\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte Suprema \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE \u00a0SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
AROLDO \u00a0WILSON QUIROZ MONSALVO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ATC4612-2016 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 \u00a073001-22-13-000-2016-00335-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado en \u00a0sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil diecis\u00e9is) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., diecinueve (19) de julio de dos mil diecis\u00e9is (2016). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Corresponder\u00eda \u00a0decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido \u00a0el 3 de junio de 2016 por la Sala \u00a0Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Ibagu\u00e9, \u00a0dentro \u00a0de la acci\u00f3n de tutela promovida por Orlando Torrado Fl\u00f3rez \u00a0contra el Tribunal Seccional de \u00c9tica M\u00e9dica del \u00a0Tolima; si no fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite \u00a0de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que \u00a0afecta lo actuado, \u00a0como pasa a examinarse: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0El \u00a0accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho \u00a0fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la \u00a0autoridad accionada (fl. 1, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Indic\u00f3 \u00a0el promotor que el 1\u00ba de febrero de 2016 le solicit\u00f3 al \u00a0Tribunal Seccional de \u00c9tica M\u00e9dica del Tolima que le \u00a0informara el estado actual de la investigaci\u00f3n que adelanta \u00a0con ocasi\u00f3n de la denuncia que present\u00f3 en contra de un \u00a0m\u00e9dico radi\u00f3logo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Adujo \u00a0que el 3 de febrero de 2016 dicha autoridad le contest\u00f3 que el \u00a0tr\u00e1mite se encontraba en etapa de instrucci\u00f3n, \u00a0aclar\u00e1ndole que el denunciante no es parte, pero \u00abello \u00a0no fue lo solicitado, pues se trata de una investigaci\u00f3n \u00a0apegada por el error diagnosticado, responsabilidad profesional, \u00a0consentimiento informado, problema m\u00e9dico \u2013 legal, \u00a0dentro de su dictamen, lo que [le] dej\u00f3 secuelas hasta la \u00a0fecha\u00bb \u00a0(fl. 1, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 \u00a0que el 31 de marzo de 2016 el referido Tribunal concluy\u00f3 que \u00a0no exist\u00eda m\u00e9rito para formular pliego de cargos, \u00a0decret\u00f3 la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n y \u00a0dispuso la notificaci\u00f3n de esa decisi\u00f3n al referido \u00a0m\u00e9dico. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Agreg\u00f3 \u00a0que se le vulner\u00f3 el debido proceso, pues pese a que fue quien \u00a0solicit\u00f3 la apertura de la aludida investigaci\u00f3n, no lo \u00a0notificaron en debida forma a su direcci\u00f3n actual, y no tuvo \u00a0la posibilidad de formular reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n \u00a0de acuerdo con el art\u00edculo 90 de la Ley 23 de 1981, \u00a0favoreciendo as\u00ed al demandado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, solicita se le ordene al convocado subsanar \u00abel \u00a0error de no haber[l]o notificado oportunamente a [su] direcci\u00f3n \u00a0(\u2026) permitiendo[l]e el derecho de reposici\u00f3n o el de \u00a0apelaci\u00f3n a que t[iene] derecho como parte dentro de [su] \u00a0oportunidad legal\u00bb \u00a0(fl. 2, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0El \u00a0Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo al considerar que el \u00a0proceso disciplinario no es de contenido litigioso por lo que al \u00a0denunciante no se le puede considerar como parte, circunstancia que \u00a0ya se le hab\u00eda puesto de presente en la respuesta otorgada el \u00a03 de febrero de 2016; que el Tribunal M\u00e9dico acusado con sus \u00a0actuaciones no contrapone los intereses de las partes para su \u00a0decisi\u00f3n ni tiene competencia para ordenar el resarcimiento de \u00a0da\u00f1os y perjuicios, pues la finalidad de este juicio es \u00a0garantizar un ejercicio \u00e9tico de la profesi\u00f3n m\u00e9dica; \u00a0que si la queja gira en torno a la falta de notificaci\u00f3n de la \u00a0providencia de 31 de marzo de 2016, en la que se dispuso declarar que \u00a0no exist\u00eda m\u00e9rito para formular pliego de cargos en \u00a0contra del investigado y la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n, \u00a0la misma no era necesaria, pues adem\u00e1s de que all\u00ed no \u00a0se orden\u00f3, \u00abla \u00a0Ley 23 de 1981 y el Decreto 3380 no lo [exigen]\u00bb, \u00a0por lo que no existe vulneraci\u00f3n del debido proceso del \u00a0gestor. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0El \u00a0accionante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n que se acaba de rese\u00f1ar \u00a0(fl. 40, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. En \u00a0el sub \u00a0examine, \u00a0el peticionario pretende se le ordene a la autoridad convocada que \u00a0disponga su \u00a0notificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n adoptada en el tr\u00e1mite \u00a0en el que dice ser parte en su calidad de denunciante, con el fin de \u00a0que pueda presentar los recursos de reposici\u00f3n y en subsidio \u00a0apelaci\u00f3n en la oportunidad legal. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Es \u00a0de advertirse que los art\u00edculos 65 y 67 de la \u00a0Ley 23 de 1981 crearon al Tribunal Nacional de \u00c9tica M\u00e9dica, \u00a0as\u00ed como a los Tribunales Seccionales con la finalidad de que \u00a0conocieran los \u00a0procesos disciplinarios \u00e9tico-profesionales que se presentaran \u00a0por raz\u00f3n del ejercicio de la medicina en Colombia. Adem\u00e1s \u00a0el art\u00edculo 73 \u00eddem \u00a0dispone que los \u00abTribunales \u00a0\u00c9tico-Profesionales en ejercicio de las atribuciones que se le \u00a0confiere mediante la presente ley, cumplen una funci\u00f3n \u00a0p\u00fablica, pero sus integrantes por el solo hecho de serlo no \u00a0adquieren el car\u00e1cter de funcionarios p\u00fablicos\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Conforme a lo \u00a0anterior, la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del \u00a0Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 carec\u00eda de competencia para \u00a0asumir el \u00a0conocimiento de la demanda de tutela, pues las quejas formuladas se \u00a0dirigen frente al Tribunal \u00a0Seccional de \u00c9tica M\u00e9dica del Tolima. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Luego \u00a0dada la categor\u00eda \u00a0de la aludida autoridad, conforme a las reglas consagradas en el \u00a0inciso 3\u00ba del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 del \u00a0Decreto 1382 de 2000, la competencia para conocer del presente asunto \u00a0en primera instancia le corresponde a los juzgados municipales, pues \u00a0son entidades que pese a que cumplen una funci\u00f3n p\u00fablica \u00a0est\u00e1n integradas por particulares. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Al \u00a0respecto, en un asunto de similares contornos, la Sala precis\u00f3 \u00a0que: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u2018(\u2026) \u00a0el art\u00edculo 123, inciso tercero de la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica prev\u00e9 que el legislador determinar\u00e1 el \u00a0r\u00e9gimen aplicable a los particulares que temporalmente \u00a0desempe\u00f1en funciones p\u00fablicas y regular\u00e1 su \u00a0ejercicio; adem\u00e1s, el art\u00edculo 210, inciso segundo de \u00a0la Carta establece que los particulares pueden cumplir funciones \u00a0administrativas en las condiciones que se\u00f1ale la ley; es \u00a0decir, tanto el art\u00edculo 26 como los art\u00edculos 123 y \u00a0210 superiores, sirven de fundamento para la creaci\u00f3n del \u00a0Tribunal Nacional de \u00c9tica M\u00e9dica, al cual le son \u00a0asignadas funciones p\u00fablicas (\u2026). El Tribunal Nacional \u00a0de \u00c9tica M\u00e9dica est\u00e1 integrado con \u00a0particulares \u00a0encargados de ejercer la funci\u00f3n p\u00fablica de \u00a0\u2018disciplinar\u2019 a quienes ejercen la medicina (\u2026). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u2018Es \u00a0decir, tanto al Tribunal Nacional como a los Tribunales Seccionales \u00a0el legislador les ha asignado la funci\u00f3n p\u00fablica de \u00a0adelantar procesos \u00e9tico-profesionales, precisando \u00a0que por este hecho sus integrantes no pueden ser considerados \u00a0funcionarios p\u00fablicos, sino que deben ser tratados como \u00a0particulares \u00a0encargados de la funci\u00f3n de adelantar procesos administrativos \u00a0de car\u00e1cter sancionatorio originados en el ejercicio de la \u00a0medicina (\u2026)\u2019. (negrilla fuera del texto)\u2019 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. As\u00ed \u00a0las cosas, de la \u00a0aludida acci\u00f3n de amparo debieron conocer los juzgados \u00a0municipales de Pasto y \u00a0no el Tribunal Superior de esa ciudad, \u00a0dada la naturaleza de las \u00a0entidades convocadas \u00a0(\u2026). \u00a0(CSJ \u00a0ATC2254-2014, 2 may. 2014, rad. 00051-01, reiterado en ATC6565-2014, \u00a024 oct. 2014, rad. 00318-01). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0En \u00a0consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala \u00a0Civil \u00a0\u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Ibagu\u00e9, \u00a0est\u00e1 \u00a0viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al art\u00edculo \u00a016 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de \u00a0tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 \u00a0de 1992. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Al \u00a0respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para \u00a0tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a \u00a0partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del \u00a0Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se \u00a0torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia \u00a0por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el \u00a0inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto \u00a0adjetivo1, \u00a0por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 \u00a0obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la \u00a0cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de \u00a0tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 \u00a0de 1992.2 \u00a0(Criterio \u00a0expuesto en CSJ ATC1396-2016, reiterado, entre muchos otros, en \u00a0ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0En torno a la facultad para decretar \u00abnulidades\u00bb \u00a0a \u00a0partir de las reglas fijadas en el Decreto 1382 de 2000, esta \u00a0Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Empero, \u00a0no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u00a0\u2018no \u00a0est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar \u00a0nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o \u00a0interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de \u00a02000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de \u00a0fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen \u00a0jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para \u00a0conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l \u00a0contenidas son meramente de reparto.\u2019 En efecto, el Decreto \u00a01382 de 2000, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de \u00a01991 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la \u00a0acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de \u00a0reparto entre los jueces competentes. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Pero \u00a0tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento \u00a0funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018[l]o \u00a0accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o \u00a0el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional \u00a0Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y \u00a0se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o \u00a0Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al \u00a0que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, \u00a0siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un \u00a0amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que \u00a0eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones \u00a0de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n \u00a0proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos \u00a0a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o \u00a0legales privativas por otras autoridades. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0otra parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los \u00a0principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia \u00a0del juez est\u00e1 indisociablemente [ligada] con el derecho \u00a0fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el \u00a0acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de \u00a0donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta \u00a0de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la \u00a0constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s \u00a0urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la \u00a0competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho \u00a0constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A \u00a0de \u00a02007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino \u00a0conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o \u00a0tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas \u00a0propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte \u00a0Constitucional). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
An\u00e1logamente, \u00a0el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los \u00a0servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede \u00a0ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia asigna el legislador y los \u00a0jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, por \u00a0tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n. \u2018En \u00a0id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental significaci\u00f3n \u00a0inherentes a la autonom\u00eda e independencia de los jueces \u00a0(art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional) y su \u00a0sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, estar\u00edan \u00a0seriamente comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los \u00a0jueces, sean ordinarios, sean constitucionales\u2019 \u00a0(auto de 13 de mayo de 2009, exp. 08001-22-13-000-2009-00083-01). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. En atenci\u00f3n \u00a0a lo expuesto, \u00a0se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la presente solicitud a los \u00a0Juzgados \u00a0Civiles Municipales de Ibagu\u00e9, \u00a0de \u00a0acuerdo con el reparto. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala \u00a0de Casaci\u00f3n Civil, \u00a0RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Declarar \u00a0la nulidad del \u00a0fallo dictado el 3 \u00a0de junio de 2016 por la Sala \u00a0Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Ibagu\u00e9, \u00a0en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez \u00a0de todo lo actuado, salvo aquella decisi\u00f3n, en los t\u00e9rminos \u00a0del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General \u00a0del Proceso. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0En \u00a0consecuencia, se ordena remitir el expediente a \u00a0los \u00a0Juzgados Civiles Municipales de Ibagu\u00e9, \u00a0de acuerdo con el reparto. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante \u00a0telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones \u00a0pertinentes. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
Presidente \u00a0de Sala \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
AROLDO \u00a0WILSON QUIROZ MONSALVO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ALONSO RICO PUERTA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ARIEL \u00a0SALAZAR RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ARMANDO TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00abART\u00cdCULO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a016. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0LA COMPETENCIA.\u00a0La \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0jurisdicci\u00f3n y la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0competencia por los factores \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0subjetivo y funcional \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0son improrrogables. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0subjetivo o funcional, lo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0proferido que ser\u00e1 nula, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0[Se subray\u00f3] \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ese aparte normativo fue incluido en el Art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del Decreto Nro. 1069 de 2015 (Por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sector Justicia y del Derecho), \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0decreto\u00bb, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Corte Suprema \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 CORTE \u00a0SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 AROLDO \u00a0WILSON QUIROZ […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-96913","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/96913","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=96913"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/96913\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=96913"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=96913"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=96913"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}