\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
AROLDO WILSON \u00a0QUIROZ MONSALVO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ATC6609-2016 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 08001-22-13-000-2016-00310-01 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D. \u00a0C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil diecis\u00e9is (2016). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Corresponder\u00eda \u00a0decidir \u00a0la \u00a0impugnaci\u00f3n formulada frente a la \u00a0sentencia de 30 de junio de 2016, proferida por la Sala Civil-Familia \u00a0del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro \u00a0de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jaime Enrique Charris \u00a0Delgado contra \u00a0la Polic\u00eda Nacional y CASUR, a \u00a0cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados el Mayor General \u00a0Jorge \u00a0Hernando Nieto, al Coronel Disney Ram\u00f3n Rodr\u00edguez y el \u00a0Brigadier General Jorge Alirio Bar\u00f3n Leguizam\u00f3n \u00a0Directores Generales de la Caja de Sueldo de la Polic\u00eda \u00a0Nacional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El \u00a0accionante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00a0a la \u00abdignidad \u00a0humana\u00bb, \u00a0a la vida, salud, \u00abvida \u00a0digna\u00bb, \u00a0igualdad, \u00abm\u00ednimo \u00a0vital\u00bb, \u00a0debido proceso, \u00abintegridad \u00a0f\u00edsica\u00bb \u00a0y \u00abmoral\u00bb, \u00a0presuntamente conculcados con la Resoluci\u00f3n 03460 de 6 de \u00a0agosto de 2016, por medio del cual fue retirado de la Polic\u00eda \u00a0Nacional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, solicita se ordene a \u00a0la entidad cuestionada, le reconozca los tres meses de alta a \u00a0partir \u00a0de la fecha de su retiro a los que tiene derechos por haber laborado \u00a0por m\u00e1s de veinte a\u00f1os en la Polic\u00eda Nacional y \u00a0contin\u00fae prest\u00e1ndole los tratamientos m\u00e9dicos \u00a0que ya estaban \u00a0iniciados (fls. 4, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo \u00a0siguiente \u00a0(fls. 1 a 5, cdno. 1): \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0Coment\u00f3 que por medio de la Resoluci\u00f3n 03460 lo \u00a0desvincularon de la Polic\u00eda Nacional, empero tal acto \u00a0administrativo no consign\u00f3 expresamente el reconocimiento de \u00a0los tres meses de alta y la asignaci\u00f3n de retiro a la que \u00a0tiene derecho por permanecer activo en el servicio por un periodo \u00a0superior a 20 a\u00f1os. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0Expres\u00f3 que present\u00f3 derecho de petici\u00f3n \u00a0solicitando al Director de la instituci\u00f3n el reconocimiento de \u00a0los tres d\u00edas de alta y la asignaci\u00f3n de retiro, pues \u00a0con la negativa de estos se estaban violando sus derechos \u00a0fundamentales, toda vez que lo dejaban sin su atenci\u00f3n m\u00e9dica \u00a0y la de su n\u00facleo familiar. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.3. \u00a0Aduj\u00f3 que mediante escrito ID N\u00b0 113366 recibi\u00f3 por \u00a0parte de CASUR contestaci\u00f3n a la petici\u00f3n, donde le \u00a0manifestaron que lo pedido no fue concedido por cuanto esos \u00a0reconocimientos solo se hacen al personal de nivel ejecutivo despu\u00e9s \u00a0de haber cumplido m\u00e1s de 25 a\u00f1os al servicio de la \u00a0Polic\u00eda. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.4. \u00a0Manifest\u00f3 que ante la anterior negativa, nuevamente solicit\u00f3 \u00a0los tres meses de alta y la asignaci\u00f3n de retiro conforme lo \u00a0establece el Decreto 1212 de 1990, recibiendo igualmente una \u00a0respuesta negativa, contrariando los precedentes judiciales; asimismo \u00a0aduj\u00f3 que el actuar de CASUR y la Polic\u00eda es de mala fe \u00a0pues pretenden que el actor busque el reconocimiento de su derecho \u00a0por v\u00eda administrativa, desconociendo que no cuenta con los \u00a0recursos para ello. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2.5. \u00a0Por \u00faltimo coment\u00f3 que solicit\u00f3 su \u00a0desvinculaci\u00f3n por sus graves quebrantos de su salud, que le \u00a0impiden llevar una vida normal y permanecer activo en el servicio; \u00a0tambi\u00e9n dijo que despu\u00e9s del retiro solo lo est\u00e1n \u00a0 atendiendo por las patolog\u00edas que determin\u00f3 la junta \u00a0m\u00e9dica de retiro, desconociendo sus derechos despu\u00e9s de \u00a0haber laborado por m\u00e1s de 20 a\u00f1os en la instituci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESPUESTAS \u00a0DE LOS \u00a0ACCIONADOS Y VINCULADOS \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Caja de Sueldos de Retiro de la Polic\u00eda Nacional \u00a0deprec\u00f3 la improcedencia del resguardo por cuanto el tutelante \u00a0no cumple con los requisitos especiales de la norma, establecidos \u00a0para el personal que ingresa al nivel ejecutivo de la Polic\u00eda \u00a0Nacional por incorporaci\u00f3n directa, pues su ingreso lo reg\u00edan \u00a0los decretos 1858 de 2012 y 4433 de 2004, donde dispone que el \u00a0personal que solicite ser retirado por voluntad propia, debe \u00a0acreditar 25 a\u00f1os de servicio, para poder obtener el beneficio \u00a0mensual de retiro. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0otra parte se evidencia que el accionante cuenta con la v\u00eda \u00a0administrativa para debatir el acto administrativo de retiro; por \u00a0\u00faltimo manifest\u00f3 que entre la desvinculaci\u00f3n y \u00a0la presente acci\u00f3n de tutela han trascurrido m\u00e1s de 8 \u00a0meses por lo que no se cumple con el requisito de la inmediatez. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LA SENTENCIA \u00a0IMPUGNADA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala Civil-Familia \u00a0del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla desestim\u00f3 \u00a0la protecci\u00f3n invocada, con fundamento en que dada la \u00a0naturaleza subsidiaria y residual de la acci\u00f3n de tutela, el \u00a0presente amparo es improcedente, toda vez que no cumple con el \u00a0presupuesto de subsidiariedad por cuanto el quejoso tiene la \u00a0Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo para invocar las \u00a0inconformidades que por este medio aduce, asimismo no atendi\u00f3 \u00a0el presupuesto de la inmediatez por cuanto ya han trascurrido m\u00e1s \u00a0de 10 meses desde que se tom\u00f3 la decisi\u00f3n \u00a0administrativa de retiro y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n \u00a0constitucional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El accionante \u00a0impugn\u00f3 \u00a0el anterior fallo, sin hacer ninguna manifestaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0A \u00a0pesar que el peticionario el 14 de junio de 2016 dirigi\u00f3 el \u00a0reclamo constitucional contra la \u00a0Polic\u00eda Nacional y CASUR, \u00a0por la negativa al reconocimiento y pago de los tres meses de alta \u00a0por haber laborado por m\u00e1s de 20 a\u00f1os con la \u00a0instituci\u00f3n, se ordene la continuaci\u00f3n de sus \u00a0tratamientos m\u00e9dicos, lo cierto es que no existe una acusaci\u00f3n \u00a0concreta contra la Polic\u00eda Nacional, por lo que su vinculaci\u00f3n \u00a0al tr\u00e1mite es solo aparente; advirti\u00e9ndose que la queja \u00a0constitucional gira exclusivamente en torno a las decisiones \u00a0adoptadas por la caja accionada, entidad que se encuentra dotada de \u00a0personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y \u00a0patrimonio independiente (art. 1\u00b0 del Decreto-Ley 2342 de 1971), \u00a0y corresponde a una instituci\u00f3n del sector descentralizado por \u00a0servicios (art. 39 de la Ley 489 de 1998)1. \u00a0(CSJ \u00a0ATC, 14 jun., rad. 2012-00061-01). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Luego, es \u00a0innegable que se present\u00f3 la vinculaci\u00f3n aparente de la \u00a0instituci\u00f3n policial mencionada, situaci\u00f3n \u00a0frente a la cual esta Sala ha se\u00f1alado, insistentemente, que: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0no puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de \u00a0los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues \u00a0en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su \u00a0vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro \u00a0y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho \u00a0endilgado, es infundada su convocatoria. \u00a0(Criterio \u00a0reiterado, entre muchos otros, en CSJ ATC2187-2016, 15 abr., rad. \u00a02016-00011-01) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala \u00a0Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Barranquilla est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de \u00a0competencia, de acuerdo al art\u00edculo 16 del C\u00f3digo \u00a0General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n \u00a0del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. \u00a0<\/p>\n
Al respecto ha \u00a0se\u00f1alado esta Colegiatura que: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El fallo \u00a0dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal \u00a0efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de \u00a0la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, \u00a0constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna \u00a0insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal \u00a0factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso \u00a01\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo2, \u00a0por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 \u00a0obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la \u00a0cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de \u00a0tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 \u00a0de 1992.3 \u00a0(Criterio \u00a0expuesto en CSJ ATC1396-2016, reiterado, entre muchos otros, en \u00a0ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Por otro lado, \u00a0en \u00a0torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb \u00a0a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1382 de 2000, esta \u00a0Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) la \u00a0Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte \u00a0Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) \u00a0sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el \u00a0tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su \u00a0finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n \u00a0efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Empero, no \u00a0comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u00a0\u2018no \u00a0est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar \u00a0nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o \u00a0interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de \u00a02000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de \u00a0fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen \u00a0jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para \u00a0conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l \u00a0contenidas son meramente de reparto. En efecto, el Decreto 1382 de \u00a02000, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 \u00a0relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n \u00a0de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los \u00a0jueces competentes. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Pero tambi\u00e9n, \u00a0dispone directrices concretas para el conocimiento funcional de \u00a0determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018[l]o accionado \u00a0contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el \u00a0Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, \u00a0ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y se resolver\u00e1 \u00a0por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o Subsecci\u00f3n \u00a0que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el \u00a0art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, siendo \u00a0inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un amparo \u00a0en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que \u00a0eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones \u00a0de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n \u00a0proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos \u00a0a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o \u00a0legales privativas por otras autoridades. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por otra parte, \u00a0aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de \u00a0informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 \u00a0 indisociablemente [ligada] con el derecho fundamental del debido \u00a0proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la \u00a0administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la \u00a0jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de \u00a0tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma \u00a0no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el \u00a0pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se \u00a0relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al \u00a0debido proceso\u2019 (Auto 304 A \u00a0de 2007), \u2018el cual establece \u00a0que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al \u00a0acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con \u00a0observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 \u00a0(Auto \u00a0072 A de 2006, Corte Constitucional). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
An\u00e1logamente, \u00a0el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los \u00a0servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede \u00a0ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia \u00a0asigna el legislador y \u00a0los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, \u00a0por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n. En \u00a0id\u00e9ntico sentido, razones de trascendental significaci\u00f3n \u00a0inherentes a la autonom\u00eda e independencia de los jueces \u00a0(art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional) y su \u00a0sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, estar\u00edan \u00a0seriamente comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los \u00a0jueces, sean ordinarios, sean \u00a0constitucionales. \u00a0(CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En atenci\u00f3n \u00a0a lo expuesto la Corte declarar\u00e1 \u00a0la nulidad del fallo proferido por la Sala Civil-Familia del Tribunal \u00a0Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y ordenar\u00e1 \u00a0remitir el expediente a los Juzgados Civiles del Circuito de esa \u00a0ciudad (reparto) para que impriman al asunto el tr\u00e1mite \u00a0respectivo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por lo decantado, \u00a0la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Declarar \u00a0la nulidad del \u00a0fallo dictado el 30 de junio de 2016 por la Sala Civil-Familia del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en la \u00a0presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de lo \u00a0actuado, salvo aquella decisi\u00f3n, en los t\u00e9rminos del \u00a0inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del \u00a0Proceso. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0consecuencia, remitir \u00a0de inmediato el expediente al Juzgado \u00a0Civiles del Circuito de Barranquilla (reparto) \u00a0para que imprima al asunto el \u00a0tr\u00e1mite de rigor. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Comunicar lo \u00a0aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense \u00a0las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
Presidente de Sala \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
AROLDO WILSON \u00a0QUIROZ MONSALVO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ALONSO \u00a0RICO PUERTA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ver autos de 1\u00ba y 21 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0febrero, y 2 de marzo de 2012, exps. 76111-22-13-000-2011-00383-01, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a076111-22-13-000-2011-00411-01 y 11001-22-03-000-2012-00086-01. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00abART\u00cdCULO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a016. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0LA COMPETENCIA.\u00a0La \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0jurisdicci\u00f3n y la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0competencia por los factores \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0subjetivo y funcional \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0son improrrogables. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0subjetivo o funcional, lo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0proferido que ser\u00e1 nula, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0[Se subray\u00f3] \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ese aparte normativo fue incluido en el Art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0del Decreto Nro. 1069 de 2015 (Por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sector Justicia y del Derecho), \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0decreto\u00bb, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. \u00a0<\/p>\n
11 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 AROLDO WILSON \u00a0QUIROZ MONSALVO \u00a0 Magistrado \u00a0ponente \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 ATC6609-2016 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 08001-22-13-000-2016-00310-01 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1, D. \u00a0C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil diecis\u00e9is (2016). \u00a0 \u00a0\u00a0 Corresponder\u00eda \u00a0decidir \u00a0la \u00a0impugnaci\u00f3n formulada frente a la \u00a0sentencia de 30 de junio de 2016, proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-97051","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97051","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97051"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97051\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97051"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97051"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97051"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}