\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ARMANDO TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
Magistrado ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ATC7693-2016 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 11001-22-03-000-2016-02136-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de nueve \u00a0de noviembre de dos mil diecis\u00e9is) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., diez (10) de noviembre de dos mil diecis\u00e9is (2016). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Ser\u00eda \u00a0del caso resolver la impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia \u00a0proferida el 12 \u00a0de octubre de 2016 por la Sala Civil del Tribunal Superior del \u00a0Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela \u00a0promovida por Continental de Transportes Ltda. \u2013Transcontinental \u00a0en Liquidaci\u00f3n- frente a la Superintendencia de Puertos y \u00a0Transporte y el Ministerio de Transporte. No obstante, en la \u00a0actuaci\u00f3n surtida se advierte una causal de nulidad, la cual \u00a0afecta la actividad desplegada, como a continuaci\u00f3n se procede \u00a0a explicar. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Por \u00a0conducto de apoderado judicial, la sociedad actora reclama el amparo \u00a0del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente lesionado \u00a0por las autoridades denunciadas. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Como \u00a0fundamento de su queja, sostiene que la \u00a0Superintendencia acusada libr\u00f3 en su contra mandamiento de \u00a0pago coactivo para el cobro de las sanciones pecuniarias impuestas \u00a0por esa entidad en distintas resoluciones, con ocasi\u00f3n de las \u00a0diferentes investigaciones administrativas seguidas frente a la ahora \u00a0promotora. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Interpuso \u00a0las excepciones de caducidad y falta de ejecutoria de los actos \u00a0objeto del recaudo, pero el ente de vigilancia las declar\u00f3 no \u00a0probadas en providencia de 22 de diciembre de 2015. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Formul\u00f3 \u00a0reposici\u00f3n contra esa determinaci\u00f3n, empero ese recurso \u00a0a\u00fan no ha sido definido. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Pide, \u00a0como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, \u00a0suspender los efectos de la orden de apremio mientras se decide el \u00a0remedio horizontal, pues las medidas cautelares practicadas en el \u00a0juicio censurado le generan da\u00f1os incalculables y le impiden \u00a0desarrollar su actividad comercial (fls. 2 al 12, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El \u00a012 de octubre de 2016 el Tribunal desestim\u00f3 el amparo por \u00a0incumplir el presupuesto de subsidiariedad, pues est\u00e1 en \u00a0tr\u00e1mite la reposici\u00f3n entablada frente a la negativa a \u00a0las defensas de la tutelante, medio eficaz para la protecci\u00f3n \u00a0de sus prerrogativas. Advirti\u00f3 que la gestora dej\u00f3 \u00a0transcurrir un holgado lapso entre la decisi\u00f3n recurrida, \u00a0emitida el 22 de diciembre de 2015 y esta salvaguarda, formulada el \u00a030 de septiembre de 2016, lapso del cual se infer\u00eda la falta \u00a0de inminencia y gravedad de los da\u00f1os alegados (fls. 331 y \u00a0336, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0compa\u00f1\u00eda actora \u00a0impugn\u00f3 la decisi\u00f3n memorada y las diligencias se \u00a0remitieron a esta Corte para lo pertinente. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Examinado \u00a0el reclamo, se encuentra que la queja se dirige, concretamente, \u00a0contra la Superintendencia de Puertos y Transporte, pues dicha \u00a0autoridad emiti\u00f3 las resoluciones base del compulsivo \u00a0censurado y actualmente es quien conoce de ese procedimiento. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Si \u00a0bien la \u00a0querellante impetr\u00f3 su demanda en contra el Ministerio de \u00a0Transporte, el resguardo no debi\u00f3 admitirse respecto de esa \u00a0entidad, pues la tutelante no le enrostr\u00f3 acci\u00f3n u \u00a0omisi\u00f3n lesiva de prerrogativas fundamentales y, revisado el \u00a0plenario, se observa que las determinaciones cuestionadas fueron \u00a0dictadas de manera exclusiva por el ente de vigilancia denunciado y \u00a0no por dicho despacho ministerial. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0no \u00a0puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los \u00a0nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en \u00a0cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su \u00a0vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro \u00a0y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho \u00a0endilgado, es infundada su convocatoria \u00a0(\u2026)\u201d1. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0As\u00ed \u00a0las cosas, el auxilio debi\u00f3 ser conocido por los juzgados \u00a0civiles del circuito de esta capital, dada la naturaleza jur\u00eddica \u00a0de la entidad realmente accionada y el lugar de elecci\u00f3n de la \u00a0actora. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Lo \u00a0expresado porque seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 1\u00ba \u00a0Decreto \u00a01016 de 20002, \u00a0concordante con el par\u00e1grafo 5\u00ba del canon 36 de la Ley \u00a01753 de 20153, \u00a0la Superintendencia de Puertos y Transporte es una entidad \u00a0descentralizada por servicios del nivel nacional y las quejas en su \u00a0contra corresponden a los juzgados del circuito, de acuerdo con lo \u00a0estipulado en el literal c) numeral 2\u00b0 de la regla 38 de la Ley \u00a0489 de 1998 y en el inciso 2\u00ba del numeral 1\u00b0 del precepto 1\u00ba \u00a0del Decreto 1382 de 2000. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Al respecto, esta \u00a0Corporaci\u00f3n en un caso de similar temperamento, puntualiz\u00f3: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0[P]ese \u00a0a que el Tribunal consider\u00f3 necesario extender el reclamo \u00a0constitucional al Ministerio referido, lo cierto es que, seg\u00fan \u00a0lo adujo la Subdirectora de Transporte, la entidad competente para \u00a0pronunciarse respecto de las pretensiones de los accionantes lo es la \u00a0Superintendencia de Puertos y Transporte, ente que tiene dentro de \u00a0sus funciones la de imponer las sanciones a las empresas de servicio \u00a0p\u00fablico de transporte por incumplimiento de las normas que \u00a0regulan la materia \u00a0(\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0Aclarado \u00a0este primer punto, deviene ahora se\u00f1alar que de conformidad \u00a0con lo previsto en el segundo inciso del numeral 1\u00ba del art\u00edculo \u00a01\u00ba del Decreto 1382 de 2000, el amparo que se interponga contra \u00a0una entidad del sector descentralizado por servicios del orden \u00a0nacional ser\u00e1 repartido para su conocimiento a los Jueces del \u00a0Circuito \u00a0(\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEn \u00a0ese sentido, la Ley 489 de 19984 \u00a0defini\u00f3 as\u00ed los organismos que hacen parte del sector \u00a0descentralizado por servicios del orden nacional: Art\u00edculo \u00a038. \u00a0Integraci\u00f3n \u00a0de la Rama Ejecutiva del Poder P\u00fablico en el orden nacional. \u00a0La Rama Ejecutiva del Poder P\u00fablico en el orden nacional, est\u00e1 \u00a0integrada por los siguientes organismos y entidades: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Del Sector \u00a0Central: \u00a0<\/p>\n
(..) \u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Del \u00a0Sector descentralizado por servicios: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
c) \u00a0Las \u00a0superintendencias \u00a0y \u00a0las unidades administrativas especiales con personer\u00eda \u00a0jur\u00eddica; \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u201cArt\u00edculo \u00a068. Entidades descentralizadas. Son \u00a0entidades descentralizadas del orden nacional, \u00a0los establecimientos p\u00fablicos, las empresas industriales y \u00a0comerciales del Estado, las sociedades p\u00fablicas y las \u00a0sociedades de econom\u00eda mixta, las \u00a0superintendencias \u00a0y las unidades administrativas especiales con personer\u00eda \u00a0jur\u00eddica, las empresas sociales del Estado, las empresas \u00a0oficiales de servicios p\u00fablicos y las dem\u00e1s entidades \u00a0creadas por la ley o con su autorizaci\u00f3n, cuyo objeto \u00a0principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la \u00a0prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos o la realizaci\u00f3n \u00a0de actividades industriales o comerciales con personer\u00eda \u00a0jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y patrimonio propio. \u00a0Como \u00f3rganos del Estado aun cuando gozan de autonom\u00eda \u00a0administrativa est\u00e1n sujetas al control pol\u00edtico y a la \u00a0suprema direcci\u00f3n del \u00f3rgano de la administraci\u00f3n \u00a0al cual est\u00e1n adscritas. (Subrayas fuera de texto) (\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0Lo \u00a0anterior, en armon\u00eda con el art\u00edculo 1\u00ba del \u00a0Decreto 1016 de 2000 que regula la naturaleza de la Superintendencia \u00a0de Puertos y Transporte, lleva a la Sala a concluir que la autoridad \u00a0demandada es una entidad nacional descentralizada por servicios, \u00a0motivo por el cual el conocimiento de la petici\u00f3n de amparo \u00a0corresponde tramitarla en primera instancia a los juzgados con \u00a0categor\u00eda de circuito \u00a0(\u2026)\u201d5. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La \u00a0situaci\u00f3n descrita permite \u00a0la aplicaci\u00f3n del canon 138 \u00a0 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00a0en \u00a0relaci\u00f3n con \u00a0los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma \u00a0extensiva \u00a0a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado \u00a0en el \u00a0art\u00edculo 4\u00b0 \u00a0del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el \u00a0cual alude \u00a0a \u00a0los \u00a0principios generales del Estatuto Procesal Civil \u00a0para \u00a0la interpretaci\u00f3n de los \u00a0preceptos regulatorios de \u00a0dicho tr\u00e1mite, en cuanto \u00a0no contrar\u00ede \u00a0sus \u00a0propias disposiciones. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0A \u00a0prop\u00f3sito de esta decisi\u00f3n, conviene citar la \u00a0providencia proferida por la Sala, por medio de la cual disiente de \u00a0la tesis de la Corte Constitucional \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0respecto \u00a0a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse \u00a0incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con \u00a0base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de \u00a0reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) \u00a0en \u00a0manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o \u00a0corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se \u00a0declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, \u00a0puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de \u00a0reparto (\u2026), \u00a0[pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] \u00a0reglamenta \u00a0el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la \u00a0competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por \u00a0supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces \u00a0competentes\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c[Por \u00a0lo tanto,] \u00a0\u201c(\u2026) \u00a0aunque \u00a0el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de \u00a0informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 \u00a0 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso \u00a0(art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la \u00a0administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan \u00a0la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de \u00a0tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma \u00a0no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el \u00a0pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se \u00a0relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al \u00a0debido proceso\u201d (Auto 304 A \u00a0de 2007), \u00a0\u2018el cual \u00a0establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes \u00a0preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal \u00a0competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de \u00a0cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d6. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0consecuencia, se declarar\u00e1 la nulidad de lo actuado a partir \u00a0del auto admisorio de la presente demanda de amparo \u00a0y se dispondr\u00e1 su remisi\u00f3n inmediata a la Oficina \u00a0Judicial de Bogot\u00e1, \u00a0para ser \u00a0repartida entre los jueces civiles \u00a0del circuito de \u00a0esta \u00a0ciudad, por ser los competentes para conocer de ella en primera \u00a0instancia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
PRIMERO: \u00a0Declarar \u00a0la nulidad de todo lo actuado en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n \u00a0de tutela promovida \u00a0por Continental de Transportes Ltda. \u2013Transcontinental en \u00a0Liquidaci\u00f3n- contra la Superintendencia de Puertos y \u00a0Transporte y el Ministerio de Transporte; sin \u00a0perjuicio de la validez de las pruebas, en los t\u00e9rminos del \u00a0inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del \u00a0Proceso. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Segundo: \u00a0Por lo tanto, se ordena remitir el expediente a la Oficina Judicial \u00a0de Bogot\u00e1, \u00a0para ser \u00a0repartido entre los jueces civiles del \u00a0circuito de esta \u00a0ciudad, para lo de su competencia. Of\u00edciese. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
TERCERO: \u00a0Comun\u00edquese lo as\u00ed resuelto a la Corporaci\u00f3n de \u00a0origen y a las partes mediante telegrama. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE \u00a0Y C\u00daMPLASE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
Presidente \u00a0de Sala \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
AROLDO \u00a0WILSON QUIROZ MONSALVO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ALONSO RICO PUERTA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ARIEL \u00a0SALAZAR RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ARMANDO TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CSJ. ATC de 24 de julio de 2007, exp. 00156-01; v\u00e9ase \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0igualmente, entre otros el auto de 5 de julio de 2011, exp. 00053. \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201cLa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Superintendencia de Puertos y Transporte es un organismo de car\u00e1cter \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0administrativo y t\u00e9cnico, adscrito al Ministerio de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Transporte, que goza de autonom\u00eda administrativa y financiera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0encargada de cumplir las funciones previstas en la Ley 01 de 1991 y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0las delegadas en el Decreto 101 del 2 de febrero de 2000 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201c(\u2026) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0D\u00f3tese \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de personer\u00eda jur\u00eddica a la Superintendencia de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Puertos y Transporte, la cual para todos sus efectos tendr\u00e1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0el r\u00e9gimen presupuestal y financiero aplicable a los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0establecimientos p\u00fablicos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
4\u201c(\u2026) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0por la cual \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0se dictan normas sobre la organizaci\u00f3n y funcionamiento de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0previstas en los numerales 15 y 16 del art\u00edculo 189 de la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y se dictan otras disposiciones \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CSJ. ATP de 19 de marzo de 2015, exp. 78391 \u00a0<\/p>\n
6 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CSJ. ATC \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de 13 de mayo de 2009, exp. 08001-22-13-000-2009-00083-01. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 LUIS \u00a0ARMANDO TOLOSA VILLABONA \u00a0 Magistrado ponente \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 ATC7693-2016 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 11001-22-03-000-2016-02136-01 \u00a0 (Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de nueve \u00a0de noviembre de dos mil diecis\u00e9is) \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1, \u00a0D. C., diez (10) de noviembre de dos mil diecis\u00e9is (2016). \u00a0 \u00a0\u00a0 Ser\u00eda \u00a0del caso resolver la impugnaci\u00f3n formulada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-97156","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97156","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97156"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97156\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97156"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97156"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97156"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}