\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ATC7912-2016 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 13001-22-21-000-2016-00114-01 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de noviembre de dos mil \u00a0diecis\u00e9is) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil diecis\u00e9is \u00a0(2016).- \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Corresponder\u00eda \u00a0decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo de 13 \u00a0de octubre de 2016, proferido por la Sala \u00a0Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal \u00a0Superior del Distrito Judicial de Cartagena, \u00a0dentro \u00a0de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Rosmira \u00a0Mar\u00eda Torres Cuesta contra \u00a0el Ministerio \u00a0del Interior y \u00a0la Unidad \u00a0Administrativa Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n \u00a0Integrar a las V\u00edctimas -UARIV, \u00a0si no fuera porque se observa que en el tr\u00e1mite de la primera \u00a0instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo \u00a0actuado, como pasa a examinarse. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La \u00a0promotora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de \u00a0los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al \u00a0m\u00ednimo vital, \u00a0presuntamente \u00a0conculcados por los entes accionados, al haberle negado la inclusi\u00f3n \u00a0al registro \u00fanico v\u00edctimas \u2013RUV. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Solicita, \u00a0entonces, ordenar a quien corresponda, su i) \u00a0\u00abinclu[si\u00f3n] \u00a0de inmediato en el [citado] \u00a0registro\u00bb; \u00a0que \u00a0 ii) \u00a0\u00abseg\u00fan \u00a0los perjuicios causados se [l]e \u00a0presten las ayudas humanitarias y posterior indemnizaci\u00f3n \u00a0seg\u00fan lo establecido en la ley 1448 de 2011\u00bb; \u00a0y, que iii) \u00a0se \u00a0\u00abd[\u00e9] \u00a0cumplimiento a los tratados internacionales en materia de derechos \u00a0humanos\u00bb \u00a0(fls. 3 y 4, cdno. 1). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0apoyo de tales pretensiones, aduce en s\u00edntesis, que pese a que \u00a0el 28 de diciembre de 1995 su esposo Andr\u00e9s San Mart\u00edn \u00a0C\u00f3rdoba, quien era oficial activo de la Polic\u00eda \u00a0Nacional, perdi\u00f3 la vida al caer en un \u00abataque\u00bb \u00a0de \u00a0un grupo guerrillero, la Unidad Administrativa Especial de Atenci\u00f3n \u00a0y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas \u2013UARIV, \u00a0deneg\u00f3 su inclusi\u00f3n y la de su familia, al Registro \u00a0\u00danico de V\u00edctimas -RUV. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Sostiene \u00a0que aunque interpuso recurso de reposici\u00f3n y en subsidio \u00a0apelaci\u00f3n contra esa determinaci\u00f3n, pues su c\u00f3nyuge \u00a0y algunos de sus compa\u00f1eros para la calenda de la toma \u00abno \u00a0estaban en condici\u00f3n de combatientes\u00bb, \u00a0sino \u00abgoza[ndo] \u00a0de un merecido descanso \u00a0remunerado\u00bb \u00a0encontr\u00e1ndose \u00a0como civiles en la guarnici\u00f3n policial, y \u00absin \u00a0ning\u00fan [tipo] \u00a0de armamento al alcance\u00bb, \u00a0la \u00a0citada Unidad Administrativa mantuvo inc\u00f3lume su decisi\u00f3n, \u00a0tras considerar que de conformidad con el art\u00edculo 3\u00ba de \u00a0la Ley 1448 de 2011, dichas circunstancias \u00abno \u00a0son hechos victimizantes ni actos terroristas\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Aunque \u00a0el amparo constitucional, literalmente, incorpor\u00f3 a todas las \u00a0mencionadas personas jur\u00eddicas, se advierte que respecto del \u00a0Ministerio del Interior, nada en concreto se expuso en el relato \u00a0f\u00e1ctico, en orden a explicitar los hechos o las omisiones \u00a0respecto de tal autoridad1, \u00a0en lo que tiene que ver con la situaci\u00f3n que constituye el \u00a0detonante de la queja tutelar, pues todo apunta a cuestionar \u00fanica \u00a0y exclusivamente la actuaci\u00f3n de la UARIV, tambi\u00e9n \u00a0denunciada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 De manera que si ninguna acusaci\u00f3n espec\u00edfica \u00a0materializ\u00f3 la parte aqu\u00ed \u00a0interesada en torno a aqu\u00e9lla entidad del orden nacional, no \u00a0resulta jur\u00eddico enlazarla a este tr\u00e1mite. Con otras \u00a0palabras, no obstante describir los hechos por cuenta de los que se \u00a0produjo la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00a0de la se\u00f1ora Rosmira Mar\u00eda Torres Cuesta dentro del \u00a0tr\u00e1mite administrativo referido en l\u00edneas anteriores, \u00a0de ninguna manera se le endilga alg\u00fan tipo de actuaci\u00f3n \u00a0u omisi\u00f3n a la Cartera accionada, por lo que la vinculaci\u00f3n \u00a0de \u00e9sta es infundada, y por lo tanto, su convocatoria a la \u00a0presente acci\u00f3n resulta apenas aparente. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Cumple \u00a0precisar al efecto, que de acuerdo con lo preceptuado en el par\u00e1grafo \u00a0del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1382 de 2000, \u00ablos \u00a0hechos descritos en la solicitud de tutela\u00bb \u00a0son \u00a0los que permiten determinar la competencia para conocer de dicha \u00a0acci\u00f3n, de suerte que las reglas all\u00ed descritas, logran \u00a0cabal desarrollo a partir la descripci\u00f3n f\u00e1ctica \u00a0indicada, por lo que no basta con que se designe a un demandado o que \u00a0se exponga, aisladamente, el motivo de su convocatoria, como se hizo \u00a0en este caso, para que de esa manera, inapropiadamente, la gestora \u00a0del amparo, var\u00ede el funcionario habilitado para el \u00a0conocimiento de la queja. De otro modo, se radicar\u00eda esa \u00a0facultad solamente con estribo en la clase de demandado, con \u00a0prescindencia de que ciertamente se le acuse o no de la infracci\u00f3n \u00a0de alg\u00fan derecho fundamental, dejando en el vac\u00edo, por \u00a0tanto, los prop\u00f3sitos de racionalizaci\u00f3n y \u00a0desconcentraci\u00f3n en el conocimiento de las acciones de tutela, \u00a0que justifican dichos preceptos legales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0tales condiciones, como los hechos del escrito de tutela \u00fanicamente \u00a0involucran a la \u00a0uariv, \u00a0y \u00e9sta no s\u00f3lo de conformidad con el art\u00edculo 1\u00ba \u00a0del Decreto 4802 de 2011, es una entidad con personer\u00eda \u00a0jur\u00eddica, patrimonio propio y autonom\u00eda administrativa, \u00a0sino que de acuerdo con lo reglado en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo \u00a038 de la Ley 489 de 1998, es una entidad descentralizada por \u00a0servicios del orden nacional, se tiene que la Sala Civil \u00a0Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior \u00a0del Distrito Judicial de Cartagena, que conoci\u00f3 del amparo en \u00a0primera instancia, carec\u00eda de competencia para decidirlo, de \u00a0conformidad con lo ordenado por el inciso 2\u00ba del numeral 1\u00ba \u00a0 del art\u00edculo 1\u00b0 del apuntado Decreto 1382 que, se sabe, \u00a0asign\u00f3 esa potestad, en primera instancia, en este caso a los \u00a0Jueces del Circuito o con categor\u00eda de tales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0De \u00a0este modo, la mentada situaci\u00f3n \u00a0concluye con la ocurrencia de los supuestos f\u00e1cticos de la \u00a0nulidad de que trata el \u00a0inciso primero del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del \u00a0Proceso, \u00a0precepto aplicable a las diligencias tutelares, en virtud de lo \u00a0establecido en el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992, \u00a0reglamentario del Decreto 2591 de 1991, atinente a que en \u00a0la \u00a0interpretaci\u00f3n de las disposiciones que rigen dicho tr\u00e1mite \u00a0se aplicar\u00e1n los principios generales del C\u00f3digo \u00a0General del Proceso, en todo aquello que no sean contrarios al \u00a0Decreto objeto de la reglamentaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0torno a la facultad para decretar \u00abnulidades\u00bb \u00a0a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1382 de 2000, esta \u00a0Corporaci\u00f3n ha precisado, que \u00a0<\/p>\n
\u00abla \u00a0Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte \u00a0Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) \u00a0sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el \u00a0tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su \u00a0finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n \u00a0efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Empero, no \u00a0comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u00a0\u2018no \u00a0est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar \u00a0nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o \u00a0interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de \u00a02000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de \u00a0fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen \u00a0jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para \u00a0conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l \u00a0contenidas son meramente de reparto.\u201d \u201cEn efecto, el \u00a0Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto \u00a02591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de \u00a0la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de \u00a0reparto entre los jueces competentes\u201d. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Pero \u00a0tambi\u00e9n, dispone directrices concretas para el conocimiento \u00a0funcional de determinadas acciones de tutela. Ad exemplum, \u2018[l]o \u00a0accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o \u00a0el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional \u00a0Disciplinaria, ser\u00e1 repartido a la misma corporaci\u00f3n y \u00a0se resolver\u00e1 por la Sala de Decisi\u00f3n, Secci\u00f3n o \u00a0Subsecci\u00f3n que corresponda de conformidad con el reglamento al \u00a0que se refiere el art\u00edculo 4\u00b0 del presente decreto\u2019, \u00a0siendo inadmisible que otro juez diferente resulte conociendo de un \u00a0amparo en su contra, por supuesto, en las hip\u00f3tesis en que \u00a0eventualmente procediere el amparo contra estas altas Corporaciones \u00a0de Justicia, que ser\u00edan los mismos en los cuales tambi\u00e9n \u00a0proceder\u00eda contra la Corte Constitucional, naturalmente ajenos \u00a0a la invasi\u00f3n o ejercicio de sus funciones constitucionales o \u00a0legales privativas por otras autoridades. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0otra parte, aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los \u00a0principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia \u00a0del juez est\u00e1 \u00a0indisociablemente [ligada] con el derecho \u00a0fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el \u00a0acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de \u00a0donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta \u00a0de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la \u00a0constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s \u00a0urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la \u00a0competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho \u00a0constitucional fundamental al debido proceso\u2019 (Auto 304 A \u00a0de \u00a02007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino \u00a0conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o \u00a0tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas \u00a0propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte \u00a0Constitucional). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cAn\u00e1logamente, \u00a0el principio de legalidad imperante en todas las actuaciones de los \u00a0servidores del Estado, precisa atribuciones concretas y ninguno puede \u00a0ejercer sino las confiadas expresamente en la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica y la ley, cuya competencia \u00a0asigna el legislador y \u00a0los jueces, dentro de un marco estricto, de orden p\u00fablico y, \u00a0por tanto, de estricta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n.\u201d \u00a0\u201cEn id\u00e9ntico sentido, razones de transcendental \u00a0significaci\u00f3n inherentes a la autonom\u00eda e independencia \u00a0de los jueces (art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n \u00a0Nacional) y su sujeci\u00f3n al imperio del ordenamiento jur\u00eddico, \u00a0estar\u00edan seriamente comprometidas de limitarse las facultades \u00a0y deberes de los jueces, sean ordinarios, sean \u00a0constitucionales\u201d\u00bb \u00a0(CSJ \u00a0ATC, 13 may. 2009, Rad. 00083-01; reiterado, entre \u00a0otros, en ATC1229-2015, \u00a0ATC493-2016 \u00a0y ATC1127-2016). \u00a0<\/p>\n
7. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Por \u00a0consiguiente, como, se reitera, la Sala Civil Especializada en \u00a0Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena no \u00a0era la llamada a conocer en primera instancia del referido asunto, se \u00a0decretar\u00e1 la nulidad de todo lo actuado, sin perjuicio de la \u00a0validez de las pruebas recaudas en la actuaci\u00f3n surtida \u00a0(inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 138 del C.G.P.), para que por \u00a0secretar\u00eda se remita la demanda de tutela a los Juzgados del \u00a0Circuito de dicha localidad o con categor\u00eda de tales, \u00a0para \u00a0que se tramite y decida este asunto conforme a las reglas \u00a0constitucionales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por lo expuesto, \u00a0la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Declarar \u00a0la nulidad de todo lo actuado en la tutela arriba referida, a \u00a0partir del auto que orden\u00f3 su tr\u00e1mite, sin perjuicio de \u00a0la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del inciso segundo \u00a0del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0consecuencia, se \u00a0ordena remitir el expediente a los Juzgados del Circuito o \u00a0con categor\u00eda de tales, de Cartagena, \u00a0a \u00a0trav\u00e9s del Centro de Servicios Judiciales de dicha ciudad, \u00a0para que sea sometida a reparto. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Comun\u00edquese \u00a0lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y \u00a0l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
Presidente de Sala \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
AROLDO WILSON \u00a0QUIROZ MONSALVO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ALONSO \u00a0RICO PUERTA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ARIEL SALAZAR \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ARMANDO \u00a0TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Art\u00edculo 14 del Decreto 2591 de 1991. \u00a0<\/p>\n
10 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0 Magistrado \u00a0ponente \u00a0 \u00a0\u00a0 ATC7912-2016 \u00a0 Radicaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 13001-22-21-000-2016-00114-01 \u00a0 (Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de noviembre de dos mil \u00a0diecis\u00e9is) \u00a0 \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1, \u00a0D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil diecis\u00e9is \u00a0(2016).- \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 Corresponder\u00eda \u00a0decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-97179","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97179","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97179"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97179\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97179"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97179"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97179"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}