\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ALONSO \u00a0RICO PUERTA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0 76001-22-21-000-2016-00071-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado en \u00a0sesi\u00f3n de veintisiete de julio de dos mil diecis\u00e9is) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil diecis\u00e9is (2016). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Corresponder\u00eda \u00a0a la Sala decidir la impugnaci\u00f3n del fallo proferido por la \u00a0Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Cali el 16 de junio de 2016, en las \u00a0acciones de tutela acumuladas promovidas por \u00a0Mauricio Enrique Gaviria Ulce, Yormi Lorena Molina Prieto, Miryam del \u00a0Carmen Egas Yepes, Jos\u00e9 Primitivo Fl\u00f3rez \u00c1lvarez, \u00a0Juan Carlos Fern\u00e1ndez Monsalve, Yenit Patricia Parra R\u00edofrio, \u00a0Erminsul Zapata Tangarife, Mar\u00eda Luz Dary Bustamante Isaza, \u00a0Luz Estela Hoyos Padilla y M\u00f3nica Andrea Pialejo Toro \u00a0contra el Ministerio de \u00a0Vivienda, Ciudad y Territorio y \u00a0el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, y en las cuales \u00a0fueron citados el Departamento Administrativo para la Prosperidad \u00a0Social, la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n \u00a0Integral de V\u00edctimas, el Departamento de Planeaci\u00f3n \u00a0Nacional y la Alcald\u00eda de Dagua (Valle del Cauca), si no fuese \u00a0porque el tr\u00e1mite se encuentra viciado de \u00a0nulidad, como pasa a verse. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Los \u00a0accionantes afirman que las entidades accionadas lesionaron su \u00a0garant\u00eda fundamental a una vivienda digna por no entregarles \u00a0el subsidio de vivienda de inter\u00e9s social por ser v\u00edctimas \u00a0del desplazamiento forzado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Apoyan su \u00a0pretensi\u00f3n en los siguientes fundamentos f\u00e1cticos: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.1 Sostienen que \u00a0debieron abandonar el territorio que habitaban por culpa de la \u00a0violencia y, por ende, son sujetos de especial protecci\u00f3n; \u00a0desde el a\u00f1o 2007 no ha habido una convocatoria para personas \u00a0en su condici\u00f3n; trabajan por d\u00edas para solventar sus \u00a0necesidades b\u00e1sicas; algunas son madres cabeza de familia y \u00a0viven en arriendo en zonas de alto riesgo, luego de soportar los \u00a0vej\u00e1menes de la guerra. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2 Aseveran haber \u00a0agotado el procedimiento pertinente ante el Departamento \u00a0Administrativo de la Protecci\u00f3n Social para que reportara la \u00a0informaci\u00f3n sobre su estado, sin que se les haya dado \u00a0respuesta a sus necesidades de vivienda, salud, educaci\u00f3n y \u00a0fortalecimiento socioecon\u00f3mico. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.4 Informan que \u00a0el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, ni Fonvivienda, han \u00a0realizado el estudio de vulnerabilidad, pese a que el Decreto 951 de \u00a02001 y la Ley 1537 de 2012 les da prioridad para recibir beneficios. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.5 Piden que se \u00a0ordene a la Cartera accionada que les entregue el subsidio deprecado \u00a0(folio 5 de cada cuaderno acumulado). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La \u00a0Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de \u00a0Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, mediante \u00a0sentencia de 16 de junio de 2016, concedi\u00f3 el amparo respecto \u00a0de Yormi Lorena Molina Prieto, \u00a0M\u00f3nica Andrea Pialejo Toro, Luz Estela Hoyos Padilla y \u00a0Mauricio Enrique Gaviria Ulce \u00abporque \u00a0ninguno de ellos figura en el registro con estado calificado ni ha \u00a0participado en las convocatorias anteriores\u00bb, \u00a0y en tal virtud orden\u00f3 (i) \u00a0al Alcalde de Dagua que presente al DPS y a Fonvivienda el informe \u00a0anual de los predios de propiedad del ente territorial que pueden \u00a0destinarse a vivienda prioritaria; (ii) \u00a0al Departamento Administrativo para la \u00a0Prosperidad Social, que una vez reciba el anterior informe actualice \u00a0las bases de datos e incluya a los quejosos mencionados, si hay lugar \u00a0a ello, en el listado de potenciales beneficiarios que remita a \u00a0Fonvivienda; (iii) a \u00a0esta \u00faltima que asesore a Yennit Patricia Parra Riofrio sobre \u00a0el estado en que se encuentra el subsidio tramitado en Popay\u00e1n \u00a0y el procedimiento para inscribirse en otro municipio (fls. 190 a \u00a028). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Mar\u00eda Luz Dary Bustamante Isaza, Erminsul Zapata Tangarife, \u00a0Juan Carlos Fern\u00e1ndez Monsalve y Miryam del Carmen Egas Yepes \u00a0impugnaron \u00a0el fallo anterior (fl. 350, cd.1). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. En el presente \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0asunto, los reclamantes exigen que se ordene al Ministerio de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Vivienda, Ciudad y Territorio les entregue el subsidio de vivienda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0al que aducen tener derecho. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Al \u00a0respecto, advierte la Corte que el art\u00edculo 3\u00ba del \u00a0Decreto 555 de 2003, \u00a0en sus numerales 8\u00ba y 9\u00ba, contempla que al Fondo Nacional \u00a0de Vivienda – Fonvivienda le compete: (a) \u00abdise\u00f1ar, \u00a0administrar, mantener actualizar y custodiar el Sistema Nacional de \u00a0Informaci\u00f3n de Vivienda, de acuerdo con las pol\u00edticas \u00a0se\u00f1aladas por el Gobierno Nacional\u2026\u00bb, \u00a0(b) \u00ab[a]signar \u00a0subsidios de vivienda de inter\u00e9s social bajo las diferentes \u00a0modalidades de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia \u00a0y con el reglamento y condiciones definidas por el Gobierno Nacional \u00a0\u2026\u00bb, \u00a0(c) \u00ab[a]tender \u00a0de manera continua la postulaci\u00f3n de hogares para el subsidio \u00a0familiar de vivienda, a trav\u00e9s de contratos de encargo de \u00a0gesti\u00f3n u otros mecanismos\u2026\u00bb, \u00a0(d) \u00ab[c]oordinar \u00a0a las entidades encargadas de otorgar la elegibilidad de los \u00a0proyectos de vivienda de inter\u00e9s de social\u2026\u00bb, \u00a0(e) \u00ab[r]ealizar \u00a0interventor\u00edas, supervisiones y auditorias para verificar la \u00a0correcta ejecuci\u00f3n de los subsidios familiares de vivienda\u00bb \u00a0(subraya la Corte). \u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0ese orden de ideas, a pesar de que los querellantes dirigieron la \u00a0salvaguarda contra el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a \u00a0dicha entidad no se le puede endilgar la vulneraci\u00f3n alegada, \u00a0por cuanto es Fonvivienda el encargado de coordinar, otorgar, \u00a0asignar, rechazar y verificar la ejecuci\u00f3n de los subsidios de \u00a0vivienda familiar para la poblaci\u00f3n beneficiaria y en esa \u00a0medida es, como lo ha dicho esta Corte, \u00abla \u00a0llamada a pronunciarse sobre el subsidio de vivienda asignado a la \u00a0reclamante\u00bb \u00a0(ATC632-2015). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Concretamente \u00a0sobre las competencias en materia de vivienda para la poblaci\u00f3n \u00a0desplazada, el art\u00edculo 5\u00b0 de la ley 975 de 2004, \u00a0contempla, en su inciso 1\u00b0, que \u00abLas \u00a0entidades otorgantes del subsidio familiar de vivienda de que trata \u00a0este decreto ser\u00e1n el Fondo Nacional de Vivienda con cargo a \u00a0los recurso del Presupuesto General de la Naci\u00f3n apropiados en \u00a0los presupuestos del citado Fondo, o a la entidad que haga sus veces, \u00a0y las Cajas de Compensaci\u00f3n Familiar con las contribuciones \u00a0parafiscales administradas por estas, todo ello de conformidad con lo \u00a0establecido en las normas vigentes aplicables a la materia\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora \u00a0bien, a la luz del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 555 de 2003, el \u00a0Fondo Nacional de Vivienda -Fonvivienda, es una entidad dotada de \u00a0\u00abpersoner\u00eda \u00a0jur\u00eddica, patrimonio propio, autonom\u00eda presupuestal y \u00a0financiera\u00bb, \u00a0y que de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 13 de la misma \u00a0regulaci\u00f3n, est\u00e1 regido por las normas aplicables a \u00a0\u00ablos establecimientos p\u00fablicos \u00a0del orden nacional\u00bb; de ah\u00ed que \u00a0seg\u00fan la previsi\u00f3n contenida en el art\u00edculo 38 \u00a0de la Ley 489 de 1998, que determina la integraci\u00f3n de la rama \u00a0ejecutiva del poder p\u00fablico en el orden nacional, se trata de \u00a0una entidad del sector descentralizado por servicios (literal a), \u00a0numeral 2\u00ba \u00eddem). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Por lo tanto, \u00a0la vinculaci\u00f3n del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio \u00a0es apenas aparente, como quiera que, como ya se dijo, es Fonvivienda \u00a0quien debe pronunciarse sobre la entrega del subsidio pretendido por \u00a0los demandantes. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Sobre \u00a0la referida vinculaci\u00f3n de entidades del orden central, \u00a0la Sala ha se\u00f1alado que: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, atendiendo la naturaleza jur\u00eddica del sujeto pasivo \u00a0de la tutela, la competencia para conocer de la misma en primera \u00a0instancia corresponde a los Juzgados del Circuito o con categor\u00eda \u00a0de tales, acorde con la regla consagrada en el art\u00edculo \u00a02.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0 Luego, en tales condiciones, se configura \u00a0la nulidad por falta de competencia prevista en el numeral 1 del \u00a0art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso vigente \u00a0desde el 1\u00ba de enero de 2016, la cual, por ser funcional, de \u00a0conformidad con el 138 \u00eddem, implica \u00a0que \u00ab(\u2026) lo actuado conservar\u00e1 \u00a0su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez \u00a0competente; pero si se hubiere dictado \u00a0sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb \u00a0(se destaca). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, y en cumplimiento del inciso final de la segunda \u00a0disposici\u00f3n, que ordena que \u00ab[e]l \u00a0auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que \u00a0debe renovarse\u00bb, \u00a0la \u00a0Sala precisa que \u00fanicamente dejar\u00e1 sin efecto el fallo \u00a0proferido por el Tribunal Superior de Cali el 16 de junio de 2016, \u00a0por lo que el funcionario que conforme a la ley se estima habilitado \u00a0para ese fin deber\u00e1 dictar uno nuevo que defina la primera \u00a0instancia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
6. En cuanto a la \u00a0potestad para decretar nulidades, esta Corte se\u00f1al\u00f3 \u00a0que: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00ab(\u2026) \u00a0hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte \u00a0Constitucional\u2026 sobre la imperiosa necesidad de evitar la \u00a0dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para \u00a0garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la \u00a0protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales\u2026 \u00a0Empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u2018no \u00a0est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar \u00a0nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o \u00a0interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de \u00a02000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de \u00a0fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen \u00a0jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para \u00a0conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l \u00a0contenidas son meramente de reparto\u2019\u2026 En efecto, el \u00a0Decreto 1382 de 2000, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto \u00a02591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n \u00a0de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los \u00a0jueces competentes. Pero tambi\u00e9n, dispone directrices \u00a0concretas para el conocimiento;\u2026Por otra parte, aunque el \u00a0tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, \u00a0sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 \u00a0indisociablemente referida al derecho fundamental del debido \u00a0proceso\u2026, el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n \u00a0de justicia\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, \u00a0ratificado en ATC1194 3 mar. 2016, rad. 00014-01 y, ATC3603-2016, 9 \u00a0jun. rad. 00045-01). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
7. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ahora, \u00a0frente a la orden que ac\u00e1 se impartir\u00e1, se recuerda una \u00a0vez m\u00e1s lo que sobre el punto ha dicho la Corte: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00ab(\u2026) \u00a0no cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni \u00a0negativa de un juez de inferior categor\u00eda al superior, pues la \u00a0historia jur\u00eddica ha patentizado desde \u00e9pocas remotas \u00a0(Ley 105 de 1931) que la organizaci\u00f3n judicial en forma de \u00a0cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarqu\u00eda tan b\u00e1sico \u00a0para una recta administraci\u00f3n de justicia, pues de lo \u00a0contrario se llegar\u00eda a la anarqu\u00eda \u00a0y perder\u00eda \u00a0el concepto de autoridad fijado en la misma ley. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0esta misma perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas \u00a0reformas conservando el n\u00facleo esencial, tal y como ocurri\u00f3 \u00a0con el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adopt\u00f3 el C\u00f3digo \u00a0de Procedimiento Civil, confirmando la regla que \u2018El \u00a0juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, \u00a0cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior \u00a0jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia\u2019. \u00a0Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el \u00a0inciso 3\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba48 bajo el mismo texto y \u00a0con plena vigencia (\u2026)\u00bb. \u00a0(CSJ, ATC 16 jul. 2010, rad. 2010-00022-01; \u00a0reiterado el 9 de agosto de 2010, rad. 2010-00064-01; 28 de febrero \u00a0de 2014, rad. 2013-00648-01 y ATC803-2016, 18 feb. 2016, rad. \u00a02016-00654-01). Resalta la Sala. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por lo expuesto, \u00a0la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Declarar la \u00a0nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia proferida por \u00a0la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 16 de junio de \u00a02016 en el asunto de la referencia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. Ordenar, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0en consecuencia, la remisi\u00f3n del expediente a los Juzgados \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del Circuito o con categor\u00eda de tal de la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ciudad de Cali, que corresponda de acuerdo con el reparto. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. Comun\u00edquese \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
Presidente \u00a0de Sala \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
AROLDO \u00a0WILSON QUIROZ MONSALVO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ALONSO RICO PUERTA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ARIEL \u00a0SALAZAR RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ARMANDO TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
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