\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ATC4495-2016 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b076001-22-10-000-2016-00080-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de trece \u00a0de julio de dos mil diecis\u00e9is) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., catorce (14) de julio de dos mil diecis\u00e9is (2016). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0la revisi\u00f3n del expediente a efectos de resolver la \u00a0impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia proferida el \u00a0veinticinco \u00a0de mayo de dos mil diecis\u00e9is por \u00a0la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Cali, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Lina Fernanda Oyola \u00a0Ram\u00edrez contra \u00a0la compa\u00f1\u00eda Gurmet \u00a0M\u00edo S.A.S., la \u00a0EPS Coomeva \u2013 Departamento de Medicina Laboral, la ARL Positiva \u00a0Compa\u00f1\u00eda de Seguros, la Junta Regional de Calificaci\u00f3n \u00a0de Invalidez del Valle del cauca y el Ministerio del Trabajo, se \u00a0advierte que se ha incurrido en un vicio con alcance de nulidad \u00a0insubsanable, el cual est\u00e1 llamado a declararse. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
I. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0La accionante ingres\u00f3 a laborar para la empresa \u201cGurmet \u00a0M\u00edo S.A.S.\u201d en \u00a0el cargo de cajera \u2013 vendedora, \u00a0mediante \u00a0contrato de trabajo a t\u00e9rmino fijo inferior a un a\u00f1o, \u00a0el 1\u00ba de febrero de 2014; convenio que posteriormente fue \u00a0variado a indefinido, mediante otro s\u00ed del 1\u00ba de junio de \u00a02015. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0El 22 de enero de 2016, la trabajadora fue diagnosticada con s\u00edndrome \u00a0del t\u00fanel carpiano bilateral \u2013 tendinitis del pronador \u00a0mayor derecho, por la EPS Coomeva a la cual se encontraba afiliada \u00a0por su empleador. Como consecuencia de ello, le fueron dadas \u00a0recomendaciones y restricciones de car\u00e1cter laboral. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0La ARL Positiva S.A., impugn\u00f3 aquel diagn\u00f3stico ante la \u00a0Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez, por no estar de \u00a0acuerdo con el dictamen sobre el origen de la patolog\u00eda. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0El 5 de abril de 2016, la reclamante present\u00f3 renuncia a su \u00a0empleo, por \u201cmotivos \u00a0personales\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0La autoridad m\u00e9dico \u2013 laboral mencionada, mediante \u00a0dictamen del 28 de abril de 2016, confirm\u00f3 que la trabajadora \u00a0adquiri\u00f3 las enfermedades descritas a causa de sus actividades \u00a0laborales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0La promotora del amparo acude a este mecanismo constitucional, para \u00a0solicitar la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales por \u00a0considerar que fueron vulneradas por las entidades accionadas, pues \u00a0pese a sus restricciones m\u00e9dicas fue sometida a la ejecuci\u00f3n \u00a0de actividades no recomendables para su mejor\u00eda, situaci\u00f3n \u00a0de acoso que la llev\u00f3 a renunciar a su empleo y pese a que su \u00a0empleadora no contaba con la autorizaci\u00f3n del Ministerio del \u00a0Trabajo, procedi\u00f3 a aceptar su retiro, dice, sin practicarle \u00a0su examen m\u00e9dico de egreso. Cuestiona, por otra parte, que la \u00a0Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez, no haya \u00a0establecido a\u00fan su p\u00e9rdida de capacidad laboral ni la \u00a0prestaci\u00f3n social a que tiene derecho. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0ello, pretende que se declare ilegal y sin efectos legales la \u00a0terminaci\u00f3n de su contrato laboral, se ordene a Gurmet \u00a0Mio S.A.S. \u00a0reintegrarla y reubicarla como trabajadora de esa Compa\u00f1\u00eda. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
9. \u00a0El 11 de mayo de 2016 el Tribunal Superior de Cali admiti\u00f3 a \u00a0tr\u00e1mite el asunto y orden\u00f3 la vinculaci\u00f3n de los \u00a0accionados para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y \u00a0defensa. [Folio 49, c.1] \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
10. \u00a0El 25 de mayo de 2016, el Juez constitucional A quo dict\u00f3 \u00a0sentencia a trav\u00e9s de la cual declar\u00f3 improcedente la \u00a0s\u00faplica constitucional al considerar que la quejosa cuenta con \u00a0v\u00edas judiciales id\u00f3neas para reclamar la protecci\u00f3n \u00a0de las garant\u00edas que estima conculcadas, sin que, en este \u00a0tr\u00e1mite excepcional se hubiere acreditado que su renuncia al \u00a0empleo se debi\u00f3 a situaciones de acoso laboral, ni a \u00a0influencias de su empleadora sobre su voluntad. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por otra parte, \u00a0encontr\u00f3 que la quejosa no ha adelantado el tr\u00e1mite \u00a0pertinente para el reconocimiento de su p\u00e9rdida de capacidad \u00a0laboral ni, por consiguiente, el de las prestaciones sociales a las \u00a0que aspira, por lo que no puede pretender que el juez constitucional \u00a0sustituya a las autoridades competentes para tal efecto. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
II. \u00a0CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es \u00a0ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del \u00a0debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez \u00a0que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como \u00a0lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse \u00a0deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como \u00a0son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la \u00a0debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb. \u00a0(CC A-257\/96) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0De otro lado, la atribuci\u00f3n de competencia en materia de \u00a0amparo constitucional se encuentra prevista en el art\u00edculo 37 \u00a0del Decreto 2591 de 1991, que reglament\u00f3 la acci\u00f3n de \u00a0tutela. Sin embargo, esa disposici\u00f3n s\u00f3lo se ocup\u00f3 \u00a0de la competencia preventiva y territorial, de ah\u00ed que el \u00a0Decreto 1382 de 2000 -dictado por el Presidente de la Rep\u00fablica \u00a0en ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 11 del \u00a0art\u00edculo 189 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica-, \u00a0introdujo el factor funcional en dicha materia.1 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional \u00a0para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a \u00a0partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del \u00a0Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, \u00a0que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la \u00a0competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, \u00a0tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del \u00a0referido estatuto adjetivo2, \u00a0por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 \u00a0obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la \u00a0cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de \u00a0tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 \u00a0de 1992.3 \u00a0<\/p>\n
El \u00a0proceder anunciado en el p\u00e1rrafo que precede, deber\u00e1 \u00a0observarse en el presente caso por las razones que pasan a \u00a0explicarse. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0La accionante alega la vulneraci\u00f3n de los derechos a \u00a0al trabajo, a la salud, a la seguridad social, al debido proceso \u00a0administrativo, a la estabilidad laboral reforzada, al m\u00ednimo \u00a0vital \u00fatil y m\u00f3vil, a la dignidad y a la protecci\u00f3n \u00a0de la familia, pues su ex empleadora \u201cGurmet Mio S.A.S.\u201d, \u00a0acept\u00f3 su renuncia sin reparar en que es una persona aquejada \u00a0por varias dolencias adquiridas durante la prestaci\u00f3n de sus \u00a0servicios a esa compa\u00f1\u00eda, sin darle la oportunidad de \u00a0ser reubicada ni solicitar autorizaci\u00f3n del inspector del \u00a0trabajo para su desvinculaci\u00f3n, circunstancias que la dejaron \u00a0en total desprotecci\u00f3n ante la dif\u00edcil situaci\u00f3n \u00a0econ\u00f3mica que enfrentan ella y su hogar. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0lo anterior, se puede concluir que ninguna vulneraci\u00f3n \u00a0derivada de las actuaciones u omisiones del Ministerio de Trabajo se \u00a0reprocha, ni tampoco, de los hechos en que fundamenta la petici\u00f3n \u00a0de amparo la reclamante, se colige tal circunstancia, pese a la \u00a0menci\u00f3n que de dicho ente se hizo en la demanda. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0el contrario, se advierte que las solicitudes en punto de la \u00a0inconformidad de la reclamante se circunscriben a actuaciones u \u00a0omisiones de la Compa\u00f1\u00eda \u201cGurmet \u00a0Mio S.A.S.\u201d, de \u00a0la ARL Positiva, de la Eps Coomeva, personas jur\u00eddicas de \u00a0derecho privado que fungen como ex empleadora y aseguradoras en salud \u00a0y riesgos laborales de la tutelante. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Adicionalmente, \u00a0la quejosa estima que la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de \u00a0Invalidez del Valle del Cauca, \u00a0est\u00e1 \u00a0desconociendo sus prerrogativas al no emitir los dict\u00e1menes de \u00a0rigor, acerca de su p\u00e9rdida de capacidad laboral ni aquel \u00a0encaminado a determinar el tipo y valor de prestaci\u00f3n social a \u00a0que tiene derecho en virtud de la minusval\u00eda que presenta. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Luego, \u00a0aunque la accionante vincul\u00f3 a dicha cartera ministerial en su \u00a0queja, si su pretensi\u00f3n se encamina a obtener el reintegro y \u00a0la reubicaci\u00f3n laboral, as\u00ed como el reconocimiento de \u00a0su p\u00e9rdida de capacidad laboral y el pago de las prestaciones \u00a0que de ella se derivan, al ente primeramente se\u00f1alado no se le \u00a0puede endilgar la vulneraci\u00f3n alegada, m\u00e1xime cuando, \u00a0como el mismo peticionario lo se\u00f1ala, en ning\u00fan momento \u00a0otorg\u00f3 autorizaci\u00f3n para proceder de esa manera. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0hecho, es de ver que al momento de contestar la demanda, el \u00a0Ministerio del Trabajo hizo notar que \u00ab\u2026una \u00a0vez revisadas las bases de datos del Grupo Resoluci\u00f3n de \u00a0Conflictos \u2013 conciliaciones de la Direcci\u00f3n Territorial \u00a0del Valle del Cauca, no se encontr\u00f3 reclamaci\u00f3n \u00a0administrativa alguna radicada por la se\u00f1ora Lina Fernanda \u00a0Oyola Ram\u00edrez, donde presente queja alguna por presunto acoso \u00a0contra la empresa Gurmet Mio S.A.S\u2026.\u00bb \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0As\u00ed las cosas, es innegable que en este tr\u00e1mite \u00a0constitucional se present\u00f3 una vinculaci\u00f3n aparente de \u00a0una entidad del sector central del orden nacional, esto es, del \u00a0Ministerio del Trabajo, en contra del cual no se puede aducir \u00a0transgresi\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas \u00a0por la promotora del amparo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Sobre \u00a0la vinculaci\u00f3n aparente de entidades del orden central, ha \u00a0se\u00f1alado la Sala que: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0no puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de \u00a0los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues \u00a0en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su \u00a0vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro \u00a0y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho \u00a0endilgado, es infundada su convocatoria. \u00a0(CSJ \u00a0ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01; \u00a0y ATC, 17 ago. 2011, rad. 00430-01) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En ese sentido, en \u00a0un caso con alguna simetr\u00eda al aqu\u00ed auscultado, la \u00a0Corte expuso: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00abEn \u00a0el presente asunto emerge que si bien se dirigi\u00f3 la acci\u00f3n \u00a0tutelar contra \u00a0el \u00a0Ministerio de Protecci\u00f3n Social y el Fosyga, lo cierto es que \u00a0tambi\u00e9n \u00a0se advierte que la convocatoria de esa cartera ministerial es apenas \u00a0aparente comoquiera que, vistos los hechos de la demanda de amparo, \u00a0surge que la reclamante no formula, ni \u00a0lejanamente, ning\u00fan \u00a0reclamo frente a dicha entidad que surja a secuela del preciso motivo \u00a0de queja \u00a0por efecto del cual h\u00e1yase producido la vulneraci\u00f3n ius \u00a0fundamental que se alude, \u00a0de donde cumple aseverar que en el presente caso la protesta no \u00a0involucra en modo alguno su actividad, tanto as\u00ed que el \u00a0 tribunal expresamente decidi\u00f3 \u00abdesvincular \u00a0al Ministerio de la Protecci\u00f3n Social \u2013Fondo de \u00a0Solidaridad y Garant\u00eda en Salud [\u2026]\u00bb.\u00bb \u00a0(CSJ ATC6747, auto 5 Nov 2014, Rad. 41001-22-14-000-2014-00254-01). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0conformidad con lo anterior, de atender a lo previsto por el inciso \u00a02\u00b0 del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1382 \u00a0de 2000 (hoy art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. \u00a0del Decreto 1069 de 2015), \u00a0se concluye que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali no \u00a0era el competente para emitir la sentencia de primera instancia en la \u00a0acci\u00f3n de tutela en menci\u00f3n, ni la Corte lo es para \u00a0resolver su impugnaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Como \u00a0las \u00a0Juntas Nacional y Regionales de Calificaci\u00f3n de Invalidez, \u00a0seg\u00fan el art\u00edculo 3\u00b0 del Decreto 1352 del 16 de \u00a0junio de 2013, son organismos de creaci\u00f3n legal, aut\u00f3nomos, \u00a0sin \u00e1nimo de lucro, de car\u00e1cter privado; al igual que \u00a0Gurmet M\u00edo S.A.S., EPS Coomeva y ARL Positiva Compa\u00f1\u00eda \u00a0de Seguros, que son empresas de car\u00e1cter particular, el \u00a0competente para conocer el asunto en primera instancia es el Juez \u00a0Civil Municipal de conformidad con lo establecido en el inciso 3\u00ba \u00a0del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1382 \u00a0de 2000. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0Las \u00a0razones expuestas imponen declarar la nulidad del fallo dictado en \u00a0primer grado y ordenar el env\u00edo del expediente a la Oficina de \u00a0Reparto Judicial de Cali, para que sea asignado entre los Juzgados \u00a0Civiles Municipales de esa ciudad, con el fin de que le imprima el \u00a0tr\u00e1mite correspondiente. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
III. DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Civil, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
PRIMERO: \u00a0Declarar la nulidad del fallo dictado el 25 de mayo de 2016 por la \u00a0Sala \u00a0de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, \u00a0en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez \u00a0de todo lo actuado, salvo aquella decisi\u00f3n, en los t\u00e9rminos \u00a0del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General \u00a0del Proceso. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
SEGUNDO: \u00a0Ordenar, en consecuencia, la remisi\u00f3n del expediente a la \u00a0Oficina de Reparto de esa ciudad para que sea asignado entre los \u00a0juzgados Civiles Municipales, con el fin de que se imprima el tr\u00e1mite \u00a0respectivo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
TERCERO: \u00a0Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante \u00a0telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones \u00a0pertinentes. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
Presidente de Sala \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
AROLDO WILSON \u00a0QUIROZ MONSALVO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ALONSO \u00a0RICO PUERTA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ARMANDO TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Dicha norma hoy est\u00e1 contenida en el Art\u00edculo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02.2.3.1.2.1. del Decreto Nro. 1069 de 2015 (Por medio del cual se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del Derecho). \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00abART\u00cdCULO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a016. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0LA COMPETENCIA.\u00a0La \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0jurisdicci\u00f3n y la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0competencia por los factores \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0subjetivo y funcional \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0son improrrogables. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0subjetivo o funcional, lo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0proferido que ser\u00e1 nula, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0[Se subray\u00f3] \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ese aparte normativo fue incluido en el Art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del Decreto Nro. 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0decreto\u00bb, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0 SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-96894","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/96894","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=96894"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/96894\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=96894"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=96894"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=96894"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}