\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ALONSO \u00a0RICO PUERTA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ATC7591-2016 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 68001-22-13-000-2016-00646-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de dos \u00a0de noviembre dos mil diecis\u00e9is) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., tres \u00a0(3) de noviembre de dos mil diecis\u00e9is (2016). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Corresponder\u00eda \u00a0a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo \u00a0proferido por la Sala \u00a0Civil Familia \u00a0del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Bucaramanga el \u00a028 de septiembre de 2016, en la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00a0Ernesto \u00a0Alfonso Delgado Rueda contra \u00a0la Alcald\u00eda \u00a0Municipal de la referida ciudad y \u00a0la \u00a0Direcci\u00f3n del Instituto Nacional Para Ciegos (INCI), \u00a0tr\u00e1mite \u00a0al que fueron vinculados \u00a0la \u00a0Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda de Bucaramanga, la Fundaci\u00f3n \u00a0Colombiana de Invidentes con Organizaci\u00f3n Laboral, la \u00a0Corporaci\u00f3n Nacional para el Desarrollo Integral de los \u00a0Discapacitados, el Club Deportivo de Limitados Visuales de \u00a0Bucaramanga y las Fundaciones Para el Desarrollo Laboral Crecer y \u00a0Nacional de Radiodifusores Ciegos, \u00a0si \u00a0no fuese porque se \u00a0advierte que el presente tr\u00e1mite se encuentra viciado de \u00a0nulidad, como pasa a verse. \u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El \u00a0solicitante \u00a0reclama directamente, la protecci\u00f3n de los derechos \u00a0fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n \u00a0de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas, \u00a0en raz\u00f3n a que no le notificaron personalmente la Resoluci\u00f3n \u00a020160200027773 del 8 de septiembre de 2016. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0soporte de su denuncia, sostuvo que \u00a0a trav\u00e9s del acto administrativo mencionado el INCI dio por \u00a0terminado el contrato de comodato 25 A de 2011, que ten\u00eda como \u00a0objeto la entrega por parte de esta de \u00abla \u00a0construcci\u00f3n sobre el lote de terreno ubicado en la calle 52 \u00a0No. 16-148, Barrio san Miguel de la ciudad de Bucaramanga e \u00a0identificado con n\u00famero de matr\u00edcula inmobiliaria \u00a0300-49808\u00bb, \u00a0sin embargo, de dicha decisi\u00f3n no se comunic\u00f3 \u00a0debidamente a cada uno de los contratantes, raz\u00f3n por la cual \u00a0es ineficaz. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Relata \u00a0que pese a la irregularidad se\u00f1alada la parte comodante \u00aben \u00a0claro abuso de autoridad, restringi[\u00f3] \u00a0la entrada al inmueble, cambi[\u00f3] \u00a0las guardas y se apoder[\u00f3] \u00a0de todos los enseres que all\u00ed se encontraban sin pararse en \u00a0miramientos\u00bb \u00a0(fl. 1 y 2, cd. 1). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La Sala Civil \u00a0Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, \u00a0asumi\u00f3 el conocimiento del mecanismo de amparo y una vez \u00a0surtido el traslado a los interesados, lo resolvi\u00f3 mediante \u00a0fallo desestimatorio de 28 de septiembre de 2016 (fls. 90 a 94, \u00a0ib\u00eddem). \u00a0La sentencia fue impugnada por el demandante concedi\u00e9ndose el \u00a0recurso ante esta Corporaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. No cabe duda \u00a0que la presente acci\u00f3n constitucional se dirige frente \u00a0al Instituto Nacional Para Ciegos, \u00a0pues si bien \u00a0el peticionario menciona igualmente a \u00a0la Alcald\u00eda Municipal de Bucaramanga, \u00a0lo cierto es, \u00a0que \u00a0no existe una acusaci\u00f3n contra esta, toda vez que no es \u00a0aquella, sino la primera \u00a0la \u00a0entidad que expidi\u00f3 la determinaci\u00f3n que presuntamente \u00a0fue publicitada de manera irregular. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Luego, \u00a0es innegable que se present\u00f3 una \u00a0vinculaci\u00f3n aparente de la autoridad territorial mencionada, \u00a0situaci\u00f3n \u00a0frente a la cual esta Sala ha se\u00f1alado, insistentemente, que: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00ab(\u2026) \u00a0no puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de \u00a0los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues \u00a0en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su \u00a0vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro \u00a0y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho \u00a0endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb \u00a0(Criterio reiterado, entre muchos otros, en \u00a0CSJ \u00a0ATC2187-2016, 15 abr. 2016, rad. 2016-00011-01). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0En \u00a0consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala \u00a0Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Bucaramanga, est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia \u00a0funcional, de acuerdo numeral \u00a01 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00a0aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del canon 4\u00b0 \u00a0del Decreto 306 de 1992, \u00a0la cual, de conformidad con el 138 \u00eddem, \u00a0implica \u00a0que \u00ab(\u2026) \u00a0lo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 \u00a0de inmediato al juez competente; pero \u00a0si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb \u00a0(se \u00a0destaca). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed las \u00a0cosas, y en cumplimiento del inciso final de la segunda disposici\u00f3n, \u00a0seg\u00fan el cual \u00ab[e]l \u00a0auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que \u00a0debe renovarse\u00bb, \u00a0la \u00a0Sala precisa que \u00fanicamente dejar\u00e1 sin efecto el fallo \u00a0proferido por el Tribunal Superior de Bucaramanga el 28 de septiembre \u00a0de 2016, de manera tal que el funcionario que conforme a la ley se \u00a0estima habilitado para ese fin deber\u00e1 dictar uno nuevo que \u00a0defina la primera instancia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. En cuanto a la \u00a0potestad para decretar nulidades, esta Corte se\u00f1al\u00f3 \u00a0que: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00ab(\u2026) \u00a0hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte \u00a0Constitucional\u2026 sobre la imperiosa necesidad de evitar la \u00a0dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para \u00a0garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la \u00a0protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales\u2026 \u00a0Empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u2018no \u00a0est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar \u00a0nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o \u00a0interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de \u00a02000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de \u00a0fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen \u00a0jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para \u00a0conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l \u00a0contenidas son meramente de reparto\u2019\u2026 En efecto, el \u00a0Decreto 1382 de 2000, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto \u00a02591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n \u00a0de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los \u00a0jueces competentes. Pero tambi\u00e9n, dispone directrices \u00a0concretas para el conocimiento;\u2026Por otra parte, aunque el \u00a0tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, \u00a0sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 \u00a0indisociablemente referida al derecho fundamental del debido \u00a0proceso\u2026, el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n \u00a0de justicia\u00bb (CSJ \u00a0ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, ratificado en ATC1194 3 mar. 2016, \u00a0rad. 00014-01 y, ATC3603-2016, 9 jun. rad. 00045-01). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ahora, \u00a0frente a la orden que ac\u00e1 se impartir\u00e1, se recuerda una \u00a0vez m\u00e1s lo que sobre el punto ha dicho esta Colegiatura: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00ab(\u2026) \u00a0no cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni \u00a0negativa de un juez de inferior categor\u00eda al superior, pues la \u00a0historia jur\u00eddica ha patentizado desde \u00e9pocas remotas \u00a0(Ley 105 de 1931) que la organizaci\u00f3n judicial en forma de \u00a0cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarqu\u00eda tan b\u00e1sico \u00a0para una recta administraci\u00f3n de justicia, pues de lo \u00a0contrario se llegar\u00eda a la anarqu\u00eda \u00a0y perder\u00eda \u00a0el concepto de autoridad fijado en la misma ley. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En esta misma \u00a0perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas reformas \u00a0conservando el n\u00facleo esencial, tal y como ocurri\u00f3 con \u00a0el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adopt\u00f3 el C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento Civil, confirmando la regla que \u2018El \u00a0juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, \u00a0cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior \u00a0jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia\u2019. \u00a0Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el \u00a0inciso 3\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba48 bajo el mismo texto y \u00a0con plena vigencia (\u2026)\u00bb. \u00a0(CSJ, \u00a0ATC 16 jul. 2010, rad. 2010-00022-01; reiterado el 9 de agosto de \u00a02010, rad. 2010-00064-01; 28 de febrero de 2014, rad. 2013-00648-01 y \u00a0ATC803-2016, 18 feb. 2016, rad. 2016-00654-01). \u00a0Resalta la Sala. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por lo expuesto, \u00a0la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Declarar \u00a0la nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia proferida \u00a0por la Sala de Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito \u00a0Judicial de Bucaramanga el 28 de septiembre de 2016 en el asunto de \u00a0la referencia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Ordenar, en consecuencia, la remisi\u00f3n del expediente a los \u00a0Juzgados del Circuito o \u00a0con categor\u00eda de tal de la ciudad de Bucaramanga, que \u00a0corresponda de acuerdo con el reparto. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Comun\u00edquese \u00a0lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y \u00a0l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
Presidente de sala \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
AROLDO WILSON \u00a0QUIROZ MONSALVO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ALONSO \u00a0RICO PUERTA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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