\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ARIEL \u00a0SALAZAR RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
STC386-2018 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 73001-22-13-000-2017-00571-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de diecisiete de enero de dos mil dieciocho) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., veintitr\u00e9s (23) de enero de dos mil dieciocho (2018). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Decide \u00a0la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de tutela \u00a0proferido el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete por la Sala \u00a0Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, dentro de la \u00a0acci\u00f3n de tutela promovida por Medardo Ortega Fonseca, contra \u00a0el Juzgado Primero Civil del Circuito de Honda -Tolima; \u00a0tr\u00e1mite \u00a0en el que se dispuso la vinculaci\u00f3n de las partes e \u00a0intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
I. \u00a0ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
A. \u00a0La pretensi\u00f3n \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0el libelo introductorio de la presente tutela, el ciudadano, por \u00a0intermedio de apoderado judicial, solicit\u00f3 el amparo del \u00a0derecho fundamental al debido proceso, que estima conculcado \u00a0por la autoridad judicial accionada, al rematar el bien cautelado \u00a0dentro del proceso ejecutivo seguido contra Alonso Bello Aguirre, por \u00a0un valor de $43.000.000,oo y desconocer as\u00ed, el valor \u00a0comercial del mismo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
B. \u00a0Los hechos \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0El 5 de abril de 2010, la Empresa Algodonera del Norte del Tolima \u00a0\u2013EMPRENORTE S.A., promovi\u00f3 demanda ejecutiva contra \u00a0Alonso Bello Aguirre, con el prop\u00f3sito de conseguir el pago de \u00a0la obligaci\u00f3n contenida en el pagar\u00e9 N\u00b0 P 75264125. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Le correspondi\u00f3 conocer el asunto al Juzgado Primero Civil del \u00a0Circuito de Honda, quien el d\u00eda 8 de ese mismo mes, libr\u00f3 \u00a0mandamiento de pago. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Notificada la parte ejecutada, \u00e9sta contest\u00f3 en tiempo \u00a0y formul\u00f3 excepciones de m\u00e9rito. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0El 14 de marzo de 2012, se orden\u00f3 seguir adelante con la \u00a0ejecuci\u00f3n por un valor de $21.320.994,oo \u00a0y se decret\u00f3 \u00a0el aval\u00fao del bien perseguido. \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0El inmueble materia de cautela, fue secuestrado el 26 de noviembre de \u00a02015, diligencia en la cual el accionante manifest\u00f3 que \u00abla \u00a0se\u00f1ora Luz Ang\u00e9lica Cuellar Ropero, es la poseedora del \u00a0inmueble que se est\u00e1 secuestrando\u00bb; \u00a0 sin embargo, se dej\u00f3 constancia de que no hubo oposici\u00f3n \u00a0formal por lo que se materializ\u00f3 el secuestro. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0El 11 de agosto de 2016, la parte ejecutante present\u00f3 el \u00a0aval\u00fao del bien cautelado, que al correr el traslado en \u00a0silencio, el mismo se aprob\u00f3 en prove\u00eddo de 19 de \u00a0octubre siguiente. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
7. \u00a0El 24 de octubre del a\u00f1o pasado, se llev\u00f3 a cabo la \u00a0diligencia de remate. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
8. \u00a0En criterio del peticionario del amparo, la autoridad judicial \u00a0encausada vulner\u00f3 sus garant\u00edas superiores al aprobar \u00a0el aval\u00fao del inmueble en $48.336.000,oo, y proceder a \u00a0rematarlo conforme a esa base, sin nombrar para ese trabajo un \u00a0auxiliar de la justicia y m\u00e1s cuando el juzgado ten\u00eda \u00a0conocimiento de su oposici\u00f3n en la diligencia de secuestro; \u00a0 aunado que, celebr\u00f3 un contrato de compraventa con el \u00a0ejecutado por un valor de $100.000,oo sobre ese predio. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
C. \u00a0El tr\u00e1mite de la primera instancia \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Por auto de 7 de noviembre de 2017 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n \u00a0de tutela, y se orden\u00f3 correr traslado a los involucrados para \u00a0que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 17, c. 1] \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0El \u00a0Juzgado Primero Civil del Circuito de Honda, arguy\u00f3 que el \u00a0tutelante no es parte ni tercero en el proceso, pues su intervenci\u00f3n \u00a0se redujo a la manifestaci\u00f3n que hiciera en la diligencia de \u00a0secuestro, referente a que \u201cla \u00a0se\u00f1ora Luz Ang\u00e9lica Cuellar Ropero, es la poseedora del \u00a0inmueble que se est\u00e1 secuestrado\u201d, \u00a0sin m\u00e1s participaci\u00f3n; motivo por el cual no est\u00e1 \u00a0legitimado para cuestionar las decisiones judiciales proferidas en el \u00a0asunto. [Folios 20 – 21, c. 1] \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0En sentencia de 21 de noviembre de 2017, el Tribunal Superior de \u00a0Ibagu\u00e9 neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela por falta de \u00a0legitimaci\u00f3n en la causa por activa, adem\u00e1s de \u00a0no \u00a0cumplir con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad que se \u00a0exigen para acudir al mecanismo excepcional. [Folios 28 a 30, c. 1] \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
II. \u00a0CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Cuando \u00a0el amparo se introdujo en el ordenamiento constitucional como una \u00a0herramienta preferente para reclamar la protecci\u00f3n inmediata \u00a0de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n \u00a0o la omisi\u00f3n de autoridades p\u00fablicas y a\u00fan de \u00a0los particulares en los casos establecidos por la ley, se hizo bajo \u00a0la premisa de que quien acudiera a la jurisdicci\u00f3n estuviera \u00a0habilitado para ello. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Lo \u00a0anterior porque siempre se ha considerado que as\u00ed se trate de \u00a0un procedimiento breve y sumario y por lo mismo, distante de las \u00a0formalidades que se exigen para otra clase de juicios, no es posible \u00a0soslayar el respeto a requisitos como el de legitimaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 10\u00b0 del \u00a0Decreto 2591 de 1991 que regula la acci\u00f3n de tutela, determin\u00f3 \u00a0que este especial mecanismo se puede ejercer por la \u00abpersona \u00a0vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien \u00a0actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de \u00a0representante\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Para \u00a0facilitar la defensa de derechos ajenos, tambi\u00e9n estableci\u00f3 \u00a0la presunci\u00f3n de autenticidad de los poderes otorgados y la \u00a0agencia oficiosa cuando el titular de las garant\u00edas \u00a0constitucionales no est\u00e9 en condiciones de promover su propia \u00a0defensa, pero en tal caso, as\u00ed deber\u00e1 manifestarse en \u00a0la solicitud. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Sobre este tema, la Corte se ha pronunciado de la manera que sigue: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00ab\u2026 \u00a0ning\u00fan tercero puede acudir al mecanismo de defensa \u00a0constitucional en solicitud de amparo, por hechos que no afecten sus \u00a0derechos fundamentales, a menos que se presente como apoderado o \u00a0representante del agraviado, o bien como agente oficioso. Si de \u00a0apoderado judicial se trata es indispensable presentar el poder; pero \u00a0si la intervenci\u00f3n acaece como agente oficioso, deber\u00e1 \u00a0manifestarse expresamente en la solicitud que el titular de los \u00a0derechos constitucionales fundamentales no se encuentra en \u00a0condiciones de ejercer su propia defensa\u00bb. \u00a0(CSJ \u00a0STC, 9 feb. 1996, Rad. No. 02822; 9 oct. 1998. Rad. No. 05429; 19 \u00a0feb. 2002, Rad. No. 00159-01; 24 feb. 2004, Rad. No. 00219-01; 11 \u00a0mar. 2009, Rad. No. 00001-01). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Frente \u00a0a actuaciones cumplidas en el tr\u00e1mite de un proceso o de \u00a0providencias dictadas dentro de este, se ha considerado que \u00a0\u00abcualquier \u00a0actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, \u00a0derivada de aqu\u00e9llas diligencias judiciales, cuando se someta \u00a0a examen en el escenario de la tutela, por considerar que se vulner\u00f3 \u00a0alg\u00fan derecho fundamental, ha de ser impetrada por quienes \u00a0all\u00ed intervinieron como terceros reconocidos o participaron en \u00a0calidad de parte\u00bb.(CSJ \u00a0STC 6 \u00a0mar 2012, Rad. 2012-00357-00). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Significa \u00a0lo anterior que no es dable a un tercero ajeno al proceso judicial, \u00a0vale anotar, que no integra ninguno de los extremos que en \u00e9l \u00a0se enfrentan, impetrar la acci\u00f3n de tutela para protestar \u00a0contra las decisiones adoptadas por el juzgador, pues est\u00e1 \u00a0claro que esas determinaciones solo pueden ser atacadas por quienes \u00a0intervienen en el escenario procesal, los cuales est\u00e1n \u00a0facultados para acudir, si es del caso, al mecanismo del amparo, \u00a0cuando adem\u00e1s de verificarse la conculcaci\u00f3n de sus \u00a0garant\u00edas fundamentales, y a pesar de su actuar diligente \u00a0dentro del tr\u00e1mite, no lograron que estas fueran protegidas \u00a0por el director del proceso, a trav\u00e9s de los medios ordinarios \u00a0consagrados en la ley. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0En \u00a0el supuesto que analiza la Corte, la solicitud de protecci\u00f3n \u00a0aparece elevada por Medardo Ortega Fonseca, \u00a0quien adujo, por \u00a0conducto de apoderado judicial, que entre el demandado en el proceso \u00a0ejecutivo conocido con radicado N\u00b0 2010-00035, \u00a0\u00abse\u00f1or \u00a0Alonso Bello Aguirre \u00a0 \u00a0y el se\u00f1or Medardo Ortega Fonseca hicieron un contrato de \u00a0compraventa del bien inmueble afectado en el a\u00f1o 2006 por \u00a0valor de cien millones de pesos de los cuales mi mandante pago 60 \u00a0millones de pesos en el 2006 y cuarenta millones en el a\u00f1o \u00a02010 \u2026\u00bb; \u00a0 luego, cont\u00f3 que \u00abel \u00a0se\u00f1or Medardo Ortega hab\u00eda hecho oposici\u00f3n a la \u00a0diligencia de secuestro\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
No \u00a0obstante dichas manifestaciones, cumple precisar que el quejoso \u00a0carece de legitimaci\u00f3n para invocar el amparo de los derechos \u00a0fundamentales que se afirman lesionados en la actuaci\u00f3n \u00a0judicial atacada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0un lado, den\u00f3tese que el v\u00ednculo negocial que el \u00a0accionante ventila, es ajeno al asunto materia de controversia que se \u00a0suscit\u00f3 primigeniamente entre la Empresa Algodonera del Tolima \u00a0y el se\u00f1or Alonso Bello Aguirre, sin que pueda predicarse \u00a0alguna conculcaci\u00f3n de sus derechos en el referido litigio, \u00a0toda vez que no es sujeto procesal del mismo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0otra parte, obs\u00e9rvese que contrario a lo esgrimido por el \u00a0promotor de la s\u00faplica, en la diligencia de secuestro el \u00a0reclamante no actu\u00f3 como tercero reconocido, pues su \u00a0intervenci\u00f3n se limit\u00f3 a manifestar que \u00abla \u00a0se\u00f1ora Luz Ang\u00e9lica Cuellar Ropero, es la poseedora del \u00a0inmueble que se est\u00e1 secuestrando\u00bb; \u00a0dicho que no corresponde a lo expuesto en el escrito de tutela; \u00a0 sumado a que esa declaraci\u00f3n, no gener\u00f3 consecuencias \u00a0jur\u00eddicas, m\u00e1s que la de materializar efectivamente el \u00a0secuestro. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, al no observase ning\u00fan actuar del gestor del amparo \u00a0dentro del proceso ejecutivo tra\u00eddo a colaci\u00f3n, se \u00a0concluye que el se\u00f1or Medardo Ortega Fonseca no ha sido all\u00ed \u00a0reconocido como parte o tercero, por lo que basta reafirmar la falta \u00a0de legitimaci\u00f3n para promover la acci\u00f3n constitucional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Razones \u00a0que, en suma, se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n \u00a0est\u00e1 avocada al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 el \u00a0fallo impugnado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
III. \u00a0DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala \u00a0de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la \u00a0Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA \u00a0la sentencia impugnada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese \u00a0telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; \u00a0y, en \u00a0oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, \u00a0para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ALONSO RICO PUERTA \u00a0<\/p>\n
Presidente \u00a0de Sala \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
AROLDO \u00a0WILSON QUIROZ MONSALVO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ARIEL \u00a0SALAZAR RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
OCTAVIO \u00a0AUGUSTO TEJEIRO DUQUE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ARMANDO TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
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<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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