\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
AROLDO WILSON \u00a0QUIROZ MONSALVO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ATC5685-2016 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 \u00a013001-22-13-000-2016-00251-01 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil diecis\u00e9is \u00a0(2016). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Corresponder\u00eda \u00a0decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el \u00a022 de julio de 2016, por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior \u00a0del Distrito Judicial de Cartagena, \u00a0dentro \u00a0de la acci\u00f3n de tutela promovida por Nelson Enrique C\u00e1rdenas \u00a0Puentes \u00a0contra \u00a0el Juzgado Primero de Familia \u00a0de \u00a0esa misma ciudad, si no fuera por las circunstancias que pasan a \u00a0explicarse. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 De toda la \u00a0actuaci\u00f3n surtida en este asunto surge notorio que la referida \u00a0Corporaci\u00f3n incurri\u00f3 en la causal de nulidad prevista \u00a0en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo \u00a0General del Proceso, aplicable en materia de tutela, toda \u00a0vez que \u00a0el Tribunal Constitucional no vincul\u00f3 a la \u00a0Defensor\u00eda de Familia y al Agente del Ministerio P\u00fablico \u00a0adscritos al despacho accionado, a \u00a0efectos de que pudieran ejercer el derecho de defensa y contradicci\u00f3n \u00a0en representaci\u00f3n del menor que funge como demandante en el \u00a0juicio criticado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Lo anterior porque \u00a0el reclamo constitucional versa sobre el juicio de fijaci\u00f3n de \u00a0cuota alimentaria que promovi\u00f3 Sandra Milena Arrieta Mar\u00edn \u00a0a favor de su hijo menor de edad Santiago C\u00e1rdenas Arrieta. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Sobre el \u00a0particular, en un asunto de similares contornos en el que se indic\u00f3 \u00a0que se hab\u00eda omitido citar a la Defensor\u00eda de Familia y \u00a0al Ministerio P\u00fablico para que intervinieran en la tutela como \u00a0garant\u00eda de la protecci\u00f3n de los derechos del menor, se \u00a0precis\u00f3 que ello: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0[guarda] \u00a0armon\u00eda con las siguientes normas de la \u00a0Ley 1098 de 2006: art\u00edculo 82 numeral 11. \u2018Funciones \u00a0del Defensor de Familia (\u2026) 11. Promover \u00a0los procesos o tr\u00e1mites judiciales a que haya lugar en defensa \u00a0de los derechos de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as o los \u00a0adolescentes, e intervenir en los procesos en que se discutan \u00a0derechos de estos, sin perjuicio de la actuaci\u00f3n del \u00a0Ministerio P\u00fablico y de la representaci\u00f3n judicial a \u00a0que haya lugar\u2019, art\u00edculo 95, par\u00e1grafo, inciso \u00a02\u00ba. \u2018Los procuradores judiciales de familia obrar\u00e1n \u00a0en todos los procesos judiciales y administrativos, en defensa de los \u00a0derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, y podr\u00e1n \u00a0impugnar las decisiones que se adopten\u2019 y art\u00edculo 211 \u00a0\u2018La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n ejercer\u00e1 \u00a0las funciones asignadas en esta ley anterior por intermedio de la \u00a0Procuradur\u00eda Delegada para la Defensa del Menor y la familia, \u00a0que a partir de esta ley se denominar\u00e1 la Procuradur\u00eda \u00a0Delegada para la defensa de los derechos de la Infancia, la \u00a0Adolescencia y la Familia, la cual a trav\u00e9s de las \u00a0procuradur\u00edas judiciales ejercer\u00e1 las funciones de \u00a0vigilancia superior, de prevenci\u00f3n, control de gesti\u00f3n \u00a0y de intervenci\u00f3n ante las autoridades administrativas y \u00a0judiciales tal como lo establece la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica \u00a0y la ley\u2019\u201d \u00a0(CSJ ATC, \u00a011 jul. 2012, rad. 00205-01, reiterado en el ATC, 20 MAR. 2013, rad. \u00a000030-01). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El art\u00edculo \u00a016 del Decreto 2591 de 1991 establece que las actuaciones que se \u00a0surten dentro del rito constitucional deben ser notificadas \u00aba \u00a0las partes o intervinientes\u00bb, \u00a0con lo que se garantiza a los terceros la protecci\u00f3n de sus \u00a0intereses que pueden verse afectados con la determinaci\u00f3n que \u00a0constitucionalmente se adopte. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Dicho \u00a0ordenamiento garantiza la citaci\u00f3n al tr\u00e1mite \u00a0constitucional de los terceros determinados o determinables con \u00a0inter\u00e9s leg\u00edtimo, con el fin de que puedan ejercer su \u00a0defensa y, por ende, se d\u00e9 cumplimiento al debido proceso, \u00a0posibilidad que no se otorg\u00f3 en el sub \u00a0lite \u00a0a \u00a0la \u00a0Defensor\u00eda \u00a0de Familia y al Agente del Ministerio P\u00fablico adscritos al \u00a0despacho accionado, \u00a0pues es claro que el fallo que llegue a emitirse les concierne. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Al \u00a0respecto, la \u00a0Corte Constitucional: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) ha \u00a0hecho \u00e9nfasis en la necesidad de notificar a las personas \u00a0directamente interesadas, la iniciaci\u00f3n\u00a0 del tr\u00e1mite \u00a0que se origina\u00a0 con motivo de la instauraci\u00f3n de la \u00a0acci\u00f3n de tutela, (\u2026), lo cual, lejos de ser un acto \u00a0meramente formal o procedimental, constituye la garant\u00eda \u00a0procesal (\u2026). Si bien es cierto que esta Corporaci\u00f3n ha \u00a0afirmado que la obligaci\u00f3n de notificar, naturalmente, en \u00a0cabeza del Juez de tutela, es una obligaci\u00f3n de medio, la cual \u00a0no requiere, necesariamente, hacer uso de un determinado medio de \u00a0notificaci\u00f3n, ello no implica que la imposibilidad de llevar a \u00a0cabo la notificaci\u00f3n personal al demandado sea \u00f3bice \u00a0para que el juez intente otro medios de notificaci\u00f3n eficaces, \u00a0id\u00f3neos\u00a0 y conducentes a asegurar el ejercicio del \u00a0derecho de defensa y la vinculaci\u00f3n efectiva de aquel contra \u00a0quien se dirige la acci\u00f3n. La eficacia de la notificaci\u00f3n, \u00a0en estricto sentido, solo puede predicarse cuando el interesado \u00a0conoce fehacientemente el contenido de la providencia. Lo anterior no \u00a0se traduce obviamente, que en el eventual escenario en el cual la \u00a0efectiva integraci\u00f3n del contradictorio se torne \u00a0particularmente dif\u00edcil, el juez se encuentre frente a una \u00a0obligaci\u00f3n imposible. No obstante, en aras de garantizar el \u00a0debido proceso y el derecho a la defensa de aquel contra quien se \u00a0dirige la acci\u00f3n, el juez deber\u00e1 actuar con particular \u00a0diligencia; as\u00ed, pues, verificada la imposibilidad de realizar \u00a0la notificaci\u00f3n personal, el juez deber\u00e1 acudir, \u00a0subsidiariamente, a otros medios de notificaci\u00f3n que estime \u00a0expeditos, oportunos y eficaces (\u2026). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u2018La Corte \u00a0ha hecho \u00e9nfasis en que lo ideal es la notificaci\u00f3n \u00a0personal y en que a falta de ella y trat\u00e1ndose de la \u00a0presentaci\u00f3n de una solicitud de tutela se proceda a informar \u00a0a las partes e interesados \u2018por edicto publicado en un diario \u00a0de amplia circulaci\u00f3n, por carta, por telegrama, fijando en la \u00a0casa de habitaci\u00f3n del notificado un aviso, etc.\u2019, y \u00a0adicionalmente, vali\u00e9ndose de una radiodifusora (…)\u2019 \u00a0(Auto \u00a0018 de 31 de enero de 2005). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La anterior \u00a0circunstancia, como ya se dijo, genera la nulidad de todo lo actuado \u00a0a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 \u00a0producirse la mencionada notificaci\u00f3n de \u00a0la \u00a0Defensor\u00eda \u00a0de Familia y del Agente del Ministerio P\u00fablico adscritos al \u00a0despacho accionado, \u00a0toda vez que se les impidi\u00f3 intervenir en ese particular \u00a0escenario, exponer sus argumentos y, de ser el caso, aportar las \u00a0pruebas que pretendan hacer valer. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En consecuencia, \u00a0se ordenar\u00e1 devolver el expediente a la Sala \u00a0Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Cartagena, para \u00a0que adelante nuevamente la actuaci\u00f3n que por esta v\u00eda \u00a0se declara nula. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Con base en lo \u00a0expuesto, el Despacho RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Declarar la \u00a0nulidad de todo lo actuado en la tutela arriba referida, a partir del \u00a0momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse la \u00a0notificaci\u00f3n de \u00a0la \u00a0Defensor\u00eda \u00a0de Familia y del Agente del Ministerio P\u00fablico adscritos al \u00a0despacho accionado, \u00a0sin \u00a0perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del \u00a0inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del \u00a0Proceso. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. En \u00a0consecuencia, se ordena devolver el expediente al Tribunal de origen \u00a0para que se reponga la actuaci\u00f3n y proceda conforme lo anotado \u00a0en la parte motiva de esta providencia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. Comun\u00edquese \u00a0lo aqu\u00ed resuelto a los intervinientes por el medio m\u00e1s \u00a0expedito posible y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones \u00a0pertinentes. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
AROLDO WILSON \u00a0QUIROZ MONSALVO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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