{"id":97042,"date":"2025-10-14T22:31:50","date_gmt":"2025-10-14T22:31:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/10\/14\/atc6582-2016\/"},"modified":"2025-10-14T22:31:50","modified_gmt":"2025-10-14T22:31:50","slug":"atc6582-2016","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/10\/14\/atc6582-2016\/","title":{"rendered":"ATC6582-2016"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n<p>Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>ATC6582-2016 \u00a0<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 23001-22-14-000-2016-00389-01 \u00a0<\/p>\n<p>(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de veintiocho \u00a0de septiembre de dos mil diecis\u00e9is) \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Bogot\u00e1, D.C., veintiocho \u00a0(28) de septiembre de dos mil diecis\u00e9is (2016). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>La \u00a0Corte procede a resolver la consulta respecto \u00a0de la decisi\u00f3n proferida el 29 de agosto del a\u00f1o en \u00a0curso por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del \u00a0Distrito Judicial de Monter\u00eda, dentro del incidente \u00a0de desacato \u00a0formulado por Eunice \u00a0Fl\u00f3rez Llorente \u00a0contra el Ministerio \u00a0de Vivienda, Ciudad y Territorio, \u00a0mediante \u00a0la cual se impuso arresto de dos (2) d\u00edas y multa equivalente \u00a0a tres (3) s.m.l.m.v., a la doctora Elsa Noriega de la Espriella como \u00a0titular de dicha Cartera. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Por \u00a0sentencia del 30 de junio de la presente anualidad, la Sala Civil \u00a0Familia Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda, ampar\u00f3 \u00a0el derecho fundamental a la \u00abvivienda \u00a0digna\u00bb a \u00a0la se\u00f1ora Eunice Isabel Fl\u00f3rez Llorente, dentro de la \u00a0acci\u00f3n de tutela por \u00e9sta instaurada contra el \u00a0Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por lo que para \u00a0restablecer la prerrogativa conculcada, orden\u00f3 a dicha Cartera \u00a0a trav\u00e9s de la se\u00f1ora Ministra, o quien haga sus veces, \u00a0que \u00a0\u00aben \u00a0el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de diez (10) d\u00edas siguientes a \u00a0la notificaci\u00f3n de esta providencia, prorrogue el subsidio \u00a0otorgado a la [accionante] \u00a0a \u00a0trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n No. 950 de 22 de noviembre de \u00a02011\u00ab \u00a0(fls. 4 a 9, Cit.). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El \u00a0pasado 9 de agosto, la se\u00f1ora Fl\u00f3rez Llorente solicit\u00f3 \u00a0la apertura de incidente de desacato, manifestando que pese a la \u00a0protecci\u00f3n otorgada, Minvivienda no ha prorrogado a\u00fan \u00a0el subsidio que le fue otorgado en pret\u00e9rita oportunidad (fls. \u00a01 y 2 \u00eddem). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La \u00a0respectiva Sala Unitaria por auto de esa misma data, \u00a0y previo a dar tr\u00e1mite al citado pedimento, procedi\u00f3 a \u00a0requerir a la Ministra Elsa Margarita Noguera de la Espriella, para \u00a0que informara las gestiones adelantadas en procura de obtener el \u00a0cumplimiento de lo dispuesto en el citado fallo de tutela (fls. 11 y \u00a012, ib.). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>4. \u00a0 En raz\u00f3n a que la mentada funcionaria guard\u00f3 silencio, \u00a0en auto del d\u00eda 16 del mismo mes y a\u00f1o, el Tribunal dio \u00a0apertura al incidente de desacato en su contra, corri\u00e9ndole \u00a0traslado por el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas a partir del \u00a0enteramiento de dicha decisi\u00f3n, para que ejerciera su derecho \u00a0a la defensa, absteni\u00e9ndose de decretar pruebas (fls. 21 y 22, \u00a0ib\u00eddem). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>5. \u00a0 \u00a0Mediante oficio calendado 23 de agosto siguiente, \u00a0funcionario del \u00a0Grupo de Acciones Constitucionales de Minvivienda, con el fin de \u00a0atender el requerimiento efectuado a la entidad dentro del citado \u00a0tr\u00e1mite, inform\u00f3 que pese a que se est\u00e1n \u00a0adelantando las gestiones necesarias para dar observancia a lo \u00a0dispuesto en sede de tutela a favor de la se\u00f1ora Eunice \u00a0Isabel, es necesario \u00abconcedernos \u00a0unos meses para dar cabal cumplimiento a la orden judicial, toda vez \u00a0que Fonvivienda asignar\u00e1 un nuevo subsidio a la accionante\u00bb \u00a0(fl. 27, ib.). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>6. \u00a0 Luego, el d\u00eda 29 de agosto del presente a\u00f1o se \u00a0profiri\u00f3 la determinaci\u00f3n materia de consulta, tras \u00a0advertirse, en compendio, que \u00abaun \u00a0cuando [la] \u00a0convocad[a] \u00a0fue \u00a0notificad[a] \u00a0en \u00a0debida forma, y se le dio la oportunidad para que se pronunciara \u00a0respecto del incidente presentado, guard\u00f3 silencio, por tanto, \u00a0dadas las particularidades del caso concreto, no hay m\u00e1s \u00a0pruebas que decretar con el fin de determinar la responsabilidad \u00a0subjetivo\u00bb (fl. \u00a031, ib\u00eddem). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La \u00a0Corte para comenzar, precisa que en virtud de lo estatuido por el \u00a0inciso 2\u00ba del art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, el \u00a0\u00e1mbito de esta decisi\u00f3n ata\u00f1e con determinar si \u00a0debe mantenerse o revocarse la sanci\u00f3n impuesta por la \u00a0Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Monter\u00eda, \u00a0circunstancia que impone verificar el \u00a0destinatario de la orden, el t\u00e9rmino temporal para ejecutarla, \u00a0y, el alcance de la misma, con el fin de examinar si efectivamente se \u00a0cumpli\u00f3 la orden impartida mediante la sentencia. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Si \u00a0de este an\u00e1lisis concluye en la inobservancia del fallo, le \u00a0compete determinar si fue total o parcial, y las razones por las \u00a0cuales se produjo, e igualmente si hubo o no responsabilidad \u00a0subjetiva del sujeto obligado, para finalmente, si \u00e9sta \u00a0existe, imponerle la sanci\u00f3n y para esto, obviamente, es \u00a0necesario darle tr\u00e1mite al incidente propuesto. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Lo \u00a0anterior, porque como lo ha comprendido la jurisprudencia, el \u00a0desacato \u00absupone \u00a0una responsabilidad subjetiva del trasgresor, en la medida que es \u00a0imperativo apreciar, no solo el incumplimiento, sino, tambi\u00e9n, \u00a0las condiciones en las que \u00e9ste se produjo, vale decir, el \u00a0descuido o negligencia que le sean imputables, a trav\u00e9s de \u00a0juicios valorativos que den cuenta de su \u00e1nimo rebelde\u00bb \u00a0(CSJ ATC168-2016). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>De acuerdo con las \u00a0premisas que anteceden, est\u00e1 autorizada legalmente la \u00a0imposici\u00f3n de sanciones cuando quien est\u00e1 llamado a \u00a0cumplir la orden que se le imparte, no acata tal mandato en la forma \u00a0y t\u00e9rmino se\u00f1alados por el juez de tutela. Empero, esa \u00a0desatenci\u00f3n debe estar plenamente demostrada, de forma tal que \u00a0subjetivamente el sujeto destinatario de la acci\u00f3n haya \u00a0desobedecido por capricho, incuria, negligencia o por otra cualquiera \u00a0raz\u00f3n semejante que revele su falta de disposici\u00f3n para \u00a0atender lo resuelto en el amparo. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00abel \u00a0desacato se predica de quien incumple la orden emanada del Juez de \u00a0tutela, pues se parte del supuesto de que el sujeto contra quien se \u00a0pronunci\u00f3 la decisi\u00f3n, debe \u00a0ajustar estrictamente su conducta a los par\u00e1metros se\u00f1alados \u00a0por el fallador, tendiente a ordenar que cese la vulneraci\u00f3n \u00a0que motiv\u00f3 el proceso constitucional\u00bb \u00a0(CSJ ATC2708-2016). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Una \u00a0vez establecida la competencia funcional de la Corporaci\u00f3n en \u00a0el escenario de la consulta prevista en la ley, y revisadas las \u00a0diligencias allegadas, advierte sin mayor esfuerzo la Sala que habr\u00e1 \u00a0de mantenerse la sanci\u00f3n impuesta, \u00a0pues aunque mediante \u00a0sentencia constitucional proferida el 30 \u00a0de junio pasado, la Colegiatura de Monter\u00eda, \u00a0tal y como qued\u00f3 visto, le orden\u00f3 de manera concreta a \u00a0la Ministra de Vivienda, Elsa Margarita Noguera de la Espriella, que \u00a0en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo \u00a0de 10 d\u00edas procediera a prorrogar el subsidio que le fue \u00a0otorgado a la accionante mediante Resoluci\u00f3n No. 950 del 22 de \u00a0noviembre de 2011, la misma entidad puso aqu\u00ed de presente que \u00a0a la fecha \u00abse \u00a0est\u00e1n adelantando los tr\u00e1mites administrativos para \u00a0elaborar el certificado de disponibilidad presupuestal\u00bb para \u00a0poder proceder en tal sentido, lo que demuestra sin mayor esfuerzo la \u00a0falta de acatamiento a lo ordenado. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>4. \u00a0 \u00a0 Sin perjuicio de lo dicho, t\u00e9ngase en cuenta que lo aqu\u00ed \u00a0decidido no exime a la sancionada de cumplir la disposici\u00f3n \u00a0impartida en el fallo de 30 de junio de 2016, dentro del resguardo \u00a0constitucional concedido a Eunice Isabel Fl\u00f3rez Llorente, pues \u00a0de acuerdo con el contenido y alcance del art\u00edculo 86 de la \u00a0Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la finalidad de la orden tutelar \u00a0emitida para proteger derechos constitucionales fundamentales, es que \u00a0ella se cumpla de inmediato, siendo deber de todas las autoridades \u00a0garantizar que el respectivo prove\u00eddo ciertamente se obedezca, \u00a0ya que: \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00abcomo \u00a0[e]n la sentencia T-098\/2002 se record\u00f3 que el Art\u00edculo \u00a086 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece que a \u00a0consecuencia de la acci\u00f3n de tutela la protecci\u00f3n de \u00a0los derechos fundamentales se traduce en una ORDEN, es decir, una \u00a0decisi\u00f3n que debe ser obedecida o satisfecha. \u2026 Seg\u00fan \u00a0el decreto 2591 de 1991 es el Juez de primera instancia el encargado \u00a0del cumplimiento cabal de la orden impartida. La labor del Juez no es \u00a0solamente tramitar el incidente de desacato, cuando se instaure por \u00a0incumplimiento de lo ordenado, sino lo fundamental es que sea \u00a0efectivo el respeto a los derechos fundamentales. El Juez de primera \u00a0instancia no pierde competencia hasta tanto la orden sea \u00a0completamente cumplida\u00bb \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00abEn \u00a0la sentencia \u00a0T-942\/00 la Corte Constitucional expres\u00f3: \u20186. \u00a0Competencia y funciones del juez de primera instancia. En conclusi\u00f3n, \u00a0el incidente de desacato no es el punto final de una tutela \u00a0incumplida. El desacato es un simple incidente que puede o no \u00a0tramitarse. Lo \u00a0que es obligatorio para el juez de primera instancia, en cuanto no \u00a0pierde competencia para ello, es hacer cumplir la orden de tutela\u2019\u00bb \u00a0(sent. \u00a0T-235\/02, se subraya)\u00bb (CSJ \u00a0ATC1632-2016). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>5. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0consecuencia, ante la inobservancia de la mentada funcionaria frente \u00a0a lo ordenado constitucionalmente, \u00a0se \u00a0ratificar\u00e1 el auto consultado. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Civil, CONFIRMA \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0sancionatoria impuesta el 29 de agosto de 2016 por la Sala Civil \u00a0Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Monter\u00eda contra Elsa \u00a0Margarita Noguera de la Espriella, en calidad de Ministra de \u00a0Vivienda, Ciudad y Territorio. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Previa \u00a0notificaci\u00f3n \u00a0a las partes por el medio m\u00e1s expedito, devu\u00e9lvase la \u00a0actuaci\u00f3n surtida a \u00a0la oficina judicial de origen para \u00a0que forme parte del respectivo expediente. Of\u00edciese. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n<p>Presidente de Sala \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>AROLDO WILSON \u00a0QUIROZ MONSALVO \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>LUIS ALONSO \u00a0RICO PUERTA \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0 Magistrado \u00a0Ponente \u00a0 \u00a0\u00a0 ATC6582-2016 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 23001-22-14-000-2016-00389-01 \u00a0 (Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de veintiocho \u00a0de septiembre de dos mil diecis\u00e9is) \u00a0 \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1, D.C., veintiocho \u00a0(28) de septiembre de dos mil diecis\u00e9is (2016). \u00a0 \u00a0\u00a0 La \u00a0Corte procede a resolver la consulta respecto [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-97042","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97042","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97042"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97042\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97042"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97042"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97042"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}