\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
Magistrado ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
STC440-2018 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-03595-00 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Decide \u00a0la Corte la acci\u00f3n de tutela que Manuel Antonio Iglesias \u00a0Mart\u00ednez promueve contra la Sala Civil Familia del Tribunal \u00a0Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, tr\u00e1mite al que \u00a0se orden\u00f3 vincular a los Juzgados Tercero Civil del Circuito y \u00a0Sexto Civil Municipal de la mencionada ciudad. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
I. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
A. La \u00a0pretensi\u00f3n \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El ciudadano \u00a0solicita la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido \u00a0proceso, el cual estima vulnerado por el Tribunal accionado, quien \u00a0como juez de segundo grado mediante fallo de 30 de noviembre de 2017 \u00a0revoc\u00f3 el amparo constitucional que le fue concedido por el \u00a0Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta, respecto de un \u00a0proceso ejecutivo que en su contra se adelanta. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Pretende, en \u00a0consecuencia, que se deje sin efecto la mencionada decisi\u00f3n y \u00a0se mantenga la providencia que se emiti\u00f3 en primer grado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
B. Los hechos \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Ante el Juzgado Sexto Civil Municipal de Santa Marta se adelanta \u00a0proceso ejecutivo que Edificio los Bancos P. H. present\u00f3 en \u00a0contra de los herederos de Blanca Mart\u00ednez de Iglesias, con el \u00a0fin de lograr el pago de las cuotas de administraci\u00f3n causadas \u00a0por la oficina 610 all\u00ed ubicada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Una vez agotadas las diligencias pertinentes, se llev\u00f3 a cabo \u00a0subasta p\u00fablica en la que el predio mencionado fue adjudicado \u00a0a Andrea Paola Rodr\u00edguez Cobos. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. Aprobado el \u00a0remate, el aqu\u00ed accionante solicit\u00f3 que se declarara la \u00a0nulidad de la actuaci\u00f3n, aduciendo una indebida notificaci\u00f3n \u00a0de los herederos determinados de la causante. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. Mediante auto \u00a0de 9 de noviembre de 2016 el juzgado deneg\u00f3 la invalidez, \u00a0decisi\u00f3n contra la cual el accionante formul\u00f3 recurso \u00a0de reposici\u00f3n que posteriormente fue resuelto adversamente a \u00a0sus intereses. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5. En \u00a0vista de lo anterior, el peticionario de la nulidad present\u00f3 \u00a0acci\u00f3n de tutela en contra de la autoridad judicial \u00a0mencionada, en la que solicit\u00f3 se declarar la invalidez de la \u00a0actuaci\u00f3n ejecutiva antes descrita. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
6. El \u00a0conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil \u00a0del Circuito de Santa Marta, quien tras agotar el tr\u00e1mite \u00a0pertinente el 13 de octubre de 2017 emiti\u00f3 sentencia en la que \u00a0accedi\u00f3 al amparo y declar\u00f3 la invalidez de la \u00a0ejecuci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
7. Impugnada la \u00a0anterior decisi\u00f3n por parte de la adjudicataria, la Sala Civil \u00a0del Tribunal Superior del distrito judicial mencionado revoc\u00f3 \u00a0la protecci\u00f3n por estimar que no se cumpl\u00edan los \u00a0presupuestos de subsidiariedad e inmediatez, toda vez que desde la \u00a0negativa en el decreto de la nulidad hab\u00edan trascurrido m\u00e1s \u00a0de seis meses, adem\u00e1s, el accionante aun contaba con la \u00a0oportunidad de presentar recurso extraordinario de revisi\u00f3n en \u00a0contra de la sentencia que se profiri\u00f3 en el proceso \u00a0ejecutivo. \u00a0<\/p>\n
8. El accionante \u00a0acude al amparo constitucional por estimar que la referida decisi\u00f3n \u00a0vulnera sus derechos, pues estima que en la misma se incurri\u00f3 \u00a0en falta de motivaci\u00f3n, en tanto el Tribunal no le se\u00f1al\u00f3 \u00a0la causal de revisi\u00f3n que deb\u00eda invocar. Pretende en \u00a0consecuencia que se deje sin efecto la sentencia que dicha \u00a0Corporaci\u00f3n se emiti\u00f3 y en su lugar se ordene la \u00a0confirmaci\u00f3n del amparo concedido en primer grado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
C. \u00a0El tr\u00e1mite de la primera instancia \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. El \u00a011 de enero de 2018 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se \u00a0orden\u00f3 el traslado a los involucrados en la misma para que \u00a0ejercieran su derecho a la defensa. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. La \u00a0Sala Civil del Tribunal Superior de Santa Marta manifest\u00f3 que \u00a0el amparo peticionado resultaba improcedente en tanto lo \u00a0controvertido era una sentencia emitida en una acci\u00f3n de \u00a0tutela. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por su parte el \u00a0Juzgado Sexto Civil Municipal realiz\u00f3 un recuento del \u00a0contenido de la providencia cuestionada e indic\u00f3 que las \u00a0consideraciones que all\u00ed emiti\u00f3 el Tribunal no son \u00a0inadecuadas. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
II. \u00a0CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Como ha sido sostenido por la jurisprudencia, por regla general, la \u00a0acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, \u00a0por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la \u00a0prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas \u00a0se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los \u00a0asociados. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De igual modo, ha \u00a0reiterado esta Sala la impertinencia del amparo para atacar \u00a0sentencias de tutela, pues para cuestionar las determinaciones \u00a0adoptadas en dicha sede, el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 \u00a0como mecanismos de control la impugnaci\u00f3n y la eventual \u00a0revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, de modo que no es la \u00a0acci\u00f3n de amparo el instrumento id\u00f3neo para corregir \u00a0las deficiencias que se adviertan, o incluso para reprochar las \u00a0situaciones que sean consideradas como constitutivas de v\u00eda de \u00a0hecho en dichas actuaciones, pues de permitir un nuevo \u00a0cuestionamiento a trav\u00e9s de una tramitaci\u00f3n de la misma \u00a0naturaleza, adem\u00e1s de hacer interminable el tr\u00e1mite, se \u00a0atentar\u00eda contra la certeza que debe acompa\u00f1ar a las \u00a0decisiones judiciales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Sin \u00a0embargo, se ha aceptado por esta Corporaci\u00f3n la procedencia de \u00a0la herramienta constitucional \u00fanicamente cuando, en el \u00a0procedimiento seguido por el juez de tutela, se desconoce de manera \u00a0flagrante la garant\u00eda al debido proceso de los intervinientes. \u00a0Al respecto se ha dicho que \u00aben \u00a0casos excepcionales, espec\u00edficamente cuando se omite la \u00a0integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las \u00a0personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir, por \u00a0lineamiento jurisprudencial, es admisible el amparo en orden a \u00a0restablecer el status quo lesivo del derecho fundamental al debido \u00a0proceso\u00bb.1 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. En \u00a0el asunto que es objeto de estudio, el accionante pretende \u00a0controvertir la decisi\u00f3n a trav\u00e9s de la cual el \u00a0Tribunal Superior de Santa Marta, en sede constitucional, revoc\u00f3 \u00a0el amparo constitucional que le hab\u00eda sido otorgado, situaci\u00f3n \u00a0que hace evidente la improcedencia de esta acci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Como \u00a0se mencion\u00f3, aunque \u00a0se ha admitido la procedencia excepcional de la acci\u00f3n de \u00a0tutela contra tr\u00e1mites de similares caracter\u00edsticas, en \u00a0el presente caso no se cumplen los criterios que para el efecto ha \u00a0establecido esta Corporaci\u00f3n, toda vez que lo que aqu\u00ed \u00a0se cuestiona no es el ejercicio adecuado del derecho de defensa, sino \u00a0el contenido de la providencia que defini\u00f3 el asunto que all\u00ed \u00a0se estudi\u00f3. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, discute el promotor que el Tribunal incurre en \u00a0una motivaci\u00f3n contradictoria toda vez que neg\u00f3 la \u00a0protecci\u00f3n invocada por estimar que contaba con otros medios \u00a0de defensa pero no le indic\u00f3 cu\u00e1l es el mecanismo \u00a0adecuado para ejercer la nulidad en que afirma se incurri\u00f3 en \u00a0el proceso ejecutivo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Situaci\u00f3n \u00a0de la que f\u00e1cil es establecer que no es la indebida \u00a0notificaci\u00f3n en el tr\u00e1mite constitucional lo que genera \u00a0esta acci\u00f3n, sino la falencia argumentativa en la que estima \u00a0el promotor del amparo incurri\u00f3 el Tribunal, inconformidad que \u00a0conforme a los precedentes anteriormente citados se escapa de la \u00a0competencia del juez constitucional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Claro \u00a0es que la disidencia del quejoso se reduce a una mera discrepancia \u00a0entre la valoraci\u00f3n efectuada por el juzgador constitucional y \u00a0el criterio que al respecto sostiene el hoy accionante, quien estima \u00a0que es la acci\u00f3n de tutela el medio adecuado para invalidar el \u00a0tr\u00e1mite ejecutivo, siendo inadmisible que se acuda a una nueva \u00a0acci\u00f3n constitucional a efectos de imponer su criterio sobre \u00a0el del juez. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0esa l\u00ednea de pensamiento, se ha expresado en precedencia, que: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00ab[D]entro \u00a0de las directrices constitucionales, el mismo art\u00edculo 86 de \u00a0la Carta, en el numeral 2\u00b0, dispone que el fallo de tutela, que \u00a0ser\u00e1 de inmediato cumplimiento, podr\u00e1 impugnarse ante \u00a0el juez competente y en todo caso \u00e9ste lo remitir\u00e1 a la \u00a0Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.\u2026Es \u00a0inadmisible tolerar que los fallos de tutela sean cuestionados \u00a0mediante recurso de id\u00e9ntica naturaleza, porque ello desquicia \u00a0la posibilidad de clausurar el debate y reproduce indefinidamente la \u00a0incertidumbre que la decisi\u00f3n jur\u00eddica est\u00e1 \u00a0llamada a disipar. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00abLa \u00a0seguridad jur\u00eddica es el desider\u00e1tum del Derecho y todo \u00a0cuanto conspire contra ella niega al Derecho mismo. S\u00f3lo al \u00a0legislador compete la consagraci\u00f3n de los casos y las \u00a0formalidades bajo las cuales es posible desquiciar los efectos de la \u00a0cosa juzgada, pues si se permitiera reciclar ab aeternum la misma \u00a0controversia el derecho dejar\u00eda de ser lo que es. Los fallos \u00a0de tutela pueden ser objeto de revisi\u00f3n porque as\u00ed lo \u00a0tiene previsto el ordenamiento, pero con ello se clausura el debate. \u00a0De esta manera, estando pendiente la revisi\u00f3n, as\u00ed sea \u00a0eventual, no hay lugar a reanudar la controversia\u00bb.2 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Adicionalmente, \u00a0t\u00e9ngase en cuenta, que incluso puede \u00a0el actor intervenir \u00a0ante la Corte Constitucional a efectos de procurar la revisi\u00f3n \u00a0de la sentencia y del tr\u00e1mite de tutela3; \u00a0mecanismo este \u00faltimo respecto del cual, ha precisado esta \u00a0Corporaci\u00f3n: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00abY, no se diga, que \u00a0dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su \u00a0eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado \u00a0jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n \u00a0lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del \u00a0procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de \u00a01991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier \u00a0magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 \u00a0solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00a0\u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el \u00a0alcance de un derecho o evitar \u00a0un perjuicio grave\u2019, \u00a0o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser \u00a0propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario \u00a0siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de \u00a0la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del \u00a0Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb4. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Razones \u00a0que en suma, se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n \u00a0est\u00e1 avocada al fracaso, por lo que se denegar\u00e1 el \u00a0amparo solicitado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
III. DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala \u00a0de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la \u00a0Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA \u00a0la protecci\u00f3n constitucional reclamada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese \u00a0telegr\u00e1ficamente. En oportunidad, rem\u00edtase el \u00a0expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
AROLDO WILSON \u00a0QUIROZ MONSALVO \u00a0<\/p>\n
Presidente de Sala \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ALONSO \u00a0RICO PUERTA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO \u00a0TEJEIRO DUQUE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sentencia de tutela de 16 de noviembre de 2011, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0exp. 2011-01315-01. El mismo criterio se expres\u00f3, entre otros \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fallos en los de 14 de octubre de 2008, exp. 2008-01646-00; 16 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0febrero de 2009, exp. 2009-00193-00; 21 de enero de 2010, exp. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02009-02355-00. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sentencias de tutela de 2 de septiembre de 2003, exp. 2003-0561-01; \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a010 de noviembre de 2003 exp. 2003-0747-01; 23 de agosto de 2004, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0exp. 2004-0840-00; 14 de octubre de 2004, exp. 2004-1120; 8 de marzo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de 2006 y exp. 2006-0263-00, reiterada el 7 de marzo de 2013, exp. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02013-00122-01. \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El mismo criterio se expuso en sentencia de 14 de febrero de 2013, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0exp. No. 2013-00247-00. \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sentencia 7 de noviembre de 2012, exp. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02012-2041-01. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0 Magistrado ponente \u00a0 \u00a0\u00a0 STC440-2018 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-03595-00 \u00a0 (Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho) \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 Decide \u00a0la Corte la acci\u00f3n de tutela que Manuel Antonio Iglesias \u00a0Mart\u00ednez promueve contra la Sala Civil Familia del Tribunal \u00a0Superior […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-95687","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/95687","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=95687"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/95687\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=95687"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=95687"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=95687"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}