\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ALONSO \u00a0RICO PUERTA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ATC6621-2016 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 76001-22-21-000-2016-00105-01 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
(Aprobado en \u00a0sesi\u00f3n de veintiocho de septiembre de dos mil diecis\u00e9is) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil diecis\u00e9is \u00a0(2016). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Ser\u00eda del \u00a0caso decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 24 de \u00a0agosto de 2016 proferido por la Sala \u00a0Civil Especializada en Tierras del Tribunal Superior del Distrito \u00a0Judicial de Cali, \u00a0dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Myriam \u00a0Arias del Carpio quien \u00a0act\u00faa en su propio nombre, \u00a0contra \u00a0la \u00a0Procuradur\u00eda \u00a0Regional del Valle del Cauca. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
No obstante, \u00a0observa la Sala que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se \u00a0incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta parte determinante de \u00a0lo actuado e impide desatar este grado de conocimiento, tal cual \u00a0pasar\u00e1 a exponerse. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La \u00a0referida ciudadana, interpuso mecanismo de amparo pretendiendo la \u00a0protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, \u00a0presuntamente vulnerado por la autoridad demandada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0soporte de su denuncia \u00a0sostuvo que la Procuradur\u00eda Regional del Valle del Cauca no le \u00a0notific\u00f3 de la Resoluci\u00f3n de 18 de marzo de 2016, por \u00a0medio de la cual orden\u00f3 el archivo definitivo del proceso \u00a0disciplinario 2016-00105-00, que adelantaba contra quien fue su \u00a0subalterno, pesar de hab\u00e9rsele reconocido en dicho tr\u00e1mite \u00a0la condici\u00f3n de \u00abquejosa\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La Sala Civil \u00a0Especializada en Tierras del Tribunal Superior del Distrito Cali, \u00a0asumi\u00f3 el conocimiento del asunto y una vez surtido el \u00a0traslado a los interesados, lo resolvi\u00f3 mediante fallo \u00a0desestimatorio de 24 de agosto de 2016. La sentencia fue impugnada \u00a0por la demandante concedi\u00e9ndose el recurso ante esta \u00a0Corporaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0otro lado, la atribuci\u00f3n \u00a0de capacidad para conocer de la salvaguarda constitucional se \u00a0encuentra prevista en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 \u00a0(vertido \u00a0en el canon 2.2.3.1.2.1. \u00a0del Decreto 1069 de 2015), \u00a0pero solo se ocup\u00f3 de lo relacionado con la preventiva y \u00a0territorial, de ah\u00ed que el Decreto 1382 de 2000 (Decreto \u00danico \u00a0Sector Justicia), introdujo el factor funcional para dicha materia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0fallo dictado por un juzgador carente de la prenombrada aptitud, en \u00a0nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, el C\u00f3digo \u00a0General del Proceso, aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n \u00a0de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto \u00a0306 de 1992, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, \u00a0que se torna insubsanable, pues la idoneidad por tal factor es \u00a0\u00abimprorrogable\u00bb, \u00a0tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del \u00a0referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta \u00a0esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El proceder \u00a0anunciado en el p\u00e1rrafo que precede, deber\u00e1 observarse \u00a0en el presente caso por las razones que pasan a explicarse. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En el asunto \u00a0que se examina, la \u00a0quejosa dirige su tutela frente a la Procuradur\u00eda Regional del \u00a0Valle del Cauca, por la presunta vulneraci\u00f3n de su derecho al \u00a0debido proceso, con ocasi\u00f3n de la investigaci\u00f3n \u00a0disciplinaria que adelantaba dicho \u00f3rgano contra un empleado \u00a0del despacho judicial que ella lidera, pues considera que en el mismo \u00a0se ha incurrido en distintas irregularidades, entre estas, la omisi\u00f3n \u00a0de enterarla de la orden de archivo de tal tr\u00e1mite. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora, \u00a0conforme a lo previsto el art\u00edculo primero del Decreto 1382 de \u00a02000 (vertido \u00a0en el canon 2.2.3.1.2.1. \u00a0del Decreto 1069 de 2015), \u00a0el conocimiento de las tutelas que se dirigen contra \u00abcualquier \u00a0organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del \u00a0orden nacional o autoridad p\u00fablica del orden departamental\u201d, \u00a0como lo es la Procuradur\u00eda Regional, corresponde por reparto, \u00a0en primera instancia, a los jueces del circuito. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0modo tal, \u00a0que para el caso concreto, como la autoridad que presuntamente \u00a0quebrant\u00f3 las garant\u00edas superiores de la reclamante, \u00a0fue la Procuradur\u00eda Regional del Valle del Cauca, la \u00a0competencia para conocer la presente acci\u00f3n radica en los \u00a0se\u00f1ores jueces del circuito de Cali o con categor\u00eda de \u00a0tales y no en el Tribunal Superior de esa misma ciudad, pues se trata \u00a0de una autoridad p\u00fablica del orden departamental, como as\u00ed \u00a0lo ha explicado la Sala en otras oportunidades, lo que al tiempo \u00a0supone que la Corte tampoco est\u00e1 facultada legalmente para \u00a0conocer la controversia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0un asunto de similares contornos, esta Colegiatura precis\u00f3 \u00a0que: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00abLa \u00a0presente acci\u00f3n constitucional se dirige contra las \u00a0Procuradur\u00edas \u00a0Regional de Bol\u00edvar y Provisional de Cartagena con ocasi\u00f3n \u00a0del juicio disciplinario seguido en contra del accionante (\u2026). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, la \u00a0primera de las autoridades nombradas se asimila a un organismo \u00a0departamental, dado el territorio donde ejerce sus funciones y el \u00a0nivel que le asign\u00f3 los art\u00edculos 2 y 75 del Decreto \u00a0262 de 2000, por el cual se modific\u00f3 la estructura y \u00a0organizaci\u00f3n de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Al \u00a0respecto, en un asunto similar la Sala consider\u00f3 que: \u00abLa \u00a0solicitud constitucional fue dirigida contra la Procuradur\u00eda \u00a0Regional del Valle (\u2026) Sin embargo, la Sala \u00a0de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali \u00a0carec\u00eda de competencia para asumir el conocimiento de la \u00a0demanda de tutela conforme al inciso 2\u00ba del numeral 1\u00ba del \u00a0art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1382 de 2000, en tanto la \u00a0autoridad accionada s\u00f3lo tiene competencia en su \u00a0\u201ccircunscripci\u00f3n \u00a0territorial\u201d, \u00a0de acuerdo con el art\u00edculo 75 del Decreto 262 de 2000 (por el \u00a0cual \u00a0se modifica la estructura y la organizaci\u00f3n de la Procuradur\u00eda \u00a0General de la Naci\u00f3n) (\u2026). \u00a0En \u00a0ese contexto, la Sala ha precisado que \u00a0\u201clas Procuradur\u00edas Regionales se asimilan a una \u00a0autoridad p\u00fablica del orden departamental, pues su \u00e1mbito \u00a0de acci\u00f3n es su respectiva circunscripci\u00f3n territorial\u00bb \u00a0(CSJ. \u00a0ATC \u00a0de \u00a030 de noviembre de 2011, exp. \u00a000129-01; \u00a0reiterado en ATC1391-2016, \u00a010 mar 2016, rad. \u00a000300-01). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Luego, \u00a0en tales condiciones, se configura \u00a0la nulidad por falta de competencia prevista en el numeral 1 del \u00a0art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso vigente \u00a0desde el 1\u00ba de enero de 2016, la cual, por ser funcional, de \u00a0conformidad con el 138 \u00eddem, \u00a0implica \u00a0que \u00ab(\u2026) \u00a0lo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 \u00a0de inmediato al juez competente; pero \u00a0si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb \u00a0(se \u00a0destaca). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed las \u00a0cosas, y en cumplimiento del inciso final de la segunda disposici\u00f3n, \u00a0que ordena que \u00a0\u00ab[e]l \u00a0auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que \u00a0debe renovarse\u00bb, \u00a0la \u00a0Sala precisa que \u00fanicamente dejar\u00e1 sin efecto el fallo \u00a0de origen, por lo que el funcionario que conforme a la ley se estima \u00a0habilitado para ese fin deber\u00e1 dictar uno nuevo que defina la \u00a0primera instancia, sin perjuicio de lo que estime necesario \u00a0complementar (vr. g. practicar otras pruebas o notificaciones \u00a0omitidas). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En cuanto a \u00a0la facultad para decretar \u00abnulidades\u00bb \u00a0a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1382 de 2000, \u00a0esta Corte se\u00f1al\u00f3 que: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00ab(\u2026) \u00a0hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte \u00a0Constitucional\u2026 sobre la imperiosa necesidad de evitar la \u00a0dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para \u00a0garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la \u00a0protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales\u2026 \u00a0Empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u2018no \u00a0est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar \u00a0nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o \u00a0interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de \u00a02000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de \u00a0fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen \u00a0jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para \u00a0conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l \u00a0contenidas son meramente de reparto\u2019\u2026 En efecto, el \u00a0Decreto 1382 de 2000, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto \u00a02591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n \u00a0de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los \u00a0jueces competentes. Pero tambi\u00e9n, dispone directrices \u00a0concretas para el conocimiento;\u2026Por otra parte, aunque el \u00a0tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, \u00a0sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 \u00a0indisociablemente referida al derecho fundamental del debido \u00a0proceso\u2026, el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n \u00a0de justicia\u00bb (CSJ \u00a0ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, ratificado en ATC1194 3 mar. 2016, \u00a0rad. 00014-01 y, ATC3603-2016, 9 jun. rad. 00045-01). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por lo expuesto, \u00a0la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
PRIMERO. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Declarar \u00a0la falta de competencia funcional de la Sala \u00a0Civil Especializada en Tierras del Tribunal Superior del Distrito \u00a0Judicial de Cali, para conocer en primera instancia de la presente \u00a0acci\u00f3n de tutela. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
SEGUNDO. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Decretar \u00a0la nulidad de la sentencia proferida el d\u00eda 24 \u00a0de agosto de 2016 por la prenombrada Corporaci\u00f3n, sin \u00a0perjuicio de la validez de todo lo actuado hasta \u00a0antes de aquella decisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
TERCERO. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ordenar \u00a0la remisi\u00f3n del expediente a los Jueces con categor\u00eda \u00a0Circuito de Cali (Reparto), para \u00a0que asuma en primera instancia el conocimiento del resguardo y \u00a0reanude la actuaci\u00f3n \u00a0conforme lo anotado en la parte motiva de esta providencia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CUARTO. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ent\u00e9rese \u00a0de lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y \u00a0l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
Presidente de Sala \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
AROLDO WILSON \u00a0QUIROZ MONSALVO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ALONSO \u00a0RICO PUERTA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 LUIS ALONSO \u00a0RICO PUERTA \u00a0 Magistrado \u00a0Ponente \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 ATC6621-2016 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 76001-22-21-000-2016-00105-01 \u00a0 \u00a0\u00a0 (Aprobado en \u00a0sesi\u00f3n de veintiocho de septiembre de dos mil diecis\u00e9is) \u00a0 \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1 \u00a0D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil diecis\u00e9is \u00a0(2016). \u00a0 \u00a0\u00a0 Ser\u00eda del \u00a0caso decidir la impugnaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-97054","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97054","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97054"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97054\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97054"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97054"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97054"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}