\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
FRANCISCO \u00a0TERNERA BARRIOS \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ATC727-2024 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0. 13001-22-13-000-2024-00060-01 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Ser\u00eda del caso decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta \u00a0contra el fallo proferido por la Sala \u00a0Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Cartagena el 26 de febrero pasado, \u00a0en la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Rogelio Miranda \u00a0Leyva, quien dijo obrar en calidad de apoderado de Yobani Castro \u00a0Palacio, \u00a0contra \u00a0el Juzgado Segundo de Familia de esa Ciudad, \u00a0de no ser porque se advierte que quien interpuso el recurso carece de \u00a0legitimaci\u00f3n, lo que torna inviable su procedencia y le resta \u00a0competencia funcional a esta Corporaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Al respecto, frente a la legitimaci\u00f3n en la causa, el art\u00edculo \u00a010 del decreto 2591 de 1991 establece que \u00abpodr\u00e1 \u00a0ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera \u00a0persona vulnerada o amenazada \u00a0en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed \u00a0misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n \u00a0aut\u00e9nticos\u00bb \u00a0(se subraya). Por su parte, el art\u00edculo 31 del citado decreto, \u00a0consagra que \u00abel \u00a0fallo podr\u00e1 ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el \u00a0solicitante, la autoridad p\u00fablica o el representante del \u00a0\u00f3rgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento \u00a0inmediato\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Bajo ese horizonte, resulta \u00a0claro que para la impugnaci\u00f3n del fallo proferido en las \u00a0acciones de tutela al igual que para la formulaci\u00f3n de la \u00a0solicitud de amparo, constituye requisito esencial que quien obre \u00a0para tales efectos, esto es, como impugnante o actor, tenga un \u00a0inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual no se \u00a0satisface con la simple manifestaci\u00f3n en el sentido que le \u00a0asiste, sino que es menester que demuestre este ante el respectivo \u00a0funcionario. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0As\u00ed pues, cuando el fallo de tutela de primera instancia \u00a0desestima las s\u00faplicas o accede a ellas, el accionante o el \u00a0enjuiciado, en su orden, pueden insistir en sus planteamientos, el \u00a0primero, porque todav\u00eda persiste la violaci\u00f3n o la \u00a0amenaza de sus garant\u00edas por parte de la autoridad o el \u00a0particular accionado, o \u00e9ste, porque la conculcaci\u00f3n de \u00a0prerrogativas que le es endilgada no se present\u00f3 o dej\u00f3 \u00a0de existir; casos en los cuales ser\u00e1 el juez constitucional de \u00a0segundo grado el encargado de dilucidar la controversia, como lo \u00a0ordena la regla 31 de la aludida disposici\u00f3n legal. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Entonces, \u00a0si la sentencia le es adversa al promotor del amparo o al accionado, \u00a0de all\u00ed surge su inter\u00e9s para opugnarla; en ese \u00a0sentido, en asuntos con alguna simetr\u00eda al de ahora, la Corte \u00a0ha considerado que \u00abcuando \u00a0un Juez se enfrenta con una solicitud de impugnaci\u00f3n, preciso \u00a0es que se examine la legitimaci\u00f3n, el inter\u00e9s y la \u00a0oportunidad respectiva… Dentro del presente asunto, se advierte que \u00a0el accionante carece de inter\u00e9s para recurrir toda vez que\u2026 \u00a0ninguna de las determinaciones all\u00ed adoptadas le [fue] \u00a0desfavorable\u00bb \u00a0(CSJ STC, 14 dic. 2010, rad. 00008-02; reiterado, entre muchos otros, \u00a0en CSJ ATC, 18 oct. 2011, rad. 2011-01224-01). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Conforme a lo anterior, analizado el caso de marras, se evidencia que \u00a0este resguardo se formul\u00f3 contra el Juzgado Segundo de Familia \u00a0de Cartagena, por cuanto, en concepto del promotor, dicho estrado ha \u00a0incurrido en \u00abmora \u00a0procesal\u00bb, \u00a0toda vez que \u00abno \u00a0se ha pronunciado ni ha fijado fecha de audiencia\u00bb, \u00a0dentro del proceso de alimentos que se adelanta contra Yobany Castro \u00a0Palacio, lo que compromete las garant\u00edas esenciales de este \u00a0\u00faltimo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Ante \u00a0dicho reclamo, el a \u00a0quo constitucional \u00a0concedi\u00f3 la protecci\u00f3n invocada y, en consecuencia, \u00a0orden\u00f3 al Juzgado Segundo de Familia de Cartagena que \u00abefect\u00fae \u00a0una revisi\u00f3n del expediente de alimentos [criticado], se \u00a0pronuncie sobre la solicitud de impulso presentada e imparta \u00a0celeridad al tr\u00e1mite de ese asunto, desplegando las \u00a0actuaciones secretariales o de despacho que se hallen pendientes de \u00a0ejecuci\u00f3n\u00bb, \u00a0mandat\u00f3 que impugn\u00f3 Ingris Payares Alfaro, quien se \u00a0desempe\u00f1a como secretar\u00eda del despacho judicial \u00a0accionado, conforme se deduce de las actuaciones que reposan en el \u00a0expediente contentivo del proceso criticado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Luego, \u00a0evidente es que quien formul\u00f3 la alzada no se encontraba \u00a0legitimada para hacerlo, por no irrogarle a ella ning\u00fan \u00a0perjuicio, teniendo en cuenta que la orden constitucional fue \u00a0dirigida al juzgado accionado y quien debe cumplirla es el titular \u00a0del mismo, esto es, la persona que ostente la condici\u00f3n de \u00a0juez en dicha dependencia judicial, pues es a ese funcionario, en su \u00a0condici\u00f3n de director del juicio, a quien le corresponde \u00a0\u00ab[d]irigir \u00a0el proceso, velar por su r\u00e1pida soluci\u00f3n, presidir las \u00a0audiencias, adoptar las medidas conducentes para impedir la \u00a0paralizaci\u00f3n y dilaci\u00f3n del proceso y procurar la mayor \u00a0econom\u00eda procesal\u00bb \u00a0(art\u00edculo \u00a042, numeral 1\u00b0, C\u00f3digo General del Proceso). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0Finalmente, se advierte que la presente decisi\u00f3n se adopta \u00a0mediante auto, manteniendo el criterio que en tal sentido se\u00f1al\u00f3 \u00a0esta Sala con prove\u00eddo del 16 de abril 2008 (rad. \u00a02007-00272-01), reiterado en ATC1047-2020, 4 nov., rad. 00043-01; \u00a0ATC549-2022, 27 abr., rad. 00241-01; ATC1396-2022, 20 sep., rad. \u00a000225-01; ATC318-2023, 27 mar., rad. 00062-01, reiterado \u00a0recientemente en CSJ ATC448-2023). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Primero: \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Declarar \u00a0inadmisible la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de \u00a0fecha, naturaleza y procedencia inicialmente referida. \u00a0<\/p>\n
Segundo: \u00a0Previa \u00a0comunicaci\u00f3n de lo resuelto a las partes y al fallador a \u00a0quo, se \u00a0ordena la remisi\u00f3n del expediente a la Corte Constitucional \u00a0para que se surta el tr\u00e1mite de su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Notif\u00edquese \u00a0y C\u00famplase. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
FRANCISCO \u00a0TERNERA BARRIOS \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 FRANCISCO \u00a0TERNERA BARRIOS \u00a0 Magistrado \u00a0Ponente \u00a0 \u00a0\u00a0 ATC727-2024 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0. 13001-22-13-000-2024-00060-01 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 1. \u00a0Ser\u00eda del caso decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta \u00a0contra el fallo proferido por la Sala \u00a0Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Cartagena el 26 de febrero pasado, \u00a0en la acci\u00f3n de tutela […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[101],"tags":[],"class_list":["post-95980","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2024"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/95980","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=95980"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/95980\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=95980"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=95980"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=95980"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}