\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Magistrado ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ATC7115-2016 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00ba \u00a011001-02-03-000-2016-01047-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de diecinueve de octubre de dos mil diecis\u00e9is) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., diecinueve (19) de octubre de dos mil diecis\u00e9is (2016). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Decide la Corte el \u00a0incidente de desacato formulado por Jessica \u00a0Lorena Rivero Sanabria y \u00c9dison Stick Vernaza Le\u00f3n \u00a0contra \u00a0la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0C\u00facuta, integrada por los magistrados Martha Isabel Garc\u00eda \u00a0Serrano, Jes\u00fas Hernando Lindarte Ortiz y Guillermo Ram\u00edrez \u00a0Due\u00f1as, dentro del tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de \u00a0tutela instaurada por los aqu\u00ed incidentantes respecto de la \u00a0mencionada autoridad judicial. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Los gestores impulsan \u00a0la presente actuaci\u00f3n porque, en su sentir, la Corporaci\u00f3n \u00a0atacada inobserv\u00f3 el fallo de 5 de mayo de 2016, mediante el \u00a0cual esta Sala les concedi\u00f3 el amparo reclamado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 Para \u00a0sustentar su reproche, aseveran que en la citada providencia se \u00a0protegieron sus derechos porque el accionado, en el \u00a0juicio ordinario de resoluci\u00f3n de contrato promovido por los \u00a0aqu\u00ed actores respecto del \u00a0Grupo Inmobiliario Paisaje Urbano S.A., revoc\u00f3 \u00a0parcialmente la sentencia del a \u00a0quo \u00a0por conceder, supuestamente, pretensiones no pedidas, pretiriendo que \u00a0las mismas s\u00ed fueron requeridas por los demandantes, ahora \u00a0tutelantes, en el escrito introductorio incoado dentro del pleito \u00a0materia del presente asunto. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Refieren que la \u00a0decisi\u00f3n de esta Corte le impuso a la Sala Civil Familia del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta emitir de \u00a0nuevo su determinaci\u00f3n con base en las consideraciones all\u00ed \u00a0esbozadas; no obstante, ese despacho se abstuvo de ejecutar la orden, \u00a0pues no dispuso \u201c(\u2026) la \u00a0devoluci\u00f3n del capital pagado, con los correspondientes \u00a0intereses \u00a0(\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. Piden, por \u00a0tanto, se acate el pronunciamiento de 5 de mayo de 2016 (fls. 2 al \u00a04). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Por \u00a0auto de 27 de septiembre de 2016, se puso en conocimiento de la \u00a0accionada la solicitud incidental y se le exhort\u00f3 para que \u00a0informara sobre el incumplimiento endilgado por los tutelantes (fl. \u00a012). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El \u00a0incidentado inform\u00f3 que dio curso a lo dispuesto por esta \u00a0Corte, allegando, en medio magn\u00e9tico, el contenido de la \u00a0sentencia adoptado por aqu\u00e9l el 16 de mayo de 2016 (fl. 19). \u00a0<\/p>\n
6. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Por \u00a0no existir pruebas que decretar, pues las obrantes son suficientes \u00a0para resolver, ni m\u00e1s tr\u00e1mites que surtir, procede la \u00a0Sala a decidir lo pertinente. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0La figura del desacato contemplada en el art\u00edculo 52 del \u00a0Decreto 2591 de 1991, fue erigida como un instrumento del cual \u00a0dispone el juez del conocimiento de la tutela para sancionar a quien \u00a0hace caso omiso de las \u00f3rdenes impartidas con el prop\u00f3sito \u00a0de hacer efectivos los derechos fundamentales de la persona que ha \u00a0reclamado su protecci\u00f3n constitucional; de no existir tal \u00a0herramienta la salvaguarda resultar\u00eda inocua ante la \u00a0imposibilidad de asegurar el cumplimiento de los mandatos dispuestos \u00a0para obtener la cesaci\u00f3n de la conducta origen de la \u00a0vulneraci\u00f3n o amenaza del precepto superior amparado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora, \u00a0como ha tenido oportunidad de precisarlo la Corte, para su \u00a0estructuraci\u00f3n es necesario \u201c(\u2026) que \u00a0exista un fallo de tutela, que, adem\u00e1s de haberse concedido, \u00a0se\u00f1ale en forma clara no solamente el derecho protegido o \u00a0tutelado, \u00a0sino tambi\u00e9n ‘la orden y \u00a0la \u00a0definici\u00f3n precisa de la conducta a cumplir con el fin de \u00a0hacer efectiva la tutela’, con la indicaci\u00f3n del plazo o \u00a0duraci\u00f3n \u00a0en que debe cumplirse (art. 29 Decreto 2591 de 1.991)\u201d1. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. El \u00a0presente caso se circunscribe a determinar si la \u00a0orden de amparo impartida por esta Sala en la sentencia de 5 \u00a0de mayo de 2016, \u00a0dentro del resguardo incoado por Jessica \u00a0Lorena Rivero Sanabria y \u00c9dison Stick Vernaza Le\u00f3n \u00a0contra \u00a0la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0C\u00facuta, con ocasi\u00f3n del juicio ordinario de resoluci\u00f3n \u00a0de contrato promovido por los aqu\u00ed actores respecto del \u00a0Grupo Inmobiliario Paisaje Urbano S.A., \u00a0fue inobservada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Mem\u00f3rese \u00a0que en dicho pronunciamiento se dispuso: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[D]ejar \u00a0sin efecto la sentencia de \u00a026 de enero de 2016 proferida \u00a0por esa Corporaci\u00f3n, a quien se ORDENA volver a emitir fallo \u00a0de segundo grado con \u00a0base en las consideraciones aqu\u00ed expuestas, \u00a0en el lapso de \u00a0cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir del momento en que \u00a0reciba el expediente materia de esta salvaguarda \u00a0(\u2026)\u201d (se resalta). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0par\u00e1metros referidos por la Corte en el mandato transcrito se \u00a0relacionaron, puntualmente, con la necesidad de zanjar, \u00a0exclusivamente, el \u00fanico motivo de reproche esgrimido por el \u00a0Grupo \u00a0Inmobiliario Paisaje Urbano S.A. en el recurso \u00a0de apelaci\u00f3n presentado contra \u00a0el \u00a0fallo del a \u00a0quo, \u00a0esto es, su inconformidad con la orden de pagarle intereses a los \u00a0demandantes producto del precio cancelado por \u00e9stos \u201c(\u2026) \u00a0con \u00a0ocasi\u00f3n de la promesa de compraventa (\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. La \u00a0jurisprudencia constitucional ha insistido que para \u00a0establecer si existi\u00f3 o no desacato a lo decidido por el juez \u00a0de tutela, es menester realizar una comparaci\u00f3n entre lo \u00a0resuelto en el fallo y la supuesta omisi\u00f3n endilgada al \u00a0destinatario de lo all\u00ed resuelto2. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De la revisi\u00f3n \u00a0de las pruebas allegadas se colige que la parte incidentada, una vez \u00a0conoci\u00f3 el precepto tutelar, procedi\u00f3 a emitir \u00a0sentencia de 16 de mayo de 2016 para dar cumplimiento a lo ordenado \u00a0por esta Corte. En esa decisi\u00f3n, el \u00a0citado Tribunal dispuso acatar el fallo de tutela referenciado, \u00a0indicando: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[E]ntrando \u00a0en materia y teniendo en cuenta que la parte recurrente, [esto es] la \u00a0sociedad demandada, limit\u00f3 la apelaci\u00f3n al se\u00f1alar \u00a0que el decreto de r\u00e9dito sobre el precio pagado (sic) le \u00a0resulta desfavorable a sus intereses, dado que considera que si la \u00a0parte actora tambi\u00e9n fue declarada como no cumplidora de lo \u00a0prometido en venta, no tiene derecho a que se le reconozca \u00a0indemnizaci\u00f3n mediante el pago de utilidades sobre este \u00a0dinero, por lo que para dilucidar tal inconformidad es necesario \u00a0[concluir] que le asiste raz\u00f3n al recurrente, porque quien \u00a0reclama la indemnizaci\u00f3n, o sea el contratante incumplido, la \u00a0jurisprudencia tiene dicho que \u2018a \u00e9ste no le asiste \u00a0legitimaci\u00f3n para exigirla en raz\u00f3n del referido \u00a0incumplimiento, pues ser\u00eda inequitativo que la parte cumplida \u00a0que deba restituir el dinero tenga que hacerlo con reajuste premiando \u00a0por lo tanto el comportamiento del incumplido, en tal supuesto, el \u00a0incumplido casualmente por su conducta debe asumir su consecuencia \u00a0(CSJ. Sala de Casaci\u00f3n Civil sept 21 de 1992, rad. 3457, M.P. \u00a0Eduardo Garc\u00eda Sarmiento)\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEn \u00a0este orden de ideas, le asiste raz\u00f3n al recurrente cuando pide \u00a0modificar el ordinal tercero del fallo apelado, en el sentido de no \u00a0reconocerles intereses a los demandantes sobre el valor pagado como \u00a0precio de lo prometido en venta, por cuanto ellos tambi\u00e9n \u00a0fueron declarados no cumplidores de dicho pacto y por ende, no les \u00a0asiste el derecho a pedir devoluci\u00f3n con reajuste monetario \u00a0(\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0As\u00ed \u00a0las cosas, no se encuentra en la actuaci\u00f3n de \u00a0la Colegiatura atacada \u00a0rebeld\u00eda alguna en orden a acatar el precepto tuitivo, \u00a0pues, como acaba de verse, fue \u00a0obedecido, \u00a0es \u00a0decir, \u00a0se realiz\u00f3 un pronunciamiento \u00a0suficiente \u00a0sobre \u00a0el \u00a0t\u00f3pico motivo de reclamo del apelante: retribuirle intereses \u00a0sobre lo pagado a los demandantes. \u00a0Por \u00a0tanto, independiente de prohijar o no lo resuelto, emerge claro que \u00a0la autoridad denunciada atendi\u00f3 lo decidido por esta Sala en \u00a0sede constitucional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ahora, \u00a0desde el punto de vista subjetivo no se observa que la intenci\u00f3n \u00a0de la acusada hubiese sido la de desobedecer el fallo de tutela, es \u00a0decir, su patente responsabilidad a t\u00edtulo de culpa o de dolo \u00a0en la falta endilgada, simplemente realiz\u00f3 lo que en su \u00a0criterio, era pertinente, lo cual, en \u00faltimas, no contravine \u00a0palmariamente, lo acotado en el providencia constitucional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
T\u00e9ngase en \u00a0cuenta que para sancionar, no s\u00f3lo deben mediar \u00a0comportamientos objetivos manifiestos debidamente probados sino \u00a0tambi\u00e9n los aspectos subjetivos en quien desacata la decisi\u00f3n \u00a0de tutela, pues no \u00a0puede generarse responsabilidad ni presumirse, ni \u00a0debe olvidarse, que la responsabilidad objetiva en materia \u00a0sancionatoria, no halla asiento en nuestro ordenamiento. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Sobre \u00a0ese tema, \u00a0ha considerado la Corte Constitucional: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0El \u00a0desacato es un ejercicio del poder disciplinario y por lo mismo la \u00a0responsabilidad de quien incurra en aquel es una responsabilidad \u00a0subjetiva. Es decir, que debe haber negligencia comprobada en la \u00a0persona para el incumplimiento del fallo, no pudiendo presumirse la \u00a0responsabilidad por el s\u00f3lo hecho del incumplimiento (\u2026)\u201d3. \u00a0<\/p>\n
El \u00a0desacato, consiste ante todo en aquella conducta contraria al \u00a0mandato \u00a0judicial \u00a0impartido \u00a0por el juez constitucional y fundada en la deliberada intenci\u00f3n \u00a0de protagonizarla, esto, porque siendo la legislaci\u00f3n que lo \u00a0regula eminentemente punitiva, debe interpretarse con criterio \u00a0restrictivo y determinada tanto por \u00a0la \u00a0tipicidad como por la culpabilidad del funcionario o particular \u00a0receptor de la orden. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Para \u00a0la Sala no se re\u00fanen a plenitud los presupuestos objetivos ni \u00a0subjetivos para imponer sanci\u00f3n alguna por desacato a la orden \u00a0constitucional de tutela. Al margen de la discrepancia conceptual que \u00a0pueda revestir para esta Corte el fallo de la Sala Civil Familia del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, ha de \u00a0observarse que el punto de su presunta desobediencia fue cumplido, al \u00a0ce\u00f1irse exclusivamente a resolver en la alzada, el t\u00f3pico \u00a0sobre el reconocimiento de intereses a los demandantes producto del \u00a0precio cancelado por \u00e9stos \u201c(\u2026) con \u00a0ocasi\u00f3n de la promesa de compraventa (\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Desde \u00a0esa perspectiva, \u00a0existiendo \u00a0evidencia del cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia de tutela \u00a0de 5 de mayo de 2016, se \u00a0torna inviable la imposici\u00f3n de las sanciones previstas en el \u00a0art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
PRIMERO: \u00a0DISPONER \u00a0que \u00a0no hay lugar a imponer la sanci\u00f3n estipulada en el art\u00edculo \u00a052 del Decreto 2591 de 1991, a \u00a0la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0C\u00facuta. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
SEGUNDO: \u00a0Notificar \u00a0lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, \u00a0a todos los interesados. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
Presidente de Sala \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
AROLDO WILSON \u00a0QUIROZ MONSALVO \u00a0<\/p>\n
Ausencia \u00a0justificada \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ALONSO \u00a0RICO PUERTA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ARMANDO TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Auto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de 31 de mayo de 1996. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CSJ. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Civil. Autos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de 13 de enero de 2000, rad. 8150; de 4 de junio de 2013, rad. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a07600122210002013-00013-01, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0entre otros. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0 Magistrado ponente \u00a0 \u00a0\u00a0 ATC7115-2016 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00ba \u00a011001-02-03-000-2016-01047-01 \u00a0 (Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de diecinueve de octubre de dos mil diecis\u00e9is) \u00a0 \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1, \u00a0D. C., diecinueve (19) de octubre de dos mil diecis\u00e9is (2016). \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 Decide la Corte el \u00a0incidente de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-97118","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97118","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97118"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97118\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97118"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97118"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97118"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}