{"id":95404,"date":"2025-03-26T19:23:09","date_gmt":"2025-03-26T19:23:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/sc-t-no-2\/"},"modified":"2025-03-26T19:23:09","modified_gmt":"2025-03-26T19:23:09","slug":"sc-t-no-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/sc-t-no-2\/","title":{"rendered":"SC -T- No"},"content":{"rendered":"\n
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Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-02005-00<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrado Ponente<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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SC1851-2018<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-02005-00<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

(Aprobada en sesi\u00f3n de catorce de marzo de dos mil dieciocho)<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil dieciocho (2018).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Dec\u00eddese, a trav\u00e9s de sentencia anticipada, la solicitud de exequ\u00e1tur de la sentencia n.\u00b0 251 de 15 de abril de 2008, proferida por el Juzgado de 1\u00aa Instancia n.\u00b0 4 de Vitoria-Gasteiz, Espa\u00f1a, en el proceso de divorcio de mutuo acuerdo n.\u00b0 220\/2008.<\/font><\/font><\/p>\n

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ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1. Clara Isabel N\u00fa\u00f1ez Buitrago, el 27 de julio de 2017, solicit\u00f3 la homologaci\u00f3n de la sentencia por la que se disolvi\u00f3 su lazo conyugal con Justo V\u00e1zquez Hern\u00e1ndez (folios 25 a 33).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2. Los hechos relevantes del caso se compendian de la siguiente manera: <\/font><\/font> <\/p>\n

2.1. Los esposos contrajeron matrimonio el 8 de agosto de 2003, seg\u00fan consta en el registro civil de matrimonio de Vitoria-Gasteiz (folio 3 y 4), el cual fue protocolizado mediante escritura p\u00fablica n.\u00b0 5421 de 29 de mayo de 2015 de la Notar\u00eda 38 de Bogot\u00e1 (folios 5 a 8) e inscrito en Colombia el 9 de junio de la misma anualidad, con indicativo serial n.\u00b0 4417231 (folio 9).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.2. La s\u00faplica de divorcio se fall\u00f3 favorablemente el 15 de abril de 2008, en Espa\u00f1a, por existir acuerdo entre los contrayentes y haber transcurrido m\u00e1s de tres (3) meses desde la celebraci\u00f3n del acto (folios 12 a 14).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

TR\u00c1MITE DEL EXEQU\u00c1TUR<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1. En aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso, una vez admitida la demanda (folio 37), se corri\u00f3 traslado de la misma al Ministerio P\u00fablico, a trav\u00e9s de la Procuradora Delegada para los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, quien manifest\u00f3 que \u00ab<\/font>todas las exigencias formales previstas en la normativa colombiana se satisfacen para la procedencia de la homologaci\u00f3n de la sentencia de 15 de abril de 2008\u2026 Sin embargo, previamente se requiere demostrar la reciprocidad diplom\u00e1tica o legislativa<\/i><\/font><\/font>\u00bb (folio 39 y 40).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2. Se prescindi\u00f3 de la citaci\u00f3n del se\u00f1or Justo V\u00e1zquez Hern\u00e1ndez, porque el proceso en que se profiri\u00f3 la sentencia for\u00e1nea se adelant\u00f3 por petici\u00f3n conjunta y previa ratificaci\u00f3n del consentimiento de los consortes. <\/font><\/font> <\/p>\n

3. Se recabaron las siguientes pruebas en la actuaci\u00f3n: <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

3.1. Documentos aportados con la demanda, que incluyen copia aut\u00e9ntica y apostilla del registro civil de matrimonio de Vitoria-Gasteiz y la sentencia n.\u00b0 251\/08, reproducciones aut\u00e9nticas de la escritura p\u00fablica n.\u00b0 5421 de 29 de mayo de 2015, registro civil de matrimonio y de nacimiento de la demandante, constancia de ejecutoria proferida por el Ministerio de Justicia de Espa\u00f1a con su apostilla, copia de la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda y del documento de identidad extranjero, y derecho de petici\u00f3n remitido al Consulado de Espa\u00f1a en Colombia (folios 3 a 24); y<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3.2. Oficio S-GTAJI-17-081955 de 12 de octubre de 2017, proferido por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, por el que remiti\u00f3 el <\/font>Convenio sobre ejecuci\u00f3n de sentencias civiles de 30 de mayo de 1908<\/i><\/font> (folios 46-47).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

4. A trav\u00e9s de auto de 7 de febrero de los corrientes se manifest\u00f3 que no exist\u00edan medios suasorios adicionales que debieran despacharse (folio 49). <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1. La presente decisi\u00f3n se sujetar\u00e1 al C\u00f3digo General del Proceso por ser la norma vigente al momento de la solicitud de reconocimiento, esto es, el 27 de julio de 2017, seg\u00fan lo prescrito en los art\u00edculos 624 y 625 (numerales 5 y 6) del mencionado estatuto. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

2. Tal codificaci\u00f3n, en su art\u00edculo 278, prescribi\u00f3 que \u00ab<\/font>[<\/i><\/font>e]n cualquier estado del proceso, el juez deber\u00e1 dictar sentencia anticipada, total o parcial\u2026 [c]uando no hubiere pruebas por practicar<\/i><\/font><\/font>\u00bb. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Significa que los juzgadores, en el momento en que adviertan que no habr\u00e1 debate probatorio o que el mismo es inocuo, han de proferir sentencia definitiva sin otros tr\u00e1mites, los cuales, por cierto, se tornan innecesarios, al existir claridad f\u00e1ctica sobre los supuestos aplicables al caso.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Esta es la filosof\u00eda que inspir\u00f3 las recientes transformaciones de las codificaciones procesales, en las que se prev\u00e9 que los procesos pueden fallarse a trav\u00e9s de resoluciones anticipadas, cuando se haga innecesario avanzar hacia etapas posteriores<\/font>1<\/a>. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Por consiguiente, el respeto a las <\/font>formas propias de cada juicio<\/i><\/font> debe ponderarse con los principios de celeridad y econom\u00eda procesal, los cuales reclaman decisiones prontas, adelantadas con el menor n\u00famero de actuaciones posibles y sin dilaciones injustificadas. Total que las formalidades est\u00e1n al servicio del derecho sustancial, por lo que cuando se advierta su futilidad deber\u00e1n soslayarse, como cuando en la foliatura se tiene todo el material suasorio requerido para tomar una decisi\u00f3n inmediata. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Lo contrario equivaldr\u00eda a una \u00ab<\/font>irrazonable prolongaci\u00f3n <\/i><\/font><\/font>[del proceso, que hace]<\/font><\/font> inoperante la tutela de los derechos e intereses comprometidos en \u00e9l<\/i><\/font><\/font>\u00bb<\/font>2<\/a>. Ins\u00edstase, l<\/font>a administraci\u00f3n de justicia \u00ab<\/font>debe ser pronta, cumplida y eficaz en la soluci\u00f3n de fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento<\/i><\/font><\/font>\u00bb (art\u00edculo 4 de la ley 270 de 1996), para lo cual se exige que sea \u00ab<\/font>eficiente<\/i><\/font><\/font>\u00bb y que <\/font>\u00ab<\/font><\/font>[l]os funcionarios y empleados judiciales [sean] diligentes en la sustanciaci\u00f3n de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban proferir conforme a la competencia que les fije la ley<\/i><\/font><\/font>\u00bb (art\u00edculo 7 ibidem). <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

En consecuencia, el proferimiento de una sentencia anticipada, que se hace por escrito, supone que algunas etapas del proceso no se agoten, como una forma de dar prevalencia a la celeridad y econom\u00eda procesal, lo que es arm\u00f3nico con una justicia eficiente, diligente y comprometida con el derecho sustancial. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Sobre la materia, tiene dicho esta Sala: <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Por supuesto que la esencia del car\u00e1cter anticipado de una resoluci\u00f3n definitiva supone la pretermisi\u00f3n de fases procesales previas que de ordinario deber\u00edan cumplirse; no obstante, dicha situaci\u00f3n est\u00e1 justificada en la realizaci\u00f3n de los principios de celeridad y econom\u00eda que informan el fallo por adelantado en las excepcionales hip\u00f3tesis que el legislador habilita dicha forma de definici\u00f3n de la litis.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

De igual manera, cabe destacar que aunque la esquem\u00e1tica preponderantemente oral del nuevo ordenamiento procesal civil, supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que es buen ejemplo la presente, donde la causal para proveer de fondo por anticipado se configur\u00f3 cuando la serie no ha superado su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane <\/i><\/font><\/font>(SC12137, 15 ag. 2017, rad. n\u00b0 2016-03591-00)<\/font><\/font>.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

3. En el <\/font>sub lite <\/i><\/font>resulta procedente proferir un fallo anticipado pues, como se advirti\u00f3 en el auto de 7 de febrero pasado, \u00ab<\/font>no [existen] pruebas adicionales que deban practicarse<\/i><\/font><\/font>\u00bb (folio 49), siendo anodino agotar las etapas de alegaciones y sentencia oral a que se refiere el numeral 4 del art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

En efecto, se negaron las solicitudes suasorias realizadas por la parte demandante (folios 42-43); la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia no realiz\u00f3 peticiones demostrativas; y las pruebas decretadas de oficio se atendieron por los organismos diplom\u00e1ticos competentes. De all\u00ed que, adelantar una audiencia en este asunto se torna innecesario, m\u00e1xime ante la ausencia de oposici\u00f3n, por lo que deber\u00e1 proferirse decisi\u00f3n definitiva de forma inmediata. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

4. Adentr\u00e1ndose en el caso, debe precisarse que la homologaci\u00f3n es un tr\u00e1mite jurisdiccional que busca otorgar, a una sentencia proveniente del exterior, efectos equivalentes a los de una local, en desarrollo del principio de colaboraci\u00f3n arm\u00f3nica entre los estados y de las necesidades connaturales de una sociedad globalizada, con un alto tr\u00e1nsito de personas y de capitales entre los pa\u00edses. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

En este caso, la administraci\u00f3n de justicia deja de estar en manos de los jueces locales, para otorgar vigor a lo resuelto por falladores for\u00e1neos, a condici\u00f3n que se cumplan las formalidades fijadas en la regulaci\u00f3n, las cuales no pretenden un reexamen de la relaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial, sino la verificaci\u00f3n de ciertos aspectos extr\u00ednsecos al prove\u00eddo<\/font>3<\/a>, tales como la reciprocidad diplom\u00e1tica o legislativa, la competencia del juzgador, la salvaguardia del orden p\u00fablico interno, la tutela de los derechos de defensa y contradicci\u00f3n, y el cumplimiento de la legalizaci\u00f3n y autenticaci\u00f3n que es exigible a todos los documentos dictados en el exterior.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En Colombia, los art\u00edculos 606 y 607 de la citada codificaci\u00f3n consagran estos requerimientos en los siguientes t\u00e9rminos: <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

(i) Entre nuestro pa\u00eds y el de procedencia debe existir reciprocidad diplom\u00e1tica o legislativa, de suerte que haya un compromiso correlativo de reconocer las providencias emitidas en el otro, en virtud de tratados internacionales o de sus ordenamientos jur\u00eddicos nacionales<\/font>4<\/a>;<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

(ii) La decisi\u00f3n debe tener el car\u00e1cter de sentencia judicial y ser emitida en un proceso contencioso o de jurisdicci\u00f3n voluntaria<\/font>5<\/a>; <\/font><\/font> <\/p>\n

\n

(iii) El asunto del cual se ocupa el fallo no puede referirse a derechos reales sobre bienes ubicados en territorio colombiano, pues en este caso se aplica el principio de territorialidad<\/font>6<\/a>; <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

(iv) La resoluci\u00f3n debe estar en armon\u00eda con las normas de orden p\u00fablico sustancial patrias, valga decirlo, los principios que disciplinan las diferentes instituciones jur\u00eddicas y en cuyo respeto est\u00e1 interesado el pa\u00eds. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

La jurisprudencia ha definido el orden p\u00fablico como \u00ab<\/font>los principios esenciales del Estado<\/i><\/font><\/font>\u00bb<\/font>7<\/a> o \u00ab<\/font>los principios fundamentales en que se inspira el ordenamiento jur\u00eddico nacional<\/i><\/font><\/font>\u00bb<\/font><\/font>8<\/a>, esto es, \u00ab<\/font><\/font>los principios y valores fundamentales del sistema u ordenamiento jur\u00eddico, su noci\u00f3n ata\u00f1e al n\u00facleo central, medular, b\u00e1sico, cardinal, primario e inmanente de intereses vitales para la persona, la existencia, preservaci\u00f3n, armon\u00eda y progreso de la sociedad<\/i><\/font><\/font>\u00bb<\/font>9<\/a>.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

(v) El prove\u00eddo a reconocer debe estar ejecutoriado, seg\u00fan la ley del pa\u00eds de origen, en orden a garantizar que sea inmodificable e intangible, para lo cual deber\u00e1 acreditarse que frente a lo decidido no proceden recursos, que los mismos ya se agotaron, que precluy\u00f3 la oportunidad para interponerlos, o que no existen instrumentos judiciales para controvertir lo resuelto<\/font>10<\/a>;<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

(vi) Copias de la sentencia y de la constancia de ejecutoria deben estar debidamente autenticadas y legalizadas, con el objeto que pueda certificarse la calidad del funcionario que suscribe el documento p\u00fablico, para lo cual deber\u00e1 acudirse a la legalizaci\u00f3n ante consulado o a la apostilla, seg\u00fan el caso<\/font>11<\/a>;<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

(vii) La competencia para conocer de la materia no debe ser privativa de los jueces colombianos, como sucede en los casos de inmunidades o por la aplicaci\u00f3n de los estatutos personal o real reconocidos en el Derecho Internacional Privado; <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

(viii) Es imperativo observar las reglas de la cosa juzgada y el <\/font>non bis in idem<\/i><\/font>, por lo que se excluye la homologaci\u00f3n de decisiones que se refieran a asuntos sobre los cuales haya un pronunciamiento local o un proceso en curso; y<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

(ix) Deber\u00e1 acreditarse que en el tr\u00e1mite adelantado en el otro pa\u00eds se respet\u00f3 el debido proceso, en particular, las garant\u00edas de debida noticia y contradicci\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Lo expuesto, claro est\u00e1, sin perjuicio de los tratados internacionales suscritos por Colombia y que sean aplicables al caso, los cuales pueden consagrar requisitos adicionales o diferentes. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

5. En el <\/font>sub examine <\/i><\/font>encuentra la Corte que deber\u00e1 accederse el reconocimiento solicitado, en tanto se satisfacen los requerimientos antes enunciados, como se explicar\u00e1 a continuaci\u00f3n. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

5.1. Reciprocidad<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Seg\u00fan el oficio S-GTAJI-17-081955, proferido por la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, \u00ab<\/font>se pudo constatar que el Convenio Sobre Ejecuci\u00f3n de Sentencias Civiles entre la Rep\u00fablica de Colombia y el Reino de Espa\u00f1a, suscrito en Madrid el 30 de mayo de 1908 y aprobado por el Congreso de la Rep\u00fablica mediante la Ley 7 de 1908, se encuentra vigente entre ambos Estados, desde el 16 de abril de 1909<\/i><\/font><\/font>\u00bb (folio 47 y reverso). <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Este instrumento dispone, en su art\u00edculo 1, que <\/font>\u00ab<\/font><\/font>[l]as sentencias civiles pronunciadas por los Tribunales comunes de una de las Altas Partes contratantes, ser\u00e1n ejecutadas en la otra siempre que re\u00fanan los requisitos siguientes: Primero. Que sean definitivas y que est\u00e9n ejecutoriadas como en derecho se necesitar\u00eda para ejecutarlas en el pa\u00eds en que se hayan dictado. Segundo. Que no se opongan a las leyes vigentes en el Estado en que se solicite su ejecuci\u00f3n<\/i><\/font><\/font>\u00bb<\/font> <\/i><\/font>(folio 46).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

As\u00ed las cosas, entre estos pa\u00edses existe un sistema de cooperaci\u00f3n diplom\u00e1tica que permite que las sentencias proferidas en cualquiera de ellos puedan ser reconocidas en su hom\u00f3logo, por lo que se acredita la primera de las condiciones para el exequatur.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

5.2. Decisi\u00f3n a homologar: <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

El prove\u00eddo cuyo reconocimiento se deprec\u00f3 tiene el alcance de sentencia judicial, pues as\u00ed se se\u00f1al\u00f3 en su t\u00edtulo –<\/font>Sentencia n.\u00b0 251\/08<\/i><\/font>-, y fue emitido por un \u00f3rgano jurisdiccional -Juzgado de 1\u00aa Instancia n.\u00b0 4 de Vitoria-Gasteiz-. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Adem\u00e1s, la autoridad actu\u00f3 con base en la solicitud presentada de consuno por Clara Isabel N\u00fa\u00f1ez Buitrago y Justo V\u00e1zquez Hern\u00e1ndez, verific\u00f3 los antecedentes que le sirvieron de soporte, garantiz\u00f3 la participaci\u00f3n de los interesados, y profiri\u00f3 un fallo definitivo para las partes, lo que corrobora su linaje.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

5.3. Materia de la decisi\u00f3n:<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

La resoluci\u00f3n de divorcio se circunscribi\u00f3 al estado civil de los contrayentes y sus consecuencias patrimoniales en el exterior, sin comprometer aspectos relativos a hijos menores por no haber sido concebidos (folio 12 reverso), ni afectar derechos reales sobre bienes ubicados en Colombia. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

5.4. Ausencia de afectaci\u00f3n al orden p\u00fablico:<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

El fallo a homologar es arm\u00f3nico con las normas de orden p\u00fablico internacional patrias, pues el motivo que sirvi\u00f3 de base para el divorcio est\u00e1 reconocido en el C\u00f3digo Civil.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En efecto, el prove\u00eddo del juzgado de Vitoria-Gasteiz se\u00f1al\u00f3 que el objeto de litigio era la declaraci\u00f3n de divorcio \u00ab<\/font>por el procedimiento de mutuo acuerdo<\/i><\/font><\/font>\u00bb (folio 12), regulado en el \u00ab<\/font>art\u00edculo 777 de la Ley 1\/2000, de Enjuiciamiento Civil, [el cual] dispone que las peticiones de separaci\u00f3n o divorcio presentadas de com\u00fan acuerdo por ambos c\u00f3nyuges o por uno con el consentimiento del otro, como sucede en el presente caso, se tramitar\u00e1n por el procedimiento establecido en el propio art\u00edculo<\/i><\/font><\/font>\u00bb (folio 12 reverso). <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Tal m\u00f3vil est\u00e1 expresamente previsto en el numeral 9 del art\u00edculo 154 del estatuto privado, como causal de divorcio, a saber: \u00ab<\/font>El consentimiento de ambos c\u00f3nyuges manifestado ante juez competente y reconocido por \u00e9ste mediante sentencia<\/i><\/font><\/font>\u00bb. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

En consecuencia, existe plena armon\u00eda entre las razones que sirvieron en el extranjero para extinguir el estado civil, y las patrias, lo que excluye una afectaci\u00f3n al orden p\u00fablico local.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

5.5. Ejecutoria de la sentencia: <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

El Convenio 134 de 30 de mayo de 1908, suscrito por Colombia y Espa\u00f1a, dispuso que la ejecutoria \u00ab<\/font>se comprobar\u00e1 por un certificado expedido por el Ministro de Gobierno o de Gracia y Justicia<\/i><\/font><\/font>\u00bb, hoy Subdirecci\u00f3n General Adjunta de Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica Internacional y Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En la presente causa se tiene que, junto con la solicitud, se arrim\u00f3 la constancia de la autoridad antes enunciada, en la cual se afirm\u00f3 que \u00ab<\/font>la Letrada<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>de la Administraci\u00f3n de Justicia del Juzgado de 1\u00aa Instancia n\u00b04 de Vitoria-Gasteiz, hace constar que, la Sentencia dictada en el procedimiento de Divorcio de mutuo acuerdo 251\/08 tramitado por ese Juzgado a instancia de D<\/i><\/font><\/font>a<\/i><\/font><\/font> Clara Isabel N\u00fa\u00f1ez Buitrago y Justo V\u00e1squez Hern\u00e1ndez, <\/i><\/font><\/font>es firme<\/b><\/i><\/font><\/font>\u00bb (negrilla fuera de texto, folio 16), cumpliendo a cabalidad con la condici\u00f3n previamente referida.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

5.6. Copias aut\u00e9nticas y legalizadas:<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Se anex\u00f3 una d\u00faplica de la decisi\u00f3n judicial suscrita por la Letrada de la Administraci\u00f3n de Justicia, Alicia Mar\u00eda de la Vuida Alonso (folio 14 reverso), cuya r\u00fabrica fue apostillada el 11 de junio de 2017 (folio 15) seg\u00fan los par\u00e1metros de la convenci\u00f3n de la Haya de 1961, relativa a la abolici\u00f3n del requisito de legalizaci\u00f3n para documentos p\u00fablicos extranjeros, aplicable al <\/font>sub examine <\/i><\/font>por cuanto Colombia y Espa\u00f1a hacen parte de este instrumento multilateral<\/font>12<\/a>.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

5.7. Competencia de jueces nacionales: <\/font><\/font> <\/p>\n

En atenci\u00f3n a que Clara Isabel N\u00fa\u00f1ez Buitrago resid\u00eda en Vitoria-Gasteiz y Justo V\u00e1squez Hern\u00e1ndez en Bilbao (folio 13), y que el matrimonio fue celebrado en la primera de las localidades, los juzgadores espa\u00f1oles eran competentes para conocer del asunto, sin que se advierta una competencia exclusiva de los jueces patrios. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

5.8. No afectaci\u00f3n de la cosa juzgada ni del <\/font>non bis in idem<\/i><\/font>:<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

No existe evidencia de que en nuestro pa\u00eds se haya adelantado, o se encuentre en curso, proceso judicial entre las mismas partes por hechos similares a los que motivaron la decisi\u00f3n objeto de reconocimiento. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Por el contrario, en las copias de los registros civiles de matrimonio (folio 9) y de nacimiento de Clara Isabel N\u00fa\u00f1ez Buitrago (folio 10), se echan de menos anotaciones sobre la extinci\u00f3n de la relaci\u00f3n marital con Justo V\u00e1squez Hern\u00e1ndez, lo que permite inferir la ausencia de pronunciamientos sobre la materia. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

5.9. Observancia de las garant\u00edas del debido proceso:<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Por \u00faltimo, en la actuaci\u00f3n adelantada ante los jueces de la Comunidad Aut\u00f3noma del Pa\u00eds Vasco se garantiz\u00f3 el debido proceso de los c\u00f3nyuges, como se presume de la ejecutoria de la decisi\u00f3n, seg\u00fan lo establece el numeral 6 del art\u00edculo 606 del C\u00f3digo General del Proceso.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Adem\u00e1s, el tr\u00e1mite se adelant\u00f3 previa solicitud y ratificaci\u00f3n expresa de los consortes ante la autoridad judicial (folio 12 reverso), lo que descarta la vulneraci\u00f3n de sus derechos de defensa o contradicci\u00f3n. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

6. Con apoyo en lo discurrido, se tienen por acreditados los requisitos sustanciales y formales para acceder al exequ\u00e1tur suplicado, por lo que se proceder\u00e1 de conformidad, con la consecuente orden de inscripci\u00f3n en el registro civil de la nacional colombiana.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

7. No habr\u00e1 lugar a la condena en costas por la naturaleza del tr\u00e1mite. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrado justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/font>resuelve: <\/b><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Primero. <\/b><\/font>Conceder el exequ\u00e1tur de la sentencia n.\u00b0 251 de 15 de abril de 2008, proferida por el Juzgado de 1\u00aa Instancia n.\u00b0 4 de Vitoria-Gasteiz, Espa\u00f1a, en el divorcio de mutuo acuerdo n.\u00b0 220\/2008 adelantado por Clara Isabel N\u00fa\u00f1ez Buitrago y Justo V\u00e1zquez Hern\u00e1ndez.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Segundo<\/b><\/font>. Ordenar la inscripci\u00f3n de esta providencia, junto con la sentencia reconocida, en el folio de registro civil de matrimonio serial n.\u00b0 4417231, y en el de nacimiento de Clara Isabel N\u00fa\u00f1ez Buitrago. Por Secretar\u00eda l\u00edbrense las comunicaciones pertinentes.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Tercero.<\/b><\/font> Sin costas en la actuaci\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/b><\/font><\/font> <\/p>\n

Presidente de la Sala<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n<\/p><\/div>\n

<\/p>\n

\n

1<\/a> Cfr. Michelle Taruffo, <\/font>El proceso civil de \u00abcivil law\u00bb: Aspectos fundamentales<\/i><\/font>. En Revista <\/font>Ius et Praxis<\/i><\/font>, 12 (1): 69 – 94, 2006.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

2<\/a> Lino Enrique Palacio, <\/font>Manual de Derecho Procesal Civil, <\/i><\/font>LexisNexis, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2003, p. 72.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

3<\/a> CSJ, SC10089, 25 jul. 2016, rad. n.\u00b0 2013-02702-00.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

4<\/a> CSJ sentencia 18 dic. 2009, rad. n.\u00b0 2008-00315-00; 11 ene. 2011, rad. n.\u00b0 2007-00499-00; 8 nov. 2011, rad. n.\u00b0 2009-00219-00; 19 dic. 2012, rad. n.\u00b0 2011-00579-00 y 21 feb. 2014, rad. n.\u00b0 2008-01175-00.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

5<\/a> Cfr. CSJ, AC5678, 31 ag. 2016, rad. n.\u00b0 2016-00540-00.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

6<\/a> CSJ, AC4909, 2 ag. 2016, rad. n.\u00b0 2016-01537-00.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

7<\/a> CSJ, SC10089, 25 jul. 2016, rad. n.\u00b0 2013-02702-00.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

8<\/a> CSJ, 27 jul. 2011, rad. n.\u00b0 2007-01956-00.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

9<\/a> CSJ, 8 nov. 2011, rad. n.\u00b0 2009-00219-00.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

10<\/a> CSJ, AC7288, 27 oct. 2016, rad. n.\u00b0 2016-03016-00.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

11<\/a> CSJ, AC7244, 25 oct. 2016, rad. n.\u00b0 2016-02791-00.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

12<\/a> Cfr. https:\/\/www.hcch.net\/es\/instruments\/conventions\/status-table\/?cid=41<\/a>, consultado el 1 de marzo de 2018.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

\n

9<\/p>\n

<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-02005-00 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado Ponente SC1851-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-02005-00 (Aprobada en sesi\u00f3n de catorce de marzo de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil dieciocho (2018). Dec\u00eddese, a trav\u00e9s de sentencia anticipada, la solicitud de exequ\u00e1tur de la sentencia n.\u00b0 251 de 15 de abril de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-95404","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/95404","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=95404"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/95404\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=95404"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=95404"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=95404"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}