{"id":97061,"date":"2025-10-14T22:31:53","date_gmt":"2025-10-14T22:31:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/10\/14\/atc6750-2016\/"},"modified":"2025-10-14T22:31:53","modified_gmt":"2025-10-14T22:31:53","slug":"atc6750-2016","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/10\/14\/atc6750-2016\/","title":{"rendered":"ATC6750-2016"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>ATC6750-2016 \u00a0<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 18001-22-08-000-2016-00180-01 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Bogot\u00e1, \u00a0D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil diecis\u00e9is (2016). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Corresponder\u00eda \u00a0a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo \u00a0proferido el 1\u00ba \u00a0de septiembre de 2016 por la Sala \u00a0\u00danica \u00a0del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, \u00a0dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Heber \u00a0Mej\u00eda Mart\u00ednez contra \u00a0el Ministerio de \u00a0Vivienda, Ciudad y Territorio, \u00a0si no fuera porque \u00a0se incurri\u00f3 en la causal de nulidad prevista en el numeral 8\u00ba \u00a0del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, en \u00a0consonancia con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992, \u00a0que afecta la actuaci\u00f3n cumplida hasta este momento, como pasa \u00a0a verse: \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Revisado \u00a0el tr\u00e1mite de la primera instancia, se observa que el Fondo \u00a0Nacional de Vivienda \u00a0&#8211; Fonvivienda, no \u00a0fue notificado del inicio de esta acci\u00f3n p\u00fablica a fin \u00a0de que pudiera ejercer sus derechos de defensa y contradicci\u00f3n, \u00a0a pesar de que la decisi\u00f3n a emitirse en el presente asunto \u00a0podr\u00eda llegar a producir efectos respecto de aquel. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Lo \u00a0anterior, por cuanto el gestor del amparo, pretende a trav\u00e9s \u00a0del presente mecanismo \u00abobtener \u00a0una vivienda digna o que [lo] \u00a0incluyan en algunos de los programas\u00bb \u00a0(fl. 2, cdno. 1) \u00a0y precisamente en virtud del art\u00edculo 3\u00ba del Decreto No. \u00a0555 de 2003, es la citada entidad la encarga de coordinar, otorgar y \u00a0asignar todo lo relacionado con los subsidios y accesos a la vivienda \u00a0de inter\u00e9s social bajo las diferentes modalidades; as\u00ed \u00a0las cosas observa la Corte que la determinaci\u00f3n que se tome en \u00a0esta instancia, puede afectar los derechos de precitada dependencia. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Al \u00a0respecto, la jurisprudencia constitucional ha sido clara en se\u00f1alar \u00a0que es forzosa, y no meramente opcional, la integraci\u00f3n del \u00a0contradictorio con la persona que est\u00e1 llamada a responder por \u00a0el derecho fundamental invocado, lo cual redunda, en beneficio de los \u00a0interesados, dado que evita la presentaci\u00f3n de varias \u00a0solicitudes de amparo y garantiza una debida administraci\u00f3n de \u00a0justicia. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Sobre \u00a0lo apuntado, la Corte Constitucional en auto 055\/97 de 11 de \u00a0diciembre de 1997 indic\u00f3 que: \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00abLa \u00a0integraci\u00f3n del contradictorio igualmente opera en el r\u00e9gimen \u00a0procesal de la acci\u00f3n de tutela, de suerte que el juez del \u00a0conocimiento debe integrar el contradictorio cuando descubra que no \u00a0se encuentran reunidos los sujetos que deban constituir cualquiera de \u00a0las partes, y especialmente los organismos y autoridades contra los \u00a0cuales se adelanta la acci\u00f3n, pero no admite la soluci\u00f3n \u00a0del proceso civil, seg\u00fan el cual una falta de legitimaci\u00f3n \u00a0para obrar conduce fatalmente a un fallo inhibitorio. En efecto, el \u00a0par\u00e1grafo \u00fanico del art\u00edculo 29 del decreto \u00a02591\/91, establece de manera terminante que \u2018el contenido del \u00a0fallo no podr\u00e1 ser inhibitorio. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>La \u00a0raz\u00f3n de la prohibici\u00f3n de los fallos inhibitorios es \u00a0la respuesta consecuente con los objetivos de la acci\u00f3n de \u00a0tutela, que busca proteger pronta y eficazmente, mediante un proceso \u00a0sumario de tr\u00e1mite preferencial, los derechos fundamentales \u00a0vulnerados o amenazados en su ejercicio por las autoridades p\u00fablicas \u00a0y, eventualmente, por los particulares. Todo lo que dilate la \u00a0actuaci\u00f3n, dificulte la defensa o impida un pronunciamiento \u00a0sobre las pretensiones de los peticionarios, contraviene el esp\u00edritu \u00a0del Constituyente y la voluntad del legislador, para quienes la \u00a0eficacia de los objetivos prima sobre la ritualidad de los \u00a0procedimientos. Con la acci\u00f3n de tutela se busc\u00f3 crear \u00a0un instrumento audaz y de eficacia inmediata, para proteger los \u00a0derechos fundamentales de las personas. Un fallo inhibitorio, deja de \u00a0lado la decisi\u00f3n del conflicto que afecta o amenaza un derecho \u00a0fundamental, desconoce el principio de la efectividad de los \u00a0derechos, el derecho de acceso a la justicia y hace nugatoria la \u00a0tutela como mecanismo efectivo de protecci\u00f3n de dichos \u00a0derechos. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>As\u00ed, \u00a0entonces, no siendo posible una decisi\u00f3n inhibitoria por el \u00a0juez de tutela, \u00e9ste debe decidir de fondo haciendo uso de los \u00a0elementos de juicio de que se dispone en el proceso, teniendo en \u00a0cuenta que la actuaci\u00f3n procesal debe ajustarse a los \u00a0principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, \u00a0econom\u00eda, celeridad y eficacia (D. 2591\/91, art. 3\u00b0) y que \u00a0su misi\u00f3n, ante cualquier otra alternativa, es la de proteger \u00a0el derecho fundamental \u00a0amenazado o desconocido. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>No \u00a0cabe duda entonces, dadas las caracter\u00edsticas especiales del \u00a0proceso de tutela, que si de la situaci\u00f3n de hecho acreditada \u00a0en el informativo se deduce realmente la violaci\u00f3n de un \u00a0derecho fundamental, pero no se ha constituido adecuadamente el \u00a0litisconsorcio pasivo, puede el ad-quem e incluso la Corte cuando \u00a0hace uso de la potestad de revisi\u00f3n de los fallos de \u00a0instancia, revocar la decisi\u00f3n o decisiones sometidas a su \u00a0examen y ordenar al juez de primera instancia la integraci\u00f3n \u00a0del contradictorio para configurar la legitimaci\u00f3n en la causa \u00a0de la parte demandada. La adopci\u00f3n de esta conducta se adecua \u00a0y armoniza con el postulado legal de que en el proceso de tutela no \u00a0pueden expedirse fallos inhibitorios, pero cabr\u00eda se\u00f1alar \u00a0que mientras no se vincule debidamente a la parte demandada no es \u00a0posible proferir sentencia de m\u00e9rito, estimatoria o \u00a0desestimatoria de las pretensiones de la demanda\u00bb \u00a0(citado, entre otras en, CSJ STC 26 jun. 2008, Rad. 00131-01; STC 1\u00ba \u00a0sep. 2008, Rad. 00250-01; y ATC1104-2014, ATC \u00a01452-2014). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>4. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La \u00a0circunstancia que viene de advertirse, como ya se dijo, genera la \u00a0nulidad de todo lo actuado a partir del momento en que, admitida la \u00a0acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse la mencionada notificaci\u00f3n, \u00a0toda vez que se impidi\u00f3 a la aludida entidad, intervenir en \u00a0este particular escenario, exponer sus argumentos y, de ser el caso, \u00a0aportar las pruebas que pretenda hacer valer. \u00a0<\/p>\n<p>5. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0consecuencia, se ordenar\u00e1 devolver el expediente a la Sala \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00danica del Tribunal Superior de Florencia, para que adelante \u00a0nuevamente la actuaci\u00f3n que por esta v\u00eda se invalida. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Con \u00a0fundamento en lo expuesto, el suscrito Magistrado la Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Civil de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0RESUELVE: \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Declarar \u00a0la nulidad de todo lo actuado en la tutela arriba referida, a partir \u00a0del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 \u00a0producirse la notificaci\u00f3n al Fondo Nacional de Vivienda &#8211; \u00a0Fonvivienda; sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas en \u00a0los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del \u00a0C\u00f3digo General del Proceso. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Devu\u00e9lvase \u00a0el expediente a la Sala \u00danica del Tribunal Superior de \u00a0Florencia para que se reponga la actuaci\u00f3n, de conformidad con \u00a0lo anotado en la parte motiva de esta providencia. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Comun\u00edquese \u00a0lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y \u00a0l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Notif\u00edquese \u00a0y c\u00famplase, \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n<p>Magistrado \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 ATC6750-2016 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 18001-22-08-000-2016-00180-01 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1, \u00a0D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil diecis\u00e9is (2016). \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Corresponder\u00eda \u00a0a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo \u00a0proferido el 1\u00ba \u00a0de septiembre de 2016 por la Sala \u00a0\u00danica \u00a0del Tribunal Superior [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-97061","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97061","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97061"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97061\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97061"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97061"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97061"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}