\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
FRANCISCO \u00a0TERNERA BARRIOS \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
STC4798-2024 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00ba 11001-02-03-000-2024-01198-00 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de \u00a0veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Esta Sala decide \u00a0la acci\u00f3n de tutela instaurada por Ricardo Bonilla Mart\u00ednez, \u00a0quien dice actuar como apoderado de Ricardo Ghisays Bonilla, contra \u00a0la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Cartagena y el Juzgado \u00a0Sexto de Familia de esa ciudad1. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
I. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0El abogado tutelante reclama \u00a0la protecci\u00f3n del derecho fundamental \u00a0al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente \u00a0vulnerados por la autoridad judicial censurada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Del expediente allegado se resalta lo que viene. \u00a0Ricardo Ghisays \u00a0Bonilla promovi\u00f3 proceso de divorcio de matrimonio civil \u00a0contra Viviana Yesit Casasbuenas Juan. Por auto del 16 de agosto de \u00a020232, \u00a0el Juzgado Sexto de Familia de Cartagena inadmiti\u00f3 la demanda. \u00a0El 30 de agosto de 2023 el interesado present\u00f3 subsanaci\u00f3n, \u00a0no obstante, en providencia del 4 de septiembre de 20233 \u00a0se rechaz\u00f3 la demanda al considerar extempor\u00e1neo aquel \u00a0documento. Frente a esa decisi\u00f3n el demandante present\u00f3 \u00a0recurso de apelaci\u00f3n, concedido el 11 de septiembre de 20234. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0El 22 de febrero siguiente6, \u00a0el Juzgado a \u00a0quo \u00a0resolvi\u00f3 obedecer y cumplir lo dispuesto por el superior y \u00a0\u00abComo \u00a0consecuencia de lo anterior y luego del nuevo estudio de \u00a0admisibilidad del proceso\u00bb \u00a0rechaz\u00f3 de plano la demanda. Decisi\u00f3n controvertida por \u00a0el demandante, mediante el recurso de alzada, repartido para su \u00a0tr\u00e1mite el 6 de marzo de 2024, ante el Colegiado convocado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.3. \u00a0El mismo demandante, mediante apoderado, solicit\u00f3 el cambio de \u00a0radicaci\u00f3n del proceso, con apoyo en el art\u00edculo 30, \u00a0numeral 8, inciso 2 del CGP7. \u00a0El asunto fue asignado al Tribunal accionado bajo radicado \u00a03001221300020240008500 y en auto del 10 de abril de 2024 puso en \u00a0conocimiento del juez a \u00a0quo \u00a0aquella petici\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.4. \u00a0El promotor censura que a la fecha no se ha definido sobre la \u00a0admisi\u00f3n de la demanda y el Juzgado accionado, al proferir el \u00a0auto del 22 de febrero de 2024, \u00abse \u00a0sustrae al cumplimiento de una obligaci\u00f3n impuesta en \u00a0resoluci\u00f3n judicial\u00bb. \u00a0Adem\u00e1s, que no se le ha dado tr\u00e1mite a la solicitud de \u00a0cambio de radicaci\u00f3n del proceso. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Depreca que se ordene al Juzgado accionado \u00abdejar \u00a0sin efecto el nuevo auto de rechazo de la demanda\u00bb \u00a0y al Tribunal \u00abresolver \u00a0sin m\u00e1s dilaciones sobre la solicitud de cambio de radicaci\u00f3n \u00a0de proceso\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
II. RESPUESTAS \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0RECIBIDAS \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El Tribunal \u00a0cuestionado indic\u00f3 que no ha incurrido en mora alguna en el \u00a0tr\u00e1mite de la solicitud de cambio de radicaci\u00f3n. Por su \u00a0parte, el Juzgado accionado sostuvo que el ad \u00a0quem \u00a0revoc\u00f3 \u00abno \u00a0solo un auto que no era el objeto del recurso, sino uno que el art. \u00a090 del CGP no hace susceptible de recurso\u00bb. \u00a0A\u00f1adi\u00f3 que el accionante en sus memoriales no intenta \u00a0subsanar lo pedido, sino atacar al titular del Despacho. Se opuso a \u00a0la prosperidad de la acci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0La \u00a0Sala declarar\u00e1 improcedente el amparo por falta de \u00a0legitimaci\u00f3n por activa del abogado accionante. \u00a0Referente \u00a0a la legitimaci\u00f3n en la causa, esta Sala \u2013con sentencia \u00a0CSJ STC10721-2023- unific\u00f3 su criterio respecto a los \u00a0requisitos que reclama el acto jur\u00eddico del poder en este \u00a0tr\u00e1mite especial, por lo cual es procedente remitirse a los \u00a0argumentos expuestos en esa providencia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0El \u00a0art\u00edculo 1\u00ba \u00a0del Decreto 2591 de 1991 establece que todas las personas tienen a su \u00a0disposici\u00f3n la acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los \u00a0jueces, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, la \u00a0protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales \u00a0fundamentales. Por su parte, el art\u00edculo 10 \u00a0ib\u00eddem \u00a0dispone que: \u00abpodr\u00e1 \u00a0ser ejercida\u2026 por cualquier persona vulnerada o amenazada en \u00a0uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed \u00a0misma o a trav\u00e9s de representante\u2026 Tambi\u00e9n \u00a0se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no \u00a0est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal \u00a0circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u2026\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Con base en esa \u00a0normativa, la Sala, en el fallo citado, destac\u00f3 que la \u00a0legitimaci\u00f3n en la causa por activa es un elemento subjetivo \u00a0fundamental y esencial, que debe ser acreditado por el impulsor y sin \u00a0el cual el juez no puede dictar una sentencia de fondo. \u00a0Este presupuesto tiene por objeto asegurar que la persona que acude a \u00a0la acci\u00f3n de tutela tiene un inter\u00e9s directo y \u00a0particular respecto de la protecci\u00f3n constitucional invocada, \u00a0condici\u00f3n que, en relaci\u00f3n con los apoderados que \u00a0act\u00faan en nombre de aquella, solo se verifica con un adecuado \u00a0mandato especial. De manera que, al momento de decidir, el juez debe \u00a0comprobar esa circunstancia en forma estricta. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0lo referido en precedencia, se advirti\u00f3 que se puede acudir a \u00a0la tutela de diferentes formas: i) \u00a0directamente. ii) \u00a0por medio de representantes legales, como en el caso de los menores \u00a0de edad o de personas jur\u00eddicas. iii) \u00a0por medio de apoderado judicial, evento en el cual el apoderado debe \u00a0ostentar la condici\u00f3n de abogado titulado habilitado y tener \u00a0poder especial. O iv) \u00a0mediante agente oficioso. \u00a0<\/p>\n
2.1. Ahora bien, \u00a0respecto de tal facultad y, en particular, frente a los abogados, \u00a0esta Sala \u00a0ha venido indicando que el profesional del derecho que\u00a0representa \u00a0a la parte en el proceso censurado o en otro asunto, \u00abes \u00a0un\u00a0simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, \u00a0resulta afectado\u00a0en tales derechos cuando los funcionarios \u00a0judiciales incurren\u00a0presuntamente en v\u00edas de hecho8\u00bb.\u00a0Por \u00a0tanto, la falta de poder especial del abogado impulsor, aun cuando \u00a0\u00abtenga \u00a0poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no [lo] \u00a0habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo\u00bb. \u00a0Tal omisi\u00f3n torna improcedente la tutela (CSJ \u00a0STC1042-2019). En similares t\u00e9rminos, lo sostuvo la Corte \u00a0Constitucional -en las sentencias CC T-530-98 y CC T-695-98-. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2. En cuanto al \u00a0mandato requerido cuando se act\u00faa a trav\u00e9s de \u00a0apoderado, la Corte Constitucional -en providencia CC T-001-1997- \u00a0precis\u00f3 que todo \u00a0poder en materia de tutela debe ser especial. Esto es, \u00abse \u00a0otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de \u00a0representar los intereses del accionante en punto de los derechos \u00a0fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en \u00a0relaci\u00f3n\u00a0con unos hechos concretos que dan lugar a su \u00a0pretensi\u00f3n\u00bb9. \u00a0An\u00e1loga \u00a0postura expuso esta Sala (CSJ STC3956-2023, CSJ STC3116-2023, CSJ \u00a0STC3112-2023) y la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal, al \u00a0destacar que un poder especial debe \u00abidentificar \u00a0la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que origina la acci\u00f3n de \u00a0tutela, los sujetos procesales y las actuaciones cuestionadas dentro \u00a0del amparo\u00bb \u00a0(CSJ STP2343-2023). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. Acorde con lo \u00a0expuesto, esta Sala \u2013con sentencia STC10721-2023- \u00a0concluy\u00f3 \u00a0lo que viene. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u2026La \u00a0legitimaci\u00f3n en la causa es un presupuesto fundamental y \u00a0esencial, que debe ser acreditado por el impulsor en forma id\u00f3nea \u00a0para que el asunto pueda ser analizado de fondo, por lo que este \u00a0aspecto no puede ser ignorado por el juez constitucional al momento \u00a0de decidir, de manera que, de no acreditarse por la parte actora, \u00a0debe declarar improcedente la tutela. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u2026Dada \u00a0la informalidad de la tutela, toda persona puede acudir directamente \u00a0ante los jueces constitucionales para reclamar la protecci\u00f3n \u00a0inmediata de sus derechos fundamentales, facultad que tambi\u00e9n \u00a0se puede ejercer, entre otros, a trav\u00e9s de un profesional del \u00a0derecho habilitado, siempre que el poder otorgado sea especial. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u2026Los \u00a0poderes dados para ejercer la representaci\u00f3n en otros procesos \u00a0administrativos o judiciales y los poderes generales para interponer \u00a0tutelas no facultan al profesional del derecho para acudir a la \u00a0jurisdicci\u00f3n constitucional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u2026Un \u00a0poder especial en materia de tutela se otorga por escrito, por una \u00a0sola vez y para un fin espec\u00edfico. En ese sentido, el mandato \u00a0debe indicar: i) los datos de poderdante; ii) la autoridad accionada; \u00a0iii) el derecho fundamental invocado; iv) el acto, omisi\u00f3n, \u00a0proceso o providencia que causa el litigio, de manera que se explique \u00a0o permita identificar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta que \u00a0origina la tutela. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u2026La \u00a0ausencia de uno de los elementos esenciales del poder genera falta de \u00a0legitimaci\u00f3n en la causa por activa y, por tanto, la tutela es \u00a0improcedente. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. As\u00ed las \u00a0cosas, aplicados esos presupuestos al caso concreto, se tiene que el \u00a0abogado tutelante pretende la protecci\u00f3n de los derechos \u00a0fundamentales de Ricardo Ghisays Bonilla. Sin embargo, el poder \u00a0allegado para actuar en su nombre no re\u00fane las caracter\u00edsticas \u00a0de especialidad exigidas para la acci\u00f3n de tutela. Ello pues, \u00a0aunque precisa las autoridades accionadas y los derechos invocados, \u00a0no se\u00f1ala el proceso censurado ni hace referencia alguna que \u00a0permita individualizar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica ni las \u00a0providencias que originan el mandado otorgado para instaurar una \u00a0acci\u00f3n constitucional en contra de las autoridades convocadas, \u00a0lo cual impide analizar el fondo del debate planteado, por falta de \u00a0legitimaci\u00f3n en la causa por activa. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la \u00a0Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA \u00a0IMPROCEDENTE la \u00a0acci\u00f3n de tutela impetrada. Notif\u00edquese esta \u00a0providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo \u00a030 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, remitir el \u00a0expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
FERNANDO \u00a0AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA \u00a0<\/p>\n
Presidente de Sala \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
(Ausencia \u00a0Justificada) \u00a0<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ \u00a0NEIRA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
MARTHA PATRICIA \u00a0GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO \u00a0TEJEIRO DUQUE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
FRANCISCO \u00a0TERNERA BARRIOS \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a Ricardo Ghisays Bonilla y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Viviana Yesit Casasbuenas Juan. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Bajo el radicado 13001311000620230040500. Documento 02, cuaderno \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0principal, expediente 2023-00405. \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Documento 04, ibidem. \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Documento 06, ibidem. \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Documento 08, ibidem. \u00a0<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Documento 10, ibidem. \u00a0<\/p>\n
7 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El Asunto se repart Tramitado bajo radicado 13001221300020240008500. \u00a0<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(CSJ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0STC \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a029 sep.\u00a02003, rad 00245-01, reiterada en CSJ STC926-2018, CSJ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0STC4611-2018, CSJ STC1042-2019). \u00a0<\/p>\n
9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Criterio reiterado en las providencias CC T-556-02 y en CC T-194-12. \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 FRANCISCO \u00a0TERNERA BARRIOS \u00a0 Magistrado Ponente \u00a0 \u00a0\u00a0 STC4798-2024 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00ba 11001-02-03-000-2024-01198-00 \u00a0 (Aprobado en sesi\u00f3n de \u00a0veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro) \u00a0 \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1 \u00a0D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024). \u00a0 \u00a0\u00a0 Esta Sala decide \u00a0la acci\u00f3n de tutela instaurada por Ricardo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[101],"tags":[],"class_list":["post-96390","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2024"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/96390","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=96390"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/96390\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=96390"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=96390"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=96390"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}