\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
FRANCISCO \u00a0TERNERA BARRIOS \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
AC1259-2024 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0 11001-02-03-000-2023-03711-00 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veinticuatro) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., diez (10) de abril de dos mil veinticuatro (2024). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Esta \u00a0Sala resuelve el recurso de s\u00faplica interpuesto por \u00d3scar \u00a0Ra\u00fal Correa Ortiz \u2013a trav\u00e9s de apoderado- frente \u00a0al auto proferido por el Magistrado Ponente el 4 de octubre de 2023, \u00a0con el cual se rechaz\u00f3 la demanda de exequ\u00e1tur de la \u00a0sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia No. 3 de San \u00a0Sebasti\u00e1n (Familia), Reino de Espa\u00f1a el 26 de octubre \u00a0de 2009, en el juicio de divorcio 0000448\/2009. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
I. \u00a0ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0El promotor solicit\u00f3 se conceda el exequ\u00e1tur de la \u00a0providencia referida, con fundamento en lo previsto en el Convenio \u00a0sobre Ejecuci\u00f3n de Sentencias Civiles suscrito entre Colombia \u00a0y el Reino de Espa\u00f1a, aprobado mediante la Ley 7\u00aa de 30 \u00a0de mayo de 1908. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0El \u00a0Magistrado de conocimiento -con prove\u00eddo del 4 de octubre de \u00a02023-1 \u00a0resolvi\u00f3 rechazar la solicitud impetrada. Para ello, sostuvo \u00a0lo siguiente: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Y \u00a0agreg\u00f3 que, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u2026Si \u00a0bien el paso de la legalizaci\u00f3n debe agotarse conforme al \u00a0art\u00edculo 4 de la \u201cConvenci\u00f3n sobre la abolici\u00f3n \u00a0del requisito de legalizaci\u00f3n para documento p\u00fablicos \u00a0extranjeros\u201d, suscrita en la Haya el 5 de octubre de 1961, lo \u00a0cierto es que la firma de la Letrada de la Administraci\u00f3n de \u00a0Justicia Primera Instancia N\u00b0 3 Donostia-San Sebasti\u00e1n \u00a0sobre la autenticidad del documento, no corresponde a la del \u00a0funcionario encargado de dar fe de la firmeza en los t\u00e9rminos \u00a0antes referidos, esto es, un representante del \u201cMinisterio de \u00a0Gobierno o de Gracia y Justicia\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Inconforme con esa determinaci\u00f3n, el actor impetr\u00f3 \u00a0recurso de reposici\u00f3n2. \u00a0En sustento de su reclamo, enrostr\u00f3 que \u00abal \u00a0tenor de lo previsto en la legislaci\u00f3n espa\u00f1ola, por \u00a0cierto, actualizada en 1985, julio 1 cuando se dict\u00f3 la ley 6 \u00a0de 1985 que contiene la denominada Ley Org\u00e1nica del Poder \u00a0Judicial, es el Letrado de la Administraci\u00f3n Judicial (LAJ) en \u00a0Espa\u00f1a el UNICO con capacidad para certificar la autenticidad \u00a0de una sentencia expedida por un Juzgado de Primera Instancia, como \u00a0el de Donostia- San Sebasti\u00e1n\u2026\u00bb. \u00a0Adem\u00e1s, indic\u00f3 que \u00ab\u2026la \u00a0firma del Letrado de la Administraci\u00f3n de Justicia (LAJ) que \u00a0certifica la sentencia, ha sido legalizada seg\u00fan los t\u00e9rminos \u00a0de la Convenci\u00f3n sobre abolici\u00f3n del requisito de \u00a0legalizaci\u00f3n para documentos p\u00fablicos extranjeros \u00a0suscrita en la Haya el 5 de octubre de 1961, debe entenderse como \u00a0debidamente legalizada, a los efectos del art\u00edculo 606.3 del \u00a0CGP\u00bb. \u00a0Finalmente, \u00a0en escrito posterior, agreg\u00f3 que \u00abdebe \u00a0observarse que el \u00fanico tr\u00e1mite exigido para la \u00a0apostilla del documento p\u00fablico de que se trata\u2026 para \u00a0certificar la autenticidad de la firma, a que t\u00edtulo act\u00faa \u00a0la persona que firma el documento y cuando proceda, la indicaci\u00f3n \u00a0sello o estampilla que llevare, es la adici\u00f3n del certificado \u00a0descrito en el art\u00edculo 4 expedido por la autoridad competente \u00a0del Estado de donde emana el documento\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0No obstante, el Magistrado Ponente rechaz\u00f3 el recurso por \u00a0improcedente. Y, en su lugar, lo adecu\u00f3 al remedio que ahora \u00a0se estudia3. \u00a0La Secretar\u00eda de la Sala corri\u00f3 el traslado respectivo, \u00a0que venci\u00f3 en silencio. Posteriormente, el expediente ingres\u00f3 \u00a0a este despacho para resolver lo pertinente. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
II. \u00a0CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Sea \u00a0lo primero resaltar la procedencia del recurso interpuesto. Esto es, \u00a0la providencia cuestionada es aquella que rechaz\u00f3 la demanda \u00a0de exequ\u00e1tur, decisi\u00f3n pasible de apelaci\u00f3n a \u00a0voces del numeral 1\u00ba del canon 321 del C\u00f3digo General del \u00a0Proceso, en armon\u00eda con las previsiones de los art\u00edculos \u00a0331 y 332 \u00eddem. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Dicho lo anterior, la Sala advierte que la providencia reprochada \u00a0habr\u00e1 de mantenerse inc\u00f3lume. En efecto, si bien el \u00a0recurrente pretende que se le reconozca efectos jur\u00eddicos en \u00a0el pa\u00eds a la sentencia proferida \u00a0por el Juzgado de Primera Instancia No. 3 de San Sebasti\u00e1n \u00a0(Familia) el 26 de octubre de 2009, lo \u00a0cierto es que, tal como se corrobor\u00f3 del expediente, la \u00a0solicitud no incorpor\u00f3 el certificado expedido por el \u00a0Ministerio de Gobierno o de Gracia y Justicia [hoy Subdirecci\u00f3n \u00a0General Adjunta de Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica Internacional y \u00a0Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de Espa\u00f1a], con la \u00a0firma legalizada por el correspondiente Ministro de Estado o de \u00a0Relaciones Exteriores, en los t\u00e9rminos del Convenio suscrito \u00a0entre Colombia y Espa\u00f1a el 30 de mayo de 1908 para el \u00a0cumplimiento de sentencias civiles4. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Por lo dem\u00e1s, t\u00e9ngase en cuenta que, como la \u00a0certificaci\u00f3n allegada no emana de la Subdirecci\u00f3n \u00a0General Adjunta de Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica Internacional y \u00a0Relaciones con las confesiones del Ministerio de Justicia, no es \u00a0dable predicar satisfecha la exigencia referida. Esto es, no es \u00a0factible sustituir la constancia requerida por el pacto internacional \u00a0en cita, con la manifestaci\u00f3n de una funcionaria perteneciente \u00a0al despacho que profiri\u00f3 el veredicto se\u00f1alado. \u00a0En \u00a0un asunto de similar temperamento, la Corte ratific\u00f3 lo \u00a0siguiente: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u2026no \u00a0es id\u00f3nea la certificaci\u00f3n expedida por el letrado de \u00a0la administraci\u00f3n de justicia del Juzgado de Primera Instancia \u00a0e Instrucci\u00f3n No. 4 de Majadahonda, Madrid, Espa\u00f1a, en \u00a0la que dicho funcionario manifest\u00f3 que la providencia de la \u00a0que se pretende el exequ\u00e1tur \u00abES FIRME\u00bb; toda vez \u00a0que de conformidad con la exposici\u00f3n de motivos precedente, la \u00a0autoridad de la cual debe emanar la constancia de ejecutoria es el \u00a0Ministro de Gobierno o de Gracia y Justicia [Actual Subdirecci\u00f3n \u00a0General Adjunta de Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica Internacional y \u00a0Relaciones con las \u00a0Confesiones \u00a0del Ministerio de Justicia], documento que no se encuentra en el \u00a0expediente, de lo cual se desprende que no es procedente dar curso a \u00a0esta demanda, es decir, se impone su rechazo frontal (CSJ \u00a0AC868-2021, 15 mar., rad. 2021-00022-00, criterio reiterado en CSJ \u00a0AC996-2022, 15 mar., rad. 2022-00678-00, CSJ AC5666-2022, 13 dic., \u00a0rad. 2022-04180-00). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0manera que, el Magistrado Sustanciador acert\u00f3 al rechazar la \u00a0solicitud ante la ausencia de ese requisito. As\u00ed lo ha \u00a0dispuesto esta Sala en casos an\u00e1logos (CSJ AC5566-2018, 19 \u00a0dic., rad. 2018-02899-00, reiterado en CSJ AC215-2020, 29 en., rad. \u00a02020-00190-00, CSJ AC4545-2022, 10 oct., rad. 2022-03229-00, CSJ \u00a0SC108-2023, 2 mar., rad 2021-03448-00 y CSJ AC1865-2023, 10 jul., \u00a0rad. 2023-02576-00, entre otros). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Por lo expuesto, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n suplicada. \u00a0No se impone condena en costas, por cuanto no existe constancia de \u00a0que se hayan causado (n\u00fam. 8\u00b0 del art\u00edculo 365 del \u00a0C.G.P.). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
III. \u00a0DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil, \u00a0Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
PRIMERO: \u00a0CONFIRMAR la \u00a0providencia dictada por el Magistrado Ponente el \u00a04 de octubre de 2023. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
SEGUNDO: \u00a0Sin \u00a0condena en costas. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA \u00a0<\/p>\n
Presidente \u00a0de Sala \u00a0<\/p>\n
HILDA \u00a0GONZ\u00c1LEZ NEIRA \u00a0<\/p>\n
MARTHA \u00a0PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ \u00a0<\/p>\n
AROLDO \u00a0WILSON QUIROZ MONSALVO \u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ALONSO RICO PUERTA \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0P\u00e1ginas 1-3, archivo \u201c11001020300020230371100-0007Auto\u201d \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del expediente digital. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0P\u00e1ginas 1-3 del archivo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201c11001020300020230371100-0010Memorial\u201d y p\u00e1ginas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a01-3 del archivo \u201c11001020300020230371100-0014Memorial\u201d \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del expediente digital. \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0P\u00e1ginas 1-4, archivo \u201c11001020300020230371100-0017Auto\u201d \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del expediente digital. \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Aprobado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el Colombia mediante la Ley 7\u00aa de 1908. \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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