{"id":95947,"date":"2025-06-18T15:52:06","date_gmt":"2025-06-18T15:52:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/06\/18\/atc608-2024\/"},"modified":"2025-06-18T15:52:06","modified_gmt":"2025-06-18T15:52:06","slug":"atc608-2024","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/06\/18\/atc608-2024\/","title":{"rendered":"ATC608-2024"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>FERNANDO \u00a0AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA \u00a0<\/p>\n<p>Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>ATC608-2024 \u00a0<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 11001-02-30-000-2024-00124-01 \u00a0<\/p>\n<p>(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n del nueve de abril de dos mil veinticuatro) \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Bogot\u00e1, \u00a0D.C., nueve (9) de abril de dos mil veinticuatro (2024). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Seria \u00a0del caso resolver la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 20 de \u00a0febrero de 2024 por la Sala \u00a0de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0dentro \u00a0de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00a0Luis \u00a0Fernando Arciniegas Vargas contra \u00a0la \u00a0Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y \u00a0la Comisi\u00f3n \u00a0Seccional de Disciplina Judicial del Meta, \u00a0si no fuera porque se advierte una irregularidad que afecta la \u00a0actuaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n<p>ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0El accionante acudi\u00f3 al presente mecanismo constitucional \u00a0buscando \u00a0la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al \u00a0debido proceso, defensa, igualdad, trabajo, acceso a la \u00a0administraci\u00f3n de justicia y \u00abseguridad \u00a0jur\u00eddica\u00bb, \u00a0para \u00a0que se ordenara i) \u00a0\u00abLA \u00a0NULIDAD de las providencias del 7 de septiembre de 2023 (\u2026) y \u00a0del 12 de diciembre de 2023, proferidas por la COMISI\u00d3N \u00a0SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL META y la COMISI\u00d3N \u00a0NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL\u00bb dentro \u00a0del proceso disciplinario n\u00ba 2018-00652 seguido en su contra; \u00a0ii) \u00a0\u00abla \u00a0prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinaria en este asunto, \u00a0por haber operado dicho fen\u00f3meno\u00bb; iii) \u00a0se \u00a0oficie \u00a0\u00aba \u00a0la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n \u00a0Judicial del Meta, para que no d\u00e9 cumplimiento a la orden de \u00a0suspensi\u00f3n del ejercicio del cargo como Juez Penal del \u00a0Circuito de Granada (Meta)\u00bb; y \u00a0iv) se \u00a0ordene la cancelaci\u00f3n de \u00a0\u00abtodas las anotaciones que como consecuencia de este proceso se \u00a0generaron en la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, en \u00a0la propia Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y en mi \u00a0hoja de vida respectivamente\u00bb. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0 \u00a0La Hom\u00f3loga Penal de esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el \u00a0amparo tras considerar que la decisi\u00f3n de segunda instancia \u00a0proferida al interior del proceso disciplinario referenciado \u00abestuvo \u00a0fundamentada en la revisi\u00f3n de las pruebas aportadas, \u00a0atendiendo a la normativa aplicable, esto es, la Ley 734 de 2002, y \u00a0siendo coherente en los fundamentos y las determinaciones adoptadas\u00bb. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0 \u00a0Inconforme con lo decidido, el accionante impugn\u00f3 el fallo \u00a0con argumentos similares a los del escrito de tutela. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0 \u00a0 \u00a0De lo se\u00f1alado anteriormente resulta claro que la Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n carec\u00eda de \u00a0competencia para adelantar el presente tramite constitucional puesto \u00a0que, fue interpuesto por un funcionario de la jurisdicci\u00f3n \u00a0ordinaria con ocasi\u00f3n a su desempe\u00f1o como Juez Penal \u00a0del Circuito de Granada, Meta, informaci\u00f3n que fue posible \u00a0verificar en el escrito tutelar y los anexos allegados con este. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0este sentido, la autoridad competente para conocer de la presente \u00a0acci\u00f3n constitucional, como juez de primer grado, es el \u00a0Consejo de Estado en \u00a0virtud de lo consagrado en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo \u00a02.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 \u00a0de 2021: \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Las \u00a0acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la \u00a0Judicatura y la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial ser\u00e1n \u00a0repartidas para su conocimiento en primera instancia, a la Corte \u00a0Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolver\u00e1 por \u00a0la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n que \u00a0corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el \u00a0art\u00edculo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto.\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Cuando \u00a0se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o \u00a0empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la \u00a0jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a \u00a0la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, \u00a0y cuando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios \u00a0o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la \u00a0jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, el conocimiento \u00a0corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n ordinaria. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0 En \u00a0consecuencia, \u00a0se \u00a0impone la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo \u00a0General del Proceso en lo relacionado a los efectos de la \u00a0declaratoria de falta de competencia, extensivo a este mecanismo \u00a0excepcional por mandato del art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 \u00a0de 1992, reglamentario del 2591 de 1991. Al respecto ha sostenido \u00a0esta Sala: \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>[e]l \u00a0fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para \u00a0tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a \u00a0partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del \u00a0Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se \u00a0torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia \u00a0por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el \u00a0inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, \u00a0por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 \u00a0obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la \u00a0cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de \u00a0tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 \u00a0de 1992. (ATC1323-2019, \u00a0reiterada en ATC155-2022, ATC106- 2023 y ATC1109-2023). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0En \u00a0situaciones an\u00e1logas a la presentada, en interpretaci\u00f3n \u00a0del Decreto 1382 de 2000, la Sala precis\u00f3 sobre la facultad \u00a0para decretar nulidades que: \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>(\u2026) \u00a0[L]a Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte \u00a0Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) \u00a0sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el \u00a0tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su \u00a0finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n \u00a0efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>(\u2026) \u00a0[E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no \u00a0est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar \u00a0nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o \u00a0interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de \u00a02000 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de \u00a0fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen \u00a0jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para \u00a0conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l \u00a0contenidas son meramente de reparto. \u201cEn efecto, el Decreto \u00a01382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de \u00a02001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la \u00a0acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de \u00a0reparto entre los jueces competentes (\u2026). \u00a0ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado entre otros en ATC7895- \u00a02016, ATC299-2022 y ATC751-2022. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala \u00a0de Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en \u00a0nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n<p>RESUELVE \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>PRIMERO: \u00a0Declarar la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio \u00a0expedido el 12 de febrero de 2024 por la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela de la referencia, \u00a0sin \u00a0perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del \u00a0inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16, concordante con el 138 del \u00a0C\u00f3digo General del Proceso. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>SEGUNDO: \u00a0Ordenar \u00a0la remisi\u00f3n de las diligencias al Consejo de Estado, para que \u00a0asuma el conocimiento en primera instancia. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>TERCERO: \u00a0Comun\u00edquese \u00a0por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a los \u00a0intervinientes y a la sala a \u00a0quo. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>FERNANDO \u00a0AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA \u00a0<\/p>\n<p>Presidente \u00a0de Sala \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>HILDA \u00a0GONZ\u00c1LEZ NEIRA \u00a0<\/p>\n<p>(Comisi\u00f3n \u00a0de servicios) \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>MARTHA \u00a0PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ \u00a0<\/p>\n<p>AROLDO \u00a0WILSON QUIROZ MONSALVO \u00a0<\/p>\n<p>LUIS \u00a0ALONSO RICO PUERTA \u00a0<\/p>\n<p>OCTAVIO \u00a0AUGUSTO TEJEIRO DUQUE \u00a0<\/p>\n<p>FRANCISCO \u00a0TERNERA BARRIOS \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 FERNANDO \u00a0AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA \u00a0 Magistrado \u00a0Ponente \u00a0 \u00a0\u00a0 ATC608-2024 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 11001-02-30-000-2024-00124-01 \u00a0 (Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n del nueve de abril de dos mil veinticuatro) \u00a0 \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1, \u00a0D.C., nueve (9) de abril de dos mil veinticuatro (2024). \u00a0 \u00a0\u00a0 Seria \u00a0del caso resolver la impugnaci\u00f3n del fallo proferido 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