\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ATC7106-2016 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba \u00a023001-22-14-000-2016-00493-01 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D. \u00a0C., diecinueve (19) de octubre de dos mil diecis\u00e9is (2016). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Ser\u00eda del \u00a0caso entrar a resolver el grado jurisdiccional de consulta frente a \u00a0la providencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito \u00a0Judicial de Monter\u00eda, Sala Civil Familia Laboral, el 29 de \u00a0septiembre de 2016, sino fuera porque se observa que en la \u00a0tramitaci\u00f3n surtida en la primera instancia se incurri\u00f3 \u00a0en causal de nulidad que afect\u00f3 lo actuado, y debe ser \u00a0declarada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0Revisada la actuaci\u00f3n, observa este Despacho, que el \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, Sala \u00a0Civil Familia Laboral \u00a0en sentencia constitucional de 7 de julio de 2016, \u00a0concedi\u00f3 \u00a0el amparo impetrado por Edwin David Ozuna Bola\u00f1os contra el \u00a0Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Fondo Nacional de \u00a0Vivienda, la Gobernaci\u00f3n de C\u00f3rdoba y la Caja de \u00a0Compensaci\u00f3n Familiar de C\u00f3rdoba y orden\u00f3 \u00abal \u00a0Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a trav\u00e9s de la \u00a0Ministra Elsa \u00a0Noguera de la Espriella \u00a0o quien haga sus veces que, en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de \u00a0diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta \u00a0providencia, proceda a realizar las actuaciones necesarias para que \u00a0se prorrogue el subsidio otorgado al se\u00f1or Edwin David Ozuna \u00a0Bola\u00f1os, a trav\u00e9s de Resoluci\u00f3n No. 950 de 22 de \u00a0noviembre de 2011\u00bb \u00a0(fls. \u00a04 a 12, cd. 1). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0El 20 de \u00a0septiembre de 2016 el se\u00f1or Ozuna \u00a0Bola\u00f1os, radic\u00f3 \u00a0escrito en el que solicit\u00f3 \u00a0ordenarle al \u00a0Ministerio \u00a0de Vivienda, Ciudad y Territorio \u00a0dar \u00a0cumplimiento al fallo (fls. 1 y 2, \u00eddem), \u00a0lo que dio \u00a0lugar a que fuera admitido el incidente mediante auto de la misma \u00a0fecha en el que se \u00a0requiri\u00f3 al Presidente de la Rep\u00fablica, Doctor Juan \u00a0Manuel Santos, en condici\u00f3n de superior jer\u00e1rquico de \u00a0la Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Doctora Elsa Noguera de \u00a0la Espriella, como destinataria de la orden, para que, hiciera \u00a0cumplir el fallo y otorg\u00f3 a la Ministra el t\u00e9rmino de \u00a0dos (2) d\u00edas, para que se pronunciara sobre la inconformidad \u00a0del incidentante y ejerciera su derecho a la defensa. De igual \u00a0manera, orden\u00f3 vincular al tr\u00e1mite incidental a \u00a0Fonvivienda. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Luego, \u00a0mediante providencia de 29 de septiembre de \u00a02016, resolvi\u00f3: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00abPRIMERO: \u00a0DECLARAR \u00a0que la Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Dra. Elsa Noguera \u00a0de la Espriella, incurri\u00f3 en desacato al fallo de tutela \u00a0proferido por esta Sala de Decisi\u00f3n el d\u00eda 07 de julio \u00a0de 2016, por las razones expuestas en la parte motiva. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
SEGUNDO: \u00a0SANCIONAR \u00a0Dra. Elsa Noguera de la Espriella, en su calidad de Ministra de \u00a0Vivienda, Ciudad y Territorio, con arresto de tres (3) d\u00edas y \u00a0multa de tres (3) Salarios M\u00ednimos Legales Mensuales Vigentes, \u00a0que deber\u00e1 consignar de su propio peculio dentro de los tres \u00a0(3) d\u00edas siguientes a la ejecutoria de esta decisi\u00f3n, \u00a0en el Banco Agrario de Colombia, cuenta n\u00famero 3-0070-000030-4 \u00a0-concepto multas y cauciones efectivas- a favor del Consejo Seccional \u00a0de la Judicatura. De no cancelarse oportunamente la multa impuesta, \u00a0se proceder\u00e1 a su cobro coactivo\u00bb. \u00a0(ff. \u00a028 a 33, cd. 1). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0La jurisprudencia \u00a0de esta Sala ha sostenido que el desacato: (\u2026) \u00a0supone una responsabilidad subjetiva del trasgresor, en la medida que \u00a0es imperativo apreciar, no solo el incumplimiento, sino, tambi\u00e9n, \u00a0las condiciones en las que \u00e9ste se produjo, vale decir, el \u00a0descuido o negligencia que le sean imputables, a trav\u00e9s de \u00a0juicios valorativos que den cuenta de su \u00e1nimo rebelde\u00bb \u00a0(CSJ ATC 14 sep. 2009. Rad. 01417-00.). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0La sanci\u00f3n, de acuerdo con la premisa que antecede, est\u00e1 \u00a0llamada a imponerse cuando el depositario de la tutela no cumple la \u00a0orden que se le imparte en la sentencia dentro del t\u00e9rmino \u00a0establecido. Empero, esa desatenci\u00f3n debe estar plenamente \u00a0demostrada, de forma tal que subjetivamente el sujeto destinatario de \u00a0la acci\u00f3n haya desobedecido por voluntad propia, incuria, \u00a0negligencia o por otra raz\u00f3n semejante. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En ese sentido, la \u00a0valoraci\u00f3n que se haga de la responsabilidad que pueda tener \u00a0quien est\u00e1 llamado a cumplir la tutela, de ninguna manera \u00a0puede ser de car\u00e1cter objetivo, sino que se precisa una \u00a0imputaci\u00f3n subjetiva por comportar consecuencias de \u00edndole \u00a0sancionatoria, y en raz\u00f3n de la eventual restricci\u00f3n de \u00a0su libertad; lo que supone, de modo ineludible, la identificaci\u00f3n \u00a0e individualizaci\u00f3n de la persona a la que se endilga la \u00a0inobservancia de la orden de amparo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Al respecto, la \u00a0Sala ha tenido oportunidad de precisar: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00abla \u00a0imposici\u00f3n de sanciones exige al juez de tutela, en aplicaci\u00f3n \u00a0del principio superior del debido proceso y los dem\u00e1s propios \u00a0de los asuntos sancionatorios, ser sumamente meticuloso en los \u00a0tr\u00e1mites e indagaciones tendientes a esclarecer la verdad de \u00a0los hechos del desacato, as\u00ed como la \u2018individualizaci\u00f3n\u2019 \u00a0y responsabilidad de la persona a quien concretamente se le achaca la \u00a0conducta antijur\u00eddica de la desobediencia de la orden por \u00e9l \u00a0dada\u00bb. (CSJ \u00a0ATC 20 abr. 1999, rad. 6212). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De todo lo \u00a0anterior, emerge que en el tr\u00e1mite incidental resulta \u00a0indispensable la vinculaci\u00f3n del sujeto que est\u00e1 \u00a0obligado a hacer efectivo el cumplimiento de la orden de tutela, pues \u00a0de otro modo no podr\u00eda garantizarse su derecho de \u00a0contradicci\u00f3n, e incluso tal persona debidamente \u00a0individualizada ha de coincidir con aquella que es destinataria de la \u00a0orden de protecci\u00f3n, a la cual se debi\u00f3 notificar la \u00a0sentencia dictada en sede de amparo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Seg\u00fan \u00a0lo previsto en el art\u00edculo 27 del Decreto 2591 de 1991, previo \u00a0a la apertura del incidente, debe mediar un requerimiento a efectos \u00a0de que el presunto trasgresor explique las razones por las que no se \u00a0ha acatado el mandato jurisdiccional y se informe cu\u00e1l es el \u00a0funcionario encargado de cumplir con la orden. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0el asunto materia de consulta, se advierte que, el \u00a0Tribunal adelant\u00f3 el tr\u00e1mite incidental sin agotar \u00a0dicho mecanismo, por lo que, termin\u00f3 adoptando una decisi\u00f3n \u00a0de car\u00e1cter sancionatorio que desconoce el procedimiento \u00a0establecido en el art\u00edculo 27 del Decreto 2591 de 1991, y de \u00a0paso, la garant\u00eda del debido proceso para la incidentada, lo \u00a0cual evidencia la incursi\u00f3n en un vicio procedimental que \u00a0afecta la actuaci\u00f3n, como lo ha reiterado esta Corporaci\u00f3n \u00a0en casos similares. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Igualmente, \u00a0y conforme al canon 52 del decreto mencionado, \u00a0la \u00a0sanci\u00f3n debe imponerse mediante tr\u00e1mite incidental, por \u00a0lo que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda \u00a0deb\u00eda acudir a las normas del estatuto procesal que regulan \u00a0los incidentes, es decir, el art\u00edculo 129 del C\u00f3digo \u00a0General del Proceso, el cual impone la necesidad de emitir un auto en \u00a0el que se decreten las pruebas pedidas por las partes y las que de \u00a0oficio se consideren pertinentes. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Acorde con lo \u00a0expuesto, resultaba \u00a0necesario, antes de la emisi\u00f3n de la providencia \u00a0sancionatoria, que la Corporaci\u00f3n de conocimiento se \u00a0pronunciara sobre la pertinencia, conducencia y relevancia de los \u00a0medios probatorios aducidos tanto por el promotor del tr\u00e1mite \u00a0como por la autoridad convocada. De no ser necesario el decreto de \u00a0pruebas, debi\u00f3 motivar la determinaci\u00f3n de relevarse \u00a0del decreto, lo que en este caso no sucedi\u00f3, por \u00a0lo que se incurri\u00f3 en el vicio de nulidad consagrado en el \u00a0numeral 5\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del \u00a0Proceso. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Por tales motivos, se \u00a0declarar\u00e1 la nulidad de lo actuado a partir del auto de 20 de \u00a0septiembre de 2016, inclusive, mediante el cual se dio inicio al \u00a0incidente de desacato, a fin de que se corrijan las irregularidades \u00a0advertidas por esta sede judicial. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Civil, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
PRIMERO: \u00a0DECLARAR \u00a0la nulidad de lo actuado dentro del incidente de desacato promovido \u00a0por Edwin \u00a0David Ozuna Bola\u00f1os, \u00a0a partir del auto de 20 de septiembre de 2016, inclusive. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
SEGUNDO: \u00a0Devolver \u00a0el expediente al Tribunal de origen para que renueve la tramitaci\u00f3n \u00a0invalidada, atendiendo lo expuesto en la parte motiva de esta \u00a0providencia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
TERCERO: \u00a0Notificar \u00a0esta decisi\u00f3n a todos los interesados por el medio m\u00e1s \u00a0expedito posible. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Notif\u00edquese \u00a0y C\u00famplase, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ALONSO \u00a0RICO PUERTA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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