\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ATC6230-2016 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0 18001-22-08-000-2016-00233-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de catorce \u00a0de septiembre de dos mil diecis\u00e9is) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is \u00a0(16) de septiembre de dos mil diecis\u00e9is (2016).- \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Corresponder\u00eda \u00a0a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n promovida frente al fallo \u00a0proferido el 29 \u00a0de julio de 2016 por la Sala \u00a0\u00danica \u00a0de Decisi\u00f3n del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, \u00a0dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00a0Andrea Carolina Sutha Mej\u00eda contra \u00a0el Juzgado Segundo \u00a0Promiscuo de Familia de la misma ciudad, \u00a0si no fuera porque \u00a0se incurri\u00f3 en la causal de nulidad prevista en el inciso 1\u00ba \u00a0del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en \u00a0consonancia con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992, \u00a0que afecta la actuaci\u00f3n cumplida hasta este momento, como pasa \u00a0a verse. \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Si \u00a0bien es cierto la accionante cuestion\u00f3 una decisi\u00f3n de \u00a0la titular del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Florencia, \u00a0tambi\u00e9n lo es que \u00e9sta fue adoptada en ejercicio de sus \u00a0funciones administrativas y no jurisdiccionales, pues se trata de la \u00a0Resoluci\u00f3n No. 003 de 19 de julio de 2016, mediante la cual \u00a0dicha autoridad concedi\u00f3 una licencia no remunerada al \u00a0Secretario en propiedad de esa sede judicial y, dispuso el \u00a0nombramiento en provisionalidad en el mismo cargo, de la se\u00f1ora \u00a0Naudy Marcela Caicedo Guzm\u00e1n, pasando por alto que la aqu\u00ed \u00a0inconforme estaba despe\u00f1ando el tan mentado empleo desde el \u00a0a\u00f1o 2010, \u00absin \u00a0soluci\u00f3n de continuidad\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0tal manera, como el conocimiento del asunto no correspond\u00eda al \u00a0superior jer\u00e1rquico del estrado accionado, sino al Juez con \u00a0jurisdicci\u00f3n en el lugar donde ocurri\u00f3 la presunta \u00a0vulneraci\u00f3n, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo \u00a037 del Decreto 2591 de 1991, se estructur\u00f3 la nulidad prevista \u00a0en el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo \u00a0General del Proceso, norma aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n \u00a0de tutela en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00b0 del \u00a0Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991, que \u00a0prev\u00e9 que en la interpretaci\u00f3n de las disposiciones que \u00a0regulan dicho tr\u00e1mite se aplicar\u00e1n los principios \u00a0generales del estatuto procesal civil, en todo aquello que no sean \u00a0contrarios. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0A \u00a0prop\u00f3sito de la situaci\u00f3n aludida, la Sala ha \u00a0reiterado, que \u00a0<\/p>\n
\u00aben \u00a0tales circunstancias el Juez accionado, en rigor, no cumple funciones \u00a0jurisdiccionales y, por consiguiente, la competencia para conocer del \u00a0amparo constitucional corresponde a los jueces municipales del lugar \u00a0de ocurrencia de los hechos por mandato del inciso 3\u00ba, numeral \u00a01\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1382 de 2000, porque \u00a0en esas condiciones califica como \u201cuna autoridad del orden \u00a0distrital o municipal\u00bb (CSJ \u00a0ATC, 14 \u00a0dic. 2007, Rad. 2007-00121-01; reiterado en CSJ ATC, 25 sep. \u00a02012, Rad. 2012-00094-01 y en ATC3194-2015). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Finalmente, \u00a0en torno \u00a0a la facultad para decretar nulidades, \u00a0esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 de tiempo atr\u00e1s, que \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00abhace \u00a0suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional \u00a0expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa \u00a0necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las \u00a0acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y \u00a0eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los \u00a0derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
Empero, no \u00a0comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u00a0\u2018no \u00a0est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar \u00a0nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o \u00a0interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de \u00a02000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de \u00a0fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen \u00a0jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para \u00a0conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l \u00a0contenidas son meramente de reparto.\u201d \u201cEn efecto, el \u00a0Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto \u00a02591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de \u00a0la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de \u00a0reparto entre los jueces competentes\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Pero \u00a0tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento \u00a0funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018[l]o \u00a0accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o \u00a0el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional \u00a0Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y \u00a0se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o \u00a0Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al \u00a0que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, \u00a0siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un \u00a0amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que \u00a0eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones \u00a0de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n \u00a0proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos \u00a0a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o \u00a0legales privativas por otras autoridades. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0otra parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los \u00a0principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia \u00a0del juez est\u00e1 \u00a0indisociablemente [ligada] con el derecho \u00a0fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el \u00a0acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de \u00a0donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta \u00a0de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la \u00a0constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s \u00a0urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la \u00a0competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho \u00a0constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A \u00a0de \u00a02007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino \u00a0conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o \u00a0tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas \u00a0propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte \u00a0Constitucional). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cAn\u00e1logamente, \u00a0el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los \u00a0servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede \u00a0ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia \u00a0asigna el legislador y \u00a0los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, \u00a0por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n.\u201d \u00a0\u201cEn id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental \u00a0significaci\u00f3n inherentes a la autonom\u00eda e independencia \u00a0de los jueces (art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n \u00a0Nacional) y su sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, \u00a0estar\u00edan seriamente comprometidas de limitarse las facultades \u00a0y deberes de los jueces, sean ordinarios, sean \u00a0constitucionales\u201d\u00bb \u00a0(ver \u00a0entre otros ATC4127-2014, ATC3194-2015). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1\u00b0. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Declarar \u00a0la nulidad de lo actuado en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de \u00a0tutela promovida por Andrea Carolina Sutha Mej\u00eda contra el \u00a0Juzgado Segundo Promiscuo de Familia Florencia, a partir del auto \u00a0admisorio que orden\u00f3 su tr\u00e1mite, sin \u00a0perjuicio de la \u00a0validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del \u00a0art\u00edculo \u00a0138 del C\u00f3digo General del Proceso. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2\u00b0. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Rem\u00edtase \u00a0el expediente a los Juzgados Municipales o con categor\u00eda de \u00a0tales de la ciudad de Florencia, a trav\u00e9s del Centro de \u00a0Servicios Judiciales de dicha ciudad, para que la acci\u00f3n \u00a0presentada sea sometida a reparto. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3\u00b0. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Comun\u00edquese \u00a0lo as\u00ed resuelto a las partes y al a-quo \u00a0mediante telegrama. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Notif\u00edquese, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Presidente de Sala \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
AROLDO WILSON \u00a0QUIROZ MONSALVO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ALONSO \u00a0RICO PUERTA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
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