{"id":97090,"date":"2025-10-14T22:31:58","date_gmt":"2025-10-14T22:31:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/10\/14\/atc6924-2016\/"},"modified":"2025-10-14T22:31:58","modified_gmt":"2025-10-14T22:31:58","slug":"atc6924-2016","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/10\/14\/atc6924-2016\/","title":{"rendered":"ATC6924-2016"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>ARIEL \u00a0SALAZAR RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n<p>Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n<p>ATC6924-2016 \u00a0<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 \u00a076001-22-03-000-2016-00651-01 \u00a0<\/p>\n<p>(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de cinco de octubre de dos mil diecis\u00e9is) \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Bogot\u00e1, \u00a0D. C., once (11) de octubre de dos mil diecis\u00e9is (2016) \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>De \u00a0la revisi\u00f3n del expediente a efectos de resolver la \u00a0impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia proferida el primero \u00a0de septiembre de dos mil diecis\u00e9is por la Sala Civil del \u00a0Tribunal Superior de Cali, se advierte que se ha incurrido en un \u00a0vicio con alcance de nulidad insubsanable, el cual est\u00e1 \u00a0llamado a declararse. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>I. \u00a0ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0Flor Mar\u00eda Gonz\u00e1lez promovi\u00f3 proceso ejecutivo \u00a0singular contra el tutelante y otro, a fin de lograr el pago derivado \u00a0del contrato de arrendamiento suscrito entre ambos. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Doce \u00a0Civil Municipal de Cali, despacho que dict\u00f3 mandamiento de \u00a0pago el 22 de noviembre de 2012. En la misma fecha, se accedi\u00f3 \u00a0a las medidas cautelares solicitadas por la ejecutante. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0Notificados, los demandados, manifestaron su oposici\u00f3n a las \u00a0pretensiones de la demanda y propusieron excepciones previas. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>4. \u00a0El 11 de julio siguiente se abri\u00f3 a pruebas el proceso. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>5. \u00a0El 28 de octubre posterior, la pasiva present\u00f3 solicitud de \u00a0terminaci\u00f3n del proceso por pago total de la obligaci\u00f3n, \u00a0acompa\u00f1ada de la respectiva liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito \u00a0y el t\u00edtulo judicial \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>6. \u00a0Por auto del 24 de febrero de 2014, se desestim\u00f3 el pedimento, \u00a0con fundamento en que a\u00fan no se hab\u00eda emitido sentencia \u00a0en el asunto. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>7. \u00a0Por considerarla lesiva de sus garant\u00edas superiores, el \u00a0promotor del amparo, impetr\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra \u00a0aquella determinaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>8. \u00a0El Juzgado 8\u00ba Civil del Circuito de Oralidad de Cali, mediante \u00a0sentencia de 22 de abril de 2014, concedi\u00f3 la protecci\u00f3n \u00a0invocada, por encontrar \u00ab\u2026que \u00a0el Juzgado accionado omiti\u00f3 el deber de gesti\u00f3n, frente \u00a0a la obligaci\u00f3n de pronunciarse respecto de la liquidaci\u00f3n \u00a0del cr\u00e9dito presentado por el ejecutado, quien ostenta en la \u00a0presente acci\u00f3n la calidad de accionante, se\u00f1or \u00a0Guillermo Galindo Collazos; habi\u00e9ndose desatendido los \u00a0par\u00e1metros normativos procedimentales, contemplados en el \u00a0art\u00edculo 521 del c\u00f3digo de procedimiento civil\u2026\u00bb \u00a0(\u2026) \u00ab\u2026aunado a lo anterior, encuentra este \u00a0despacho judicial, que efectivamente, una vez se hallaba vencido el \u00a0t\u00e9rmino de traslado, la agencia judicial accionada, no \u00a0profiri\u00f3 pronunciamiento alguno, que indicara la aprobaci\u00f3n, \u00a0modificaci\u00f3n, alteraci\u00f3n o sustituci\u00f3n de la \u00a0liquidaci\u00f3n arrimada por el actor y que en raz\u00f3n de que \u00a0no se objet\u00f3 la misma por la parte ejecutante, deven\u00eda \u00a0imperativo la correspondiente manifestaci\u00f3n procesal&#8230;\u00bb \u00a0(\u2026) \u00ab\u2026advierte adem\u00e1s este despacho, que \u00a0de manera parad\u00f3jica, habi\u00e9ndose arrimado al \u00a0expediente, escrito presentado directamente por la se\u00f1ora FLOR \u00a0MARINA GONZ\u00c1LEZ CARMONA, en calidad de administradora, \u00a0arrendataria y representante legal del inmueble arrendado, quien por \u00a0dem\u00e1s, no ostenta la calidad de abogada, a trav\u00e9s del \u00a0cual \u201cCertificaba\u201d una serie de valores adeudados, \u00e9ste \u00a0documento no goza de la calidad de una liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito, \u00a0por lo cual resulta inadecuado que se le haya corrido traslado a las \u00a0partes (\u2026) haci\u00e9ndose referencia adem\u00e1s, en la \u00a0providencia de fecha 14 de febrero de 2014, de una revocatoria al \u00a0poder otorgado por la actora, sin que se observe tal intenci\u00f3n \u00a0dentro del expediente.\u00bb \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>9. \u00a0La anterior decisi\u00f3n fue ratificada por el Tribunal Superior \u00a0de Cali, en providencia del 30 de mayo de 2014, tras haber sido \u00a0impugnada por el juzgador tutelado. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>10. \u00a0El 13 de junio de 2014, el juez de la causa desestim\u00f3 la \u00a0recusaci\u00f3n que le planteara el tutelante. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>11. \u00a0El 27 de julio de 2015, se dispuso cumplir lo resuelto por el Juzgado \u00a04\u00ba Civil del Circuito, que confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n \u00a0adoptada frente a la recusaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>12. \u00a0El peticionario considera que se vulneraron los derechos \u00a0fundamentales invocados con ocasi\u00f3n de las determinaciones \u00a0mediante las cuales se declar\u00f3 infundada la recusaci\u00f3n \u00a0que formul\u00f3, pues, en su sentir, es evidente la enemistad \u00a0grave y la animadversi\u00f3n que existe entre \u00e9l y el \u00a0funcionario que preside el juzgado que adelanta la ejecuci\u00f3n \u00a0en su contra, no s\u00f3lo porque \u00e9l present\u00f3 \u00a0denuncia penal contra aqu\u00e9l, sino porque \u00e9ste le \u00a0compuls\u00f3 copias disciplinarias, se niega a remitir el \u00a0expediente al Juzgado 2\u00ba Civil Municipal de Cali, tal como lo \u00a0dispuso el Consejo Seccional de la Judicatura y ha desobedecido, sin \u00a0raz\u00f3n jur\u00eddica alguna, la orden de amparo dictada en el \u00a0a\u00f1o 2014 por el Juzgado 8\u00ba Civil del Circuito y el \u00a0Tribunal Superior de Cali, a su favor. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>13. El 22 de agosto de 2016 el \u00a0Tribunal Superior de Cali admiti\u00f3 la queja y dispuso la \u00a0notificaci\u00f3n del accionado y dem\u00e1s interesados para que \u00a0ejercieran su derecho de contradicci\u00f3n y defensa. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>14. Mediante sentencia de 1\u00ba \u00a0de septiembre de 2016, el A quo constitucional declar\u00f3 \u00a0improcedente la solicitud de resguardo, por hallar razonable la \u00a0determinaci\u00f3n adoptada por la sede judicial demandada, de cara \u00a0a la recusaci\u00f3n que \u00e9l propuso contra el juez que \u00a0conoce la ejecuci\u00f3n, pues las desavenencias advertidas entre \u00a0el tutelante y el funcionario recusado, se originaron en el proceso \u00a0dentro del cual se propuso. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>15. Inconforme, el promotor de \u00a0la queja impugn\u00f3 la sentencia, circunstancia que determin\u00f3 \u00a0la remisi\u00f3n de las diligencias a esta Corporaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>II. \u00a0CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0Si bien la tutela se caracteriza por ser un mecanismo breve y \u00a0sumario, no es ajena a las reglas del debido proceso, dentro de las \u00a0cuales se prev\u00e9 la perentoria obligaci\u00f3n de notificar \u00a0las providencias proferidas a las partes o intervinientes, seg\u00fan \u00a0lo disponen el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 y el \u00a0art\u00edculo 5\u00ba del Decreto 306 de 1992. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Dentro \u00a0de los sujetos a los que se deben comunicar las decisiones adoptadas \u00a0en el tr\u00e1mite constitucional, se comprenden los terceros \u00a0determinados o determinables que pueden recibir provecho o perjuicio \u00a0de las resultas de la acci\u00f3n, a los que es imperativo enterar \u00a0del inicio del tr\u00e1mite, con el fin de que tengan la \u00a0oportunidad de ejercer el derecho de defensa, tal como lo autoriza el \u00a0art\u00edculo 13 del decreto que sirve de marco a la regulaci\u00f3n \u00a0del recurso excepcional de amparo. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>La \u00a0citada norma precept\u00faa que la persona que \u00abtuviere \u00a0un inter\u00e9s leg\u00edtimo en el resultado del proceso podr\u00e1 \u00a0intervenir en \u00e9l como coadyuvante del actor o de la persona o \u00a0autoridad p\u00fablica contra quien se hubiere hecho la solicitud\u00bb. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>El \u00a0criterio que se expone ha sido reiterado por la Corte, pues est\u00e1 \u00a0involucrada la efectividad material de las garant\u00edas de \u00a0contradicci\u00f3n y debido proceso de quienes pueden recibir \u00a0afectaci\u00f3n al proveer sobre la petici\u00f3n de tutela.1 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0En este asunto, el accionante \u00a0cuestiona que el juzgado tutelado se negara a aceptar la recusaci\u00f3n \u00a0que plante\u00f3 contra el titular del despacho que conoce el \u00a0juicio ejecutivo promovido por Flor Mar\u00eda Gonz\u00e1lez en \u00a0su contra, cuando de los acontecimientos surgidos en desarrollo de \u00a0ese tr\u00e1mite y del proceso disciplinario que se le sigui\u00f3, \u00a0se desprende con claridad la animadversi\u00f3n del juez recusado \u00a0hacia \u00e9l. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>De \u00a0lo anterior, emerge con claridad que la queja constitucional extiende \u00a0sus efectos a la actuaci\u00f3n adelantada por el juez de desacato \u00a0en orden a lograr el cumplimiento del amparo concedido al actor, por \u00a0lo que se impon\u00eda la vinculaci\u00f3n de la citada autoridad \u00a0a este tr\u00e1mite. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>As\u00ed \u00a0las cosas, de encontrarse, como lo asegura el libelista, que la orden \u00a0de tutela dictada a su favor por protuberantes irregularidades en el \u00a0juicio ejecutivo que cursa en su contra, no ha sido obedecida y que \u00a0el juzgado encargado de hacerla cumplir no ha adelantado la actuaci\u00f3n \u00a0correspondiente para ello, deber\u00e1 adoptarse la respectiva \u00a0determinaci\u00f3n que eventualmente podr\u00eda afectar al Juez \u00a08\u00ba Civil del Circuito de Cali, en su condici\u00f3n de \u00a0fallador de esa queja. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Lo \u00a0anterior, porque, si bien el tutelante dirige su reclamo contra la \u00a0decisi\u00f3n emitida en relaci\u00f3n con su recusaci\u00f3n, \u00a0la Sala no puede pasar desapercibido que el origen de sus \u00a0inconformidades tiene lugar en el irregular tr\u00e1mite que, en su \u00a0sentir, se le ha dado al proceso ejecutivo donde es demandado, entre \u00a0otras cosas, porque, asegura, no se ha dado cumplimiento a la orden \u00a0de tutela que en otra oportunidad se emiti\u00f3 a su favor. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0En las condiciones rese\u00f1adas, no era posible emitir el fallo \u00a0que definiera el asunto, dado que no se garantiz\u00f3 el derecho \u00a0al debido proceso de la mencionada autoridad. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Impone \u00a0lo anterior, declarar la nulidad de lo actuado a partir del auto que \u00a0admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, a fin de que en la primera \u00a0instancia se efect\u00fae la vinculaci\u00f3n omitida, dej\u00e1ndose \u00a0constancia de las gestiones que con ese prop\u00f3sito se realicen. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>III. \u00a0DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala \u00a0de Casaci\u00f3n Civil, \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>RESUELVE: \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>PRIMERO: \u00a0Declarar la nulidad de lo actuado en la presente acci\u00f3n de \u00a0tutela, a partir de la providencia que la admiti\u00f3 a tr\u00e1mite, \u00a0sin perjuicio de la validez de la notificaci\u00f3n realizada a las \u00a0autoridades accionadas y vinculadas y de las pruebas que se \u00a0recaudaron, acorde con lo previsto en el inciso 1\u00ba del art\u00edculo \u00a0146 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>SEGUNDO: \u00a0Devolver \u00a0el expediente a la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali para que \u00a0efect\u00fae la vinculaci\u00f3n omitida y renueve la actuaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>TERCERO: \u00a0Comunicar \u00a0lo aqu\u00ed resuelto a los interesados, a trav\u00e9s del medio \u00a0m\u00e1s expedito posible. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>C\u00famplase \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>ARIEL \u00a0SALAZAR RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Autos de tutela de 29 de mayo de 2008, exp.0079-01; 18 de septiembre \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de 2008, exp. 00167-01; 8 de julio de 2009, exp. 00048-01; 1\u00ba \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de noviembre de 2012, exp. 2012-00001-01. \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 ARIEL \u00a0SALAZAR RAM\u00cdREZ \u00a0 Magistrado \u00a0ponente \u00a0 ATC6924-2016 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 \u00a076001-22-03-000-2016-00651-01 \u00a0 (Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de cinco de octubre de dos mil diecis\u00e9is) \u00a0 \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1, \u00a0D. C., once (11) de octubre de dos mil diecis\u00e9is (2016) \u00a0 \u00a0\u00a0 De \u00a0la revisi\u00f3n del expediente a efectos de resolver la [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-97090","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97090","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97090"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97090\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97090"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97090"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97090"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}