\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Magistrado ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ATC6180-2016 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00ba \u00a025000-22-13-000-2016-00300-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de catorce de septiembre de dos mil diecis\u00e9is) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., quince (15) de septiembre de dos mil diecis\u00e9is (2016). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Ser\u00eda \u00a0del caso entrar a decidir la \u00a0impugnaci\u00f3n \u00a0formulada \u00a0frente a la sentencia dictada el 9 de agosto de 2016 \u00a0por la Sala Civil Familia \u00a0del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Cundinamarca, \u00a0dentro de la tutela promovida por Luis Hernando Ochoa Mart\u00ednez \u00a0contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario \u2013INPEC \u00a0y el Centro de Reclusi\u00f3n para Miembros de la Polic\u00eda \u00a0Nacional de Facatativ\u00e1, si \u00a0no fuera porque en el tr\u00e1mite de la primera instancia se \u00a0incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo actuado, seg\u00fan \u00a0se examina. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0El promotor demanda la protecci\u00f3n del derecho constitucional \u00a0al \u00a0debido proceso, presuntamente lesionado por los querellados. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Sostiene, \u00a0como base de su reclamo, en s\u00edntesis, lo siguiente (fls. \u00a01 \u00a0a 7, cdno. 1): \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0Se halla recluido \u00a0en el centro penitenciario aqu\u00ed convocado, lugar en donde ha \u00a0sido v\u00edctima de persecuciones por parte de los patrulleros \u00a0Rafael Antonio Pareja y Jos\u00e9 Eduardo Reyes, \u201c(\u2026) \u00a0quienes \u00a0han incautado equipos de su propiedad \u00a0(\u2026)\u201d, provocando as\u00ed el decreto de castigos en \u00a0contra del aqu\u00ed tutelante. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0Aduce que el 17 de marzo de 2016, con autorizaci\u00f3n del \u00a0director del presidio, ingres\u00f3 un computador con el fin de \u00a0adelantar estudios con el Sena, el cual, luego de culminar la \u00a0c\u00e1tedra, \u201c(\u2026) le \u00a0fue decomisado sin motivo alguno (\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.3. \u00a0Como consecuencia de lo antelado, a trav\u00e9s de dos procesos \u00a0disciplinarios, fue sancionado el 28 de junio de 2016 con \u201c(\u2026) \u00a0120 \u00a0d\u00edas de inaplicabilidad del r\u00e9gimen de redenci\u00f3n \u00a0de la pena y la p\u00e9rdida del beneficio de visitas por el \u00a0t\u00e9rmino de 10 d\u00edas \u00a0(\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.4. \u00a0Se\u00f1ala que inco\u00f3 recurso de reposici\u00f3n, denegado \u00a0el 6 de julio siguiente. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.5. \u00a0Reprocha la decisi\u00f3n anterior, pues en su opini\u00f3n, de \u00a0un lado, se pretiri\u00f3 lo establecido en la Ley 1709 de 2014, la \u00a0cual se\u00f1ala el t\u00e9rmino de 60 d\u00edas \u201c(\u2026) \u00a0como \u00a0tope m\u00e1ximo de exclusi\u00f3n de la redenci\u00f3n (\u2026)\u201d; \u00a0y de otro, porque no se le permiti\u00f3 convocar a la actuaci\u00f3n \u00a0a su abogado de confianza, siendo representado entonces por un \u00a0estudiante de derecho. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Por \u00a0tanto, implora \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0declarar \u00a0la nulidad de las actuaciones disciplinarias adelantas en su contra a \u00a0efectos de que se les imparta el tr\u00e1mite que en derecho \u00a0corresponda, y se ordene a la Inspecci\u00f3n General designar \u00a0funcionarios que act\u00faen conforme lo dispone la Ley 1709 de \u00a02014 y a cumplir las normas pertinentes frente a la utilizaci\u00f3n \u00a0de dispositivos m\u00f3viles (sic) \u00a0(\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. El \u00a0Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario \u2013INPEC rese\u00f1\u00f3 \u00a0la actuaci\u00f3n materia del presente asunto, destacando que el \u00a0procedimiento administrativo se ajust\u00f3 a lo previsto en el \u00a0C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario, modificado por la Ley 1709 \u00a0de 2014. \u00a0<\/p>\n
6. La \u00a0Sala Civil Familia \u00a0del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Cundinamarca \u00a0concedi\u00f3 \u00a0la protecci\u00f3n invocada por violaci\u00f3n al debido proceso, \u00a0tras inferir \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[E]n \u00a0efecto, analizados los pormenores que rodean a ese procedimiento se \u00a0encuentra que el recluso justific\u00f3 su comportamiento dentro de \u00a0la diligencia de versi\u00f3n libre, al expresar que \u2018el \u00a0computador que es de mi propiedad solamente llevaba un d\u00eda de \u00a0ingreso al establecimiento y al no tener un locker donde guardarlo y \u00a0por ser un elemento nuevo previniendo que alguien hiciera uso de \u00e9l \u00a0o me lo da\u00f1ara opt\u00e9 por llev\u00e1rmelo en el bolso \u00a0para mi alojamiento encontr\u00e1ndome con el patrullero en menci\u00f3n \u00a0en la reja de acceso a los diferentes patios donde le informe que \u00a0llevaba mi computador\u2019; empero, la penitenciaria demandada no \u00a0analiz\u00f3 esta argumentaci\u00f3n en el sentido de desvirtuar \u00a0la inocencia de don Luis Hernando, como quiera que con una sola \u00a0probanza le endilg\u00f3 el castigo en cuesti\u00f3n, siendo tal \u00a0el informe elaborado por el patrullero Jos\u00e9 Eduardo Reyes, \u00a0instrumento que se recalca, no puede servir como \u00fanico \u00a0argumento probatorio en raz\u00f3n de que aqu\u00e9l no acept\u00f3 \u00a0su culpabilidad, tal y como se evidencia en su declaraci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cAnte \u00a0lo cual, es menester memorar que los principios del derecho penal son \u00a0aplicables a los procedimientos disciplinarios, entre los que se \u00a0encuentran el de presunci\u00f3n de inocencia, al respecto el \u00a0m\u00e1ximo Tribunal Constitucional, precis\u00f3 que (\u2026) \u00a0el debido proceso en materia penal constituye una limitaci\u00f3n \u00a0al poder punitivo del Estado, en cuanto comprende el conjunto de \u00a0garant\u00edas sustanciales y procesales especialmente dise\u00f1adas \u00a0para asegurar la legalidad, regularidad y eficacia de la actividad \u00a0jurisdiccional en la investigaci\u00f3n y juzgamiento de los hechos \u00a0punibles, con miras a asegurar la protecci\u00f3n de la libertad de \u00a0las personas, u otros derechos que pueden verse afectados (…). \u00a0Igualmente la Corte ha expresado, que las garant\u00edas del debido \u00a0proceso penal son aplicables, en lo esencial cuando el Estado deba \u00a0hacer uso de su poder punitivo en otras materias, esto es, \u00a0espec\u00edficamente cuando deba juzgar contravenciones, o faltas \u00a0disciplinarias que den lugar a la imposici\u00f3n de sanciones \u00a0correccionales (\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, dispuso: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[O]rdenar \u00a0al Establecimiento Penitenciario y Carcelario para Miembros de la \u00a0Polic\u00eda Nacional de Facatativ\u00e1 que dentro del t\u00e9rmino \u00a0de 48 horas siguientes a su enteramiento, declare la nulidad de lo \u00a0actuado en el proceso disciplinario adelantado contra el accionante, \u00a0cuya sanci\u00f3n fue la suspensi\u00f3n de 10 d\u00edas de \u00a0visitas sucesivas y, en efecto, reanude la actuaci\u00f3n con plena \u00a0observancia de las garant\u00edas constitucionales y procesales \u00a0(\u2026)\u201d \u00a0(fls. \u00a0182 a 202, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
7. \u00a0Impugnada la decisi\u00f3n precedente por el \u00a0Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario \u2013INPEC, \u00a0el \u00a0expediente se remiti\u00f3 a la Corte para lo pertinente \u00a0(fls. \u00a0179 a 186, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Del relato f\u00e1ctico expuesto en el escrito de tutela se \u00a0desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta \u00a0Corporaci\u00f3n para conocer el presente asunto, pues, teniendo en \u00a0cuenta la naturaleza jur\u00eddica del accionado, debe ser \u00a0tramitado por los jueces del circuito, conforme a lo previsto en el \u00a0art\u00edculo 1\u00ba, inciso 2\u00ba del Decreto 1382 de 2000, \u00a0como pasa a revisarse. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. Le \u00a0ata\u00f1e al INPEC \u201c(\u2026) crear, \u00a0fusionar, suprimir, dirigir y vigilar los establecimientos de \u00a0reclusi\u00f3n del orden nacional (\u2026)\u201d, \u00a0en virtud de la regla 16 de la Ley 65 de 1993; adem\u00e1s, es \u00a0menester destacar que seg\u00fan el canon 1\u00ba del Decreto 2160 \u00a0de 1992, el tutelado es un \u201c(\u2026) establecimiento \u00a0p\u00fablico adscrito al Ministerio de Justicia, con personer\u00eda \u00a0jur\u00eddica, patrimonio independiente y autonom\u00eda \u00a0administrativa \u00a0(\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0centros de reclusi\u00f3n para los miembros de la Polic\u00eda \u00a0Nacional, entre ellos el identificado como \u201cFacatativ\u00e1\u201d, \u00a0fueron creados mediante Resoluci\u00f3n N\u00ba 05625 de 31 de \u00a0diciembre de 2014, hacen parte del \u201c(\u2026) nivel \u00a0central \u00a0(\u2026)\u201d, y est\u00e1n adscritos a la Inspecci\u00f3n \u00a0General de la Polic\u00eda Nacional; no obstante, la administraci\u00f3n \u00a0del r\u00e9gimen disciplinario de los internos le compete al \u00a0Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), conforme a lo \u00a0previsto, se \u00a0itera, \u00a0en la disposici\u00f3n 16 de la Ley 65 de 1993. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo tanto, atendiendo el literal g, del numeral 2\u00ba del art\u00edculo \u00a038 de la Ley 489 de 1998, el querellado es una entidad del sector \u00a0descentralizado por servicios, de ah\u00ed que, como se dijo en \u00a0l\u00edneas atr\u00e1s, los jueces del circuito o con categor\u00eda \u00a0de tales deben diligenciar este asunto. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. La \u00a0situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 \u00a0del C\u00f3digo General del Proceso, en cuanto ata\u00f1e a los \u00a0efectos de la declaratoria de falta de competencia, extensiva a la \u00a0acci\u00f3n de tutela conforme a lo dispuesto en la norma 4 del \u00a0Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, la cual prev\u00e9 \u00a0acudir a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la \u00a0interpretaci\u00f3n de los preceptos de dicho tr\u00e1mite, en \u00a0cuanto no contrarie sus propias disposiciones. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. En \u00a0torno a la facultad para decretar \u201c(\u2026) \u00a0nulidades (\u2026)\u201d \u00a0a partir de las reglas fijadas en el Decreto ej\u00fasdem, \u00a0esta Colegiatura en anterior pronunciamiento, precis\u00f3: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[L]a \u00a0Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte \u00a0Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) \u00a0sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el \u00a0tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su \u00a0finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n \u00a0efectiva e inmediata de los derechos fundamentales \u00a0(\u2026). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[E]mpero, \u00a0no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u00a0no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para \u00a0decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n \u00a0o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de \u00a02000\u2019 el cual \u201cen \u00a0manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o \u00a0corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se \u00a0declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, \u00a0puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de \u00a0reparto\u201d \u00a0(\u2026). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[E]n \u00a0efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del \u00a0Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para \u00a0conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las \u00a0reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[P]ero \u00a0tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento \u00a0funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018lo \u00a0accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o \u00a0el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional \u00a0Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y \u00a0se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o \u00a0Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al \u00a0que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, \u00a0siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un \u00a0amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que \u00a0eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones \u00a0de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n \u00a0proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos \u00a0a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o \u00a0legales privativas por otras autoridades (\u2026). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[A]n\u00e1logamente, \u00a0el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los \u00a0servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede \u00a0ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia \u00a0asigna el legislador y \u00a0los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, \u00a0por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n\u201d \u00a0(\u2026). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[E]n \u00a0id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental significaci\u00f3n \u00a0inherentes a la autonom\u00eda e independencia de los jueces \u00a0(art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional) y su \u00a0sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, estar\u00edan \u00a0seriamente comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los \u00a0jueces, sean ordinarios, sean constitucionales (\u2026)\u201d1. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Por las razones anotadas, estima la Corte que atendiendo a la \u00a0naturaleza jur\u00eddica del Instituto \u00a0Nacional Penitenciario y Carcelario \u2013INPEC, \u00a0la competencia para conocer en primera instancia de la presente \u00a0solicitud de amparo corresponde a los jueces civiles del circuito o \u00a0con categor\u00eda de tales de Facatativ\u00e1 y no al Tribunal \u00a0Superior \u00a0del Distrito Judicial de \u00a0Cundinamarca. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Declarar la nulidad de todo lo actuado en esta acci\u00f3n de \u00a0tutela, a partir del auto que orden\u00f3 darle tr\u00e1mite a la \u00a0misma, inclusive, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los \u00a0t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo \u00a0General del Proceso. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0En \u00a0consecuencia, se ordena remitir el expediente a la Oficina Judicial \u00a0de Facatativ\u00e1 para que sea repartido a los jueces del circuito \u00a0o con categor\u00eda de tales de esa ciudad. \u00a0<\/p>\n
3. Comun\u00edquese \u00a0lo resuelto a la Corporaci\u00f3n de origen y a los interesados \u00a0mediante telegrama u oficio y l\u00edbrense las dem\u00e1s \u00a0comunicaciones pertinentes. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
Presidente de Sala \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
AROLDO WILSON \u00a0QUIROZ MONSALVO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ALONSO \u00a0RICO PUERTA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
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ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
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LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
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1Auto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de 13 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de mayo de 2009, exp. 00083-01. \u00a0<\/p>\n
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