\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
FRANCISCO \u00a0TERNERA BARRIOS \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
STC4795-2024 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00ba 11001-02-03-000-2024-01189-00 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de \u00a0veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Esta Sala decide \u00a0la acci\u00f3n de tutela instaurada por Rocio Ballesteros Pinz\u00f3n \u00a0quien \u00a0dice actuar como apoderada de Positiva Compa\u00f1\u00eda de \u00a0Seguros S.A. contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del \u00a0Distrito Judicial de Bucaramanga. \u00a0Al \u00a0tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso \u00a0verbal de radicado 2017-00325. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
I. ANTECEDENTES. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0La gestora reclama \u00a0la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00a0al debido proceso, defensa, confianza leg\u00edtima, seguridad \u00a0jur\u00eddica y buena fe, presuntamente vulnerados por la autoridad \u00a0censurada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Del expediente allegado se resalta lo que viene. Carmenza Villamizar \u00a0Uribe y Diana Luc\u00eda y Jairo Bernardo Viola Villamizar \u00a0impetraron demanda contra Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros \u00a0S.A. y Generalli Colombia Vida Compa\u00f1\u00eda de Seguros \u00a0S.A., con el fin de que se declare la suscripci\u00f3n de contrato \u00a0de seguro de vida a favor de los beneficiarios por el fallecimiento \u00a0de Jairo Bernardo Viola Vald\u00e9s y su correspondiente pago1. \u00a0Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el Juzgado Noveno Civil del \u00a0Circuito de Bucaramanga -con fallo del 4 de febrero de 2019- decidi\u00f3 \u00a0declarar infundadas las excepciones propuestas. Y, que los \u00a0convocantes, en condici\u00f3n de esposa e hijos del fallecido, \u00a0\u00abtienen \u00a0el derecho de recibir el pago de la cobertura de muerte prevista en \u00a0el contrato\u00bb. \u00a0Por tanto, conden\u00f3 a Positiva Compa\u00f1\u00eda de \u00a0Seguros S.A. al pago \u00aben \u00a0favor de los demandantes de $202.223.369 que corresponde al 70% y \u00a0Generalli Colombia Vida Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A. la \u00a0suma de $86.668.444 equivalente al 30% que cada uno de ellos asumi\u00f3 \u00a0en virtud del coaseguro celebrado\u00bb. Inconformes \u00a0con la determinaci\u00f3n, el extremo pasivo interpuso recurso de \u00a0apelaci\u00f3n2. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0El Tribunal convocado -el 20 de febrero de 2019- admiti\u00f3 el \u00a0remedio de alzada3. \u00a0Seguidamente, \u00a0-con providencia del 30 de octubre de 2023- se\u00f1al\u00f3 que \u00a0el d\u00eda 14 de noviembre de 2023 se llevar\u00eda a cabo la \u00a0audiencia de alegaciones y fallo4. \u00a0En dicha fecha, la Sala resolvi\u00f3 declarar desierto el recurso \u00a0de apelaci\u00f3n presentado por Positiva Compa\u00f1\u00eda de \u00a0Seguros S.A. Adem\u00e1s, decidi\u00f3 confirmar la sentencia a \u00a0quo5 \u00a0frente \u00a0a la otra recurrente. Conforme lo decretado, la accionante, como \u00a0apoderada de Positiva Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A. present\u00f3 \u00a0incidente de nulidad con fundamento en el numeral 8 del art\u00edculo \u00a0133 del C\u00f3digo General del Proceso6. \u00a0El estrado colegiado -con auto del 1\u00b0 de diciembre de 2023- \u00a0dispuso \u00abnegar \u00a0la nulidad por indebida notificaci\u00f3n\u00bb7. \u00a0Frente a ello, impetr\u00f3 remedio de alzada y en subsidio de \u00a0s\u00faplica8. \u00a0En consecuencia, el tribunal -con prove\u00eddo del 21 de febrero \u00a0de 2024- adecu\u00f3 el recurso y surti\u00f3 el tr\u00e1mite \u00a0de cara al de s\u00faplica9. \u00a0Seguidamente, -con determinaci\u00f3n del 13 de marzo de 2024- \u00a0dispuso negar \u00abla \u00a0s\u00faplica\u00bb10. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2. La \u00a0gestora censura que \u00abno \u00a0es admisible la posici\u00f3n del Tribunal [\u2026], en cuanto a \u00a0reconocer que, si bien hubo un error al publicar en el expediente \u00a0digital la providencia con fecha de audiencia para el 21 de noviembre \u00a0del 2023 a las 9:00 am, este nunca lleg\u00f3 a ser publicado en \u00a0estados, mientras que la providencia que corrigi\u00f3 tal error y \u00a0agend\u00f3 la audiencia para 14 de noviembre de 2024 a las 9:00 \u00a0am, s\u00ed fue registrada en los estados electr\u00f3nicos\u00bb. \u00a0En \u00a0ese orden, estima que se le \u00abse \u00a0le impone una carga desproporcionada que no se tiene por qu\u00e9 \u00a0asumir, pues las partes del proceso naturalmente conf\u00edan en \u00a0las actuaciones de los operadores judiciales, como lo dispone el \u00a0principio de la buena fe\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Depreca que se \u00abdecrete \u00a0la nulidad a partir del auto expedido el 30 de octubre de 2023, en \u00a0donde se cit\u00f3 a la audiencia del art\u00edculo 3247 del \u00a0C.G.P. para el 21 de noviembre de 2021\u00bb. \u00a0Y, se revoque \u00abel \u00a0auto expedido el 13 de marzo de 2024[\u2026], que neg\u00f3 el \u00a0recurso de s\u00faplica interpuesto\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
II. RESPUESTAS \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0RECIBIDAS. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. La \u00a0Sala declarar\u00e1 improcedente el amparo por falta de \u00a0legitimaci\u00f3n por activa de la abogada accionante. \u00a0Referente \u00a0a la legitimaci\u00f3n en la causa, esta Sala \u2013con sentencia \u00a0CSJ STC10721-2023- unific\u00f3 su criterio respecto a los \u00a0requisitos que reclama el acto jur\u00eddico del poder en este \u00a0tr\u00e1mite especial, por lo cual es procedente remitirse a los \u00a0argumentos expuestos en esa providencia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0El \u00a0art\u00edculo 1\u00ba \u00a0del Decreto 2591 de 1991 establece que todas las personas tienen a su \u00a0disposici\u00f3n la acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los \u00a0jueces, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, la \u00a0protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales \u00a0fundamentales. Por su parte, el art\u00edculo 10 \u00a0ibidem \u00a0dispone que: \u00abpodr\u00e1 \u00a0ser ejercida\u2026 por cualquier persona vulnerada o amenazada en \u00a0uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed \u00a0misma o a trav\u00e9s de representante\u2026 Tambi\u00e9n \u00a0se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no \u00a0est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal \u00a0circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u2026\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Con base en esa \u00a0normativa, la Sala, en el fallo citado, destac\u00f3 que la \u00a0legitimaci\u00f3n en la causa por activa es un elemento subjetivo \u00a0fundamental y esencial, que debe ser acreditado por el impulsor y sin \u00a0el cual el juez no puede dictar una sentencia de fondo. \u00a0Este presupuesto tiene por objeto asegurar que la persona que acude a \u00a0la acci\u00f3n de tutela tiene un inter\u00e9s directo y \u00a0particular respecto de la protecci\u00f3n constitucional invocada, \u00a0condici\u00f3n que, en relaci\u00f3n con los apoderados que \u00a0act\u00faan en nombre de aquella, solo se verifica con un adecuado \u00a0mandato especial. De manera que, al momento de decidir, el juez debe \u00a0comprobar esa circunstancia en forma estricta. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0lo referido en precedencia, se advirti\u00f3 que se puede acudir a \u00a0la tutela de diferentes formas: i) \u00a0directamente. ii) \u00a0por medio de representantes legales, como en el caso de los menores \u00a0de edad o de personas jur\u00eddicas. iii) \u00a0por medio de apoderado judicial, evento en el cual el apoderado debe \u00a0ostentar la condici\u00f3n de abogado titulado habilitado y tener \u00a0poder especial. O iv) \u00a0mediante agente oficioso. \u00a0<\/p>\n
2.1. Ahora bien, \u00a0respecto de tal facultad y, en particular, frente a los abogados, \u00a0esta Sala \u00a0ha venido indicando que el profesional del derecho que\u00a0representa \u00a0a la parte en el proceso censurado o en otro asunto, \u00abes \u00a0un\u00a0simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, \u00a0resulta afectado\u00a0en tales derechos cuando los funcionarios \u00a0judiciales incurren\u00a0presuntamente en v\u00edas de hecho11\u00bb.\u00a0Por \u00a0tanto, la falta de poder especial del abogado impulsor, aun cuando \u00a0\u00abtenga \u00a0poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no [lo] \u00a0habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo\u00bb. \u00a0Tal omisi\u00f3n torna improcedente la tutela (CSJ \u00a0STC1042-2019). En similares t\u00e9rminos, lo sostuvo la Corte \u00a0Constitucional -en las sentencias CC T-530-98 y CC T-695-98-. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2. En cuanto al \u00a0mandato requerido cuando se act\u00faa a trav\u00e9s de \u00a0apoderado, la Corte Constitucional -en providencia CC T-001-1997- \u00a0precis\u00f3 que todo \u00a0poder en materia de tutela debe ser especial. Esto es, \u00abse \u00a0otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de \u00a0representar los intereses del accionante en punto de los derechos \u00a0fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en \u00a0relaci\u00f3n\u00a0con unos hechos concretos que dan lugar a su \u00a0pretensi\u00f3n\u00bb12. \u00a0An\u00e1loga \u00a0postura expuso esta Sala (CSJ STC3956-2023, CSJ STC3116-2023, CSJ \u00a0STC3112-2023) y la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, al \u00a0destacar que un poder especial debe \u00abidentificar \u00a0la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina la acci\u00f3n de \u00a0tutela, los sujetos procesales y las actuaciones cuestionadas dentro \u00a0del amparo\u00bb \u00a0(CSJ STP2343-2023). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. Acorde con lo \u00a0expuesto, esta Sala -con sentencia STC10721-2023- \u00a0concluy\u00f3 \u00a0lo que viene. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u2026La \u00a0legitimaci\u00f3n en la causa es un presupuesto fundamental y \u00a0esencial, que debe ser acreditado por el impulsor en forma id\u00f3nea \u00a0para que el asunto pueda ser analizado de fondo, por lo que este \u00a0aspecto no puede ser ignorado por el juez constitucional al momento \u00a0de decidir, de manera que, de no acreditarse por la parte actora, \u00a0debe declarar improcedente la tutela. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u2026Dada \u00a0la informalidad de la tutela, toda persona puede acudir directamente \u00a0ante los jueces constitucionales para reclamar la protecci\u00f3n \u00a0inmediata de sus derechos fundamentales, facultad que tambi\u00e9n \u00a0se puede ejercer, entre otros, a trav\u00e9s de un profesional del \u00a0derecho habilitado, siempre que el poder otorgado sea especial. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u2026Los \u00a0poderes dados para ejercer la representaci\u00f3n en otros procesos \u00a0administrativos o judiciales y los poderes generales para interponer \u00a0tutelas no facultan al profesional del derecho para acudir a la \u00a0jurisdicci\u00f3n constitucional. \u00a0<\/p>\n
\u2026Un \u00a0poder especial en materia de tutela se otorga por escrito, por una \u00a0sola vez y para un fin espec\u00edfico. En ese sentido, el mandato \u00a0debe indicar: i) los datos de poderdante; ii) la autoridad accionada; \u00a0iii) el derecho fundamental invocado; iv) el acto, omisi\u00f3n, \u00a0proceso o providencia que causa el litigio, de manera que se explique \u00a0o permita identificar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta que \u00a0origina la tutela. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u2026La \u00a0ausencia de uno de los elementos esenciales del poder genera falta de \u00a0legitimaci\u00f3n en la causa por activa y, por tanto, la tutela es \u00a0improcedente. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. As\u00ed las \u00a0cosas, aplicados esos presupuestos al caso concreto, se tiene que la \u00a0abogada tutelante pretende \u00a0la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de Positiva \u00a0Compa\u00f1\u00eda de Seguros S.A. Sin \u00a0embargo, el poder allegado13 \u00a0para actuar en su nombre no re\u00fane las caracter\u00edsticas \u00a0de especialidad exigidas para la acci\u00f3n de tutela. Ello pues, \u00a0aunque precisa la autoridad accionada y el radicado del proceso \u00a0objeto cuestionado, no determina la actuaci\u00f3n a censurar, ni \u00a0hace referencia alguna que permita individualizar la situaci\u00f3n \u00a0f\u00e1ctica ni las providencias que originan el mandato otorgado \u00a0para instaurar una acci\u00f3n constitucional en contra del \u00a0tribunal convocado, lo cual impide analizar el fondo del debate \u00a0planteado, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la \u00a0Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA \u00a0IMPROCEDENTE la \u00a0acci\u00f3n de tutela impetrada. Notif\u00edquese esta \u00a0providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo \u00a030 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, remitir el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA \u00a0<\/p>\n
Presidente de Sala \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
(Ausencia \u00a0Justificada) \u00a0<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ \u00a0NEIRA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
MARTHA PATRICIA \u00a0GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO \u00a0TEJEIRO DUQUE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
FRANCISCO \u00a0TERNERA BARRIOS \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folios 4 a 15 del archivo PDF \u00ab001Principal\u00bb. \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Folio 7 del archivo PDF \u00ab001CuadernoSegundaInstancia\u00bb. \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Archivo PDF \u00ab005AutoFijaAudiencia\u00bb. \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Archivo PDF \u00ab009ActaAudiencia\u00bb. \u00a0<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Archivo PDF \u00ab010solicitudNulidad\u00bb. \u00a0<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Archivo PDF \u00ab014AutoResuelveNulidad\u00bb. \u00a0<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Archivo PDF \u00ab015Recursoreposici\u00f3n\u00bb. \u00a0<\/p>\n
9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Archivo PDF \u00ab018AutoAdecuaRecurso\u00bb. \u00a0<\/p>\n
10 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Archivo PDF \u00ab021AutoDecideS\u00faplica\u00bb. \u00a0<\/p>\n
11 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(CSJ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0STC \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a029 sep.\u00a02003, rad 00245-01, reiterada en CSJ STC926-2018, CSJ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0STC4611-2018, CSJ STC1042-2019). \u00a0<\/p>\n
12 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Criterio reiterado en las providencias CC T-556-02 y en CC T-194-12. \u00a0<\/p>\n
13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Archivo PDF \u00abPoderes_9_4_2024, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a011_13_45\u00aa. m\u00bb. \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 FRANCISCO \u00a0TERNERA BARRIOS \u00a0 Magistrado Ponente \u00a0 \u00a0\u00a0 STC4795-2024 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00ba 11001-02-03-000-2024-01189-00 \u00a0 (Aprobado en sesi\u00f3n de \u00a0veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro) \u00a0 \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1 \u00a0D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024). \u00a0 \u00a0\u00a0 Esta Sala decide \u00a0la acci\u00f3n de tutela instaurada por Rocio […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[101],"tags":[],"class_list":["post-96388","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2024"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/96388","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=96388"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/96388\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=96388"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=96388"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=96388"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}