentos puramente jur\u00eddicos y los medios de orden p\u00fablico en puridad de verdad no constituyen hechos nuevos en el recurso extraordinario, no lo es menos que las razones en que se afincan los yerros achacados al sentenciador no ata\u00f1en, con estrictez, a esos conceptos, pues en este sentido la jurisprudencia ha sostenido que el cargo planteado con base en defectos rituales que se le imputan a la prueba, que antes no fueron discutidos, \u2018implica un medio nuevo, que no puede ser atendido por la Corte, cuya doctrina rechaza, como medio de esta especie, el hecho de que una sentencia haya tomado en consideraci\u00f3n elementos probatorios que como tales no tuvieron tacha alguna en tr\u00e1mites anteriores, acusaci\u00f3n que al ser admitida resultar\u00eda violatoria del derecho de defensa de los litigantes y re\u00f1ida con la \u00edndole y esencia del recurso extraordinario\u2019 (G.J. t. XCV, pag.497), posici\u00f3n que ha sido reiterada, entre otras, en sentencias de 16 de agosto de 1973(G.J. t. CXLVII, pag.26), 23 de enero de 1981 y n\u00famero 082 de 21 de septiembre de 1998 atr\u00e1s citadas. (<\/i><\/font>CSJ SC de 27 sep. 2004 rad. n.\u00ba 7479, reiterada en SC de 23 jun. 2011, r<\/font><\/font>ad. n.\u00ba 2003-00388-01 y SC7978 de 23 jun. 2015, rad. n.\u00ba 2008-00156-01).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/font>3.8. Total, los errores de hecho endilgados al juzgador de \u00faltima instancia no ocurrieron -salvo el de tergiversar la declaraci\u00f3n de la demandante plasmada en el interrogatorio de parte que rindi\u00f3 pero que tampoco fue trascendente-, lo cual desemboca en la desestimaci\u00f3n de los cargos de la demanda de casaci\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

4. De lo analizado emerge la frustraci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n extraordinaria, la imposici\u00f3n de costas a su proponente, seg\u00fan lo previsto en el inciso final, art\u00edculo 375 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y al se\u00f1alamiento de agencias en derecho como lo dispone el precepto 392 <\/font><\/font>ib\u00eddem<\/i><\/font><\/font>, modificado por el 19 de la Ley 1395 de 2010, para lo cual se tendr\u00e1 en cuenta que la convocada replic\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/font><\/font>NO CASA<\/b><\/font><\/font> la sentencia proferida el <\/font><\/font>14 de octubre de 2011, por la Sala Civil de Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso ordinario que Musinga S.A. promovi\u00f3 frente a Cano Outsourcing Ltda.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Se condena<\/font><\/font> <\/b><\/font><\/font>en costas a la recurrente en casaci\u00f3n. Por secretar\u00eda incl\u00fayase en la liquidaci\u00f3n la suma de <\/font><\/font>$6.000.000<\/font><\/font>, por concepto de agencias en derecho.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Cumplido lo anterior devu\u00e9lvase la actuaci\u00f3n surtida al Tribunal de origen.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Notif\u00edquese,<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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LUIS ALONSO RICO PUERTA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Presidente de la Sala<\/font><\/font><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente SC131-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-042-2007-00160-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de nueve de noviembre de dos mil diecisiete). Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Musinga S.A. contra la sentencia de 14 de octubre de 2011, proferida por la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-95400","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/95400","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=95400"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/95400\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=95400"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=95400"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=95400"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}