\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE \u00a0CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ATC4785-2016 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 76111-22-13-000-2016-00203-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de veintisiete de julio de dos mil diecis\u00e9is) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil diecis\u00e9is (2016).- \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Corresponder\u00eda \u00a0decidir la impugnaci\u00f3n \u00a0formulada frente al fallo de 28 de junio de 2016, mediante el cual la \u00a0Sala \u00a0Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Guadalajara de Buga \u00a0decidi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00a0Juan Pablo Garc\u00e9s Ram\u00edrez \u00a0contra \u00a0el Ministerio \u00a0del Trabajo y Seguridad Social y \u00a0la \u00a0Inspecci\u00f3n de Trabajo y Seguridad Social del municipio de \u00a0Sevilla-Valle del Cauca, \u00a0si \u00a0no fuese porque se \u00a0advierte que el presente tr\u00e1mite se encuentra viciado de \u00a0nulidad, como pasa a verse. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El \u00a0promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de \u00a0los derechos fundamentales al debido proceso, de petici\u00f3n, a \u00a0la igualdad, y a la \u00abconfianza \u00a0leg\u00edtima\u00bb, \u00a0presuntamente \u00a0vulnerados por la Cartera accionada, al no dar respuesta a la \u00a0solicitud que elev\u00f3 el pasado 16 de mayo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Solicita, \u00a0entonces, que se ordene al ministerio accionado contestar el referido \u00a0requerimiento, y, que como consecuencia de ello, \u00abdeshaga \u00a0cualquier actuaci\u00f3n [en \u00a0su contra] \u00a0tendiente a imponer multas de tipo pecuniario\u00bb y \u00a0le permita intervenir dentro del \u00abproceso \u00a0creado como instancia administrativa, previa a la jurisdicci\u00f3n \u00a0ordinaria laboral\u00bb (fl.2, \u00a0cdno 1). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0apoyo de tales pretensiones, aduce en s\u00edntesis, que el 12 de \u00a0mayo del a\u00f1o que avanza, recibi\u00f3 un documento proferido \u00a0por el Inspector de Trabajo y Seguridad Social del municipio de \u00a0Sevilla, en el que dicho funcionario no s\u00f3lo \u00abreconoc\u00eda\u00bb \u00a0los derechos laborales que en su contra reclamaba Jos\u00e9 Neil \u00a0Casta\u00f1eda, sino el pago de una incapacidad m\u00e9dica \u00a0ocasionada por la mordedura de un perro de su propiedad al se\u00f1or \u00a0William de Jes\u00fas Alarc\u00f3n, y lo citaba para una \u00a0audiencia que se celebrar\u00eda el 18 del mismo mes y a\u00f1o. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Se\u00f1ala \u00a0que dos d\u00edas antes de la fecha indicada, solicit\u00f3 \u00a0mediante derecho de petici\u00f3n dirigido al Despacho aludido, \u00a0informaci\u00f3n relacionada con la pr\u00e1ctica de la mentada \u00a0diligencia, el cual fue respondido el 1 de junio siguiente, de manera \u00a0\u00abgrotesca\u00bb \u00a0y sin tener en cuenta la jurisprudencia constitucional en la materia, \u00a0raz\u00f3n por la que acude al presente mecanismo excepcional en \u00a0procura de las prerrogativas superiores invocadas (fls. 1 a 8, \u00a0ib\u00eddem). \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El \u00a0Tribunal constitucional de primera instancia deneg\u00f3 \u00a0el amparo suplicado, tras advertir que el Inspector de Trabajo y \u00a0Seguridad Social de la citada localidad, \u00abs\u00ed \u00a0dio contestaci\u00f3n de fondo, clara, precisa y congruente\u00bb \u00a0al \u00a0requerimiento de informaci\u00f3n elevado por el aqu\u00ed \u00a0accionante, la cual fue notificada el 1\u00ba de junio de los \u00a0corrientes, siendo cosa diferente que la respuesta no haya sido \u00a0satisfactoria, y advirti\u00f3 que tampoco se observa vulneraci\u00f3n \u00a0alguna a la garant\u00eda al debido proceso, por cuanto las partes \u00a0fueron citadas en debida forma para la audiencia cuestionada, la \u00a0misma que se constitu\u00eda como el \u00abmomento \u00a0procesal id\u00f3neo\u00bb \u00a0para conocer la informaci\u00f3n solicitada mediante el derecho de \u00a0petici\u00f3n (fls. 35 a 46, cdno 1). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El \u00a0accionante impugn\u00f3 el anterior fallo, \u00a0argumentando que la \u00a0decisi\u00f3n proferida por el a \u00a0quo \u00a0es equivocada, toda vez que la respuesta emitida por la autoridad \u00a0accionada a su petici\u00f3n, no satisface ninguno de los nueve \u00a0interrogantes formulados (fls. 53 a 59, \u00a0\u00eddem). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. No \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0cabe duda que la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0presente acci\u00f3n constitucional se dirige frente \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0a la Direcci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Territorial Valle del Cauca de Mintrabajo, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0con ocasi\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de la supuesta falta de respuesta al derecho de petici\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0elevado por el actor ante sus dependencias. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. Bajo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0esa perspectiva, surge clara la falta de competencia del a \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0quo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0para resolver la presente queja, pues seg\u00fan la naturaleza \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0jur\u00eddica de los entes acusados y lo dispuesto en los incisos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02\u00ba y 5\u00b0 del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Decreto 1382 de 2000, de este resguardo corresponde conocer a los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0jueces del circuito de Sevilla, lugar del domicilio del accionante. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Al \u00a0respecto, se destaca que la citada Direcci\u00f3n Territorial, ante \u00a0quien se present\u00f3 el derecho de petici\u00f3n objeto de \u00a0examen, es del orden departamental. \u00a0Sobre \u00a0este tema, la Corte ha dicho que: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0consecuencia, la sentencia de tutela de primera instancia se debe \u00a0invalidar por falta de competencia funcional, de conformidad con el \u00a0inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del \u00a0Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del \u00a0art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992; orden\u00e1ndose \u00a0remitir el expediente al Juzgado del Circuito o con categor\u00eda \u00a0de tal del municipio de Sevilla que corresponda de acuerdo con el \u00a0reparto para que dicte el fallo constitucional que por esta v\u00eda \u00a0se anula, no sin antes recordar que la Sala, en auto de 13 de mayo de \u00a02009 (rad. 2009-00083-01), precis\u00f3 que: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00ab[L]a \u00a0Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte \u00a0Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) \u00a0sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el \u00a0tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su \u00a0finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n \u00a0efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Empero, \u00a0no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u00a0\u2018no \u00a0est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar \u00a0nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o \u00a0interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de \u00a02000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de \u00a0fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen \u00a0jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para \u00a0conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l \u00a0contenidas son meramente de reparto.\u201d \u201cEn efecto, el \u00a0Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto \u00a02591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de \u00a0la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de \u00a0reparto \u00a0entre los jueces competentes. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Pero \u00a0tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento \u00a0funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018[l]o \u00a0accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o \u00a0el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional \u00a0Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y \u00a0se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o \u00a0Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al \u00a0que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, \u00a0siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un \u00a0amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que \u00a0eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones \u00a0de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n \u00a0proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos \u00a0a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o \u00a0legales privativas por otras autoridades. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0otra parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los \u00a0principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia \u00a0del juez est\u00e1 \u00a0indisociablemente [ligada] con el derecho \u00a0fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el \u00a0acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de \u00a0donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta \u00a0de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la \u00a0constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s \u00a0urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la \u00a0competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho \u00a0constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A \u00a0de \u00a02007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino \u00a0conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o \u00a0tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas \u00a0propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte \u00a0Constitucional). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
An\u00e1logamente, \u00a0el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los \u00a0servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede \u00a0ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia \u00a0asigna el legislador y \u00a0los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, \u00a0por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n.\u201d \u00a0\u201cEn id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental \u00a0significaci\u00f3n inherentes a la autonom\u00eda e independencia \u00a0de los jueces (art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n \u00a0Nacional) y su sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, \u00a0estar\u00edan seriamente comprometidas de limitarse las facultades \u00a0y deberes de los jueces, sean ordinarios, sean \u00a0constitucionales\u00bb \u00a0(ver \u00a0entre otros ATC4127-2014, ATCA4149-2014, ATC4151-2014, ATC632-2015 \u00a0y ATC-3945-2016). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Declarar \u00a0la nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia proferida \u00a0en el asunto de la referencia, sin perjuicio de la validez de las \u00a0pruebas en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo \u00a0138 del C\u00f3digo General del Proceso. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. En \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0consecuencia, se ordena remitir el expediente a los Juzgados del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Circuito de Sevilla de acuerdo con el reparto, para que dicte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el fallo constitucional que por esta v\u00eda se anula. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. Comun\u00edquese \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
Presidente \u00a0de sala \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
AROLDO \u00a0WILSON QUIROZ MONSALVO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ALONSO RICO PUERTA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ARIEL \u00a0SALAZAR RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ARMANDO TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
8 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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