\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ARMANDO TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Magistrado ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ATC6179-2016 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 27001-22-08-000-2016-00098-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de catorce \u00a0de septiembre de dos mil diecis\u00e9is) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., quince (15) de septiembre de dos mil diecis\u00e9is (2016). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Ser\u00eda \u00a0del caso resolver la impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia \u00a0proferida el \u00a028 de julio de 2016 \u00a0por la Sala \u00danica \u00a0del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibd\u00f3, \u00a0en la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda \u00a0Magdalena Mart\u00ednez Z\u00fa\u00f1iga contra la Direcci\u00f3n \u00a0de Impuestos y Aduanas Nacionales -Gesti\u00f3n de Recursos y \u00a0Administraci\u00f3n Econ\u00f3mica-. No \u00a0obstante, en la actuaci\u00f3n surtida \u00a0se advierte \u00a0una causal de \u00a0nulidad, \u00a0la cual afecta la \u00a0actividad desplegada, como a continuaci\u00f3n se procede a \u00a0explicar. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La \u00a0actora demanda el amparo de las garant\u00edas al debido proceso, \u00a0salud, vida y estabilidad laboral reforzada, entre otras, \u00a0presuntamente quebrantadas por la autoridad convocada. \u00a0<\/p>\n
Como \u00a0fundamento de su reparo, se\u00f1ala \u00a0que luego de culminar las etapas del concurso correspondiente, fue \u00a0nombrada como Facilitadora IV, c\u00f3digo 104, grado 04 en la \u00a0DIAN, cargo para el cual se encontraban disponibles las plazas de \u00a0Arauca, Girardot, Puerto As\u00eds y Choc\u00f3. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Asevera \u00a0que eligi\u00f3 la \u00faltima de las referidas por estar cerca \u00a0de su domicilio, ubicado en Cali; no obstante, \u201c(\u2026) la \u00a0decisi\u00f3n de apartarse de [su] \u00a0n\u00facleo \u00a0familiar no [ha \u00a0sido] \u00a0f\u00e1cil (\u2026)\u201d, \u00a0pues dej\u00f3 a su hijo viviendo s\u00f3lo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00a0conforme aduce, ha presentado problemas de \u201cansiedad\u201d \u00a0y quebrantos f\u00edsicos, cuestiones tratadas de forma deficiente \u00a0por el servicio de salud brindado en Quibd\u00f3. A\u00f1ade que \u00a0su seguridad tambi\u00e9n se ha visto afectada, por cuanto sufri\u00f3 \u00a0un \u201c(\u2026) asalto \u00a0a cuchillo (\u2026), \u00a0agresi\u00f3n \u00a0(\u2026), \u00a0ca\u00edda, \u00a0golpes y otras (\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Advierte \u00a0que tras superar el per\u00edodo de prueba y dada la situaci\u00f3n \u00a0descrita, pidi\u00f3 su traslado a Cali; sin embargo, ello fue \u00a0negado el 25 de mayo de 2016 por \u201c(\u2026) las \u00a0necesidades de servicios presentes en (\u2026) \u00a0Quibd\u00f3 \u00a0(\u2026)\u201d \u00a0y por no haber finalizado \u201c(\u2026) el \u00a0proceso de provisi\u00f3n de empleos que se adelanta en la entidad \u00a0(\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Acota \u00a0que si bien el 14 de julio de 2016, el Director del ente querellado, \u00a0en la p\u00e1gina de la entidad, manifest\u00f3 la terminaci\u00f3n \u00a0de los nombramientos pendientes, a\u00fan no se ha acogido su \u00a0pedimento. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Exige, \u00a0en consecuencia, ordenar inmediatamente su traslado a Cali (fls. \u00a01 al 9, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0fallo de 28 de julio de 2016 el Tribunal neg\u00f3 el amparo por \u00a0incumplir el presupuesto de subsidiariedad, pues la gestora ha \u00a0insistido en varias ocasiones en su movilidad laboral y a\u00fan no \u00a0se ha emitido un acto administrativo definitivo en torno a su \u00a0reclamaci\u00f3n (fls. 73 al 83, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Esa \u00a0decisi\u00f3n fue recurrida por la promotora y las diligencias se \u00a0remitieron a esta Corte para lo pertinente. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La \u00a0solicitud constitucional involucra efectivamente a la Direcci\u00f3n \u00a0de Impuestos y Aduanas Nacionales \u2013DIAN-, Unidad Administrativa \u00a0Especial con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda \u00a0administrativa y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de \u00a0Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, seg\u00fan lo dispuesto \u00a0en el canon 79 de la \u00a0Ley 488 de 1998, concordante con el Decreto 1071 de 1999. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tanto, surge evidente, conforme al inciso 2\u00b0, numeral 1\u00b0, \u00a0regla 1\u00aa del Decreto 1382 de 2000, que la presente acci\u00f3n \u00a0de tutela debi\u00f3 ser resuelta en primera instancia por un \u00a0Juzgado del Circuito de Quibd\u00f3 y no por el Tribunal Superior \u00a0del Distrito Judicial de esa ciudad, por cuanto el ente atacado, al \u00a0tenor de lo preceptuado en el literal c) del numeral 2\u00b0 del \u00a0art\u00edculo 38 de la Ley 489 de 1998, hace parte de la \u00a0administraci\u00f3n p\u00fablica como entidad descentralizada por \u00a0servicios. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0torno a lo discurrido, esta Corte en un asunto de similares perfiles, \u00a0expuso: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0el \u00a0\u00f3rgano contra el que verdaderamente se dirige y concentra la \u00a0presente acci\u00f3n es una Unidad Administrativa Especial del \u00a0orden nacional descentralizada por servicios, de conformidad con lo \u00a0previsto en el \u00a0numeral 1\u00ba del art\u00edculo 79 de la Ley 488 de 1998, que \u00a0dispuso \u201cOrganizar a la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas \u00a0Nacionales, como un ente con personer\u00eda jur\u00eddica, \u00a0autonom\u00eda administrativa y presupuestal, adscrita al \u00a0Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico\u201d; en \u00a0armon\u00eda con el literal C del art\u00edculo 38 ib\u00eddem, \u00a0por tanto, sus actuaciones se encuentran fuera del resorte del \u00a0conocimiento de los Tribunales Superiores (\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cPor \u00a0consiguiente, quien resolvi\u00f3 la primera instancia de esta \u00a0tutela carec\u00eda de competencia para hacerlo, porque el art\u00edculo \u00a01\u00b0 del Decreto 1382 de 2000 asign\u00f3 a \u00ablos Jueces del \u00a0Circuito\u00bb o con categor\u00eda de tales, el conocimiento, en \u00a0primer grado, de las solicitudes de protecci\u00f3n excepcional que \u00a0se interpongan contra \u00abcualquier organismo o entidad del sector \u00a0descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad p\u00fablica \u00a0del orden departamental (\u2026)\u201d1. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La \u00a0situaci\u00f3n descrita permite \u00a0la aplicaci\u00f3n del canon 138 \u00a0 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00a0en \u00a0relaci\u00f3n con \u00a0los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma \u00a0extensiva \u00a0a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado \u00a0en el \u00a0art\u00edculo 4\u00b0 \u00a0del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el \u00a0cual alude \u00a0a \u00a0los \u00a0principios generales del Estatuto Procesal Civil \u00a0para \u00a0la interpretaci\u00f3n de los \u00a0preceptos regulatorios de \u00a0dicho tr\u00e1mite, en cuanto \u00a0no contrar\u00ede \u00a0sus \u00a0propias disposiciones. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0A \u00a0prop\u00f3sito de esta decisi\u00f3n, conviene citar la \u00a0providencia proferida por la Sala, por medio de la cual disiente de \u00a0la tesis de la Corte Constitucional \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0respecto \u00a0a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse \u00a0incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con \u00a0base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de \u00a0reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) \u00a0en \u00a0manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o \u00a0corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se \u00a0declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, \u00a0puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de \u00a0reparto (\u2026), \u00a0[pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] \u00a0reglamenta \u00a0el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la \u00a0competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por \u00a0supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces \u00a0competentes\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c[Por \u00a0lo tanto,] \u00a0\u201c(\u2026) \u00a0aunque \u00a0el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de \u00a0informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 \u00a0 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso \u00a0(art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la \u00a0administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan \u00a0la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de \u00a0tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma \u00a0no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el \u00a0pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se \u00a0relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al \u00a0debido proceso\u201d (Auto 304 A \u00a0de 2007), \u00a0\u2018el cual \u00a0establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes \u00a0preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal \u00a0competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de \u00a0cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d2. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0consecuencia, se declarar\u00e1 la nulidad de lo actuado a partir \u00a0del auto admisorio de la presente demanda y se dispondr\u00e1 su \u00a0remisi\u00f3n inmediata a la Oficina Judicial de Quibd\u00f3, \u00a0para ser \u00a0repartida entre los jueces civiles \u00a0del circuito de \u00a0esta \u00a0ciudad, por ser los competentes para conocer de ella en primera \u00a0instancia, \u00a0dada la elecci\u00f3n de la petente y la naturaleza jur\u00eddica \u00a0de la accionada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
PRIMERO: \u00a0Declarar \u00a0la nulidad de todo lo actuado en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n \u00a0de tutela promovida por \u00a0Mar\u00eda Magdalena Mart\u00ednez Z\u00fa\u00f1iga contra la \u00a0Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales -Gesti\u00f3n de \u00a0Recursos y Administraci\u00f3n Econ\u00f3mica-; \u00a0sin \u00a0perjuicio de la validez de las pruebas, en los t\u00e9rminos del \u00a0inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del \u00a0Proceso. \u00a0<\/p>\n
Segundo: \u00a0Por lo tanto, se ordena remitir el expediente a la Oficina Judicial \u00a0de Quibd\u00f3, \u00a0para ser \u00a0repartido entre los jueces civiles del circuito de esa ciudad, para \u00a0lo de su competencia. Of\u00edciese. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
TERCERO: \u00a0Comun\u00edquese lo as\u00ed resuelto a la Corporaci\u00f3n de \u00a0origen y a las partes mediante telegrama. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
Presidente \u00a0de Sala \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
AROLDO \u00a0WILSON QUIROZ MONSALVO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ALONSO RICO PUERTA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ARIEL \u00a0SALAZAR RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ARMANDO TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Corte Suprema de Justicia. ATC \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de 29 de marzo de 2012, exp. 05001-22-03-000-2012-00183-01; \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0reiterado el 17 de abril de 2012, exp. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a066001-22-13-000-2012-00046-01. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CSJ. ATC \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de 13 de mayo de 2009, exp. 08001-22-13-000-2009-00083-01. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 LUIS \u00a0ARMANDO TOLOSA VILLABONA \u00a0 Magistrado ponente \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 ATC6179-2016 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 27001-22-08-000-2016-00098-01 \u00a0 (Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de catorce \u00a0de septiembre de dos mil diecis\u00e9is) \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1, \u00a0D. C., quince (15) de septiembre de dos mil diecis\u00e9is (2016). \u00a0 \u00a0\u00a0 Ser\u00eda \u00a0del caso resolver la impugnaci\u00f3n formulada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-97009","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97009","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97009"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97009\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97009"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97009"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97009"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}