\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE \u00a0CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ALONSO \u00a0RICO PUERTA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ATC4626-2016 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0 18001-22-08-000-2016-00096-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de diecinueve \u00a0de julio de dos mil diecis\u00e9is) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil diecis\u00e9is (2016).- \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Corresponder\u00eda \u00a0a la Sala decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo \u00a0proferido por la Sala \u00a0\u00danica del \u00a0 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia \u00a0el 14 de junio de 2016, en la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00a0Lina \u00a0Paola Ortiz \u00a0contra el Ministerio \u00a0de \u00a0Vivienda, \u00a0Ciudad y Territorio, \u00a0si \u00a0no fuese porque se \u00a0advierte que el presente tr\u00e1mite se encuentra viciado de \u00a0nulidad, como pasa a verse. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La \u00a0accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho \u00a0fundamental a una vivienda digna, \u00a0presuntamente \u00a0conculcado por la Cartera Ministerial convocado por no haberle hecho \u00a0entrega del subsidio de vivienda de inter\u00e9s social, a pesar de \u00a0que invoca su condici\u00f3n de v\u00edctima del desplazamiento \u00a0forzado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En s\u00edntesis, \u00a0sostiene que es v\u00edctima del desplazamiento forzado y por ende \u00a0sujeto de especial protecci\u00f3n dado su alto grado de \u00a0vulnerabilidad; manifiesta que solicit\u00f3 al Ministerio de \u00a0Vivienda Ciudad y Territorio el auxilio habitacional a que tiene \u00a0derecho dada la situaci\u00f3n especial en que se encuentra, y \u00a0obtuvo respuesta negativa bajo el argumento de que respecto de ella \u00a0\u00abNO \u00a0EXISTE POSTULACIONES DEL HOGAR en el sistema de informaci\u00f3n\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Pide que se ordene \u00a0al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio le entregue el subsidio \u00a0para acceder a un hogar (fls. 1 y 2, cd. 1). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La Sala \u00a0\u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito \u00a0Judicial de Florencia, mediante sentencia proferida el 14 de junio de \u00a02016, neg\u00f3 el amparo solicitado, por considerar que no se \u00a0cumpli\u00f3 con el requisito de subsidiariedad puesto que la \u00a0interesa \u00abno \u00a0se ha ni siquiera postulado, y actualmente cuenta con la posibilidad \u00a0de hacerlo para el programa de vivienda gratuita\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La \u00a0quejosa impugn\u00f3 el \u00a0fallo anterior (fl .27, ib\u00eddem). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. En el presente \u00a0asunto, la accionante pretende que se ordene al Ministerio de \u00a0Vivienda, Ciudad y Territorio efect\u00fae otorgar a su nombre el \u00a0auxilio habitacional a que tiene derecho por ser damnificada del \u00a0desplazamiento forzado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Al \u00a0respecto, advierte la Corte que el art\u00edculo 3\u00ba del \u00a0Decreto \u00a0555 de 2003, \u00a0en sus numerales 8\u00ba y 9\u00ba, contempla que al Fondo Nacional \u00a0de Vivienda – Fonvivienda le compete: (a) \u00abdise\u00f1ar, \u00a0administrar, mantener actualizar y custodiar el Sistema Nacional de \u00a0Informaci\u00f3n de Vivienda, de acuerdo con las pol\u00edticas \u00a0se\u00f1aladas por el Gobierno Nacional\u2026\u00bb, \u00a0(b) \u00ab[a]signar \u00a0subsidios de vivienda de inter\u00e9s social bajo las diferentes \u00a0modalidades de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y \u00a0con el reglamento y condiciones definidas por el Gobierno Nacional \u00a0\u2026\u00bb, \u00a0(c) \u00ab[a]tender \u00a0de manera continua la postulaci\u00f3n de hogares para el subsidio \u00a0familiar de vivienda, a trav\u00e9s de contratos de encargo de \u00a0gesti\u00f3n u otros mecanismos\u2026\u00bb, \u00a0(d) \u00ab[c]oordinar \u00a0a las entidades encargadas de otorgar la elegibilidad de los \u00a0proyectos de vivienda de inter\u00e9s de social\u2026\u00bb, \u00a0(e) \u00ab[r]ealizar \u00a0interventor\u00edas, supervisiones y auditorias para verificar la \u00a0correcta ejecuci\u00f3n de los subsidios familiares de vivienda\u00bb \u00a0(subraya \u00a0la Corte). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0ese orden de ideas, a pesar de que la promotora dirigi\u00f3 la \u00a0tutela contra el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a dicha \u00a0entidad no se le puede endilgar la vulneraci\u00f3n alegada, por \u00a0cuanto es Fonvivienda el ente encargado de coordinar, otorgar, \u00a0asignar, rechazar y verificar la ejecuci\u00f3n de los subsidios de \u00a0vivienda familiar para la poblaci\u00f3n beneficiaria y en esa \u00a0medida es, como lo ha dicho esta Corte, \u00abla \u00a0llamada a pronunciarse sobre el subsidio de vivienda asignado a la \u00a0reclamante\u00bb \u00a0(ATC632-2015). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Concretamente \u00a0sobre las competencias en materia de vivienda para la poblaci\u00f3n \u00a0desplazada, el art\u00edculo 5\u00b0 de la ley 975 de 2004, \u00a0contempla, en su inciso 1\u00b0, que \u00abLas \u00a0entidades otorgantes del subsidio familiar de vivienda de que trata \u00a0este decreto ser\u00e1n el Fondo Nacional de Vivienda con cargo a \u00a0los recurso del Presupuesto General de la Naci\u00f3n apropiados en \u00a0los presupuestos del citado Fondo, o a la entidad que haga sus veces, \u00a0y las Cajas de Compensaci\u00f3n Familiar con las contribuciones \u00a0parafiscales administradas por estas, todo ello de conformidad con lo \u00a0establecido en las normas vigentes aplicables a la materia\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora \u00a0bien, a la luz del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 555 de 2003, el \u00a0Fondo Nacional de Vivienda -Fonvivienda, es una entidad dotada de \u00a0\u00abpersoner\u00eda \u00a0jur\u00eddica, patrimonio propio, autonom\u00eda presupuestal y \u00a0financiera\u00bb, \u00a0y que de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 13 de la misma \u00a0regulaci\u00f3n, est\u00e1 regido por las normas aplicables a \u00a0\u00ablos \u00a0establecimientos p\u00fablicos del orden nacional\u00bb; \u00a0de ah\u00ed que seg\u00fan la previsi\u00f3n contenida en el \u00a0art\u00edculo 38 de la Ley 489 de 1998, que determina la \u00a0integraci\u00f3n de la rama ejecutiva del poder p\u00fablico en \u00a0el orden nacional, se trata de una entidad del sector descentralizado \u00a0por servicios (literal a), numeral 2\u00ba \u00eddem). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Por lo tanto, \u00a0la vinculaci\u00f3n del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio \u00a0es apenas aparente, como quiera que, como ya se dijo, es Fonvivienda \u00a0quien debe pronunciarse sobre la entrega del subsidio pretendido por \u00a0la promotora del resguardo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Sobre \u00a0la referida vinculaci\u00f3n \u00a0de entidades del orden central, la Sala ha se\u00f1alado que: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00ab(\u2026) \u00a0no puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de \u00a0los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues \u00a0en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su \u00a0vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro \u00a0y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho \u00a0endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb \u00a0 (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01; \u00a0ATC, 17 ago. 2011, rad. 00430-01 y ATC918, 25 feb. 2016, rad. \u00a02015-00574-01, entre otros). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed las \u00a0cosas, atendiendo la naturaleza jur\u00eddica del sujeto pasivo de \u00a0la tutela, la competencia para conocer de la misma en primera \u00a0instancia corresponde a los Juzgados del Circuito o con categor\u00eda \u00a0de tales, acorde con la regla consagrada en el numeral 1\u00b0, inciso \u00a0segundo, del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1382 de 2000. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0 Luego, en tales condiciones, se configura \u00a0la nulidad por falta de competencia prevista en el numeral 1 del \u00a0art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso vigente \u00a0desde el 1\u00ba de enero de 2016, la cual, por ser funcional, de \u00a0conformidad con el 138 \u00eddem, \u00a0implica \u00a0que \u00ab(\u2026) \u00a0lo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 \u00a0de inmediato al juez competente; pero \u00a0si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb \u00a0(se \u00a0destaca). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed las \u00a0cosas, y en cumplimiento del inciso final de la segunda disposici\u00f3n, \u00a0que ordena que \u00ab[e]l \u00a0auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que \u00a0debe renovarse\u00bb, \u00a0la \u00a0Sala precisa que \u00fanicamente dejar\u00e1 sin efecto el fallo \u00a0proferido por el Tribunal Superior de Florencia el 14 de junio de \u00a02016, por lo que el funcionario que conforme a la ley se estima \u00a0habilitado para ese fin deber\u00e1 dictar uno nuevo que defina la \u00a0primera instancia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
6. En cuanto a la \u00a0potestad para decretar nulidades, esta Corte se\u00f1al\u00f3 \u00a0que: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00ab(\u2026) \u00a0hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte \u00a0Constitucional\u2026 sobre la imperiosa necesidad de evitar la \u00a0dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para \u00a0garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la \u00a0protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales\u2026 \u00a0Empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u2018no \u00a0est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar \u00a0nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o \u00a0interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de \u00a02000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de \u00a0fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen \u00a0jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para \u00a0conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l \u00a0contenidas son meramente de reparto\u2019\u2026 En efecto, el \u00a0Decreto 1382 de 2000, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto \u00a02591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n \u00a0de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los \u00a0jueces competentes. Pero tambi\u00e9n, dispone directrices \u00a0concretas para el conocimiento;\u2026Por otra parte, aunque el \u00a0tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, \u00a0sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 \u00a0indisociablemente referida al derecho fundamental del debido \u00a0proceso\u2026, el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n \u00a0de justicia\u00bb (CSJ \u00a0ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, ratificado en ATC1194 3 mar. 2016, \u00a0rad. 00014-01 y, ATC3603-2016, 9 jun. rad. 00045-01). \u00a0<\/p>\n
7. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ahora, \u00a0frente a la orden que ac\u00e1 se impartir\u00e1, se recuerda una \u00a0vez m\u00e1s lo que sobre el punto ha dicho la Corte: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00ab(\u2026) \u00a0no cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni \u00a0negativa de un juez de inferior categor\u00eda al superior, pues la \u00a0historia jur\u00eddica ha patentizado desde \u00e9pocas remotas \u00a0(Ley 105 de 1931) que la organizaci\u00f3n judicial en forma de \u00a0cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarqu\u00eda tan b\u00e1sico \u00a0para una recta administraci\u00f3n de justicia, pues de lo \u00a0contrario se llegar\u00eda a la anarqu\u00eda \u00a0y perder\u00eda \u00a0el concepto de autoridad fijado en la misma ley. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En esta misma \u00a0perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas reformas \u00a0conservando el n\u00facleo esencial, tal y como ocurri\u00f3 con \u00a0el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adopt\u00f3 el C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento Civil, confirmando la regla que \u2018El \u00a0juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, \u00a0cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior \u00a0jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia\u2019. \u00a0Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el \u00a0inciso 3\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba48 bajo el mismo texto y \u00a0con plena vigencia (\u2026)\u00bb. \u00a0(CSJ, \u00a0ATC 16 jul. 2010, rad. 2010-00022-01; reiterado el 9 de agosto de \u00a02010, rad. 2010-00064-01; 28 de febrero de 2014, rad. 2013-00648-01 y \u00a0ATC803-2016, 18 feb. 2016, rad. 2016-00654-01). \u00a0Resalta la Sala. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por lo expuesto, \u00a0la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Declarar \u00a0la nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia proferida \u00a0por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial \u00a0de Florencia el 14 de junio de 2016 en el asunto de la referencia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Ordenar, en consecuencia, la remisi\u00f3n del expediente a los \u00a0Juzgados del Circuito o \u00a0con categor\u00eda de tal de la ciudad de Florencia, que \u00a0corresponda de acuerdo con el reparto. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Comun\u00edquese \u00a0lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y \u00a0l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
Presidente de sala \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
AROLDO WILSON \u00a0QUIROZ MONSALVO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ALONSO \u00a0RICO PUERTA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
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