\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
AROLDO WILSON \u00a0QUIROZ MONSALVO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ATC8057-2016 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00ba 23001-22-14-000-2016-00559-01 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 D. \u00a0C., veintitr\u00e9s (23) de noviembre de dos mil diecis\u00e9is \u00a0(2016). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Corresponder\u00eda \u00a0decidir la \u00a0consulta del auto de 31 \u00a0de octubre de 2016, \u00a0por medio del cual la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda resolvi\u00f3 \u00a0el incidente de desacato formulado por Lucelys Mestra Rodr\u00edguez \u00a0contra el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y Fonvivienda; \u00a0si \u00a0no fuese porque aflora una causal de nulidad que debe ser declarada. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
S\u00e1bese que \u00a0siendo el proceso una serie de actos coordinados y sucesivos al \u00a0interior del cual se discuten la pretensi\u00f3n y la oposici\u00f3n \u00a0correlativa, \u00e9ste ha de estar sometido a una serie de \u00a0formalidades que garanticen el derecho individual y permitan el \u00a0cumplimiento de los principios constitucionales, el debido proceso y \u00a0el derecho de defensa de las partes. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
El desconocimiento \u00a0o inobservancia de las formas legalmente constituidas para el regular \u00a0desenvolvimiento de la relaci\u00f3n procesal entra\u00f1a \u00a0anomal\u00edas de las que se deriva nocividad capaz de conculcar \u00a0los derechos de las partes y cuya ocurrencia ha sido prevista \u00a0teleol\u00f3gicamente por el legislador, precisamente para evitar \u00a0que \u00e9stas atenten contra el derecho de defensa de los \u00a0litigantes. A tal fin, el C\u00f3digo General del Proceso \u00a0reglament\u00f3 los sucesos que ostentan el car\u00e1cter de \u00a0nulidad y atribuy\u00f3, en consecuencia, la calidad de \u00a0irregularidades de menor entidad y por ende saneables a trav\u00e9s \u00a0de otros medios de impugnaci\u00f3n, a las dem\u00e1s falencias \u00a0all\u00ed no contempladas. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Espec\u00edficamente \u00a0cuando en el transcurso del rito se presenten situaciones t\u00edpicas \u00a0que vulneren el derecho de defensa, a efectos de salvaguardarlo, \u00a0fueron consagrados por el estatuto adjetivo, en forma taxativa, los \u00a0hechos que pueden configurar nulidad procedimental con el fin de \u00a0preservar la garant\u00eda constitucional del debido proceso. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
La tutela, a pesar \u00a0de que entra\u00f1a un procedimiento breve y sumario no puede \u00a0desconocer derechos fundamentales, destacando que la celeridad que es \u00a0propia de su naturaleza no puede dar al traste con el derecho de \u00a0defensa de las personas. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Del \u00a0diligenciamiento de este juicio surge notorio que el Tribunal \u00a0Constitucional \u00a0incurri\u00f3 \u00a0en la causal de nulidad prevista en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo \u00a0133 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los asuntos de \u00a0tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 \u00a0de 1992.1 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En efecto, en el \u00a0sub-examine \u00a0observa el Despacho, revisada \u00a0la actuaci\u00f3n, que \u00a0el \u00a026 de julio de 2016 la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda profiri\u00f3 \u00a0fallo de tutela, ordenando: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Con posterioridad, \u00a0Lucelys \u00a0Mestra Rodr\u00edguez radic\u00f3 \u00a0escrito \u00a0en el que solicit\u00f3 el adelantamiento del incidente de desacato \u00a0consagrado en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, lo que \u00a0dio lugar a que fuera iniciado el presente tr\u00e1mite mediante \u00a0auto de 18 \u00a0de octubre de 2016 contra \u00a0Elsa Noguera De la Espriella, en su calidad de Ministra de Vivienda, \u00a0Ciudad y Territorio, y Jorge Alexander Vargas Mesa, \u00a0en su condici\u00f3n de Director del Fondo Nacional de Vivienda \u00a0y, posteriormente, con prove\u00eddo de 31 de octubre de 2016 \u00a0sancion\u00f3 al \u00faltimo, \u00a0con \u00a0arresto de dos (2) d\u00edas, y multa de tres (3) salarios m\u00ednimos \u00a0legales mensuales vigentes, por el incumplimiento de la mentada orden \u00a0constitucional. Asimismo, absolvi\u00f3 a Elsa Noguera De la \u00a0Espriella, en su calidad de Ministra de Vivienda, Ciudad y \u00a0Territorio. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Sin embargo, \u00a0advierte este despacho que los incidentados no fueron debidamente \u00a0identificados en el prove\u00eddo que dio apertura al tr\u00e1mite, \u00a0pues si bien se dispuso la notificaci\u00f3n de Jorge \u00a0Alexander Vargas Mesa \u00a0como Director del Fondo Nacional de Vivienda, lo cierto es que el \u00a0actual Director Ejecutivo de esa entidad es Alejandro Quintero \u00a0Romero, siendo necesaria la vinculaci\u00f3n previa precisa de \u00a0quienes tienen que observar el mandato constitucional, destacando que \u00a0acorde con el art\u00edculo 8 del Decreto 555 de 2003 al \u00faltimo \u00a0corresponde, en esa condici\u00f3n, \u00ab[d]ictar \u00a0los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus \u00a0funciones\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed las \u00a0cosas, en punto del incumplimiento de una orden de tutela, el \u00a0desacato debe estar dirigido en concreto contra la persona natural, \u00a0plenamente identificada, a quien se le imparti\u00f3 la misma o a \u00a0quien compete acatarla en el evento de que no sea aquella y, para \u00a0garantizar el derecho de defensa y el debido proceso, es necesario, \u00a0entonces, determinar e individualizar al responsable de la conducta \u00a0omisiva, notific\u00e1ndole, tambi\u00e9n, el auto que inicia el \u00a0tr\u00e1mite del incidente de desacato, formalidades \u00e9stas \u00a0que no fueron cumplidas en el sub \u00a0lite, \u00a0como ya se anot\u00f3, conllevando a que resultara sancionada una \u00a0persona cuya obligaci\u00f3n de acatar la orden constitucional se \u00a0muestra incierta. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Al \u00a0respecto, esta \u00a0Corte ha indicado que: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) de \u00a0entrada, se observa que no hay constancia en el expediente de que el \u00a0fallo de tutela se haya notificado a [todas] la[s] persona[s] \u00a0incidentada[s], para que la[s] misma[s] hubiese[n] podido conocer las \u00a0\u00f3rdenes dispuestas en esa decisi\u00f3n y dar cumplimiento o \u00a0explicar por qu\u00e9 no le era posible acatarlo (\u2026). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por lo tanto, \u00a0al no existir certeza de que [los] incidentado[s] haya[n] sido \u00a0debidamente enterado[s] (\u2026) de la apertura de tal actuaci\u00f3n \u00a0(\u2026), se torna evidente la vulneraci\u00f3n al debido proceso \u00a0y defensa del sancionado y, por ende, la incursi\u00f3n del tr\u00e1mite \u00a0en un vicio con alcance de nulidad insaneable, el cual debe ser \u00a0declarado por esta Corporaci\u00f3n \u00a0(CSJ \u00a0ATC795-2016, 18 feb. 2016, rad. 2015-00649-01). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Luego, como fueron \u00a0desconocidos los presupuestos aludidos, necesarios para garantizar el \u00a0debido proceso, se concluye que \u00a0este rito est\u00e1 afectado por vicios que conducen a la \u00a0declaratoria de la nulidad de todas aquellas actuaciones surtidas en \u00a0el presente incidente. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Con base en lo \u00a0expuesto, el Despacho resuelve: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Primero. \u00a0Declarar la nulidad de todo lo actuado en este asunto, a partir del \u00a0auto de 18 de octubre de 2016, inclusive. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Segundo. \u00a0En consecuencia, por el Tribunal de primera instancia renu\u00e9vese \u00a0la actuaci\u00f3n viciada conforme con lo expuesto en la parte \u00a0motiva de este prove\u00eddo. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Notif\u00edquese \u00a0y C\u00famplase, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
AROLDO WILSON \u00a0QUIROZ MONSALVO \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ese aparte normativo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fue incluido en el Art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del Decreto Nro. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a01069 de 2015 (Por \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Sector Justicia y del Derecho), \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0decreto\u00bb, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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