\u00a0 \u00a0 \u00a0 Rep\u00fablica \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Suprema de Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N CIVIL \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ATC4894-2016 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 \u00a068001-22-13-000-2016-00358-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de veintisiete de julio de dos mil diecis\u00e9is) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., dos (2) de agosto de dos mil diecis\u00e9is (2016). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Corresponder\u00eda \u00a0a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo \u00a0proferido el 14 de junio de 2016 por la Sala \u00a0Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Bucaramanga, \u00a0dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Diana \u00a0Carolina Rodr\u00edguez Gonz\u00e1lez contra \u00a0el Ministerio \u00a0de Salud y Protecci\u00f3n Social, \u00a0la Secretar\u00eda \u00a0de Salud Departamental de Santander, Ecopetrol S.A., \u00a0la Policl\u00ednica \u00a0y \u00a0el Centro \u00a0de Atenci\u00f3n Local Barrancabermeja de la Regional de Servicios \u00a0Compartidos de la citada sociedad, \u00a0tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Centro \u00a0de Servicios Compartidos Regional Central y \u00a0el Departamento \u00a0de Salud del Magdalena Medio de dicha compa\u00f1\u00eda, \u00a0si \u00a0no fuese porque se advierte que el presente tr\u00e1mite se \u00a0encuentra viciado de nulidad, como pasa a verse. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 La promotora \u00a0del amparo interpuso \u00a0acci\u00f3n de tutela contra las referidas entidades, \u00a0con \u00a0el fin de obtener la protecci\u00f3n constitucional de \u00a0los derechos fundamentales al trabajo, al m\u00ednimo vital \u00aben \u00a0conexidad con la vida digna, a la igualdad (\u2026) y a la libertad \u00a0de escoger profesi\u00f3n u oficio\u00bb, \u00a0a la salud y a la \u00abESTABILIDAD \u00a0LABORAL REFORZADA POR ENCONTRARSE EN ESTADO DE INDEFENSION [POR] \u00a0IMPOSIBILIDAD \u00a0DE REPETIR SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO\u00bb, \u00a0los \u00a0cuales estima vulnerados con la negativa de la expedici\u00f3n de \u00a0la certificaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n del Servicio Social \u00a0Obligatorio, en su condici\u00f3n de m\u00e9dica. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0apoyo de tales pretensiones, adujo en s\u00edntesis, que el pasado \u00a016 de marzo culmin\u00f3 la pr\u00e1ctica del Servicio Social \u00a0Obligatorio (SSO), antes a\u00f1o rural, en la instituci\u00f3n \u00a0hospitalaria referida l\u00edneas atr\u00e1s, raz\u00f3n por la \u00a0que solicit\u00f3 a la Secretar\u00eda de Salud Departamental de \u00a0Santander, le expidiera la respectiva certificaci\u00f3n a fin de \u00a0obtener la correspondiente tarjeta profesional que la acredite como \u00a0m\u00e9dica; sin embargo, dicha autoridad \u00abpor \u00a0medio telef\u00f3nico [le] \u00a0inform\u00f3 que no \u00a0era posible certificar [su] \u00a0rural por cuanto no \u00a0estaban en orden los documentos que ECOPETROL deb\u00eda presentar \u00a0ante [ella]\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Finalmente \u00a0sostuvo, en compendio, que a la fecha la aludida compa\u00f1\u00eda \u00a0no le ha informado sobre el tr\u00e1mite que ha efectuado ante la \u00a0mentada secretaria en aras dar soluci\u00f3n a su problem\u00e1tica; \u00a0que a otros colegas que prestaron el susodicho servicio en el mismo \u00a0centro m\u00e9dico ya les entregaron su certificado; y, que debido \u00a0a la \u00abLEUCEMIA \u00a0LINFOIDE\u00bb \u00a0que le fue diagnosticada hace 8 a\u00f1os, le es dif\u00edcil \u00a0volver a prestar el mismo, sumado a que necesita trabajar para poder \u00a0costear sus necesidades b\u00e1sicas y el tratamiento que requiere \u00a0para tratar su enfermedad, raz\u00f3n por la que considera que su \u00a0reclamo debe ser atendido a trav\u00e9s de este mecanismo \u00a0excepcional (fls. 1 a 14, Cit.). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La \u00a0Sala \u00a0Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Bucaramanga, luego de admitir a tr\u00e1mite la acci\u00f3n y de \u00a0correr traslado de ella a los involucrados, deneg\u00f3 \u00a0la \u00a0protecci\u00f3n invocada por incumplir el presupuesto de la \u00a0subsidiariedad, dado que \u00abno \u00a0se acompa\u00f1a prueba siquiera sumaria de la presunta negativa \u00a0por parte de la accionada SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE \u00a0SANTANDER en la expedici\u00f3n de la tan anhelada certificaci\u00f3n, \u00a0es m\u00e1s, no obra evidencia de que la actora hubiere radicado \u00a0a\u00fan la solicitud correspondiente con tal prop\u00f3sito\u00bb \u00a0(fls. 82 a 91, \u00a0ejusdem). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 \u00a0Impugnado dicho fallo por la tutelante (fl. \u00a0154 a 173, \u00eddem), \u00a0las diligencias fueron remitidas a esta Corte para lo pertinente. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 Del \u00a0escrito incoativo de tutela y la revisi\u00f3n de los documentos \u00a0allegados, se \u00a0advierte, primeramente, que en el presente tr\u00e1mite el \u00a0Ministerio de Salud y \u00a0Protecci\u00f3n Social \u00a0carecen de legitimidad por pasiva, toda vez que sus funciones nada \u00a0tienen que ver en concreto con la situaci\u00f3n objeto de estudio \u00a0en la presente acci\u00f3n de tutela, puesto que la responsable de \u00a0certificar la prestaci\u00f3n del servicio social obligatorio de la \u00a0accionante, conforme \u00a0lo prev\u00e9 la Ley 50 de 1981 y sus Decretos Reglamentarios, \u00a0especialmente el 2865 de 1994, es la \u00a0Secretar\u00eda Departamental de Salud de Santander, por ser la \u00a0responsable de la selecci\u00f3n, aprobaci\u00f3n y renovaci\u00f3n \u00a0de las plazas para el cumplimiento del Servicio Social Obligatorio \u00a0(SSO), \u00a0as\u00ed como la empresa Ecopetrol S.A. y la Policl\u00ednica \u00a0donde \u00e9sta prest\u00f3 dicho servicio, quienes, seg\u00fan \u00a0aqu\u00e9lla, no cumpli\u00f3 con el respectivo procedimiento de \u00a0asignaci\u00f3n de plaza establecido en la Resoluci\u00f3n No. \u00a02358 de 2014. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 En \u00a0ese orden de ideas, a pesar de que la peticionaria dirigi\u00f3 el \u00a0amparo de tutela contra el citado Ministerio, a dicha entidad no se \u00a0le puede endilgar la vulneraci\u00f3n alegada en la queja \u00a0constitucional, por cuanto, de acuerdo a la informaci\u00f3n que \u00a0arroja el expediente, es a la aludida secretaria, en la calidad que \u00a0le asiste, quien debe dar soluci\u00f3n a la reclamaci\u00f3n \u00a0efectuada por la accionante. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0Por lo tanto, la vinculaci\u00f3n de la mencionada Cartera \u00a0Ministerial es apenas aparente, como quiera que, se itera, la llamada \u00a0a pronunciarse sobre la pretensi\u00f3n de la demandante \u00a0constitucional es la \u00a0Secretar\u00eda Departamental de Salud de Santander, con la \u00a0participaci\u00f3n de Ecopetrol \u00a0S.A. y su Policl\u00ednica, por \u00a0lo que el simple se\u00f1alamiento del Ministerio de Salud y la \u00a0Protecci\u00f3n Social como accionado no puede tener la virtud de \u00a0variar la competencia; justamente \u00a0as\u00ed lo dijo la Corte en autos de 10 de mayo y 22 de junio de \u00a02007, expedientes No. 2007-00115-01 y 2007-00148-01, respectivamente, \u00a0citados en ATC11863-2015, ATC5064-2015 y ATC1127-2016. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0mismo, sobre \u00a0el particular, ha se\u00f1alado la Sala que \u00a0\u00abno \u00a0puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los \u00a0nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en \u00a0cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su \u00a0vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro \u00a0y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho \u00a0endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb \u00a0(CSJ AC, 24 jul. 2007, Rad. 00156-01 y AC 17 ago. 2011, Rad. \u00a000430-01, reiterados en ATC1192-2015, ATC1229-2015 y ATC1127-2016). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 \u00a0Vistas as\u00ed las cosas, y atendiendo a la naturaleza jur\u00eddica \u00a0de los sujetos pasivos de la tutela, la competencia para conocer de \u00a0la misma en primera instancia corresponde a los Juzgados del Circuito \u00a0o con categor\u00eda de tales, acorde con la regla consagrada en el \u00a0numeral 1\u00b0, incisos segundo y quinto, del art\u00edculo 1\u00b0 \u00a0del Decreto 1382 de 2000, puesto que la entidad de mayor jerarqu\u00eda \u00a0accionada ostenta la calidad de autoridad p\u00fablica del orden \u00a0departamental. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0consecuencia, el presente tr\u00e1mite se encuentra viciado de \u00a0nulidad por falta de competencia funcional, vicio insaneable de \u00a0acuerdo con el inciso primero del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo \u00a0General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n \u00a0del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, la que es \u00a0menester declarar a partir de la sentencia de primera instancia, sin \u00a0perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas y, se ordenar\u00e1 \u00a0remitir el expediente a los Juzgados Civiles del Circuito o con \u00a0categor\u00eda de tales de Bucaramanga, Santander1, \u00a0que corresponda de acuerdo con el reparto, \u00a0para que dicte el fallo que en derecho corresponda. \u00a0<\/p>\n
6. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0torno a la facultad para decretar \u201cnulidades\u201d \u00a0a partir de las reglas fijadas en el mencionado decreto, esta \u00a0Corporaci\u00f3n ha precisado, que \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00abla \u00a0Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte \u00a0Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) \u00a0sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el \u00a0tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su \u00a0finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n \u00a0efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Empero, \u00a0no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u00a0\u2018no \u00a0est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar \u00a0nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o \u00a0interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de \u00a02000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de \u00a0fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen \u00a0jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para \u00a0conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l \u00a0contenidas son meramente de reparto.\u201d \u201cEn efecto, el \u00a0Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto \u00a02591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de \u00a0la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de \u00a0reparto \u00a0entre los jueces competentes. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Pero \u00a0tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento \u00a0funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018[l]o \u00a0accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o \u00a0el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional \u00a0Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y \u00a0se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o \u00a0Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al \u00a0que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, \u00a0siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un \u00a0amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que \u00a0eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones \u00a0de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n \u00a0proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos \u00a0a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o \u00a0legales privativas por otras autoridades. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0otra parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los \u00a0principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia \u00a0del juez est\u00e1 \u00a0indisociablemente [ligada] con el derecho \u00a0fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el \u00a0acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de \u00a0donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta \u00a0de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la \u00a0constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s \u00a0urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la \u00a0competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho \u00a0constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A \u00a0de \u00a02007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino \u00a0conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o \u00a0tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas \u00a0propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte \u00a0Constitucional). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
An\u00e1logamente, \u00a0el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los \u00a0servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede \u00a0ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia \u00a0asigna el legislador y \u00a0los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, \u00a0por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n.\u201d \u00a0\u201cEn id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental \u00a0significaci\u00f3n inherentes a la autonom\u00eda e independencia \u00a0de los jueces (art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n \u00a0Nacional) y su sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, \u00a0estar\u00edan seriamente comprometidas de limitarse las facultades \u00a0y deberes de los jueces, sean ordinarios, sean \u00a0constitucionales\u00bb \u00a0(CSJ \u00a0ATC, 13 may. 2009, Rad. 00083-01; reiterado, entre \u00a0otros, en ATC1229-2015, \u00a0ATC493-2016 \u00a0y ATC1127-2016). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Declarar \u00a0la nulidad de todo lo actuado en la tutela arriba referida, a \u00a0partir de la sentencia de 14 de junio de los corrientes, sin \u00a0perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del \u00a0inciso primero del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del \u00a0Proceso. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0consecuencia, se \u00a0ordena remitir el expediente a los Juzgados Civiles del Circuito o \u00a0con categor\u00eda de tales, de la ciudad de \u00a0Bucaramanga (Santander), a \u00a0trav\u00e9s del Centro de Servicios Judiciales de dicha ciudad, \u00a0para que sea sometida a reparto, \u00a0y \u00a0se dicte el fallo constitucional que por esta v\u00eda se anula. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Comun\u00edquese \u00a0lo aqu\u00ed resuelto a la interesada mediante telegrama y l\u00edbrense \u00a0las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
Presidente de Sala \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
AROLDO WILSON \u00a0QUIROZ MONSALVO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ALONSO \u00a0RICO PUERTA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
10 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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