\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ARMANDO TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Magistrado ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
STC309-2018 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 41001-22-14-000-2017-00351-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de diecisiete de enero de dos mil dieciocho) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., veintid\u00f3s (22) de enero de dos mil dieciocho (2018) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Dec\u00eddese \u00a0la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 9 de \u00a0noviembre de 2017, dictada por la Sala Civil Familia Laboral del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, \u00a0dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Luz Adriana Gil \u00a0Ibarra contra el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Garz\u00f3n, \u00a0con \u00a0ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo por alimentos instaurado por la \u00a0aqu\u00ed actora en representaci\u00f3n de sus hijos Laura \u00a0Valentina, \u00c9dgar Andr\u00e9s, Samuel David y Lucyana Velasco \u00a0Gil, a \u00c9dgar Velasco S\u00e1nchez. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0La petente exige la protecci\u00f3n de la prerrogativa al debido \u00a0proceso, presuntamente vulnerada por la accionada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Del ruego tuitivo se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Garz\u00f3n la aqu\u00ed \u00a0actora impetr\u00f3 el juicio objeto de esta salvaguarda, donde \u00a0reclamaba el valor de $52.000.000, por concepto de unos alimentos a \u00a0favor de sus descendientes. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese litigio se profiri\u00f3 fallo el 10 de octubre de 2017, en el \u00a0cual se declar\u00f3 el \u201c(\u2026) pago \u00a0parcial de las obligaciones objeto de ejecuci\u00f3n en la suma de \u00a0$14.499.000 (\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Se \u00a0duele la quejosa por en el comentado subex\u00e1mine, \u00a0el estrado querellado profiri\u00f3 una decisi\u00f3n que \u201c(\u2026) \u00a0no \u00a0[concuerda \u00a0con] las \u00a0pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso, las cuales \u00a0[debieron] \u00a0ser \u00a0analizadas de manera integral bajo el principio de la sana cr\u00edtica \u00a0(\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
Se\u00f1ala \u00a0que el aludido pleito se adelant\u00f3 \u201c(\u2026) aplicando \u00a0el C\u00f3digo General del Proceso, desconoci\u00e9ndose la norma \u00a0especial que rige la materia (\u2026)\u201d, \u00a0esto es, el C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Requiere, en concreto \u201c(\u2026) declarar \u00a0la nulidad de todo lo actuado a partir de la audiencia de \u00a0conciliaci\u00f3n llevada a cabo el 27 de septiembre de 2017 (\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1.1. Respuesta \u00a0del accionado \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0juzgado alleg\u00f3 el expediente contentivo del proceso ejecutivo \u00a0por alimentos censurado, y adujo que el pago parcial decretado en ese \u00a0decurso tuvo soporte en la \u201c(\u2026) declaraci\u00f3n \u00a0de parte [efectuada \u00a0por] la \u00a0se\u00f1ora Luz Adriana Gil Ibarra (\u2026) \u00a0sobre \u00a0las consignaciones efectuadas en [su] \u00a0cuenta \u00a0bancaria \u00a0(\u2026)\u201d (fl. 27). \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. La \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sentencia impugnada \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Desestim\u00f3 \u00a0la salvaguarda, al considerar, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0respecto \u00a0a la arbitrariedad y parcialidad que alega la parte actora, no es de \u00a0recibo, pues los argumentos bajo los cuales fund\u00f3 la decisi\u00f3n \u00a0la accionada, fueron soportados principalmente en los anexos \u00a0brindados como pruebas documentales, aunado a que las consideraciones \u00a0que lleg\u00f3 a esgrimir con respecto a los testimonios brindados \u00a0fueron observadas y analizadas bajo los criterios de la sana critica, \u00a0por lo tanto, no es posible considerar que el juzgador no valor\u00f3 \u00a0de manera correcta las pruebas obrantes en el expediente (\u2026)\u201d \u00a0(fls. \u00a072 a 77). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1.3. \u00a0La impugnaci\u00f3n \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0formul\u00f3 la censora se\u00f1alando que la sentencia del \u00a0tribunal no hizo referencia a la \u201cnulidad\u201d \u00a0acaecida en el litigio subex\u00e1mine, \u00a0por no aplicarse las normas jur\u00eddicas regulatorias de la \u00a0materia en debate (fls. 62 a 64). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0La gestora critica al Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Garz\u00f3n, \u00a0por las siguientes cuestiones a discurrir: i) la sentencia de 10 de \u00a0octubre de 2017, mediante la cual se declar\u00f3 el \u201cpago \u00a0parcial\u201d \u00a0de la obligaci\u00f3n perseguida en el litigio subex\u00e1mine, \u00a0y ii) haber tramitado el pleito con normas del C\u00f3digo General \u00a0del Proceso, cuando lo pertinente era la aplicaci\u00f3n de las \u00a0disposiciones de la Ley 1098 de 20061. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Auscultado \u00a0el prove\u00eddo atacado no se advierte irregularidad en el \u00a0argumento invocado por la autoridad fustigada para proferir la \u00a0decisi\u00f3n cuestionada. En efecto, fundadamente ese estrado \u00a0sostuvo: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0En \u00a0el interrogatorio de parte rendido por la se\u00f1ora Luz Adriana \u00a0Gil Ibarra, reconoci\u00f3 que el se\u00f1or \u00c9dgar Velasco \u00a0S\u00e1nchez, le hab\u00eda cancelado la suma de $4.000.000 (\u2026), \u00a0dineros correspondientes a cuotas alimentarias cobradas dentro del \u00a0presente proceso, indicando que ello fue entregado en diferentes \u00a0pagos por intermedio de sus hijos. Por el contrario, el se\u00f1or \u00a0\u00c9dgar Velasco S\u00e1nchez al recibir interrogatorio expuso \u00a0que siempre le ha pagado a la se\u00f1ora Luz Adriana Gil, la cuota \u00a0alimentaria fijada (\u2026) \u00a0[las cuales] \u00a0empez\u00f3 a realizar en consignaciones a [ella] \u00a0(\u2026) \u00a0a \u00a0su cuenta bancaria del Banco Davivienda \u00a0(\u2026), \u00a0pero que a partir del a\u00f1o 2016, (\u2026) \u00a0entregaba \u00a0directamente el dinero a la demandante o algunas veces se lo remit\u00eda \u00a0a trav\u00e9s de sus hijos\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEn \u00a0relaci\u00f3n con la cuenta bancaria cuya titular es la se\u00f1ora \u00a0Luz Adriana Gil Ibarra, se allegaron al proceso los extractos del mes \u00a0de junio de 2013 hasta diciembre del 2016, en los cuales conforme lo \u00a0relatado por el se\u00f1or \u00c9dgar Velasco S\u00e1nchez, en \u00a0el sentido de la temporada en la cual estuvo consignando desde la \u00a0ciudad de Neiva, los valores que aproximadamente cancelaba y las \u00a0fechas en que cada mes realizaba [esas] \u00a0transacciones, se evidencia que (\u2026) \u00a0el \u00a0total fue de $10.499.000. Este extracto bancario, aun cuando adolece \u00a0de precisar la persona que realiz[\u00f3] \u00a0las \u00a0referidas consignaciones, no obstante las caracter\u00edsticas de \u00a0\u00e9stas, tienen consonancia y concuerdan con lo esbozado por el \u00a0se\u00f1or \u00c9dgar Velasco S\u00e1nchez en su interrogatorio \u00a0de parte, esto es, que fueron realizadas durante el per\u00edodo en \u00a0el cual \u00e9l estuvo trabajando en la ciudad de Neiva que es \u00a0desde febrero de 2014 hasta noviembre de 2015, y las cuales desde \u00a0mayo de 2015 hasta la fecha dejan de aparecer consignaciones \u00a0constantes en la cuenta bancaria que se realizaron desde la [referida \u00a0ciudad], \u00a0las cuales se efectuaron a finales de cada mensualidad y como una \u00a0constante cada mes y que son por valores aproximados a los \u00a0mencionados por el mismo se\u00f1or \u00c9dgar Velasco S\u00e1nchez\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cAunado \u00a0a esto tenemos que al pon\u00e9rsele de presente los mencionados \u00a0extractos bancarios a la se\u00f1ora Luz Adriana Gil (\u2026) \u00a0no \u00a0da una explicaci\u00f3n clara ni precisa, acerca de la procedencia \u00a0de esas se\u00f1aladas consignaciones, por lo tanto, esta suma se \u00a0tendr\u00e1 como pago parcial de las obligaciones cobradas en \u00e9ste \u00a0proceso, as\u00ed como la suma de $4.000.000, reconocida \u00a0por la \u00a0[demandante]\u201d. (fl. 12. cd.1. minuto 11:06) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
N\u00f3tese, \u00a0el \u00a0Juzgador evidenci\u00f3 que los extractos allegados a ese decurso \u00a0daban cuenta de los pagos efectuados por \u00c9dgar Velasco \u00a0S\u00e1nchez, los cuales siendo analizados con el interrogatorio de \u00a0Luz \u00a0Adriana Gil Ibarra, se llegaba a la conclusi\u00f3n que las \u00a0consignaciones proven\u00edan del ejecutado, por tanto, era \u00a0indiscutible declarar la cancelaci\u00f3n parcial de la obligaci\u00f3n \u00a0exigida. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Aunque la \u00a0actora no comparta los argumentos \u00a0del juez querellado, ello no \u00a0convierte la anterior determinaci\u00f3n en caprichosa o antojadiza \u00a0con entidad suficiente como para permitirle el paso de esta \u00a0particular justicia, pues dicho pronunciamiento fue examinado \u00a0razonablemente con fundamento en los mandatos jur\u00eddicos \u00a0respectivos y en las probanzas aportadas al comentado litigio. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el \u00a0amparo constitucional porque la tutela no es instrumento para definir \u00a0cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis \u00a0de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las \u00a0inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s \u00a0acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n \u00a0del juez constitucional. Al \u00a0respecto, esta Corte ha dicho: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0independientemente \u00a0de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores \u00a0atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en \u00a0caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de \u00a0hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio \u00a0interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como \u00a0tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de \u00a0otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo \u00a0brevemente: aunque \u00a0la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de \u00a0instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como \u00a0absurda la referida sentencia \u00a0(\u2026)\u201d2. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Ahora, frente a la censura elevada por haberse aplicado \u00a0el C\u00f3digo General del Proceso en el asunto bajo estudio, esta \u00a0Sala observa que la quejosa en la audiencia de lectura de fallo, \u00a0propuso la nulidad del pleito alegando los mismos argumentos de \u00a0disenso expuestos en este amparo, la cual le fue rechazada por no \u00a0especificar ninguna causal de invalidez procesal, determinaci\u00f3n \u00a0no recurrida por la interesada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, dicha decisi\u00f3n \u00a0era susceptible de \u00a0impugnar mediante reposici\u00f3n procedente a \u00a0voces de lo establecido en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo \u00a0General del Proceso, empero, \u00a0la petente no hizo uso de esa herramienta. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0El descuido de la gestora le cierra el paso a esta excepcional \u00a0jurisdicci\u00f3n dada su naturaleza subsidiaria. \u00a0<\/p>\n
Sobre ese \u00a0aspecto, esta Corte ha sido enf\u00e1tica al se\u00f1alar: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0Y, \u00a0no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el \u00a0funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien \u00a0lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda \u00a0en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio \u00a0impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en \u00a0principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la \u00a0Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 \u00a0al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de \u00a0brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que \u00a0revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la \u00a0enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los \u00a0principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un \u00a0comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos \u00a0intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica \u00a0instancia (\u2026)\u201d3. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
7. \u00a0Resta se\u00f1alar, siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n \u00a0Americana de Derechos Humanos4 \u00a0y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la \u00a0preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, \u00a0que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar \u00a0inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El tratado citado \u00a0resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n \u00a0Nacional, cuando dice: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0Las \u00a0relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda \u00a0nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos \u00a0y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional \u00a0aceptados por Colombia \u00a0(\u2026)\u201d \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Complementariamente, \u00a0la regla 93 ej\u00fasdem, \u00a0 precept\u00faa: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0Los \u00a0tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que \u00a0reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n \u00a0en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLos \u00a0derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n \u00a0de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos \u00a0humanos ratificados por Colombia \u00a0(\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Y, \u00a0del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre \u00a0el Derecho de los Tratados de 19695, \u00a0 debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) \u00a0Una \u00a0parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno \u00a0como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
8. \u00a0Por las razones mencionadas, se impone revalidar la providencia \u00a0impugnada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
PRIMERO: \u00a0CONFIRMAR \u00a0la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo \u00a0expuesto en precedencia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
SEGUNDO: \u00a0Comun\u00edquese \u00a0telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los \u00a0interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte \u00a0Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ALONSO \u00a0RICO PUERTA \u00a0<\/p>\n
Presidente de Sala \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
Con aclaraci\u00f3n \u00a0de voto \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
AROLDO WILSON \u00a0QUIROZ MONSALVO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
Con aclaraci\u00f3n \u00a0de voto \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
OCTAVIO \u00a0AUGUSTO TEJEIRO DUQUE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
CORTE \u00a0SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
STC309-2018 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00ba. 41001-22-14-000-2017-00351-01 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ACLARACI\u00d3N \u00a0DE VOTO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Con el debido \u00a0respeto, me permito aclarar mi voto en la decisi\u00f3n que ha \u00a0tomado la Sala en la tutela de la referencia, por cuanto a pesar de \u00a0acompa\u00f1ar el sentido de la providencia, considero innecesario \u00a0que en todos los casos, se \u00a0incluya un \u00a0p\u00e1rrafo gen\u00e9rico, \u00a0hablando del control de convencionalidad y del derecho de los \u00a0tratados, cuando los derechos que se pretende proteger o que en cada \u00a0caso se protegen o no, nada tienen que ver con el bloque de \u00a0constitucionalidad que se forma, de acuerdo con el art\u00edculo 93 \u00a0de nuestra \u00a0Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, cuando existen \u00a0derechos humanos protegidos en tratados internacionales celebrados, \u00a0acogidos o aprobados por Colombia, los cuales prevalecen sobre el \u00a0derecho interno para efectos de su protecci\u00f3n constitucional \u00a0formando con dicha constituci\u00f3n un todo protegible. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
No es mi inter\u00e9s \u00a0polemizar sino por el contrario, simplificar la forma de enfrentar en \u00a0cada caso cada vulneraci\u00f3n alegada con el derecho reclamado y \u00a0si llenamos las providencias de teor\u00edas, las hacemos m\u00e1s \u00a0complejas y menos comprensibles para los ciudadanos que son los \u00a0destinatarios de ellas y de la did\u00e1ctica que conllevan. \u00a0 Tampoco niego que en unos casos es necesario teorizar respecto de \u00a0ciertos hechos o situaciones que se refieren a la protecci\u00f3n \u00a0solicitada, como cuando se requiere invocar los tratados para \u00a0proteger unos derechos que \u00a0no aparecen muy di\u00e1fanos en \u00a0nuestra legislaci\u00f3n o que han avanzado m\u00e1s en otros \u00a0pa\u00edses, all\u00ed, bienvenida toda la teor\u00eda sobre \u00a0los tratados y sobre la convencionalidad, pero para cada caso \u00a0particular y adaptada a los hechos, no pegada en todas las tutelas \u00a0para hacer creer que en todos los casos se necesita hacer el \u00a0mencionado control, pues considero que se llega a \u00e9ste cuando \u00a0existen choques de legislaci\u00f3n \u00a0entre la interna y el \u00a0respectivo tratado \u00a0, yendo \u00e9ste m\u00e1s all\u00e1 en la \u00a0protecci\u00f3n No de manera general. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00a0porque esa trivializaci\u00f3n del bloque de constitucionalidad sin \u00a0entrar efectivamente a confrontarlo, nos puede llevar a \u00a0contradicciones, o casos en que se invoca o se incluye en la tutela y \u00a0efectivamente no se hace el control. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
No desconozco el \u00a0esfuerzo y el inter\u00e9s del ponente por los temas del derecho \u00a0internacional de los derechos humanos, \u00a0el cual admiro y comparto, \u00a0pero si lo limitamos a lo estrictamente necesario nos puede generar \u00a0mejores frutos en favor de los sujetos especialmente protegidos. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Es cierto que \u00a0existen tendencias a las inclusi\u00f3n de los derechos humanos en \u00a0las constituciones y que eso constituye garant\u00eda de su \u00a0eficacia, pero no necesariamente de su fundamentalidad y de su \u00a0protecci\u00f3n como derechos naturales, pues la mayor\u00eda de \u00a0las constituciones advierten que la lista de esos derechos no es \u00a0taxativa y que pueden existir muchos otros que alcancen esa categor\u00eda \u00a0y protecci\u00f3n como tales aunque la constituci\u00f3n no los \u00a0contenga, e incluso aunque no existan en ning\u00fan tratado \u00a0internacional. Pero eso no le quita validez a la teor\u00eda del \u00a0bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad. \u00a0Es \u00a0una herramienta v\u00e1lida y \u00fatil que no se puede \u00a0desprestigiar us\u00e1ndola mal, o diciendo que se usa sin hacerlo, \u00a0solo enunci\u00e1ndola. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Es cierto que fue \u00a0la Constituci\u00f3n de 1991 la que orden\u00f3 la \u00a0constitucionalizaci\u00f3n de los derechos humanos, y que antes de \u00a0ella no se aplicaban aunque estuvieran inscritos en tratados \u00a0internacionales aprobados por Colombia, caso de los derechos \u00a0laborales incluidos en convenciones de la OIT, pero adem\u00e1s \u00a0exist\u00edan teor\u00edas que negaban valor a los tratados por \u00a0encima de la constituci\u00f3n interna de cada pa\u00eds, \u00a0pero \u00a0cada d\u00eda con mayor intensidad se va superando ese \u00a0desconocimiento con fundamento en la pr\u00e1ctica de su \u00a0aplicaci\u00f3n, pero no basta mencionar de manera autom\u00e1tica \u00a0la teor\u00eda sino ejercer la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica. \u00a0Por eso reclamo que no se inserte un p\u00e1rrafo vac\u00edo sino \u00a0que se aplique con toda atenci\u00f3n en los casos en que sea \u00a0necesario con todo el tiempo y el espacio que el tema necesite, para \u00a0defender los derechos humanos no solo desde el punto de vista de la \u00a0constituci\u00f3n sino tambi\u00e9n desde la prevalencia de las \u00a0normas internacionales que regulan esos derechos. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Lo que trae el \u00a0p\u00e1rrafo cuya inclusi\u00f3n critico no es falso, pero \u00a0trivializa el tema. Es cierto que la Constituci\u00f3n de 1991 \u00a0acogiendo tendencias internacionales del derecho da un tratamiento \u00a0especial al derecho internacional de los derechos humanos, que fue \u00a0acogido de manera certera al crear lo que se conoce doctrinariamente \u00a0como \u201cel bloque de constitucionalidad\u201d, que permiti\u00f3 \u00a0una incorporaci\u00f3n fuerte del derecho internacional de los \u00a0derechos humanos en la pr\u00e1ctica jur\u00eddica del \u00a0constitucionalismo, dando poder vinculante a la teor\u00eda \u00a0internacional de los derechos humanos, y no solo en acciones \u00a0constitucionales sino en todo el derecho ordinario, pues la \u00a0constituci\u00f3n es la norma de normas. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por eso mi \u00a0aclaraci\u00f3n no es una oposici\u00f3n a que se haga control de \u00a0convencionalidad que veo no solo \u00fatil sino necesario, sino a \u00a0que cuando se incluya su teor\u00eda en las providencias sea porque \u00a0verdaderamente se necesite y efectivamente se haga, y de esa forma no \u00a0se vuelva una operaci\u00f3n autom\u00e1tica de inclusi\u00f3n \u00a0de un tema que se vuelve vanal y sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica \u00a0en la defensa de los derechos. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Con todo respeto \u00a0y acatamiento \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ALVARO FERNANDO \u00a0GARCIA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ACLARACI\u00d3N \u00a0DE VOTO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Con mi \u00a0acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la \u00a0providencia, me permito exponer las razones por las cuales debo \u00a0aclarar mi voto en el presente asunto. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En lo que \u00a0concierne a la afirmaci\u00f3n que se hizo al fginal del fallo \u00a0acerca del control de convencionalidad, considero que esa creaci\u00f3n \u00a0de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de un \u00a0sistema cuya naturaleza es subsidiaria y complementaria como lo es el \u00a0sistema interamericano de protecci\u00f3n de derechos humanos, no \u00a0tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias en que \u00a0est\u00e9n involucrados derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Particularmente, \u00a0en los casos en los que las garant\u00edas superiores sobre las \u00a0cuales versa la queja, se encuentran reconocidas y suficientemente \u00a0garantizadas en el derecho interno, no estimo necesario dar \u00a0aplicaci\u00f3n a la indicada figura, cuya utilidad, en mi \u00a0criterio, se restringe a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, \u00a0d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, \u00a0o una manifiesta disonancia entre estas y la Convenci\u00f3n \u00a0Americana sobre Derechos Humanos. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
A mi juicio, las \u00a0controversias en que no se presente tal desarmon\u00eda en la \u00a0normatividad protectora, ni falta de garant\u00eda constitucional y \u00a0legal de los derechos involucrados, como sucede en la acci\u00f3n \u00a0de tutela de la referencia, en la cual esas prerrogativas est\u00e1n \u00a0consagradas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en preceptos \u00a0legales que se ocupan espec\u00edficamente de reconocerlas y \u00a0se\u00f1alar la forma en que pueden hacerse efectivas ofreci\u00e9ndoles \u00a0un adecuado marco jur\u00eddico de protecci\u00f3n, es inane el \u00a0control de convencionalidad al que se alude. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De los se\u00f1ores \u00a0Magistrados, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0C\u00f3digo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de Infancia y la Adolescencia \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CSJ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterado el 3 de junio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012. \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CSJ STC, de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a028 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada el 15 de mayo y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el 17 de octubre del mismo a\u00f1o, exps. 2012-00017-01 y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02012-02127-00. \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. \u00a0<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. \u00a0<\/p>\n
18 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 LUIS \u00a0ARMANDO TOLOSA VILLABONA \u00a0 Magistrado ponente \u00a0 \u00a0\u00a0 STC309-2018 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 41001-22-14-000-2017-00351-01 \u00a0 (Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de diecisiete de enero de dos mil dieciocho) \u00a0 \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1, \u00a0D. C., veintid\u00f3s (22) de enero de dos mil dieciocho (2018) \u00a0 \u00a0\u00a0 Dec\u00eddese \u00a0la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-95649","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/95649","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=95649"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/95649\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=95649"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=95649"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=95649"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}