\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
AROLDO WILSON \u00a0QUIROZ MONSALVO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ATC6606-2016 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 \u00a011001-22-03-000-2016-01637-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n \u00a0veintiocho \u00a0 de septiembre \u00a0de dos mil diecis\u00e9is) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., veintiocho \u00a0(28) de septiembre \u00a0de dos mil diecis\u00e9is (2016). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Corresponder\u00eda \u00a0decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de 23 \u00a0de agosto \u00a0de 2016, pronunciada por la Sala Civil del Tribunal \u00a0Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n \u00a0de tutela instaurada por Luis Javier Correa \u00a0Suarez y Juan Carlos \u00a0Galvis Galvis \u00a0contra el \u00a0Ministerio del Interior, Unidad Nacional de Protecci\u00f3n, \u00a0si no fuera porque se observa que en el tr\u00e1mite de la primera \u00a0instancia, se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo \u00a0actuado, como pasa a examinarse: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Los \u00a0actores \u00a0reclaman la protecci\u00f3n constitucional de los derechos \u00a0fundamentales a la vida y seguridad personal \u00a0presuntamente \u00a0vulnerados por las autoridades querelladas (fl. 197, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Solicitan \u00ab(\u2026) \u00a0no \u00a0retirar \u00a0el \u00a0escolta del esquema de protecci\u00f3n asignado a la Junta \u00a0Directiva Nacional del Sindicato de Trabajadores del Sistema \u00a0Agroalimentario Sinaltrainal; asigne \u00a0a \u00a0las misiones de traslados de \u00a0un municipio a otro , vi\u00e1ticos y pasajes para los escoltas que \u00a0integran los esquemas de protecci\u00f3n (fl. \u00a0197, cdno. 1).\u00bb \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fundamenta la \u00a0queja en la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que as\u00ed se \u00a0compendia (fls. 183 a 197, cdno. 1): \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0Que como integrantes de la Junta Directiva del Sindicato Nacional de \u00a0Trabajadores del Sistema Agroalimentario Sinaltrainal, son \u00a0beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por \u00a0la Comisi\u00f3n \u00a0Interamericana de Derechos Humanos, que ofrece un servicio de \u00a0seguridad, para proteger sus vidas, debido a las amenazas \u00a0presentadas, la cual recae en \u00a0la Unidad Nacional de \u00a0Protecci\u00f3n, \u00a0quien les adjudic\u00f3 un esquema de seguridad conformado por tres \u00a0escoltas, armas de dotaci\u00f3n, un veh\u00edculo sin blindaje, \u00a0chaleco antibalas; pero debido a que les toca movilizarse de un lugar \u00a0a otro, la Unidad no autoriza todas las misiones, pasajes, vi\u00e1ticos \u00a0a Municipios fuera de los departamentos donde habitamos; es decir, \u00a0nos trasladamos sin seguridad, a pesar que algunos trabajadores \u00a0habitan en diferentes municipios; fuera de ello, les informaron, que \u00a0mediante resoluci\u00f3n SP 059 de 15 de abril de 2015 se autoriz\u00f3 \u00a0el retiro de uno de los escolta, \u00a0situaci\u00f3n que \u00a0desmejora su \u00a0seguridad. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0Afirman que han recibido amenazas de muerte v\u00eda telef\u00f3nica \u00a0y por mensajes de texto, las cuales fueron oportunamente denunciadas \u00a0ante la autoridad competente. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. El Ministerio \u00a0del Interior solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n del amparo, \u00a0tras sostener que la entidad encargada para atender la petici\u00f3n \u00a0constitucional es la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n (fls. 213 a \u00a0219, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3.1. Por su parte, \u00a0al Unidad Nacional de Protecci\u00f3n, se refiri\u00f3 a los \u00a0hechos materia del resguardo, e indic\u00f3 que \u00ab(\u2026) \u00a0los \u00a0actos administrativos contentivos de la decisi\u00f3n, en los \u00a0cuales los accionantes reclaman sus derechos, no fueron impugnados \u00a0por \u00e9stos dentro de las oportunidades \u00a0legales , es decir, \u00a0gozaban de otros mecanismos para exigir lo requerido en la acci\u00f3n \u00a0constitucional.\u00bb \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3.2. La Polic\u00eda \u00a0Nacional, pide su exclusi\u00f3n por no ser el competente para dar \u00a0respuesta a los requerimientos de mantener el esquema de protecci\u00f3n \u00a0de la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. La Sala Civil \u00a0del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 neg\u00f3 \u00a0 el resguardo tras argumentar que: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00ab(\u2026) \u00a0los \u00a0accionantes gozaban de otro mecanismo para impugnar las resoluciones \u00a0dictadas por la accionada; \u00a0que el amparo reclamado ten\u00eda otro \u00a0medio judicial ordinario apto para la protecci\u00f3n de sus \u00a0derechos (\u2026)\u00bb \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Los \u00a0accionantes impugnaron \u00a0el fallo de tutela, reiterando lo pedido en la acci\u00f3n \u00a0constitucional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Los actores \u00a0pretenden \u00a0que se ordene al \u00a0Ministerio del Interior, a la \u00a0Unidad Nacional de Protecci\u00f3n \u00a0le asignen \u00a0\u00ab(\u2026) las \u00a0medidas de protecci\u00f3n, que correspondan a los pagos de \u00a0pasajes, vi\u00e1ticos por traslado de un Municipio a otro, al \u00a0grupo de esquema de protecci\u00f3n, y \u00a0que le mantengan los tres \u00a0escoltas (\u2026)\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0A pesar que los \u00a0promotores dirigieron el amparo de tutela contra el \u00a0Ministerio del Interior, a \u00a0esta entidad no se le puede endilgar la vulneraci\u00f3n alegada en \u00a0la queja constitucional, pues las funciones son \u00abarticular, \u00a0coordinar y ejecutar la prestaci\u00f3n del servicio de protecci\u00f3n \u00a0a quienes determine el Gobierno Nacional que por virtud de sus \u00a0actividades, condiciones o situaciones pol\u00edticas, p\u00fablicas, \u00a0sociales, humanitarias, culturales, \u00e9tnicas, de g\u00e9nero, \u00a0de su calidad de v\u00edctima de la violencia, desplazado, \u00a0activista de derechos humanos, se encuentren en situaci\u00f3n de \u00a0riesgo extraordinario o extremo de sufrir da\u00f1os contra su \u00a0vida, integridad, libertad y seguridad personal o en raz\u00f3n al \u00a0ejercicio de un cargo p\u00fablico u otras actividades que pueden \u00a0generar riesgo extraordinario\u00bb, \u00a0se encuentran asignadas a la Unidad de Protecci\u00f3n Nacional, \u00a0por disposici\u00f3n del art\u00edculo 3\u00b0 del Decreto 4065 de \u00a02011 y el Decreto 4912 de 2011 modificado por los \u00a0Decretos 1225 de \u00a02012, y 1066 de 2015 articulo 1.2.1.4. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por lo tanto, la \u00a0vinculaci\u00f3n del \u00a0Ministerio del Interior y la Polic\u00eda Nacional es \u00a0aparente, como quiera que la llamada a pronunciarse sobre el reclamo \u00a0del actor es la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Sobre el \u00a0particular, ha se\u00f1alado la Sala que \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00ab(\u2026) \u00a0no puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de \u00a0los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues \u00a0en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su \u00a0vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro \u00a0y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho \u00a0endilgado, es infundada su convocatoria (\u2026)\u00bb \u00a0(CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. No. 00156-01, y ATC, 17 ago. 2011, rad. \u00a0No. 2011-00430-01). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. Ahora bien, \u00a0seg\u00fan el art\u00edculo 2\u00b0 del Decreto 4065 de 2011, la \u00a0entidad referida es una \u00abUnidad \u00a0Administrativa Especial del orden nacional\u2026con personer\u00eda \u00a0jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y financiera y \u00a0patrimonio propio, adscrita al Ministerio del Interior\u00bb; \u00a0de ah\u00ed que seg\u00fan la previsi\u00f3n contenida en el \u00a0art\u00edculo 38 de la Ley 489 de 1998, que determina la \u00a0integraci\u00f3n de la rama ejecutiva del poder p\u00fablico en \u00a0el orden nacional, se trata de un ente del sector descentralizado por \u00a0servicios (literal g., numeral 2\u00ba \u00eddem). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Vistas as\u00ed \u00a0las cosas, la competencia para conocer del presente asunto en primera \u00a0instancia corresponde a los Juzgados del Circuito o con categor\u00eda \u00a0de tales, acorde con la regla consagrada en el numeral 1\u00b0, inciso \u00a0segundo, del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1382 de 2000. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En un caso de \u00a0perfiles semejantes, la Sala puntualiz\u00f3 que: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00ab(\u2026) \u00a0En este asunto es palpable que a quien correspond\u00eda conocer en \u00a0primera instancia de la presente queja era a los Jueces con categor\u00eda \u00a0de Circuito, pues si bien el escrito de demanda se dirigi\u00f3 \u00a0igualmente contra el Ministerio del Interior, lo cierto es que nada \u00a0en concreto, que concierna a sus funciones, se le enrostra como \u00a0infractor de norma superior, am\u00e9n que dentro de sus tareas no \u00a0est\u00e1 la de reconocer o ampliar las medidas de seguridad \u00a0personal, puesto que a quien le asiste el deber de coordinar y \u00a0ejecutar la prestaci\u00f3n del servicio de protecci\u00f3n es a \u00a0la Unidad Nacional de Protecci\u00f3n, conforme lo prev\u00e9 el \u00a0art\u00edculo 18 de la Ley 1444 de 2011, los Decretos 4065 y 4912 \u00a0de 2011, \u00faltimo que fue modificado por el \u201cDecreto\u201d \u00a01225 de 2012. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026)Ahora, \u00a0si la Dependencia mencionada, de acuerdo al art\u00edculo 1\u00ba \u00a0del mencionado \u201cDecreto\u201d es un ente del orden nacional, \u00a0que cuenta con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda \u00a0administrativa y financiera, patrimonio propio, y se encuentra \u00a0adscrita al Ministerio del Interior, forma parte del sector \u00a0descentralizado, seg\u00fan lo informa el literal g, del numeral 2\u00ba \u00a0del art\u00edculo 38 de la Ley 489 de 1998, la competencia para \u00a0conocer del asunto, seg\u00fan la regla 1\u00aa, numeral 1\u00b0, \u00a0inciso 1\u00b0 del Decreto 1382 de 2000, corresponde a los Juzgados \u00a0con categor\u00eda de Circuito \u00a0(CSJ \u00a0ATC, 21 nov. 2013, rad. 2013-01029-01). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. En \u00a0consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite est\u00e1 \u00a0viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al art\u00edculo \u00a0del C\u00f3digo General del proceso, aplicable a los procesos de \u00a0tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4 del Decreto 306 de \u00a01992. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El fallo \u00a0dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal \u00a0efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de \u00a0la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, \u00a0constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna \u00a0insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal \u00a0factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso \u00a01\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, \u00a0por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 \u00a0obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la \u00a0cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de \u00a0tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 \u00a0de 1992.2 \u00a0(Criterio \u00a0expuesto en CSJ ATC1396-2016, reiterado, entre muchos otros, en \u00a0ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5. De otra parte, \u00a0en turno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir \u00a0de las reglas fijadas en el Decreto 1382 de 2000, esta Corporaci\u00f3n \u00a0precis\u00f3 que: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) la \u00a0Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte \u00a0Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) \u00a0sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el \u00a0tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su \u00a0finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n \u00a0efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Empero, no \u00a0comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u00a0\u2018no \u00a0est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar \u00a0nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o \u00a0interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de \u00a02000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de \u00a0fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen \u00a0jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para \u00a0conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l \u00a0contenidas son meramente de reparto. En efecto, el Decreto 1382 de \u00a02000, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 \u00a0relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n \u00a0de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los \u00a0jueces competentes. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Pero tambi\u00e9n, \u00a0dispone directrices concretas para el conocimiento funcional de \u00a0determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018[l]o accionado \u00a0contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el \u00a0Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, \u00a0ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y se resolver\u00e1 \u00a0por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n \u00a0que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el \u00a0art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, siendo \u00a0inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un amparo \u00a0en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que \u00a0eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones \u00a0de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n \u00a0proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos \u00a0a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o \u00a0legales privativas por otras autoridades. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por otra parte, \u00a0aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de \u00a0informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 \u00a0 indisociablemente [ligada] con el derecho fundamental del debido \u00a0proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la \u00a0administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la \u00a0jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de \u00a0tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma \u00a0no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el \u00a0pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se \u00a0relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al \u00a0debido proceso\u2019 (Auto 304 A \u00a0de 2007), \u2018el cual establece \u00a0que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al \u00a0acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con \u00a0observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 \u00a0(Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
An\u00e1logamente, \u00a0el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los \u00a0servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede \u00a0ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia \u00a0asigna el legislador y \u00a0los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, \u00a0por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n. En \u00a0id\u00e9ntico sentido, razones de trascendental significaci\u00f3n \u00a0inherentes a la autonom\u00eda e independencia de los jueces \u00a0(art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional) y su \u00a0sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, estar\u00edan \u00a0seriamente comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los \u00a0jueces, sean ordinarios, sean \u00a0constitucionales. \u00a0(CSJ \u00a0ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
6. En atenci\u00f3n \u00a0a lo expuesto la Corte declarar\u00e1 \u00a0la nulidad de lo actuado por la Sala \u00a0Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 \u00a0y ordenar\u00e1 remitir el expediente a los Jueces Civiles del \u00a0Circuito Reparto de Bogot\u00e1. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por lo expuesto, \u00a0la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Declarar la \u00a0nulidad del fallo dictado 23 de agosto de 2016 por la Sala Civil del \u00a0Tribunal Superior del Distrito judicial de Bogot\u00e1, sin \u00a0perjuicio de la validez de lo actuado, salvo aquella decisi\u00f3n, \u00a0en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del \u00a0C\u00f3digo General del Proceso. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0consecuencia, rem\u00edtase de inmediato el expediente a los \u00a0Juzgados Civiles del Circuito de Bogot\u00e1, de acuerdo con el \u00a0reparto. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Comun\u00edquese \u00a0lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y \u00a0l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ALVARO FERNANDO \u00a0GARCIA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
Presidente de Sala \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
AROLDO WILSON \u00a0QUIROZ MONSALVO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ALONSO RICO PUERTA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00abART\u00cdCULO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a016. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0LA COMPETENCIA.\u00a0La \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0jurisdicci\u00f3n y la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0competencia por los factores \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0subjetivo y funcional \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0son improrrogables. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0subjetivo o funcional, lo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0proferido que ser\u00e1 nula, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0[Se subray\u00f3] \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ese aparte normativo fue incluido en el Art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del Decreto Nro. 1069 de 2015 (Por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sector Justicia y del Derecho), \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0decreto\u00bb, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. \u00a0<\/p>\n
12 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 AROLDO WILSON \u00a0QUIROZ MONSALVO \u00a0 Magistrado \u00a0ponente \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 ATC6606-2016 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 \u00a011001-22-03-000-2016-01637-01 \u00a0 (Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n \u00a0veintiocho \u00a0 de septiembre \u00a0de dos mil diecis\u00e9is) \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1, \u00a0D. C., veintiocho \u00a0(28) de septiembre \u00a0de dos mil diecis\u00e9is (2016). \u00a0 \u00a0\u00a0 Corresponder\u00eda \u00a0decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-97048","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97048","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97048"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97048\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97048"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97048"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97048"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}