\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ATC5319-2016 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 73001-22-13-000-2016-00407-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de diecisiete de agosto de dos mil diecis\u00e9is) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil diecis\u00e9is (2016).- \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Corresponder\u00eda \u00a0a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de \u00a011 \u00a0de julio de 2016, proferido por la Sala \u00a0Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, \u00a0dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Alirio \u00a0Bernal Casta\u00f1eda contra \u00a0el Instituto \u00a0Nacional Penitenciario y Carcelario \u2013Inpec, \u00a0la \u00a0Unidad \u00a0de Servicios Penitenciarios y Carcelarios \u2013Uspec, \u00a0el \u00a0Consorcio \u00a0Fondo de Atenci\u00f3n en Salud PPL2015 y \u00a0el Establecimiento \u00a0Penitenciario y Carcelario de la citada ciudad -Coiba -\u00c1rea de \u00a0Sanidad, \u00a0si no fuera porque se observa que en el tr\u00e1mite de la primera \u00a0instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo \u00a0actuado, como pasa a examinarse. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El \u00a0accionante reclama la protecci\u00f3n \u00a0constitucional del derecho fundamental a la salud, presuntamente \u00a0vulnerado por las entidades accionadas, al no tramitar las \u00f3rdenes \u00a0respectivas para lograr su rehabilitaci\u00f3n oral. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Solicita \u00a0entonces, que se ordene a las dependencias convocadas, realizar \u00abla \u00a0toma de impresi\u00f3n dental y las gestiones pertinentes para \u00a0volver a tener [sus] \u00a0dientes\u00bb \u00a0(fl. 3, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 El Juez Constitucional de \u00a0primera instancia concedi\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada \u00a0frente a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios \u2013Uspec, \u00a0el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagu\u00e9 \u2013Coiba \u00a0\u2013\u00c1rea de Sanidad y el Consorcio Fondo de Atenci\u00f3n \u00a0en Salud PPL 2015, al considerar que vulner\u00f3 el derecho \u00a0fundamental a la salud del accionante, como quiera que no acredit\u00f3 \u00a0la realizaci\u00f3n de gesti\u00f3n alguna, tendiente a la \u00a0rehabilitaci\u00f3n oral de aqu\u00e9l \u00a0(fls. 36 a 43, \u00eddem). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 \u00a0 Impugnada la sentencia por la Unidad de Servicios Penitenciarios y \u00a0Carcelarios (fls. 50 a 58, ib\u00eddem), \u00a0fue remitida a esta Corte para lo pertinente. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Del \u00a0relato f\u00e1ctico expuesto en el escrito de tutela se desprende \u00a0sin duda alguna, que la acci\u00f3n est\u00e1 dirigida en contra \u00a0del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario \u00a0 \u2013Inpec, la \u00a0Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios \u00a0\u2013Uspec, el \u00a0Consorcio Fondo de Atenci\u00f3n en Salud PPL2015 y el \u00a0Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Ibagu\u00e9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 -Coiba -\u00c1rea de Sanidad. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bajo \u00a0esa perspectiva, surge clara la falta de competencia del a \u00a0quo \u00a0para resolver la presente queja, pues seg\u00fan la naturaleza \u00a0jur\u00eddica de las entidades acusadas y lo dispuesto en los \u00a0incisos 2\u00ba y 4\u00b0, numeral \u00a01\u00b0 del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1382 de 2000, de \u00a0este resguardo corresponde conocer a los Jueces del Circuito de \u00a0Ibagu\u00e9, lugar de presentaci\u00f3n de la demanda de amparo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Al \u00a0respecto ha de tenerse en cuenta que no solo, el Centro Penitenciario \u00a0es del orden distrital y la Consorcio hace parte del sector privado, \u00a0sino que el Inpec de acuerdo al art\u00edculo \u00a01\u00ba del Decreto 2160 de 1992, es un \u00abestablecimiento \u00a0p\u00fablico adscrito al Ministerio de Justicia, con personer\u00eda \u00a0jur\u00eddica, patrimonio independiente y autonom\u00eda \u00a0administrativa\u00bb, \u00a0cuyo objeto principal es el de ejercer la vigilancia, custodia, \u00a0atenci\u00f3n y tratamiento de las personas privadas de la libertad \u00a0(art\u00edculo \u00a01\u00ba del Decreto 4151 de 2011). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Mientras \u00a0la Unidad Administrativa Especial de Servicios Penitenciarios y \u00a0Carcelarios fue dotada de \u00abpersoner\u00eda \u00a0jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y financiera, \u00a0adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho\u00bb, \u00a0con el prop\u00f3sito de \u00abgestionar \u00a0y operar el suministro de bienes y la prestaci\u00f3n de servicios, \u00a0la infraestructura y brindar el apoyo log\u00edstico y \u00a0administrativo requeridos para el adecuado funcionamiento de los \u00a0servicios penitenciarios y carcelarios del Instituto Nacional \u00a0Penitenciario y Carcelario (\u2026)\u00bb \u00a0(Art\u00edculos 2\u00ba y 4\u00ba \u00eddem), \u00a0luego \u00a0entonces, conforme \u00a0a lo preceptuado en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 38 de la \u00a0Ley 489 de 1998 en lo que refiere a las dos \u00faltimas entidades \u00a0y que fueron las que presuntamente otorgaron la competencia al a \u00a0quo \u00a0para conocer del asunto, se debe precisar que estas \u00a0est\u00e1n \u00a0definidas como entidades del sector descentralizado por servicios, \u00a0de ah\u00ed que atendiendo el factor funcional para conocer de esta \u00a0acci\u00f3n, corresponde, se itera, a los Jueces del Circuito o con \u00a0categor\u00eda de tales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 En relaci\u00f3n con lo anterior, la Corte en un caso de \u00a0contornos similares precis\u00f3 que \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00ab[S]e \u00a0desprende que este auxilio debi\u00f3 ser desatado en primer grado \u00a0por los jueces del circuito de Barranquilla y no por el Tribunal \u00a0Superior, dado el lugar de elecci\u00f3n del petente y la \u00a0naturaleza jur\u00eddica de las entidades realmente involucradas. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Esto \u00faltimo \u00a0porque, como se vio, los acusados son la Penitenciar\u00eda El \u00a0Bosque, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, la \u00a0Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC y la Caja de \u00a0Previsi\u00f3n Social de Comunicaciones CAPRECOM E.S.P. La primera \u00a0del orden distrital y los restantes descentralizados por servicios, \u00a0conforme a los literales a), c) y f) del art\u00edculo 38 de la Ley \u00a0489 de 1998, respectivamente. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0conclusi\u00f3n precedente, deviene, adem\u00e1s, de la \u00a0aplicaci\u00f3n del inciso 5\u00ba del numeral 1\u00b0del canon 1\u00b0 \u00a0del Decreto 1382 de 2000, el cual impone efectuar el reparto al juez \u00a0de mayor jerarqu\u00eda cuando la salvaguarda se promueve contra \u00a0m\u00e1s de una autoridad y las demandadas son de diferente nivel, \u00a0tal como aqu\u00ed ocurre\u00bb \u00a0(ATC803-2016). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0consecuencia, la sentencia de tutela de primera instancia se debe \u00a0invalidar por falta de competencia funcional, de conformidad con el \u00a0inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del \u00a0Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del \u00a0art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992; orden\u00e1ndose \u00a0remitir el expediente al Juzgado del Circuito o con categor\u00eda \u00a0de tal de Ibagu\u00e9 (Tolima) que corresponda de acuerdo con el \u00a0reparto para que dicte el fallo constitucional que por esta v\u00eda \u00a0se anula, no sin antes recordar que la Sala, en auto de 13 de mayo de \u00a02009 (rad. 2009-00083-01), precis\u00f3 que: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00ab[L]a \u00a0Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte \u00a0Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) \u00a0sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el \u00a0tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su \u00a0finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n \u00a0efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Empero, no \u00a0comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u00a0\u2018no \u00a0est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar \u00a0nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o \u00a0interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de \u00a02000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de \u00a0fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen \u00a0jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para \u00a0conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l \u00a0contenidas son meramente de reparto.\u201d \u201cEn efecto, el \u00a0Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto \u00a02591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de \u00a0la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de \u00a0reparto entre los jueces competentes. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0otra parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los \u00a0principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia \u00a0del juez est\u00e1 \u00a0indisociablemente [ligada] con el derecho \u00a0fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el \u00a0acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de \u00a0donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta \u00a0de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la \u00a0constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s \u00a0urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la \u00a0competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho \u00a0constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A \u00a0de \u00a02007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino \u00a0conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o \u00a0tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas \u00a0propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte \u00a0Constitucional). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
An\u00e1logamente, \u00a0el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los \u00a0servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede \u00a0ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia \u00a0asigna el legislador y \u00a0los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, \u00a0por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n.\u201d \u00a0\u201cEn id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental \u00a0significaci\u00f3n inherentes a la autonom\u00eda e independencia \u00a0de los jueces (art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n \u00a0Nacional) y su sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, \u00a0estar\u00edan seriamente comprometidas de limitarse las facultades \u00a0y deberes de los jueces, sean ordinarios, sean \u00a0constitucionales\u00bb \u00a0(ver \u00a0entre otros ATC4127-2014, ATCA4149-2014, ATC4151-2014 y \u00a0ATC2849-2016). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Declarar la \u00a0nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia proferida en \u00a0el asunto de la referencia, sin perjuicio de la validez de las \u00a0pruebas en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo \u00a0138 del C\u00f3digo General del Proceso. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0consecuencia, se ordena remitir el expediente a los Juzgados del \u00a0Circuito o con categor\u00eda de tales de Ibagu\u00e9 (Tolima) de \u00a0acuerdo con el reparto, para que dicte \u00a0el fallo constitucional que por esta v\u00eda se anula. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0Comunicar esta decisi\u00f3n a los interesados y al Tribunal \u00a0Constitucional de origen, en la forma prescrita por el art\u00edculo \u00a016 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
Presidente \u00a0de sala \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
AROLDO \u00a0WILSON QUIROZ MONSALVO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ALONSO RICO PUERTA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ARIEL \u00a0SALAZAR RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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