\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE \u00a0CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ALONSO RICO PUERTA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ATC4629-2016 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0 76111-22-13-000-2016-00175-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado en \u00a0sesi\u00f3n de diecinueve de julio de dos mil diecis\u00e9is) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., veintiuno (21) de julio de dos mil diecis\u00e9is (2016). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Corresponder\u00eda \u00a0a la Sala decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo \u00a0proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal \u00a0Superior del Distrito Judicial de Buga el 3 de junio de 2016, que \u00a0neg\u00f3 la tutela promovida por Amparo \u00a0Berm\u00fadez Sep\u00falveda contra \u00a0el Ministerio de Educaci\u00f3n \u00a0Nacional, el Fondo Nacional de \u00a0Prestaciones Sociales del Magisterio, la Secretar\u00eda de \u00a0Educaci\u00f3n Departamental y \u00a0Gobernaci\u00f3n del Valle del Cauca, \u00a0si no fuera porque en la actuaci\u00f3n surtida \u00a0se advierte una causal de nulidad \u00a0como adelante se pasa a explicar. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Obrando \u00a0en su propio nombre, la accionante pide la protecci\u00f3n de los \u00a0derechos fundamentales a la salud, seguridad social, m\u00ednimo \u00a0vital, vida e igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades \u00a0convocadas al negarle la pensi\u00f3n de sobreviviente. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0s\u00edntesis, los fundamentos de hecho en que apoya su pretensi\u00f3n, \u00a0se plantean as\u00ed: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Sostiene \u00a0que el 10 de marzo de 2015 pidi\u00f3 a la Secretar\u00eda de \u00a0Educaci\u00f3n del Valle que le reconociera la aludida prestaci\u00f3n, \u00a0porque su esposo trabaj\u00f3 como docente entre el 9 de marzo de \u00a01978 y el 10 de noviembre de 1986 en el Colegio Manuel Antonio \u00a0Bonilla, reclamo que fue desestimado mediante Resoluci\u00f3n n\u00ba \u00a010789 del 21 de diciembre de ese a\u00f1o, argumentando que no se \u00a0cumpl\u00edan los requisitos del art\u00edculo 7\u00ba del \u00a0Decreto 224 de 1972, que prev\u00e9 un per\u00edodo m\u00ednimo \u00a0laborado de dieciocho a\u00f1os. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Afirma \u00a0que recurri\u00f3 en reposici\u00f3n la determinaci\u00f3n, \u00a0pero fue mantenida por acto administrativo n\u00ba 1326 de mayo 11 de \u00a02016. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Refiere \u00a0que debi\u00f3 aplicarse por favorabilidad el art\u00edculo 46 de \u00a0la Ley 100 de 1993 que exige cotizar \u00fanicamente \u00a0\u00abcincuenta semanas dentro de los tres \u00faltimos a\u00f1os \u00a0inmediatamente anteriores al fallecimiento\u00bb; m\u00e1xime \u00a0cuando tiene cincuenta y cinco a\u00f1os de edad y padece \u00a0hipertensi\u00f3n arterial. \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Pretende, en consecuencia, que se le conceda la mesada deprecada \u00a0(fls. 1 a 13, cd. 1). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La \u00a0Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Buga admiti\u00f3 el \u00a0auxilio a tr\u00e1mite el 20 de mayo de 2016; y adelantado el \u00a0tr\u00e1mite, en sentencia de 3 de junio de 2016 \u00a0lo neg\u00f3 \u00a0porque la quejosa ten\u00eda a su alance la v\u00eda contenciosa \u00a0administrativa para hacer valer sus s\u00faplicas y no prob\u00f3 \u00a0un perjuicio irremediable (fls. 87 a 89, cd. 1). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0inconforme impugn\u00f3 la determinaci\u00f3n y el asunto fue \u00a0remitido a esta Sala resolver el recurso. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 No obstante que la acci\u00f3n fue promovida contra las entidades \u00a0antes referidas, es claro que la misma no involucra al \u00a0Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional ni a la \u00a0Gobernaci\u00f3n del Valle del Cauca, pues a \u00e9stos no \u00a0les compete el reconocimiento de la pensi\u00f3n mencionada ni su \u00a0pago; as\u00ed las cosas, se percibe una vinculaci\u00f3n \u00a0aparente en cuanto a esas autoridades. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0casos como este la Corte ha dicho que \u00abno \u00a0puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los \u00a0nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en \u00a0cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su \u00a0vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro \u00a0y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho \u00a0endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb. (CSJ \u00a0ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01; ATC, 17 ago. 2011, rad. \u00a02011-00430-01 y ATC3287 de 26 mayo de 2016, rad. 00061-01, entre \u00a0otros). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tanto, el Tribunal Superior no era el competente para decidir \u00a0en primera instancia la acci\u00f3n de tutela en menci\u00f3n, ni \u00a0la Corte lo es para resolver su impugnaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 La protecci\u00f3n ata\u00f1e \u00fanicamente a la Secretar\u00eda \u00a0de Educaci\u00f3n del Valle del Cauca por ser la autoridad que \u00a0expidi\u00f3 las resoluciones censuradas y al \u00a0Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio por ser quien asume el \u00a0pago a trav\u00e9s de Fiduprevisora S.A., tal como esta \u00faltima \u00a0expuso en el informe que rindi\u00f3 en las presentes diligencias, \u00a0cuando dijo que su competencia se circunscrib\u00eda a \u00abimpartir \u00a0una aprobaci\u00f3n al proyecto de acto administrativo que elaboran \u00a0las secretarias de educaci\u00f3n\u2026y la remitan a \u00a0Fiduprevisora S.A\u2026para as\u00ed proceder al pago de la \u00a0prestaci\u00f3n\u00bb (fl. 65, \u00eddem). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. Ahora, el Fondo \u00a0de Prestaciones Sociales del Magisterio es una cuenta especial de la \u00a0Naci\u00f3n, con independencia contable y financiera, en el que las \u00a0prestaciones y recursos los administra la Fiduciaria la Previsora \u00a0S.A., la que a su vez, es una sociedad de econom\u00eda mixta del \u00a0orden nacional, sometida al r\u00e9gimen de las empresas \u00a0industriales y comerciales del Estado, vinculada al Ministerio de \u00a0Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, seg\u00fan informan los \u00a0Decretos 1547 de 1984 y 919 de 1989. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Esta \u00a0Sala en ATC, 3 nov. 2010, rad. 00420-01, reiterado \u00a0en ATC1686, 31 mar. 2016, rad. 00013-01, explic\u00f3, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00abla \u00a0naturaleza jur\u00eddica del Fondo Nacional de Prestaciones del \u00a0Magisterio, es la de una cuenta especial de la Naci\u00f3n, con \u00a0independencia patrimonial, sin personer\u00eda jur\u00eddica y \u00a0cuyos recursos son administrados por una Sociedad de Econom\u00eda \u00a0Mixta, de car\u00e1cter indirecto del orden nacional, vinculada al \u00a0Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, con \u00a0personer\u00eda jur\u00eddica y autonom\u00eda administrativa \u00a0(\u2026) el Decreto 1382 de 2000, prescribe que corresponde a los \u00a0Jueces de Circuito, o con categor\u00eda de tales, el conocimiento \u00a0en primera instancia de las acciones de tutela que sean presentadas \u00a0contra cualquier autoridad u organismo del sector descentralizado del \u00a0orden nacional, teniendo en cuenta que el Fondo es s\u00f3lo una \u00a0cuenta de la Naci\u00f3n y que no ostenta la calidad de ente \u00a0descentralizado, m\u00e1s quien administra sus dineros y procede al \u00a0pago de las obligaciones de dicho fondo s\u00ed lo es. Se sigue \u00a0entonces, que son competentes para conocer de las acciones de tutela \u00a0que est\u00e9n dirigidas contra el Fondo Nacional de Prestaciones \u00a0Sociales del Magisterio los Jueces de Circuito, o con categor\u00eda \u00a0de tales, del lugar donde ocurri\u00f3 la violaci\u00f3n o \u00a0amenaza de vulneraci\u00f3n que motiv\u00f3 la interposici\u00f3n \u00a0de la acci\u00f3n constitucional\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0su parte, la Secretar\u00eda de Educaci\u00f3n del Valle del \u00a0Cauca es un organismo del nivel departamental. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0esta medida, el conocimiento del auxilio compete a los Jueces de \u00a0Circuito, en atenci\u00f3n a que seg\u00fan el art\u00edculo \u00a0art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. \u00a0del Decreto 1069 de 2015, les corresponden \u00a0conocer de \u00ablas acciones de tutela que \u00a0se interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector \u00a0descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad p\u00fablica \u00a0del orden departamental\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 Luego, en tales \u00a0condiciones, se configura la nulidad por \u00a0falta de competencia prevista en el numeral 1 del art\u00edculo 133 \u00a0del C\u00f3digo General del Proceso vigente desde el 1\u00ba de \u00a0enero de 2016, la cual, por ser funcional, de conformidad con el 138 \u00a0\u00eddem, implica \u00a0que \u00ab(\u2026) lo actuado conservar\u00e1 su \u00a0validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez \u00a0competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se \u00a0invalidar\u00e1\u00bb (se \u00a0destaca). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, y en cumplimiento del inciso final del precitado \u00a0ordenamiento 138, que ordena que \u00ab[e]l auto que \u00a0declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe \u00a0renovarse\u00bb, la Sala \u00a0precisa que \u00fanicamente dejar\u00e1 sin efecto el fallo \u00a0proferido por la Sala Civil \u00a0Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, \u00a0por lo que el funcionario que conforme a la ley es competente para \u00a0ese fin deber\u00e1 dictar uno nuevo que defina la primera \u00a0instancia, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar para \u00a0ese fin (vr. g. practicar otras pruebas o notificaciones omitidas). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0En cuanto a la \u00a0potestad para decretar nulidades, esta Corte se\u00f1al\u00f3 \u00a0que: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00abhace \u00a0suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional \u00a0expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa \u00a0necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las \u00a0acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y \u00a0eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los \u00a0derechos fundamentales\u2026 Empero, no comparte su posici\u00f3n \u00a0respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para \u00a0declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de \u00a0competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n \u00a0de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u201c\u2026en \u00a0manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o \u00a0corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se \u00a0declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, \u00a0puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de \u00a0reparto\u201d\u2026 En efecto, el Decreto 1382 de 2000, reglamenta \u00a0el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la \u00a0competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por \u00a0supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces \u00a0competentes. Pero tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para \u00a0el conocimiento\u2026Por otra parte, aunque el tr\u00e1mite del \u00a0amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y \u00a0celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente \u00a0referida al derecho fundamental del debido proceso\u2019 (CSJ \u00a0SC, 13 may. 2009, rad.00083-01, ratificado el 5 mar. 2015, rad. \u00a0ATC1129-2015, ATC1194 3 mar. 2016, rad. 00014-01 y, \u00a0ATC3603-2016, 9 jun. rad. 00045-01). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala \u00a0de Casaci\u00f3n Civil, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Primero: \u00a0Anular la sentencia proferida por la Sala Civil \u00a0Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, \u00a0el 3 de junio de 2016, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida \u00a0por Amparo Berm\u00fadez Sep\u00falveda. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Segundo: \u00a0Remitir la tutela a la oficina judicial de Buga para que la reparta \u00a0entre los Juzgados Civiles del Circuito de esa ciudad, y proceda de \u00a0conformidad con lo anteriormente se\u00f1alado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Tercero: \u00a0Comunicar esta decisi\u00f3n a los interesados y al Tribunal \u00a0Constitucional de origen. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
Presidente \u00a0de Sala \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
AROLDO WILSON \u00a0QUIROZ MONSALVO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ALONSO \u00a0RICO PUERTA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
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