{"id":97050,"date":"2025-10-14T22:31:51","date_gmt":"2025-10-14T22:31:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/10\/14\/atc6608-2016\/"},"modified":"2025-10-14T22:31:51","modified_gmt":"2025-10-14T22:31:51","slug":"atc6608-2016","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/10\/14\/atc6608-2016\/","title":{"rendered":"ATC6608-2016"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>AROLDO WILSON \u00a0QUIROZ MONSALVO \u00a0<\/p>\n<p>Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>ATC6608-2016 \u00a0<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0 54001-22-13-000-2016-00209-01 \u00a0<\/p>\n<p>(Aprobada \u00a0en sesi\u00f3n de veintiocho de septiembre de dos mil diecis\u00e9is). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Bogot\u00e1, \u00a0D. C, veintiocho (28) de septiembre de dos mil diecis\u00e9is \u00a0(2016). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>De \u00a0la revisi\u00f3n del expediente a efectos de resolver la \u00a0impugnaci\u00f3n formulada \u00a0frente al fallo proferido el 29 de julio de 2016 por la Sala \u00a0Civil\u2013Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0C\u00facuta, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Fabio \u00a0Uriel Dur\u00e1n Ordo\u00f1ez contra el Juzgado Primero Civil del \u00a0Circuito de esa misma ciudad, se \u00a0advierte que se ha incurrido en un vicio con alcance de nulidad, el \u00a0cual est\u00e1 llamado a ser declarado. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Fabio \u00a0Uriel Dur\u00e1n Ordo\u00f1ez, por intermedio de apoderado \u00a0judicial, \u00a0promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra el Juzgado Primero \u00a0Civil del Circuito de C\u00facuta. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El \u00a0promotor del amparo constitucional reclam\u00f3 la protecci\u00f3n \u00a0del derecho al debido proceso, presuntamente vulnerado por la sede \u00a0judicial accionada. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0consecuencia, solicit\u00f3 ordenar al juzgado accionado aplicar el \u00a0numeral 8\u00ba del art\u00edculo 687 del C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento Civil, levantando las medidas cautelares que pesan \u00a0sobre los bienes identificados con folios inmobiliarios nos. \u00a0260-36124 y 260-72722. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0De \u00a0las copias allegadas con el expediente de tutela y la demanda, se \u00a0extracta lo siguiente: \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3.1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0el despacho criticado se adelanta proceso ejecutivo mixto promovido \u00a0por Bancafe (hoy act\u00faa como cesionario Jos\u00e9 C\u00e1ceres \u00a0Quintero) contra Fabio Uriel Dur\u00e1n Ordo\u00f1ez, Olga \u00a0Ordo\u00f1ez de Dur\u00e1n, Germ\u00e1n Luis Dur\u00e1n \u00a0Ordo\u00f1ez, Carmita Luc\u00eda Dur\u00e1n Ordo\u00f1ez y \u00a0Olga Luc\u00eda Dur\u00e1n Ordo\u00f1ez, asunto en el cual \u00a0fueron embargados los inmuebles atr\u00e1s referidos. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3.2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El \u00a0actor present\u00f3 proceso de pertenencia en orden a legalizar la \u00a0posesi\u00f3n que detenta sobre el predio con folio n\u00ba \u00a0260-72722. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3.3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El \u00a0cesionario del cr\u00e9dito se tom\u00f3 en \u00abforma \u00a0violenta 1 hect\u00e1rea de terreno urbanizable en el casco urbano \u00a0del municipio de El Zulia\u00bb, \u00a0conducta por la que fue denunciado junto con su apoderado judicial \u00a0ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3.5. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Frente \u00a0al auto que dispuso el despacho comisorio, el gestor propuso \u00a0apelaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3.6. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El \u00a0actor en anterior oportunidad solicit\u00f3 al Juzgado Segundo \u00a0Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de C\u00facuta, despacho \u00a0que en ese momento tramitaba la ejecuci\u00f3n, el levantamiento \u00a0del embargo sobre los predios n\u00ba 260-36124 y 260-72722, debido a \u00a0que ven\u00eda ejerciendo en forma pac\u00edfica, p\u00fablica \u00a0e ininterrumpida con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o la \u00a0posesi\u00f3n material de dichos inmuebles. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3.7. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El \u00a030 de octubre de 2014, la mencionada oficina judicial se abstuvo de \u00a0acceder al levantamiento de las precautorias, dado que la solicitud \u00a0resultaba \u00abimprocedente \u00a0adoleciendo de fundamento jur\u00eddico que la soporte; sin que lo \u00a0manifestado pueda ajustarse a lo preceptuado en el art\u00edculo \u00a0687 del C.P.C.\u00bb \u00a0(f. 167, c. 2 de copias). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3.8. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El \u00a0promotor inconforme, apel\u00f3 esa decisi\u00f3n aduciendo que \u00a0el fallador no tuvo en cuenta que \u00abpor \u00a0el paso del tiempo, m\u00e1s de 16 a\u00f1os de posesi\u00f3n \u00a0material hizo que las circunstancias del proceso cambiaran y que un \u00a0incidente procesal ser\u00eda inocuo ya que el art. 687 del C.P.C. \u00a0numeral 8 en este caso concreto se cumple plenamente\u00bb. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3.9. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El \u00a024 de junio de 2015, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de \u00a0C\u00facuta desat\u00f3 la alzada, confirmado el auto recurrido. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>4. \u00a0El conocimiento de la solicitud de amparo le correspondi\u00f3 a la \u00a0Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0C\u00facuta, el que tras inadmitirla para que fuera aclarada la \u00a0queja constitucional, por auto de 19 de julio de 2016 la admiti\u00f3, \u00a0orden\u00f3 notificar al accionado y vincul\u00f3 a las partes e \u00a0intervinientes en el proceso ejecutivo mixto n\u00ba 1998-408, \u00a0adelantado en el juzgado encausado (f. 61, 69 y 70, c. 1). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>5. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El \u00a0Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad en respuesta al \u00a0escrito de tutela manifest\u00f3 que contra el auto de 20 de mayo \u00a0de 2016, el actor interpuso apelaci\u00f3n, la cual fue negada en \u00a0prove\u00eddo de 6 de julio siguiente, sin que el impugnante \u00a0formulara reposici\u00f3n y en subsidio queja, por lo que considera \u00a0que el accionante no puede revivir oportunidades desperdiciadas (f. \u00a079 y 80, c. 1). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>6. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El \u00a029 de julio de 2016 el Tribunal dict\u00f3 el fallo que puso fin a \u00a0la primera instancia, en el que neg\u00f3 el amparo del derecho \u00a0fundamental al debido (f. \u00a085 a 92, c. 1). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>7. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Tras \u00a0ser impugnada la sentencia se remitieron las diligencias a esta \u00a0Corporaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0De \u00a0los hechos narrados, los \u00a0documentos aportados con el libelo genitor y las respuestas \u00a0allegadas, \u00a0no cabe duda de que el \u00a0presente reclamo tambi\u00e9n involucra los autos de 24 de junio de \u00a02015 \u00a0de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial \u00a0de C\u00facuta y 30 de octubre de 2014 del Juzgado Segundo Civil \u00a0del Circuito de Descongesti\u00f3n de esa misma ciudad, proferidos \u00a0con ocasi\u00f3n de la solicitud de Fabio Uriel Dur\u00e1n \u00a0Ordo\u00f1ez, atinente a levantar el embargo que pesa sobre los \u00a0inmuebles identificados con folios n\u00ba 260-36124 y 260-72722, \u00a0pues en su sentir los adquiri\u00f3 por prescripci\u00f3n \u00a0adquisitiva de dominio, pidiendo entonces, dar aplicaci\u00f3n al \u00a0numeral 8\u00ba del art\u00edculo 687 del C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento Civil. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>T\u00e9ngase \u00a0en cuenta que el argumento esbozado por el quejoso en sede de tutela \u00a0se circunscribe a que se d\u00e9 aplicaci\u00f3n al referido \u00a0precepto y, en consecuencia, se levanten las medidas cautelares que \u00a0gravan tales predios. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Significa \u00a0lo anterior, que la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del \u00a0Distrito Judicial de C\u00facuta no era la competente para decidir \u00a0en primera instancia la acci\u00f3n de tutela en menci\u00f3n, \u00a0ya que el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del \u00a0Decreto 1069 de 2015 consagr\u00f3 que \u00ab[c]uando \u00a0la acci\u00f3n de tutela se promueva contra un funcionario o \u00a0corporaci\u00f3n judicial, le ser\u00e1 repartida al respectivo \u00a0superior funcional del accionado\u00bb; lo \u00a0que de contera implica que la Corte es la facultada legalmente para \u00a0conocer la acci\u00f3n propuesta y obrar de manera contraria \u00a0supondr\u00eda desconocer el principio de juez natural, por lo que \u00a0se impone declarar nula la actuaci\u00f3n de primera instancia, por \u00a0falta de competencia del juzgador colegiado. \u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite est\u00e1 \u00a0viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo al art\u00edculo \u00a016 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de \u00a0tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 \u00a0de 1992. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Al \u00a0respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>El fallo dictado por un \u00a0juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro \u00a0ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en \u00a0vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una \u00a0decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al \u00a0establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00a0\u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba \u00a0del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, \u00a0por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 \u00a0obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la \u00a0cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de \u00a0tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 \u00a0de 1992.2 \u00a0(Criterio \u00a0expuesto en CSJ ATC1396-2016, reiterado, entre muchos otros, en \u00a0ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>4. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0De \u00a0otra parte, en \u00a0torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb \u00a0a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1382 de 2000, esta \u00a0Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>(\u2026) \u00a0la Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte \u00a0Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) \u00a0sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el \u00a0tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su \u00a0finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n \u00a0efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Empero, \u00a0no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u00a0\u2018no \u00a0est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar \u00a0nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o \u00a0interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de \u00a02000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de \u00a0fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen \u00a0jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para \u00a0conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l \u00a0contenidas son meramente de reparto. En efecto, el Decreto 1382 de \u00a02000, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 \u00a0relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n \u00a0de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los \u00a0jueces competentes. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Pero \u00a0tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento \u00a0funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018[l]o \u00a0accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o \u00a0el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional \u00a0Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y \u00a0se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o \u00a0Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al \u00a0que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, \u00a0siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un \u00a0amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que \u00a0eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones \u00a0de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n \u00a0proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos \u00a0a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o \u00a0legales privativas por otras autoridades. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Por \u00a0otra parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los \u00a0principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia \u00a0del juez est\u00e1 \u00a0indisociablemente [ligada] con el derecho \u00a0fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el \u00a0acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de \u00a0donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta \u00a0de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la \u00a0constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s \u00a0urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la \u00a0competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho \u00a0constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A \u00a0de \u00a02007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino \u00a0conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o \u00a0tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas \u00a0propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte \u00a0Constitucional). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>An\u00e1logamente, \u00a0el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los \u00a0servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede \u00a0ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia \u00a0asigna el legislador y \u00a0los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, \u00a0por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n. En \u00a0id\u00e9ntico sentido, razones de trascendental significaci\u00f3n \u00a0inherentes a la autonom\u00eda e independencia de los jueces \u00a0(art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional) y su \u00a0sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, estar\u00edan \u00a0seriamente comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los \u00a0jueces, sean ordinarios, sean \u00a0constitucionales \u00a0(CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>5. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0atenci\u00f3n a lo expuesto la Corte declarar\u00e1 \u00a0la nulidad de lo actuado por la Sala \u00a0Civil\u2013Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0C\u00facuta \u00a0y ordenar\u00e1 remitir el expediente a la Secretar\u00eda de \u00a0esta Sala para que efect\u00fae el reparto respectivo. \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Por \u00a0lo decantado, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, RESUELVE: \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Declarar \u00a0la nulidad de \u00a0lo actuado por la Sala \u00a0Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, \u00a0en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez \u00a0de las pruebas recaudadas, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo \u00a0138 del C\u00f3digo General del Proceso. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0consecuencia, remitir de inmediato el expediente a la Secretar\u00eda \u00a0de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n para \u00a0que efect\u00fae el reparto respectivo, tendiente a que \u00a0se imprima el tr\u00e1mite de rigor. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Comunicar lo \u00a0aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense \u00a0las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n<p>Presidente de Sala \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>AROLDO WILSON \u00a0QUIROZ MONSALVO \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>LUIS ALONSO \u00a0RICO PUERTA \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>LUIS \u00a0ARMANDO TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n<p>1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00abART\u00cdCULO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a016. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0LA COMPETENCIA.\u00a0La \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0jurisdicci\u00f3n y la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0competencia por los factores \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0subjetivo y funcional \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0son improrrogables. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0subjetivo o funcional, lo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0proferido que ser\u00e1 nula, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0[Se subray\u00f3] \u00a0<\/p>\n<p>2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ese aparte normativo fue incluido en el Art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del Decreto Nro. 1069 de 2015 (Por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sector Justicia y del Derecho), \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0decreto\u00bb, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. \u00a0<\/p>\n<p>11 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 AROLDO WILSON \u00a0QUIROZ MONSALVO \u00a0 Magistrado \u00a0ponente \u00a0 \u00a0\u00a0 ATC6608-2016 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0 54001-22-13-000-2016-00209-01 \u00a0 (Aprobada \u00a0en sesi\u00f3n de veintiocho de septiembre de dos mil diecis\u00e9is). \u00a0 \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1, \u00a0D. C, veintiocho (28) de septiembre de dos mil diecis\u00e9is \u00a0(2016). \u00a0 \u00a0\u00a0 De \u00a0la revisi\u00f3n del expediente a efectos de [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-97050","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97050","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97050"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97050\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97050"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97050"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97050"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}