{"id":97175,"date":"2025-10-14T22:32:12","date_gmt":"2025-10-14T22:32:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/10\/14\/atc7895-2016\/"},"modified":"2025-10-14T22:32:12","modified_gmt":"2025-10-14T22:32:12","slug":"atc7895-2016","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/10\/14\/atc7895-2016\/","title":{"rendered":"ATC7895-2016"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>LUIS \u00a0ALONSO RICO PUERTA \u00a0<\/p>\n<p>Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>ATC7895-2016 \u00a0<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0 11001-22-03-000-2016-02149-01 \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Bogot\u00e1, \u00a0D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil diecis\u00e9is \u00a0(2016). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Corresponder\u00eda \u00a0a la Sala decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo \u00a0proferido por la Sala \u00a0Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el \u00a012 de octubre de 2016, \u00a0dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Suang \u00a0Caterine Moreno Guti\u00e9rrez \u00a0contra \u00a0el Ministerio \u00a0de Trabajo, \u00a0la \u00a0Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1, \u00a0la \u00a0Secretar\u00eda de Cultura Recreaci\u00f3n y Deporte y \u00a0la \u00a0Secretar\u00eda Distrital de Hacienda &#8211; Direcci\u00f3n Distrital \u00a0de Presupuesto, \u00a0tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Personer\u00eda \u00a0Municipal y el Sindicato de Servidores P\u00fablicos de la \u00a0Secretar\u00eda Distrital de Cultura, Recreaci\u00f3n y Deporte y \u00a0sus entidades adscritas \u2013 Sintracultur, si \u00a0no fuese porque se \u00a0advierte que el presente tr\u00e1mite se encuentra viciado de \u00a0nulidad, como enseguida pasa a verse. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0La accionante, actuando en nombre propio, reclama el amparo \u00a0constitucional de los derechos fundamentales a la asociaci\u00f3n y \u00a0libertad sindical, presuntamente vulnerados por las entidades \u00a0convocadas al suprimir de la planta de personal de la Secretar\u00eda \u00a0Distrital de Cultura Recreaci\u00f3n y Deporte a \u00ab72 \u00a0empleados sindicalizados haciendo incurrir a SINTRACULTUR en causal \u00a0de disoluci\u00f3n por quedarse con menos de 25 afiliados\u00bb. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0En s\u00edntesis, expone que el sindicato en menci\u00f3n, creado \u00a0el 30 de julio de 1979, para el 31 de mayo de 2016 contaba con 95 \u00a0afiliados y de ellos \u00ab72 \u00a0pertenec\u00edamos a la Planta Temporal\u00bb \u00a0y 23 a la permanente. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Afirma \u00a0que mediante Decreto 058 del 12 de febrero de 2013, el Alcalde Mayor \u00a0cre\u00f3 una planta de empleos temporales en la referida \u00a0Secretar\u00eda, que con vista en el cumplimiento de metas \u00a0contempladas en el Plan de Desarrollo y en el estudio t\u00e9cnico \u00a0presentado en el 2014, mediante Decreto 40 de 2015 se prorrogaron a \u00a0130, expidi\u00e9ndose la viabilidad presupuestal que seg\u00fan \u00a0Decreto 151 de 2016 se prorrog\u00f3 hasta el 31 de mayo de esta \u00a0anualidad para 123 empleos. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Indica \u00a0que conforme a esa disposici\u00f3n legal, el 11 de abril de 2016 \u00a0la Directora de Gesti\u00f3n Corporativa de la Secretar\u00eda en \u00a0comento, inform\u00f3 que el 31 de mayo quedar\u00edan \u00a0desvinculados quienes se encontraban en dicha planta temporal, a lo \u00a0que seguidamente dio las indicaciones para que se les liquidaran sus \u00a0prestaciones sociales. \u00a0<\/p>\n<p>Agrega \u00a0que por fuerza de la desvinculaci\u00f3n de los empleados \u00a0temporales, la organizaci\u00f3n sindical podr\u00eda \u00a0desaparecer, conllevando la vulneraci\u00f3n de los derechos \u00a0invocados \u00abde \u00a0los funcionarios afiliados a SINTRACULTUR\u00bb. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0Pretende que \u00abse \u00a0suspenda\u00bb \u00a0o se deje de aplicar: (i) \u00a0el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 151 de 2016 que trata sobre la \u00a0duraci\u00f3n de los empleos temporales hasta el 31 de mayo de \u00a02016; (ii) \u00a0el art\u00edculo 2\u00ba de la resoluci\u00f3n 291 del 31 de \u00a0diciembre de 2015, que define el nombramiento de esos empleos por \u00a0seis meses y hasta el 30 de junio de 2016; que se ordene reintegrar y \u00a0mantener continuidad en sus cargos a quienes son afiliados al \u00a0sindicato, por un plazo prudencial que permita \u00absu \u00a0posterior provisi\u00f3n por concurso de m\u00e9ritos\u00bb \u00a0(fls. 25 a 39, cd. 1). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>4. \u00a0 Se pronunciaron el Ministerio del Trabajo y la Secretar\u00eda \u00a0Distrital de Cultura Recreaci\u00f3n y Deporte, para pedir la \u00a0negaci\u00f3n del amparo, aduciendo, entre otras argumentaciones, \u00a0la existencia de otros medios de defensa judicial no agotados por la \u00a0actora, y se incorpor\u00f3 al expediente \u00a0copia de un fallo de \u00a0tutela proferido por el Juzgado 24 Penal Municipal de Bogot\u00e1 \u00a0el 10 de agosto de 2016, mediante el cual, luego de desvincular al \u00a0Ministerio de Trabajo, declar\u00f3 la improcedencia de la \u00a0salvaguarda en virtud a su car\u00e1cter subsidiario y residual \u00a0(fls. 56 a 143, ib\u00eddem). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n \u00a0se pronunciaron la Personer\u00eda de Bogot\u00e1, esboz\u00f3 \u00a0que en su caso se configura falta de legitimaci\u00f3n en la causa \u00a0por pasiva, en raz\u00f3n a que del ejercicio de sus funciones no \u00a0se vislumbra afectaci\u00f3n a los derechos invocados, y la \u00a0Secretar\u00eda de Hacienda Distrital solicit\u00f3 denegar el \u00a0resguardo por improcedente y que por no haber violado prerrogativa \u00a0alguna, se le desvinculara del proceso (fls. 144 a 152, ib\u00edd.). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Por \u00a0\u00faltimo, la Defensor\u00eda del Pueblo indic\u00f3 que no \u00a0hay registro de petici\u00f3n alguna como usuaria de parte de la \u00a0accionante, y record\u00f3 que no act\u00faa como sujeto procesal \u00a0sino como verificadora de las garant\u00edas y derechos \u00a0fundamentales de los ciudadanos (fls. 154 y 155). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>5. \u00a0El Tribunal de primer grado neg\u00f3 la protecci\u00f3n por \u00a0improcedente, pues encontr\u00f3 que frente a la desvinculaci\u00f3n \u00a0ya se trataba de hecho que se hab\u00eda consolidado y que respecto \u00a0a la suspensi\u00f3n o inaplicaci\u00f3n de actos \u00a0administrativos, no era el juez de tutela el competente para dirimir \u00a0esas pretensiones. Aunado a ello, consider\u00f3 que la actora est\u00e1 \u00a0actuando sin tener legitimaci\u00f3n para hacerlo, pues no acredit\u00f3 \u00a0ser la representante legal de la asociaci\u00f3n sindical y \u00a0respecto de los trabajadores sindicalizados no prob\u00f3 su \u00a0calidad de apoderada (fls. 166 a 179, cd. 1). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>6. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La \u00a0demandante impugn\u00f3 el fallo anterior, se\u00f1alando que \u00a0act\u00faa en nombre propio y en representaci\u00f3n de la \u00a0organizaci\u00f3n sindical, y con apoyo en la jurisprudencia \u00a0constitucional aduce contar con la legitimaci\u00f3n que el a-quo \u00a0echa de menos. Reiter\u00f3, en consecuencia, los argumentos de la \u00a0solicitud de tutela, y por tanto pidi\u00f3 la revocatoria de la \u00a0decisi\u00f3n para que en su lugar se conceda lo implorado (fls. \u00a0189 a 193, ib\u00eddem) \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Al \u00a0revisar el diligenciamiento de este asunto, advierte la Sala la falta \u00a0de competencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 \u00a0para resolver en \u00a0primera instancia \u00a0la presente acci\u00f3n, como quiera que se suscita una vinculaci\u00f3n \u00a0aparente respecto de la entidad del orden nacional que, con vista en \u00a0el ordenamiento legal, facultar\u00eda el conocimiento del amparo \u00a0en las condiciones en que se hizo. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Ciertamente \u00a0la tutela se dirige contra el Ministerio de Trabajo, autoridad \u00a0p\u00fablica que conforme al art\u00edculo 38 de la ley 489 de \u00a01998, se ubica como integrante de la Rama Ejecutiva del Poder P\u00fablico \u00a0en el orden nacional del sector central, cuya naturaleza jur\u00eddica \u00a0dar\u00eda lugar a que seg\u00fan las reglas para el conocimiento \u00a0de la tutela contenidas en el \u00a0numeral 1\u00ba del art\u00edculo \u00a02.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado parcialmente por el \u00a0Decreto 1167 de 2016 (mediante el cual se recogen, entre otras \u00a0disposiciones, el Decreto 1382 de 2000, reglamentario del art\u00edculo \u00a037 del Decreto 2591 de 1991), se atribuyera la competencia en primer \u00a0grado \u00aba \u00a0los tribunales superiores de distrito judicial, administrativos y \u00a0consejos seccionales de la judicatura\u00bb. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0Empero, como del escrito de amparo claramente se descubre que la \u00a0queja constitucional est\u00e1 dirigida a que la Secretar\u00eda \u00a0de Distrital de Cultura, Recreaci\u00f3n y Deporte de Bogot\u00e1, \u00a0suspenda o inaplique disposiciones legales y reglamentarias en cuanto \u00a0a los t\u00e9rminos de duraci\u00f3n de los nombramientos del \u00a0personal temporal de esa entidad, resulta evidente que quien podr\u00eda \u00a0haberle ocasionado esa afectaci\u00f3n no es la cartera \u00a0ministerial, sino la directora o el representante legal del ente \u00a0distrital en menci\u00f3n, habida cuenta el ejercicio de sus \u00a0funciones como empleador. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>As\u00ed, \u00a0sobre la vinculaci\u00f3n aparente, la \u00a0Sala ha se\u00f1alado que \u00abno \u00a0puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los \u00a0nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en \u00a0cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su \u00a0vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro \u00a0y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho \u00a0endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb \u00a0 (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01; \u00a0ATC3603-2016, 9 jun. 2016, rad. 00045-01, y ATC4127-2016, \u00a030 jun. 2016, rad. 00275-01, entre otros. \u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0En este orden, por cuanto los sujetos pasivos del resguardo, a \u00a0quienes podr\u00eda atribuirse acci\u00f3n u omisi\u00f3n en \u00a0sus funciones, en realidad son entidades del orden distrital, la \u00a0competencia para conocer del mismo, corresponde, en primera \u00a0instancia, a los Juzgados Municipales o con categor\u00eda de \u00a0tales, seg\u00fan lo previsto en el inciso 3\u00ba del numeral 1\u00ba \u00a0del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del citado Decreto 1069 de 2015, \u00a0donde establece que \u00ab[A] \u00a0los \u00a0jueces municipales les ser\u00e1n repartidas para su conocimiento \u00a0en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan \u00a0contra cualquier autoridad p\u00fablica del orden Distrital o \u00a0municipal y contra particulares\u00bb. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>4. \u00a0Atendiendo lo antes discurrido, en el presente asunto se configura la \u00a0nulidad por falta de competencia prevista en el numeral 1\u00b0 del \u00a0art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual, \u00a0por ser funcional, de conformidad con el 138 \u00eddem, \u00a0implica \u00a0que \u00ab\u2026 \u00a0lo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 \u00a0de inmediato al juez competente; pero \u00a0si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. \u00a0Resalta la Sala. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Por \u00a0tanto, en cumplimiento del inciso final de la segunda disposici\u00f3n, \u00a0que ordena que \u00ab[e]l \u00a0auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que \u00a0debe renovarse\u00bb, \u00a0se precisa que al dejarse sin efecto el fallo proferido por el \u00a0Tribunal, se dispondr\u00e1 que el funcionario habilitado para tal \u00a0fin conforme a la ley, dicte uno nuevo que defina en primer grado el \u00a0amparo, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar (vr. g. \u00a0practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas). \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>5. \u00a0Ahora, respecto a la facultad para decretar nulidades \u00a0a partir de las reglas fijadas legalmente, se reitera que: \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00ab&#8230;la \u00a0Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte \u00a0Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) \u00a0sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el \u00a0tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su \u00a0finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n \u00a0efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Empero, \u00a0no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u00a0\u2018no \u00a0est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar \u00a0nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o \u00a0interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de \u00a02000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de \u00a0fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen \u00a0jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para \u00a0conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l \u00a0contenidas son meramente de reparto.\u201d \u201cEn efecto, el \u00a0Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto \u00a02591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de \u00a0la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de \u00a0reparto entre los jueces competentes. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>(\u2026) \u00a0An\u00e1logamente, el principio de legalidad imperante en todas las \u00a0actuaciones de los servidores del Estado, precisa atribuciones \u00a0concretas y ninguno puede ejercer sino las confiadas expresamente en \u00a0la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia \u00a0asigna el legislador y los jueces, dentro de un marco estricto, de \u00a0orden p\u00fablico y, por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n \u00a0y aplicaci\u00f3n.\u201d \u201cEn id\u00e9ntico sentido, \u00a0razones de transcendental significaci\u00f3n inherentes a la \u00a0autonom\u00eda e independencia de los jueces (art\u00edculos 228 \u00a0y 230 de la Constituci\u00f3n Nacional) y su sujeci\u00f3n al \u00a0imperio del ordenamiento jur\u00eddico, estar\u00edan seriamente \u00a0comprometidas de limitarse las facultades y deberes de los jueces, \u00a0sean ordinarios, sean constitucionales\u00bb \u00a0CSJ ATC, \u00a013 may. 2009, rad. 00083-01, ratificado entre otros en ATC1229-2015, \u00a0ATC1127-2016 y ATC3603-2016, 9 jun. 2016, rad. 00045-01. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>6. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0cuanto a la orden \u00a0que en esta oportunidad se impartir\u00e1, una vez m\u00e1s \u00a0advierte esta Corporaci\u00f3n: \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00abno \u00a0cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni \u00a0negativa de un juez de inferior categor\u00eda al superior, pues la \u00a0historia jur\u00eddica ha patentizado desde \u00e9pocas remotas \u00a0(Ley 105 de 1931) que la organizaci\u00f3n judicial en forma de \u00a0cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarqu\u00eda tan b\u00e1sico \u00a0para una recta administraci\u00f3n de justicia, pues de lo \u00a0contrario se llegar\u00eda a la anarqu\u00eda y perder\u00eda \u00a0el concepto de autoridad fijado en la misma ley. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0esta misma perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas \u00a0reformas conservando el n\u00facleo esencial, tal y como ocurri\u00f3 \u00a0con el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adopt\u00f3 el C\u00f3digo \u00a0de Procedimiento Civil, confirmando la regla que \u2018El \u00a0juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, \u00a0cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior \u00a0jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia\u2019. \u00a0Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el \u00a0inciso 3\u00ba del art\u00edculo 148 bajo el mismo texto y con \u00a0plena vigencia (\u2026)\u00bb. \u00a0CSJ, ATC 16 jul. \u00a02010, rad. 2010-00022-01; reiterado el 9 de agosto de 2010, rad. \u00a02010-00064-01; 28 de febrero de 2014, rad. 2013-00648-01 y \u00a0ATC4508-2016, 14 jul. 2016, rad. 00189-01. Subrayado fuera del texto. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la \u00a0Corte Suprema de Justicia, \u00a0<\/p>\n<p>RESUELVE \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Declarar \u00a0la nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia proferida \u00a0por la Sala Civil de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del \u00a0Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 12 de octubre de 2016 en el \u00a0asunto de la referencia. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>2. Ordenar \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la remisi\u00f3n del expediente, a los Juzgados \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Civiles \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Municipales de Bogot\u00e1 &#8211; reparto, para que asuman el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0conocimiento de la presente acci\u00f3n constitucional. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>2. Comun\u00edquese \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n<p>Presidente \u00a0de Sala \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>AROLDO \u00a0WILSON QUIROZ MONSALVO \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>LUIS \u00a0ALONSO RICO PUERTA \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>ARIEL \u00a0SALAZAR RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>LUIS \u00a0ARMANDO TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 LUIS \u00a0ALONSO RICO PUERTA \u00a0 Magistrado \u00a0Ponente \u00a0 \u00a0\u00a0 ATC7895-2016 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0 11001-22-03-000-2016-02149-01 \u00a0 \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1, \u00a0D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil diecis\u00e9is \u00a0(2016). \u00a0 \u00a0\u00a0 Corresponder\u00eda \u00a0a la Sala decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo \u00a0proferido por la Sala \u00a0Civil del Tribunal Superior [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-97175","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97175","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97175"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97175\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97175"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97175"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97175"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}