\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
AROLDO \u00a0WILSON QUIROZ MONSALVO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ATC6604-2016 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 11001-22-03-000-2016-01655-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n \u00a0veintiocho \u00a0de septiembre \u00a0de dos mil diecis\u00e9is) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D. \u00a0C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil diecis\u00e9is (2016). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Corresponder\u00eda \u00a0decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de 19 \u00a0agosto \u00a0de 2016, pronunciada por la Sala Civil del Tribunal Superior \u00a0del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de \u00a0tutela instaurada por Gustavo Adolfo Calvache Prado contra el \u00a0Ministerio de Defensa Nacional, Comando de Contrainteligencia Militar \u00a0del Ej\u00e9rcito Nacional , \u00a0si no fuera porque se observa que en el tr\u00e1mite de la primera \u00a0instancia, se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo \u00a0actuado, como pasa a examinarse: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El \u00a0actor \u00a0reclama la protecci\u00f3n constitucional del derecho \u00a0fundamental de Petici\u00f3n, presuntamente vulnerado por la \u00a0autoridades querellada (fls. 52 a 70 cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Solicita \u00a0\u00ab(\u2026) \u00a0que el Comando de Contrainteligencia Militar, se pronuncie de fondo y \u00a0claramente sobre cada una de sus peticiones; ordenar a la inspecci\u00f3n \u00a0General del Ej\u00e9rcito, ejerza inspecci\u00f3n y control de \u00a0que trata el art\u00edculo 18 de la ley 1621 de 2013, como garant\u00eda \u00a0para la protecci\u00f3n de sus \u00a0derechos fundamentales. (fl. \u00a069, cdno. 1).\u00bb \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fundamenta \u00a0la queja en la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que as\u00ed se \u00a0compendia (fls. 52 a 70 cdno. 1): \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0Que como integrante del Ej\u00e9rcito Nacional de Colombia, ha \u00a0realizado varias peticiones ante el Comando de Contrainteligencia \u00a0Militar, por tener conocimiento que viene siendo objeto de \u00a0vigilancias y seguimientos, incluyendo a su familia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0Afirma que \u00a0\u00absus peticiones han sido contestadas por el accionado, pero no \u00a0de forma clara y precisa, por cuanto se limita a responder de manera \u00a0gen\u00e9rica, \u00a0evasivas, siempre invocando la reserva legal que \u00a0trata la Ley Estatutaria 1621 de 2013, sin tener en cuenta que el \u00a0art\u00edculo 24 de la Ley 1755 de 2015, establece qu\u00e9 tipo \u00a0de informaci\u00f3n goza de reserva legal. \u00bb \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.3. \u00a0 Agreg\u00f3 que ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se \u00a0tramit\u00f3 el recurso de insistencia, pero esta Corporaci\u00f3n \u00a0\u00abse \u00a0limit\u00f3 \u00fanica y exclusivamente sobre la Ley 1621 de \u00a02013, desconociendo de plano que mis peticiones, repito, no las \u00a0realice como oficial del ej\u00e9rcito Nacional (\u2026) sino \u00a0como persona civil (\u2026)\u00bb (fl.60). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0El Comando Contrainteligencia del Ej\u00e9rcito Nacional \u00abexpone \u00a0que est\u00e1 acreditado que al promotor no se le han violado sus \u00a0derechos fundamentales, por cuanto el Tribunal competente resolvi\u00f3 \u00a0 el recurso de insistencia, donde argument\u00f3 que sus peticiones \u00a0fueron resueltas oportunamente bajo los lineamientos de la ley \u00a0Estatuaria 1621 de 2013 (flos 77 a110 , cdno. 1).\u00bb \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 \u00a0neg\u00f3 el resguardo tras argumentar que: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00ab(\u2026) \u00a0mediante \u00a0providencia de 6 de julio del a\u00f1o en curso la subsecci\u00f3n \u00a0A de la secci\u00f3n Primera del Tribunal Administrativo de \u00a0Cundinamarca declara bien denegada la petici\u00f3n de documentos e \u00a0informaci\u00f3n contenida en el numeral 8 de la petici\u00f3n \u00a0radicada el 3 de mayo de 2016 , numeral 3 de la petici\u00f3n \u00a0radicada el 3 de junio de 2016 presentadas ante el Comando de \u00a0Contrainteligencia Militar, y se abstuvo de resolver sobre los dem\u00e1s \u00a0solicitudes de informaci\u00f3n contenidas en las peticiones \u00a0radicadas el 3 de mayo, 13 de mayo y de3 junio de 2016 (\u2026)\u00bb \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El \u00a0accionante \u00a0impugn\u00f3 \u00a0el fallo de tutela, reiterando lo pedido en la acci\u00f3n \u00a0constitucional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Del \u00a0relato f\u00e1ctico expuesto en el escrito de amparo se desprende, \u00a0sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Corporaci\u00f3n \u00a0para decidir el presente asunto, pues el auxilio constitucional \u00a0la \u00a0decisi\u00f3n tomada por el Tribunal Administrado de Cundinamarca, \u00a0Secci\u00f3n Primera Subsecci\u00f3n \u201cA\u201d, debiendo \u00a0conocer del mismo, entonces, en primera instancia, el Consejo de \u00a0Estado, conforme a lo previsto en el 2\u00ba del decreto 1382 de \u00a020001. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Lo anterior en la \u00a0medida en que la solicitud de resguardo censurada, critica el \u00a0promotor que el Tribunal Administrativo se limit\u00f3 \u00fanica \u00a0y exclusivamente sobre la ley 1621 de 2013, desconociendo de plano \u00a0sus peticiones, sin ni siquiera indagar al interior del Comando de \u00a0Contrainteligencia Militar, si existe o existi\u00f3 orden de \u00a0operaci\u00f3n o misi\u00f3n de trabajos sobre el particular o \u00a0actividades contrainteligencia que se hubieran realizado sobre el \u00a0accionante (fls. 60 a 61). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora, como \u00a0la \u00a0demanda de amparo cuestiona la sentencia dictada por el Tribunal \u00a0Administrativo de Cundinamarca que resolvi\u00f3 el recurso de \u00a0insistencia al Derecho de Petici\u00f3n invocado por el accionante, \u00a0se concluye \u00a0 que el despacho judicial ante el cual se radic\u00f3 \u00a0ese escrito no era competente para dirimirlo, pues se \u00a0reitera que, en aras de determinar \u00a0a que el juez de tutela, \u00a0corresponde avocar conocimiento \u00abno \u00a0puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los \u00a0nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en \u00a0cuanto no se les atribuya (a \u00a0los accionados) \u00a0hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese \u00a0tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo \u00a0ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es \u00a0infundada su convocatoria\u00bb. \u00a0(CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. No. 00156-01, y ATC, 17 ago. 2011, rad. \u00a0No. 2011-00430-01)\u00bb (reiterada en ATC5961 de 30 sep. 2014, rad. \u00a0n\u00ba 2014-00250-01, entre otros). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 En \u00a0consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala \u00a0Civil \u00a0 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 \u00a0est\u00e1 \u00a0viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al art\u00edculo \u00a016 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de \u00a0tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 \u00a0de 1992. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Al \u00a0respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para \u00a0tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a \u00a0partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del \u00a0Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se \u00a0torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia \u00a0por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el \u00a0inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto \u00a0adjetivo2, \u00a0por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 \u00a0obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la \u00a0cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de \u00a0tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 \u00a0de 1992. (Criterio \u00a0expuesto en CSJ ATC1396-2016, reiterado, entre muchos otros, en \u00a0ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0En torno a la facultad para decretar \u00abnulidades\u00bb \u00a0a \u00a0partir de las reglas fijadas en el Decreto 1382 de 2000, esta \u00a0Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
la \u00a0Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte \u00a0Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) \u00a0sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el \u00a0tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su \u00a0finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n \u00a0efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
Empero, \u00a0no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u2018no \u00a0est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar \u00a0nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o \u00a0interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de \u00a02000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de \u00a0fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen \u00a0jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para \u00a0conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l \u00a0contenidas son meramente de reparto.\u2019 En efecto, el Decreto \u00a01382 de 2000, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de \u00a01991 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la \u00a0acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de \u00a0reparto entre los jueces competentes. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Pero \u00a0tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento \u00a0funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018[l]o \u00a0accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o \u00a0el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional \u00a0Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y \u00a0se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o \u00a0Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al \u00a0que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, \u00a0siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un \u00a0amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que \u00a0eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones \u00a0de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n \u00a0proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos \u00a0a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o \u00a0legales privativas por otras autoridades. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0otra parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los \u00a0principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia \u00a0del juez est\u00e1 indisociablemente [ligada] con el derecho \u00a0fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el \u00a0acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de \u00a0donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta \u00a0de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la \u00a0constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s \u00a0urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la \u00a0competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho \u00a0constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A \u00a0de \u00a02007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino \u00a0conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o \u00a0tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas \u00a0propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte \u00a0Constitucional). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
An\u00e1logamente, \u00a0el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los \u00a0servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede \u00a0ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia asigna el legislador y los \u00a0jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, por \u00a0tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n. \u2018En \u00a0id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental significaci\u00f3n \u00a0inherentes a la autonom\u00eda e independencia de los jueces \u00a0(art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional) y su \u00a0sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, estar\u00edan \u00a0seriamente comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los \u00a0jueces, sean ordinarios, sean constitucionales\u2019 \u00a0(auto \u00a0de 13 de mayo de 2009, rad. 08001-22-13-000-2009-00083-01). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. En atenci\u00f3n \u00a0a lo expuesto, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la queja al \u00a0Consejo de Estado, \u00a0de \u00a0acuerdo con el reparto, por ser los competentes para resolver el \u00a0reclamo constitucional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Civil, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Primero. \u00a0Declarar \u00a0la nulidad del \u00a0fallo dictado el 19 de \u00a0agosto \u00a0de 2016 por la Sala \u00a0de Civil \u00a0del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, \u00a0en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez \u00a0de todo lo actuado, salvo aquella decisi\u00f3n, en los t\u00e9rminos \u00a0del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General \u00a0del Proceso. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Segundo. \u00a0En \u00a0consecuencia, se \u00a0dispone la remisi\u00f3n del expediente al Consejo de Estado, \u00a0de \u00a0acuerdo con el reparto. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Tercero. \u00a0Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los intervinientes y al \u00a0a-quo \u00a0por el medio m\u00e1s expedito. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
Presidente de Sala \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
AROLDO WILSON \u00a0QUIROZ MONSALVO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ALONSO \u00a0RICO PUERTA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cuando \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la acci\u00f3n de tutela se promueva contra un funcionario o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0corporaci\u00f3n judicial, le ser\u00e1 repartida al respectivo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0superior funcional del accionado. Si se dirige contra la Fiscal\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0General de la Naci\u00f3n, se repartir\u00e1 al superior \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0funcional del juez al que est\u00e9 adscrito el fiscal. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00abart\u00edculo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a016. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la competencia.\u00a0La \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0jurisdicci\u00f3n y la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0competencia por los factores \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0subjetivo y funcional \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0son improrrogables. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0subjetivo o funcional, lo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0proferido que ser\u00e1 nula, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0[Se subray\u00f3] \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 AROLDO \u00a0WILSON QUIROZ MONSALVO \u00a0 Magistrado \u00a0ponente \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 ATC6604-2016 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 11001-22-03-000-2016-01655-01 \u00a0 (Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n \u00a0veintiocho \u00a0de septiembre \u00a0de dos mil diecis\u00e9is) \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1, D. \u00a0C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil diecis\u00e9is (2016). \u00a0 \u00a0\u00a0 Corresponder\u00eda \u00a0decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-97047","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97047","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97047"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97047\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97047"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97047"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97047"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}