\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ARMANDO TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Magistrado ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
STC525-2018 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-01983-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0La gestora del auxilio reclama la protecci\u00f3n de las \u00a0prerrogativas al debido proceso, trabajo e igualdad, entre otras, \u00a0presuntamente vulneradas por la accionada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Acota \u00a0como fundamento del ruego que promovi\u00f3 demanda ordinaria \u00a0laboral contra el antiguo Instituto de Seguros Sociales, \u00a0para \u00a0obtener la \u201cdeclaraci\u00f3n \u00a0de existencia de un contrato de trabajo\u201d \u00a0y el pago de los \u201csalarios, \u00a0prestaciones e indemnizaciones\u201d \u00a0respectivos, \u201cdesde \u00a0el 23 de marzo de 1990 hasta el 26 de junio de 2003\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Sostiene \u00a0que ese litigio fue zanjado por el Juzgado Sexto \u00a0Civil del Circuito de Bogot\u00e1, quien en providencia del 15 de \u00a0mayo de 2011, neg\u00f3 las pretensiones reclamadas, determinaci\u00f3n \u00a0confirmada por el tribunal de esta capital, en sentencia de 30 de \u00a0septiembre siguiente. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0convocante acudi\u00f3 al recurso extraordinario de casaci\u00f3n, \u00a0donde la referida Sala de Descongesti\u00f3n \u201ccas\u00f3\u201d \u00a0el fallo censurado, acogiendo parcialmente los pedimentos de la \u00a0quejosa, pues declar\u00f3 probada \u201cla \u00a0excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n respecto de los derechos \u00a0causados con antelaci\u00f3n al 22 de junio de 2003\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Se\u00f1ala \u00a0que la tutelada \u00a0valor\u00f3 indebidamente su \u201cdeclaraci\u00f3n\u201d, \u00a0por cuanto dio por hecho una supuesta confesi\u00f3n sobre la \u00a0continuidad del v\u00ednculo laboral \u201cm\u00e1s \u00a0all\u00e1 del 26 de junio de 2003\u201d, \u00a0aplicando err\u00f3neamente el art\u00edculo 17 del Decreto 1750 \u00a0de 2003. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Finaliza \u00a0esgrimiendo que la querellada debi\u00f3 \u201c(\u2026) \u00a0fallar ultra petita, pues (\u2026) \u00a0instaur\u00f3 \u00a0su demanda bajo la equivocada creencia que la relaci\u00f3n con el \u00a0I.S.S. concluy\u00f3 el 26 de junio de 2003 (\u2026); \u00a0sin embargo \u00a0(\u2026) la \u00a0relaci\u00f3n de trabajo se prolong\u00f3 realmente hasta el 30 \u00a0de noviembre de ese a\u00f1o \u00a0(\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Requiere \u201cdejar \u00a0sin efecto el inciso tercero\u201d \u00a0de la determinaci\u00f3n \u00a0proferida por la autoridad acusada y en \u00a0su lugar acceder a las pretensiones invocadas referentes a salarios, \u00a0prestaciones e indemnizaciones a las que tiene derecho. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1.1. Respuesta \u00a0de la accionada \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Manifest\u00f3 \u00a0extempor\u00e1neamente que la decisi\u00f3n adoptada por esa \u00a0corporaci\u00f3n en el caso bajo estudio \u201c(\u2026) se \u00a0ajust\u00f3 a las normas que regulan la materia \u00a0(\u2026)\u201d, \u00a0por tanto, el ruego debe ser desestimado (fls. \u00a0102 a 103). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La sentencia \u00a0impugnada \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Neg\u00f3 \u00a0el resguardo, aduciendo: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0la \u00a0accionante no demostr\u00f3 ninguno de los defectos que estructuran \u00a0la denominada v\u00eda de hecho, es decir, no acredit\u00f3 que \u00a0la sentencia reprobada est\u00e9 fundada en conceptos irrazonables \u00a0o arbitrarios de tal trascendencia que corresponda al juez \u00a0constitucional conjurarlos mediante este excepcional instrumento de \u00a0amparo de los derechos fundamentales invocados \u00a0(\u2026)\u201d \u00a0(fls. \u00a088 a 101). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1.3. \u00a0La impugnaci\u00f3n \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0formul\u00f3 la \u00a0quejosa repitiendo los mismos argumentos de disenso expuestos en el \u00a0escrito genitor y se\u00f1alando que este auxilio fue resuelto de \u00a0manera \u201c(\u2026) simplista \u00a0y con ins\u00f3lito desprecio por \u00a0[las prerrogativas] de \u00a0ella como trabajadora (\u2026)\u201d \u00a0(fl. \u00a0122 a 125). \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Examinado \u00a0el prove\u00eddo a trav\u00e9s del cual se zanj\u00f3 el \u00a0recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la gestora en el asunto \u00a0 sublite, \u00a0no emerge irregularidad alguna con fuerza suficiente como para \u00a0permitir el paso a esta excepcional justicia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, la Sala de Descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Laboral para \u00a0negar el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones \u00a0reclamados por la petente dentro del litigio subex\u00e1mine, \u00a0razonadamente \u00a0se\u00f1al\u00f3: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0se \u00a0comprob\u00f3 que, entre las partes en contienda, en realidad se \u00a0suscit\u00f3 un contrato de trabajo desde el 23 de marzo de 1990 al \u00a026 de junio de 2003, y que, seg\u00fan lo confes\u00f3 la actora \u00a0al momento de rendir interrogatorio de parte (\u2026), \u00a0para la fecha de escisi\u00f3n del Instituto de Seguros Sociales, \u00a0pas\u00f3 sin soluci\u00f3n de continuidad a la ESE Luis Carlos \u00a0Gal\u00e1n Sarmiento\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEn \u00a0raz\u00f3n a que la accionante fue vinculada inmediatamente a la \u00a0mencionada ESE, no resulta procedente entrar a valorar la conducta \u00a0del demandado, a efectos de imponer la indemnizaci\u00f3n moratoria \u00a0que se pretende, pues el v\u00ednculo laboral se continu\u00f3 \u00a0ejecutando m\u00e1s all\u00e1 del 26 de junio de 2003\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cAdem\u00e1s, \u00a0como quiera que la demandada era una empresa industrial y comercial \u00a0del Estado, por regla general sus trabajadores eran oficiales, a \u00a0excepci\u00f3n de los directivos que ten\u00edan la calidad de \u00a0empleados p\u00fablicos, de manera que la actora, dado que \u00a0desempe\u00f1\u00f3 la funci\u00f3n de auxiliar de servicios \u00a0administrativos del CAA comercial y bancario del ISS, realizando \u00a0actividades de registro de usuarios, asignaci\u00f3n de citas, y \u00a0manejo de archivos de historias, ten\u00eda tal car\u00e1cter. \u00a0Luego, pas\u00f3 sin soluci\u00f3n de continuidad al CAA de La \u00a0Granja de la Empresa Social del Estado. En raz\u00f3n a lo \u00a0anterior, tampoco habr\u00eda lugar al reconocimiento de cesant\u00edas, \u00a0sus intereses, vacaciones, ni la indemnizaci\u00f3n por \u00a0terminaci\u00f3n \u00a0del contrato, pues, para el 26 de junio de 2003, no se present\u00f3 \u00a0la ruptura del v\u00ednculo contractual\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEs \u00a0as\u00ed como esta Corporaci\u00f3n, en sentencia de casaci\u00f3n \u00a0CSJ SL5165 -2017, en igual sentido, y haciendo suya la CSJ SL, 12 \u00a0sep. 2006, rad. 26892, al respecto indic\u00f3:\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0no \u00a0hay lugar a la indemnizaci\u00f3n por despido, en cuanto \u00e9sta \u00a0surge como una compensaci\u00f3n por la p\u00e9rdida del empleo \u00a0que en estos casos no se dio, al haberse garantizado la estabilidad \u00a0laboral con la incorporaci\u00f3n a una de las nuevas plantas de \u00a0personal\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u201cEl \u00a0hecho de que la norma acusada se refiera a que el cambio del Seguro \u00a0Social a las nuevas Empresas Sociales del Estado, se hace sin \u00a0soluci\u00f3n de continuidad de las relaciones laborales, y que el \u00a0tiempo de servicios en el ISS se computar\u00e1 para todos los \u00a0efectos legales con el servido en ellas, reafirma que la relaci\u00f3n \u00a0se entiende como una sola, que no hay ruptura del v\u00ednculo de \u00a0trabajo, y que por lo tanto no es procedente se insiste, la \u00a0indemnizaci\u00f3n por despido injusto por haberse garantizado la \u00a0permanencia en el servicio, ni la sanci\u00f3n moratoria por el no \u00a0pago oportuno de las cesant\u00edas definitivas que s\u00f3lo se \u00a0hacen exigibles cuando termina la relaci\u00f3n laboral\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Aunque \u00a0la convocante no comparta los anteriores argumentos, ello no \u00a0convierte esa determinaci\u00f3n en caprichosa o antojadiza para \u00a0permitirle el paso a esta particular justicia, pues dicho \u00a0pronunciamiento fue adoptado teniendo en cuenta los criterios \u00a0jurisprudenciales y normativos aplicables al caso concreto; adem\u00e1s, \u00a0dentro del pleito se valor\u00f3 la declaraci\u00f3n dada por la \u00a0quejosa en el plenario, la cual no ten\u00eda otra interpretaci\u00f3n \u00a0que la dada por el juzgador, pues la petente confes\u00f3 que su \u00a0v\u00ednculo laboral se extendi\u00f3 despu\u00e9s del 26 de \u00a0junio de 2003, fecha de escisi\u00f3n del Instituto de Seguros \u00a0Sociales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el \u00a0amparo constitucional porque la tutela no es instrumento para definir \u00a0cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis \u00a0de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las \u00a0inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s \u00a0acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n \u00a0del juez constitucional. Al \u00a0respecto, esta Corte ha dicho: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0independientemente \u00a0de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores \u00a0atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en \u00a0caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de \u00a0hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio \u00a0interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como \u00a0tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de \u00a0otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo \u00a0brevemente: aunque \u00a0la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de \u00a0instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como \u00a0absurda la referida sentencia \u00a0(\u2026)\u201d1. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. En torno a la \u00a0presunta vulneraci\u00f3n de la prerrogativa establecida por el \u00a0art\u00edculo 13 de la Carta Pol\u00edtica, no est\u00e1 \u00a0demostrado que en iguales condiciones a las descritas en esta \u00a0salvaguarda, la tutelada imparti\u00f3 un trato diferente en favor \u00a0de otras personas. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En relaci\u00f3n \u00a0con este t\u00f3pico, la Sala expres\u00f3: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0Ahora, \u00a0se duele el impugnante del trato desigual [otorgado \u00a0a \u00e9l por los querellados]; \u00a0empero, no acredit\u00f3 el aspecto relacional con el fin de \u00a0efectuar el test de razonabilidad en la diferenciaci\u00f3n \u00a0dispensada por las accionadas, exigencia que cobra relevancia cuando \u00a0se demanda la protecci\u00f3n del derecho a la igualdad, puesto que \u00a0con el prop\u00f3sito de determinar su desconocimiento, resulta \u00a0necesario confrontar los casos concretos en los cuales las \u00a0autoridades convocadas hayan actuado de manera diferente frente a \u00a0situaciones semejantes a las que se encuentra inmerso el actor \u00a0constitucional \u00a0(\u2026)\u201d2 \u00a0(Resaltos \u00a0son nuestros). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Resta se\u00f1alar, siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n \u00a0Americana de Derechos Humanos3 \u00a0y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la \u00a0preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, \u00a0que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar \u00a0inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El tratado citado \u00a0resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n \u00a0Nacional, cuando dice: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0Las \u00a0relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda \u00a0nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos \u00a0y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional \u00a0aceptados por Colombia \u00a0(\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0sentido an\u00e1logo, la regla 93 ej\u00fasdem, \u00a0indica: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0Los \u00a0tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que \u00a0reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n \u00a0en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLos \u00a0derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n \u00a0de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos \u00a0humanos ratificados por Colombia \u00a0(\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Y, \u00a0del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre \u00a0el Derecho de los Tratados de 19694, \u00a0 debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) \u00a0Una \u00a0parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno \u00a0como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0Por las razones mencionadas, se impone revalidar la providencia \u00a0impugnada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
PRIMERO: \u00a0CONFIRMAR \u00a0la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo \u00a0expuesto en precedencia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
SEGUNDO: \u00a0Comun\u00edquese \u00a0telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los \u00a0interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte \u00a0Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
AROLDO WILSON \u00a0QUIROZ MONSALVO \u00a0<\/p>\n
Presidente de Sala \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
Con aclaraci\u00f3n \u00a0de voto \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ALONSO \u00a0RICO PUERTA \u00a0<\/p>\n
Con aclaraci\u00f3n \u00a0de voto \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
Con aclaraci\u00f3n \u00a0de voto \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO \u00a0TEJEIRO DUQUE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
CORTE \u00a0SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
STC525-2018 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00ba. 11001-02-04-000-2017-01983-01 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ACLARACI\u00d3N \u00a0DE VOTO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Con el debido \u00a0respeto, me permito aclarar mi voto en la decisi\u00f3n que ha \u00a0tomado la Sala en la tutela de la referencia, por cuanto a pesar de \u00a0acompa\u00f1ar el sentido de la providencia, considero innecesario \u00a0que en todos los casos, se \u00a0incluya un \u00a0p\u00e1rrafo gen\u00e9rico, \u00a0hablando del control de convencionalidad y del derecho de los \u00a0tratados, cuando los derechos que se pretende proteger o que en cada \u00a0caso se protegen o no, nada tienen que ver con el bloque de \u00a0constitucionalidad que se forma, de acuerdo con el art\u00edculo 93 \u00a0de nuestra \u00a0Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, cuando existen \u00a0derechos humanos protegidos en tratados internacionales celebrados, \u00a0acogidos o aprobados por Colombia, los cuales prevalecen sobre el \u00a0derecho interno para efectos de su protecci\u00f3n constitucional \u00a0formando con dicha constituci\u00f3n un todo protegible. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Y mi aclaraci\u00f3n \u00a0en nada se dirige a que se desconozcan esos derechos o que no se \u00a0utilicen las herramientas superiores y m\u00e1s eficaces para la \u00a0defensa de los derechos fundamentales. Por el contrario, me preocupa \u00a0que la introducci\u00f3n de un discurso gen\u00e9rico en todas \u00a0las sentencias sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica y verificaci\u00f3n \u00a0efectiva, puede tener los efectos contrarios y conducir a la \u00a0trivializaci\u00f3n de una herramienta importante en la protecci\u00f3n \u00a0de los derechos constitucionales, si tenemos en cuenta que no se \u00a0trata simplemente de enunciar un control de manera lapidaria y \u00a0autom\u00e1tica sino de aplicarlo efectivamente en cada caso donde \u00a0haga falta su uso, que no es siempre, porque creo que existen muchas \u00a0solicitudes de amparo que pueden obtener resultados positivos con el \u00a0mero derecho nuestro, ya sea el legislativo o el constitucional, sin \u00a0que para nada haga falta hacer uso de los tratados, y otras veces \u00a0porque no siempre existen tratados que contengan el derecho invocado \u00a0por el ciudadano demandante de protecci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
No es mi inter\u00e9s \u00a0polemizar sino por el contrario, simplificar la forma de enfrentar en \u00a0cada caso cada vulneraci\u00f3n alegada con el derecho reclamado y \u00a0si llenamos las providencias de teor\u00edas, las hacemos m\u00e1s \u00a0complejas y menos comprensibles para los ciudadanos que son los \u00a0destinatarios de ellas y de la did\u00e1ctica que conllevan. \u00a0 Tampoco niego que en unos casos es necesario teorizar respecto de \u00a0ciertos hechos o situaciones que se refieren a la protecci\u00f3n \u00a0solicitada, como cuando se requiere invocar los tratados para \u00a0proteger unos derechos que \u00a0no aparecen muy di\u00e1fanos en \u00a0nuestra legislaci\u00f3n o que han avanzado m\u00e1s en otros \u00a0pa\u00edses, all\u00ed, bienvenida toda la teor\u00eda sobre \u00a0los tratados y sobre la convencionalidad, pero para cada caso \u00a0particular y adaptada a los hechos, no pegada en todas las tutelas \u00a0para hacer creer que en todos los casos se necesita hacer el \u00a0mencionado control, pues considero que se llega a \u00e9ste cuando \u00a0existen choques de legislaci\u00f3n \u00a0entre la interna y el \u00a0respectivo tratado \u00a0, yendo \u00e9ste m\u00e1s all\u00e1 en la \u00a0protecci\u00f3n No de manera general. \u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00a0porque esa trivializaci\u00f3n del bloque de constitucionalidad sin \u00a0entrar efectivamente a confrontarlo, nos puede llevar a \u00a0contradicciones, o casos en que se invoca o se incluye en la tutela y \u00a0efectivamente no se hace el control. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
No desconozco el \u00a0esfuerzo y el inter\u00e9s del ponente por los temas del derecho \u00a0internacional de los derechos humanos, \u00a0el cual admiro y comparto, \u00a0pero si lo limitamos a lo estrictamente necesario nos puede generar \u00a0mejores frutos en favor de los sujetos especialmente protegidos. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Es cierto que \u00a0existen tendencias a las inclusi\u00f3n de los derechos humanos en \u00a0las constituciones y que eso constituye garant\u00eda de su \u00a0eficacia, pero no necesariamente de su fundamentalidad y de su \u00a0protecci\u00f3n como derechos naturales, pues la mayor\u00eda de \u00a0las constituciones advierten que la lista de esos derechos no es \u00a0taxativa y que pueden existir muchos otros que alcancen esa categor\u00eda \u00a0y protecci\u00f3n como tales aunque la constituci\u00f3n no los \u00a0contenga, e incluso aunque no existan en ning\u00fan tratado \u00a0internacional. Pero eso no le quita validez a la teor\u00eda del \u00a0bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad. \u00a0Es \u00a0una herramienta v\u00e1lida y \u00fatil que no se puede \u00a0desprestigiar us\u00e1ndola mal, o diciendo que se usa sin hacerlo, \u00a0solo enunci\u00e1ndola. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Es cierto que fue \u00a0la Constituci\u00f3n de 1991 la que orden\u00f3 la \u00a0constitucionalizaci\u00f3n de los derechos humanos, y que antes de \u00a0ella no se aplicaban aunque estuvieran inscritos en tratados \u00a0internacionales aprobados por Colombia, caso de los derechos \u00a0laborales incluidos en convenciones de la OIT, pero adem\u00e1s \u00a0exist\u00edan teor\u00edas que negaban valor a los tratados por \u00a0encima de la constituci\u00f3n interna de cada pa\u00eds, \u00a0pero \u00a0cada d\u00eda con mayor intensidad se va superando ese \u00a0desconocimiento con fundamento en la pr\u00e1ctica de su \u00a0aplicaci\u00f3n, pero no basta mencionar de manera autom\u00e1tica \u00a0la teor\u00eda sino ejercer la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica. \u00a0Por eso reclamo que no se inserte un p\u00e1rrafo vac\u00edo sino \u00a0que se aplique con toda atenci\u00f3n en los casos en que sea \u00a0necesario con todo el tiempo y el espacio que el tema necesite, para \u00a0defender los derechos humanos no solo desde el punto de vista de la \u00a0constituci\u00f3n sino tambi\u00e9n desde la prevalencia de las \u00a0normas internacionales que regulan esos derechos. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Lo que trae el \u00a0p\u00e1rrafo cuya inclusi\u00f3n critico no es falso, pero \u00a0trivializa el tema. Es cierto que la Constituci\u00f3n de 1991 \u00a0acogiendo tendencias internacionales del derecho da un tratamiento \u00a0especial al derecho internacional de los derechos humanos, que fue \u00a0acogido de manera certera al crear lo que se conoce doctrinariamente \u00a0como \u201cel bloque de constitucionalidad\u201d, que permiti\u00f3 \u00a0una incorporaci\u00f3n fuerte del derecho internacional de los \u00a0derechos humanos en la pr\u00e1ctica jur\u00eddica del \u00a0constitucionalismo, dando poder vinculante a la teor\u00eda \u00a0internacional de los derechos humanos, y no solo en acciones \u00a0constitucionales sino en todo el derecho ordinario, pues la \u00a0constituci\u00f3n es la norma de normas. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por eso mi \u00a0aclaraci\u00f3n no es una oposici\u00f3n a que se haga control de \u00a0convencionalidad que veo no solo \u00fatil sino necesario, sino a \u00a0que cuando se incluya su teor\u00eda en las providencias sea porque \u00a0verdaderamente se necesite y efectivamente se haga, y de esa forma no \u00a0se vuelva una operaci\u00f3n autom\u00e1tica de inclusi\u00f3n \u00a0de un tema que se vuelve vanal y sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica \u00a0en la defensa de los derechos. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Con todo respeto \u00a0y acatamiento \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ALVARO FERNANDO \u00a0GARCIA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ACLARACI\u00d3N \u00a0DE VOTO \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-01983-01 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Aunque \u00a0comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el \u00a0acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con \u00a0el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en \u00a0el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica \u00a0y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el ejercicio del \u00a0denominado \u00abcontrol \u00a0de convencionalidad\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Ciertamente, \u00a0de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte \u00a0Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un \u00a0tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, \u00a0entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex \u00a0officio, \u00a0en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. \u00a0<\/p>\n
De \u00a0esta manera, el \u00abcontrol \u00a0de convencionalidad\u00bb \u00a0comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 \u00a0acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos \u00a0pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel \u00a0efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb6, \u00a0lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado \u00a0o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus \u00a0disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del \u00a0est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos \u00a0humanos\u00bb7; \u00a0todo lo cual resulta ajeno al presente caso. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En los anteriores \u00a0t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con \u00a0comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Civil. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ALONSO \u00a0RICO PUERTA \u00a0<\/p>\n
Magistrada \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ACLARACI\u00d3N \u00a0DE VOTO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Con mi \u00a0acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la \u00a0providencia, me permito exponer las razones por las cuales debo \u00a0aclarar mi voto en el presente asunto. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En lo que \u00a0concierne a la afirmaci\u00f3n que se hizo al fginal del fallo \u00a0acerca del control de convencionalidad, considero que esa creaci\u00f3n \u00a0de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de un \u00a0sistema cuya naturaleza es subsidiaria y complementaria como lo es el \u00a0sistema interamericano de protecci\u00f3n de derechos humanos, no \u00a0tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias en que \u00a0est\u00e9n involucrados derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Particularmente, \u00a0en los casos en los que las garant\u00edas superiores sobre las \u00a0cuales versa la queja, se encuentran reconocidas y suficientemente \u00a0garantizadas en el derecho interno, no estimo necesario dar \u00a0aplicaci\u00f3n a la indicada figura, cuya utilidad, en mi \u00a0criterio, se restringe a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, \u00a0d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, \u00a0o una manifiesta disonancia entre estas y la Convenci\u00f3n \u00a0Americana sobre Derechos Humanos. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
A mi juicio, las \u00a0controversias en que no se presente tal desarmon\u00eda en la \u00a0normatividad protectora, ni falta de garant\u00eda constitucional y \u00a0legal de los derechos involucrados, como sucede en la acci\u00f3n \u00a0de tutela de la referencia, en la cual esas prerrogativas est\u00e1n \u00a0consagradas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en preceptos \u00a0legales que se ocupan espec\u00edficamente de reconocerlas y \u00a0se\u00f1alar la forma en que pueden hacerse efectivas ofreci\u00e9ndoles \u00a0un adecuado marco jur\u00eddico de protecci\u00f3n, es inane el \u00a0control de convencionalidad al que se alude. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De los se\u00f1ores \u00a0Magistrados, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CSJ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterado el 3 de junio \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de 2011, exp. 00974-01 y el 18 de enero de 2012. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sentencia de 18 de octubre de 2013, exp. 2013-00446-01. \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. \u00a0<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0contra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0No. 158, p\u00e1rrafo 128. \u00a0<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CIDH. Caso \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Heliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180. \u00a0<\/p>\n
18 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 LUIS \u00a0ARMANDO TOLOSA VILLABONA \u00a0 Magistrado ponente \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 STC525-2018 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-01983-01 \u00a0 (Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho) \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1, \u00a0D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018) \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-95753","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/95753","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=95753"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/95753\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=95753"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=95753"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=95753"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}