\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ALONSO \u00a0RICO PUERTA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ATC7898-2016 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0 23001-22-14-000-2016-00514-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is \u00a0de noviembre de dos mil diecis\u00e9is) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Corresponder\u00eda \u00a0a la Sala decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo \u00a0proferido por la Sala \u00a0Civil Familia Laboral del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda \u00a0el 11 de octubre de 2016, en la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00a0Francisco \u00a0Javier Vergara D\u00edaz contra \u00a0el Ministerio \u00a0de \u00a0Vivienda, \u00a0Ciudad y Territorio y \u00a0Fonvivienda, \u00a0si \u00a0no fuese porque se \u00a0advierte que el presente tr\u00e1mite se encuentra viciado de \u00a0nulidad, como pasa a verse. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0El \u00a0solicitante reclama el amparo de los derechos fundamentales a la \u00a0igualdad y vivienda digna, \u00a0presuntamente \u00a0vulnerados por las accionadas al no haberle hecho entrega del \u00a0subsidio que le permita proveerse tal beneficio, a pesar de que \u00a0invoca su condici\u00f3n de damnificado por el desplazamiento \u00a0forzado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En s\u00edntesis, \u00a0relata que mediante Resoluci\u00f3n 950 de 22 de noviembre de 2011, \u00a0le reconocieron una ayuda habitacional, por valor de \u00abONCE \u00a0MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS \u00a0$11.783.200.00\u00bb, \u00a0sin \u00a0embargo, despu\u00e9s de m\u00e1s de 4 a\u00f1os a\u00fan no \u00a0se la han otorgado, y en cambio le informaron que aquella venci\u00f3 \u00a0el 30 de junio de 2015, frente a lo que alega \u00a0\u00abque la p\u00e9rdida del subsidio no fue por negligencia m\u00eda \u00a0sino por problemas de \u00edndole meramente administrativo y de \u00a0ejecuci\u00f3n de la obra para la cual le fue asignado situaciones \u00a0que (\u2026) \u00a0aunque irregulares, no pueden afectar el derecho que me asiste para \u00a0(\u2026) \u00a0acceder \u00a0a una vivienda digna\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Como consecuencia \u00a0de lo referido pide que se ordene a las encartadas le \u00abPRORROGUE \u00a0Y\/O \u00a0RENOVE \u00a0(sic) \u00a0EL SUBSIDIO DE VIVIENDA DE INTER\u00c9S SOCIAL A MI OTORGADO A \u00a0TRAV\u00c9S DE LA RESOLUCI\u00d3N 950 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE \u00a02011\u00bb \u00a0para que pueda invertirlo \u00abel \u00a0proyecto URBANIZACI\u00d3N \u00a0VILLA MELISA\u00bb \u00a0(fls. \u00a01 a 6, cd. 1). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La Sala \u00a0Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u00a0Monter\u00eda neg\u00f3 el amparo solicitado, por falta de prueba \u00a0de la extinci\u00f3n de la ayuda, de esta manera, ante la \u00a0imposibilidad de corroborar el hecho de donde se dice dimana la \u00a0presunta vulneraci\u00f3n, opt\u00f3 por despachar adversamente \u00a0las pretensiones (fls. 25 a 32, cd. 1). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. La anterior \u00a0determinaci\u00f3n fue recurrida por el demandante. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0En el presente asunto, el \u00a0accionante pretende que se les ordene a Fonvivienda y al Ministerio \u00a0de Vivienda, Ciudad y Territorio le otorguen el auxilio habitacional \u00a0que le corresponde por ser damnificado del desplazamiento forzado. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Al \u00a0respecto, advierte la Corte que el art\u00edculo 3\u00ba del \u00a0Decreto \u00a0555 de 2003, \u00a0en sus numerales 8\u00ba y 9\u00ba, contempla que al Fondo Nacional \u00a0de Vivienda – Fonvivienda le compete: (a) \u00abdise\u00f1ar, \u00a0administrar, mantener actualizar y custodiar el Sistema Nacional de \u00a0Informaci\u00f3n de Vivienda, de acuerdo con las pol\u00edticas \u00a0se\u00f1aladas por el Gobierno Nacional\u2026\u00bb, \u00a0(b) \u00ab[a]signar \u00a0subsidios de vivienda de inter\u00e9s social bajo las diferentes \u00a0modalidades de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y \u00a0con el reglamento y condiciones definidas por el Gobierno Nacional \u00a0\u2026\u00bb, \u00a0(c) \u00ab[a]tender \u00a0de manera continua la postulaci\u00f3n de hogares para el subsidio \u00a0familiar de vivienda, a trav\u00e9s de contratos de encargo de \u00a0gesti\u00f3n u otros mecanismos\u2026\u00bb, \u00a0(d) \u00ab[c]oordinar \u00a0a las entidades encargadas de otorgar la elegibilidad de los \u00a0proyectos de vivienda de inter\u00e9s de social\u2026\u00bb, \u00a0(e) \u00ab[r]ealizar \u00a0interventor\u00edas, supervisiones y auditorias para verificar la \u00a0correcta ejecuci\u00f3n de los subsidios familiares de vivienda\u00bb \u00a0(subraya la Corte). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0ese orden a pesar de que la promotora dirigi\u00f3 la tutela contra \u00a0la referida cartera ministerial, a dicha entidad no se le puede \u00a0endilgar la vulneraci\u00f3n alegada, por cuanto es Fonvivienda el \u00a0ente encargado de coordinar, otorgar, asignar, rechazar y verificar \u00a0la ejecuci\u00f3n de los subsidios de vivienda familiar para la \u00a0poblaci\u00f3n beneficiaria y en esa medida es, como lo ha dicho \u00a0esta Corporaci\u00f3n, \u00abla \u00a0llamada a pronunciarse sobre el subsidio de vivienda asignado a la \u00a0reclamante\u00bb \u00a0(ATC632-2015, \u00a0reiterada en \u00a0ATC4626-2016). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Concretamente \u00a0sobre las precitadas competencias, el art\u00edculo 5\u00b0 de la \u00a0ley 975 de 2004, contempla, en su inciso 1\u00b0, que \u00abLas \u00a0entidades otorgantes del subsidio familiar de vivienda de que trata \u00a0este decreto ser\u00e1n el Fondo Nacional de Vivienda con cargo a \u00a0los recurso del Presupuesto General de la Naci\u00f3n apropiados en \u00a0los presupuestos del citado Fondo, o a la entidad que haga sus veces, \u00a0y las Cajas de Compensaci\u00f3n Familiar con las contribuciones \u00a0parafiscales administradas por estas, todo ello de conformidad con lo \u00a0establecido en las normas vigentes aplicables a la materia\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora \u00a0bien, a la luz del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 555 de 2003, el \u00a0Fondo Nacional de Vivienda -Fonvivienda, es un \u00f3rgano dotado \u00a0de \u00abpersoner\u00eda \u00a0jur\u00eddica, patrimonio propio, autonom\u00eda presupuestal y \u00a0financiera\u00bb, \u00a0y de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 13 de la misma \u00a0regulaci\u00f3n, est\u00e1 regido por las normas aplicables a \u00a0\u00ablos \u00a0establecimientos p\u00fablicos del orden nacional\u00bb; \u00a0de ah\u00ed que seg\u00fan la previsi\u00f3n contenida en el \u00a0art\u00edculo 38 de la Ley 489 de 1998, que determina la \u00a0integraci\u00f3n de la rama ejecutiva del poder p\u00fablico en \u00a0el se\u00f1alado orden, se trata de un organismo del sector \u00a0descentralizado por servicios (literal a), numeral 2\u00ba \u00eddem). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Por \u00a0lo tanto, el llamamiento del Ministerio de Vivienda, Ciudad y \u00a0Territorio es apenas aparente, comoquiera que, seg\u00fan ya se \u00a0dijo, es Fonvivienda la \u00a0que debe pronunciarse sobre la entrega del subsidio pretendido por el \u00a0promotor del resguardo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Sobre \u00a0la referida vinculaci\u00f3n \u00a0de autoridades del orden central, la Sala ha se\u00f1alado que: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00abno \u00a0puede asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los \u00a0nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en \u00a0cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su \u00a0vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro \u00a0y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho \u00a0endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb \u00a0 (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01; \u00a0ATC, 17 ago. 2011, rad. 00430-01 y ATC918, 25 feb. 2016, rad. \u00a02015-00574-01, entre otros). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, atendiendo la naturaleza jur\u00eddica del sujeto pasivo \u00a0de la tutela, la atribuci\u00f3n para conocer de la misma en \u00a0primera instancia corresponde a los Juzgados del Circuito o con \u00a0categor\u00eda de tales, acorde con la regla consagrada en el \u00a0numeral 1\u00b0, inciso segundo, del art\u00edculo 1\u00b0 del \u00a0Decreto 1382 de 2000. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed las \u00a0cosas, y en cumplimiento del inciso final de la segunda disposici\u00f3n, \u00a0que ordena que \u00ab[e]l \u00a0auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que \u00a0debe renovarse\u00bb, \u00a0la \u00a0Sala precisa que \u00fanicamente dejar\u00e1 sin efecto el fallo \u00a0proferido por el Tribunal Superior de Monter\u00eda el 11 de \u00a0octubre de 2016, por lo que el funcionario que conforme a la ley se \u00a0estima habilitado para ese fin deber\u00e1 dictar uno nuevo que \u00a0defina la primera instancia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
6. En cuanto a la \u00a0potestad para anular, esta Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 \u00a0que: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00abhace \u00a0suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional\u2026 \u00a0sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el \u00a0tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su \u00a0finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n \u00a0efectiva e inmediata de los derechos fundamentales\u2026 Empero, no \u00a0comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n \u00a0facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades \u00a0por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o \u00a0interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de \u00a02000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de \u00a0fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen \u00a0jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para \u00a0conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l \u00a0contenidas son meramente de reparto\u2019\u2026 En efecto, el \u00a0Decreto 1382 de 2000, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto \u00a02591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n \u00a0de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los \u00a0jueces competentes. Pero tambi\u00e9n, dispone directrices \u00a0concretas para el conocimiento;\u2026Por otra parte, aunque el \u00a0tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, \u00a0sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 \u00a0indisociablemente referida al derecho fundamental del debido \u00a0proceso\u2026, el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n \u00a0de justicia\u00bb (CSJ \u00a0ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, ratificado en ATC1194 3 mar. 2016, \u00a0rad. 00014-01 y, ATC3603-2016, 9 jun. rad. 00045-01). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
7. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ahora, \u00a0frente a la orden que ac\u00e1 se impartir\u00e1, se recuerda una \u00a0vez m\u00e1s lo que esta Colegiatura sobre el punto ha dicho: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00abno \u00a0cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni \u00a0negativa de un juez de inferior categor\u00eda al superior, pues la \u00a0historia jur\u00eddica ha patentizado desde \u00e9pocas remotas \u00a0(Ley 105 de 1931) que la organizaci\u00f3n judicial en forma de \u00a0cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarqu\u00eda tan b\u00e1sico \u00a0para una recta administraci\u00f3n de justicia, pues de lo \u00a0contrario se llegar\u00eda a la anarqu\u00eda \u00a0y perder\u00eda \u00a0el concepto de autoridad fijado en la misma ley. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En esta misma \u00a0perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas reformas \u00a0conservando el n\u00facleo esencial, tal y como ocurri\u00f3 con \u00a0el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adopt\u00f3 el C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento Civil, confirmando la regla que \u2018El \u00a0juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, \u00a0cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior \u00a0jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia\u2019. \u00a0Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el \u00a0inciso 3\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba48 bajo el mismo texto y \u00a0con plena vigencia (\u2026)\u00bb. \u00a0(CSJ, \u00a0ATC 16 jul. 2010, rad. 2010-00022-01; reiterado el 9 de agosto de \u00a02010, rad. 2010-00064-01; 28 de febrero de 2014, rad. 2013-00648-01 y \u00a0ATC803-2016, 18 feb. 2016, rad. 2016-00654-01). \u00a0Resalta la Sala. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n \u00a0Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Declarar \u00a0la nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia proferida \u00a0por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito \u00a0Judicial de Monter\u00eda el 11 de octubre de 2016 en el asunto de \u00a0la referencia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Ordenar, en consecuencia, la remisi\u00f3n del expediente a los \u00a0Juzgados del Circuito o \u00a0con categor\u00eda de tal de la ciudad de la referida ciudad, que \u00a0corresponda de acuerdo con el reparto. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Comun\u00edquese \u00a0lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y \u00a0l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
Presidente de sala \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
AROLDO WILSON \u00a0QUIROZ MONSALVO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ALONSO \u00a0RICO PUERTA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 LUIS ALONSO \u00a0RICO PUERTA \u00a0 Magistrado \u00a0Ponente \u00a0 \u00a0\u00a0 ATC7898-2016 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0 23001-22-14-000-2016-00514-01 \u00a0 (Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is \u00a0de noviembre de dos mil diecis\u00e9is) \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 Corresponder\u00eda \u00a0a la Sala decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo \u00a0proferido por la Sala \u00a0Civil Familia Laboral del \u00a0Tribunal Superior del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-97177","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97177","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97177"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97177\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97177"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97177"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97177"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}