\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ATC4860-2016 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 05000-22-13-000-2016-00149-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de veintisiete \u00a0de julio de dos mil diecis\u00e9is) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., veintinueve (29) de julio de dos mil diecis\u00e9is (2016). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0la revisi\u00f3n del expediente a efectos de resolver la \u00a0impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia proferida el primero \u00a0de junio de dos mil diecis\u00e9is por la Sala Civil – Familia del \u00a0Tribunal Superior de Antioquia, se advierte que se ha incurrido en un \u00a0vicio con alcance de nulidad insubsanable, el cual est\u00e1 \u00a0llamado a declararse. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
I. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0La \u00a0se\u00f1ora Ana Elena Serna Montoya present\u00f3 demanda de \u00a0cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio cat\u00f3lico \u00a0contra Diego Juan Puerta Fern\u00e1ndez, \u00a0cuyo \u00a0tr\u00e1mite correspondi\u00f3 al Juzgado Promiscuo de Familia de \u00a0Ciudad Bol\u00edvar (Antioquia). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Surtido \u00a0el tr\u00e1mite respectivo, el 7 de junio de 2007, se declar\u00f3 \u00a0la cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio cat\u00f3lico \u00a0conformado por entre las partes. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Por \u00a0solicitud de la demandante se continu\u00f3 con el tr\u00e1mite \u00a0liquidatorio ante el mismo despacho. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Agotado el ritual, en sentencia del 29 de diciembre de 2009, se \u00a0aprob\u00f3 en todas sus partes el trabajo de liquidaci\u00f3n, \u00a0partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de bienes; correspondi\u00e9ndole \u00a0a la se\u00f1ora Ana Elena Serna Montoya, el \u00abderecho \u00a0de posesi\u00f3n material de un 25% sobre un lote de terreno, \u00a0conocido como \u201cLa Julia\u201d (\u2026) ubicado en la vereda \u00a0la Carmina\u2026\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0La citada autoridad judicial, en auto del 14 de junio de 2013, no \u00a0accedi\u00f3 a la solicitud de divisi\u00f3n que elev\u00f3 el \u00a0demandante, principalmente porque la se\u00f1ora Miriam Arias \u00a0G\u00f3mez, copropietaria del bien, no fue inicialmente demandada \u00a0por el se\u00f1or Puerta Fern\u00e1ndez, y porque con esa \u00a0decisi\u00f3n podr\u00edan verse afectados derechos de posesi\u00f3n \u00a0de terceros, como la se\u00f1ora Ana Elena Serna Montoya. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
7. \u00a0La parte demandante apel\u00f3 el anterior prove\u00eddo, y el \u00a0Tribunal Superior de Antioquia, a trav\u00e9s de auto del 5 de mayo \u00a0de 2014 lo revoc\u00f3, y en su lugar, orden\u00f3 la venta en \u00a0p\u00fablica subasta del bien, aduciendo, en primer lugar, que la \u00a0se\u00f1ora Miriam Arias G\u00f3mez fue vinculada al proceso como \u00a0litisconsorte necesaria, y en segundo lugar, que las circunstancias \u00a0relativas a la posesi\u00f3n del bien no menguan el derecho del \u00a0comunero a no permanecer en estado de indivisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
8. \u00a0Ante \u00a0ese panorama, Ana Elena Serna Montoya, interpuso acci\u00f3n de \u00a0tutela tras estimar que la determinaci\u00f3n que emiti\u00f3 la \u00a0citada Corporaci\u00f3n, vulner\u00f3 sus garant\u00edas \u00a0fundamentales porque es \u00abposeedora \u00a0material del 25% del predio que se pretende subastar, seg\u00fan la \u00a0adjudicaci\u00f3n que se hizo dentro del proceso de liquidaci\u00f3n \u00a0de sociedad conyugal\u2026\u00bb, \u00a0am\u00e9n \u00a0de que \u00a0\u00abno \u00a0pod\u00eda ordenarse su divisi\u00f3n, porque no fue citada ni \u00a0vinculada al respectivo tr\u00e1mite\u2026\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
9. \u00a0Tal \u00a0ruego tutelar lo desat\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Civil de \u00a0esta Corte en fallo de 28 de agosto de 2014, deneg\u00e1ndose el \u00a0amparo, al concluirse que la quejosa tiene otros mecanismos de \u00a0defensa. Sentencia de tutela que fue confirmada por la hom\u00f3loga \u00a0Laboral, el 15 de octubre siguiente. \u00a0<\/p>\n
10. \u00a0Retomando \u00a0lo referente al juicio divisorio, el Juzgado Civil del Circuito de \u00a0Ciudad Bol\u00edvar, en auto del 18 de abril de 2016, fij\u00f3 \u00a0fecha y hora para llevar a cabo la almoneda del predio objeto del \u00a0proceso. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
11. \u00a0La \u00a0anterior providencia dio origen para que Juan Diego, Luis Felipe, y \u00a0Andr\u00e9s Juli\u00e1n Puerta Serna, en su condici\u00f3n de \u00a0hijos de Ana Elena Serna Montoya, instauran la presente acci\u00f3n \u00a0constitucional en busca de la protecci\u00f3n de los derechos \u00a0fundamentales de aqu\u00e9lla, al considerar que en el citado \u00a0tr\u00e1mite divisorio se debi\u00f3 citar en calidad de \u00a0litisconsorte necesario a su madre, pues a su sentir es indispensable \u00a0clarificar si es o no procedente la venta forzosa del predio \u00a0denominado \u201cLa \u00a0Julia\u201d, \u00a0teniendo en cuenta que su progenitora es la actual poseedora de esa \u00a0heredad conforme se desprende del tr\u00e1mite liquidatorio de la \u00a0sociedad conyugal que conformaron sus padres. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
12. \u00a0El \u00a0conocimiento del libelo le correspondi\u00f3 al Tribunal Superior \u00a0de Antioquia, autoridad que en providencia de 1 de junio de 2016, \u00a0neg\u00f3 el amparo solicitado. [Folios 209-217, c.1] \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
13. \u00a0Tras \u00a0ser impugnada la sentencia de tutela, se remitieron las diligencias a \u00a0esta Corporaci\u00f3n. [Folios 236-249, c, 1] \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
II. \u00a0CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es \u00a0ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del \u00a0debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez \u00a0que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como \u00a0lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse \u00a0deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como \u00a0son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la \u00a0debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb.(Corte \u00a0Constitucional. Auto 257 de 1996) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0De otro lado, la atribuci\u00f3n de competencia en materia de \u00a0amparo constitucional se encuentra prevista en el art\u00edculo 37 \u00a0del Decreto 2591 de 1991, que reglament\u00f3 la acci\u00f3n de \u00a0tutela. Sin embargo, esa disposici\u00f3n s\u00f3lo se ocup\u00f3 \u00a0de la competencia preventiva y territorial, de ah\u00ed que el \u00a0Decreto 1382 de 2000 -dictado por el Presidente de la Rep\u00fablica \u00a0en ejercicio de las facultades consagradas en el numeral 11 del \u00a0art\u00edculo 189 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica-, \u00a0introdujo el factor funcional en dicha materia.1 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional \u00a0para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a \u00a0partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del \u00a0Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, \u00a0la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la \u00a0competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, \u00a0tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del \u00a0referido estatuto adjetivo2, \u00a0por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 \u00a0obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la \u00a0cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de \u00a0tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 \u00a0de 1992.3 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0proceder anunciado en el p\u00e1rrafo que precede, deber\u00e1 \u00a0observarse en el presente caso por las razones que pasan a \u00a0explicarse. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0En este asunto, los accionantes pretenden obtener la protecci\u00f3n \u00a0de los derechos de su progenitora, al debido proceso, defensa, vida, \u00a0m\u00ednimo vital, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de \u00a0justicia, y vivienda digna, al afirmar que ella es poseedora material \u00a0de un porcentaje del predio denominado \u00abLa \u00a0Julia\u00bb, \u00a0sobre el cual se orden\u00f3 la venta en p\u00fablica subasta, \u00a0seg\u00fan decisi\u00f3n del 5 de mayo de 2014 que emiti\u00f3 \u00a0el Tribunal Superior de Antioquia, raz\u00f3n por la que estiman, \u00a0debi\u00f3 ser citada o vinculada al proceso divisorio objeto de la \u00a0queja constitucional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, el debate que plantean los actores en punto a la vinculaci\u00f3n \u00a0de su madre al citado proceso, fue abordado por el juez colegiado en \u00a0la referida providencia con ocasi\u00f3n de la apelaci\u00f3n que \u00a0promoviera el demandante que inici\u00f3 la acci\u00f3n divisoria \u00a0contra el auto que le neg\u00f3 sus pretensiones. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Tanto \u00a0es as\u00ed, que en el tr\u00e1mite constitucional de primera \u00a0instancia, uno de los magistrados que integran la Sala de decisi\u00f3n, \u00a0se declar\u00f3 impedido por los siguientes motivos: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00ab\u2026en \u00a0raz\u00f3n a que sobre el punto central de debate de la acci\u00f3n \u00a0de tutela que ahora se tramita: Intervenci\u00f3n de la se\u00f1ora \u00a0ANA ELENA SERNA MONTOYA, dentro del proceso divisorio del predio con \u00a0matr\u00edcula inmobiliaria No. 005-913 de Ciudad Bol\u00edvar, \u00a0ya emit\u00ed mi opini\u00f3n y concepto y adopt\u00e9 una \u00a0posici\u00f3n sobre la soluci\u00f3n que debe darse a ese puntual \u00a0problema jur\u00eddico. \u00a0Efectivamente, en sala unitaria, por auto \u00a0058 del 5 de mayo de 2014, deb\u00ed resolver la apelaci\u00f3n \u00a0planteada dentro del proceso divisorio por venta-agrario, con \u00a0radicado: 05890 31 89 001 2012 00020 01 0065, y aval\u00e9 la \u00a0decisi\u00f3n del A Quo de no tener como parte en el proceso a Do\u00f1a \u00a0ANA ELENA SERNA MONTOYA, en raz\u00f3n a que no acredit\u00f3 su \u00a0calidad de propietaria o poseedora, ni la ilegalidad de la que se \u00a0queja, de la venta de derechos que hizo su c\u00f3nyuge sobre tal \u00a0bien y porque s\u00f3lo aport\u00f3 al expediente copia simple de \u00a0documentos, que no cumplen las exigencias probatorias para acreditar \u00a0su autenticidad y no permiten por ello tener por probados los hechos \u00a0en que sustenta su pretensi\u00f3n de ser llamada como parte\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese orden, no hab\u00eda motivo para que la primera instancia se \u00a0tramitara ante el Tribunal, pues en este caso, seg\u00fan el inciso \u00a01\u00b0 del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1382 \u00a0de 2000, las tutelas que se interpongan contra \u00abun \u00a0funcionario o corporaci\u00f3n judicial, le ser\u00e1 repartida \u00a0al respectivo superior funcional del accionado\u00bb, \u00a0luego, \u00a0al ser la providencia dictada por dicha autoridad objeto de la queja \u00a0constitucional, la competencia corresponde, en primera instancia, a \u00a0la Corte Suprema de Justicia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por tanto, se \u00a0concluye que la Corporaci\u00f3n en referencia, no era el \u00a0competente para decidir la acci\u00f3n de tutela en menci\u00f3n, \u00a0ni la Corte lo es para resolver su impugnaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Las razones que ha expuesto imponen declarar la nulidad de todo lo \u00a0actuado por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de \u00a0Antioquia, y ordenar el env\u00edo del expediente a reparto ante la \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n, a la cual \u00a0compete el conocimiento del asunto en primera instancia, por el \u00a0factor funcional que previamente se advirtiera. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
III. DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
Por lo expuesto, \u00a0la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
PRIMERO: \u00a0Declarar \u00a0la nulidad de todo lo actuado a partir del auto que admiti\u00f3 la \u00a0presente acci\u00f3n de tutela, inclusive, sin perjuicio de la \u00a0validez de las pruebas que dentro de ella se hayan practicado, en los \u00a0t\u00e9rminos del inciso 2 del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo \u00a0General del Proceso. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
SEGUNDO: \u00a0Ordenar, \u00a0en consecuencia, la remisi\u00f3n del expediente a la Secretar\u00eda \u00a0de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia \u00a0para ser repartido en primera instancia entre los Magistrados que la \u00a0integran. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
TERCERO: \u00a0Comun\u00edquese \u00a0lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y al Tribunal Superior de \u00a0Antioquia mediante telegrama, y l\u00edbrense las dem\u00e1s \u00a0comunicaciones pertinentes. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NOTIFIQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
Presidente de Sala \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
AROLDO WILSON \u00a0QUIROZ MONSALVO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ALONSO \u00a0RICO PUERTA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Dicha norma hoy est\u00e1 contenida en el Art\u00edculo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02.2.3.1.2.1. del Decreto Nro. 1069 de 2015 (Por medio del cual se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del Derecho). \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00abART\u00cdCULO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a016. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0LA COMPETENCIA.\u00a0La \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0jurisdicci\u00f3n y la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0competencia por los factores \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0subjetivo y funcional \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0son improrrogables. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0subjetivo o funcional, lo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0proferido que ser\u00e1 nula, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0[Se subray\u00f3] \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ese aparte normativo fue incluido en el Art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del Decreto Nro. 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0decreto\u00bb, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. \u00a0<\/p>\n
10 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0 SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-96938","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/96938","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=96938"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/96938\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=96938"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=96938"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=96938"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}