\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ALONSO RICO PUERTA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ATC8224-2016 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0 27001-22-08-000-2016-00127-01 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil diecis\u00e9is (2016). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Corresponder\u00eda a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n \u00a0interpuesta contra el fallo proferido por la Sala \u00a0\u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibd\u00f3 \u00a0el \u00a09 de septiembre de 2016, \u00a0dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Edwin \u00a0Crist\u00f3bal Mena Palacios \u00a0contra el Juzgado \u00a0Primero Promiscuo de Familia de dicha ciudad, \u00a0si no fuera porque del examen preliminar que se realiza al presente \u00a0asunto, se establece que el Tribunal de primera instancia incurri\u00f3 \u00a0en un yerro procesal que configura la causal de nulidad prevista en \u00a0el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General \u00a0del Proceso, aplicable a los asuntos de tutela por remisi\u00f3n \u00a0del art\u00edculo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015 (que recoge \u00a0el canon 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de \u00a01991). \u00a0<\/p>\n
Lo \u00a0anterior por cuanto revisado el expediente, se advierte que tanto de \u00a0la iniciaci\u00f3n del auxilio como del fallo, se dejaron de \u00a0notificar a los respectivos agentes del Ministerio P\u00fablico y \u00a0de la Defensor\u00eda de Familia, quienes detentan condici\u00f3n \u00a0de intervinientes legales forzosos en el proceso de alimentos para \u00a0menores de edad y del cual surge la actuaci\u00f3n objeto de \u00a0cuestionamiento (ejecutivo de alimentos n\u00ba 2015-00237); ello muy \u00a0a pesar que de \u00a0esta acci\u00f3n podr\u00eda eventualmente derivarse alg\u00fan \u00a0provecho o incluso un perjuicio con la determinaci\u00f3n que se \u00a0adopte, que por dem\u00e1s concierne a un asunto de la infancia y \u00a0la familia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ciertamente, \u00a0en este tipo de diligenciamientos se requiere la concurrencia de los \u00a0funcionarios en comento, precis\u00e1ndose respecto del \u00a0Defensor de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, \u00a0que el numeral 11 del art\u00edculo 82 de la Ley 1098 de 2006, \u00a0prev\u00e9 que a \u00e9ste, entre otras funciones, corresponde: \u00a0\u00ab11. \u00a0Promover los procesos o tr\u00e1mites judiciales a que haya lugar \u00a0en defensa de los derechos de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as o \u00a0los adolescentes, e intervenir en los procesos en que se discutan \u00a0derechos de estos, sin perjuicio de la actuaci\u00f3n del \u00a0Ministerio P\u00fablico y de la representaci\u00f3n judicial a \u00a0que haya lugar\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0cuanto a la labor de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, \u00a0el inciso 2\u00ba del par\u00e1grafo contenido en el art\u00edculo \u00a095 de la \u00a0normativa en comento, dispone que \u00ab[l]os \u00a0procuradores judiciales de familia obrar\u00e1n en todos los \u00a0procesos judiciales y administrativos, en defensa de los derechos de \u00a0los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, y podr\u00e1n \u00a0impugnar las decisiones que se adopten\u00bb, \u00a0y, el precepto 211 ib\u00eddem, \u00a0contempla que dicha entidad \u00abejercer\u00e1 \u00a0las funciones asignadas en esta ley anterior por intermedio de la \u00a0Procuradur\u00eda Delegada para la Defensa del Menor y la familia, \u00a0que a partir de esta ley se denominar\u00e1 la Procuradur\u00eda \u00a0Delegada para la defensa de los derechos de la Infancia, la \u00a0Adolescencia y la Familia, la cual a trav\u00e9s de las \u00a0procuradur\u00edas judiciales ejercer\u00e1 las funciones de \u00a0vigilancia superior, de prevenci\u00f3n, control de gesti\u00f3n \u00a0y de intervenci\u00f3n ante las autoridades administrativas y \u00a0judiciales tal como lo establece la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica \u00a0y la ley\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0su parte, el art\u00edculo 5\u00ba del Decreto 306 de 1992 \u00a0establece: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00abDe \u00a0conformidad con el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991\u00a0todas \u00a0las providencias que se dicten en el tr\u00e1mite de una acci\u00f3n \u00a0de tutela se deber\u00e1n notificar a las partes o a los \u00a0intervinientes. Para este efecto son partes la persona que ejerce la \u00a0acci\u00f3n de tutela y el particular, la entidad o autoridad \u00a0p\u00fablica contra la cual se dirige la acci\u00f3n de tutela de \u00a0conformidad con el art\u00edculo 13 del Decreto 2591 de 1991\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00abEl \u00a0juez velar\u00e1 porque de acuerdo con las circunstancias, el medio \u00a0y la oportunidad de la notificaci\u00f3n aseguren la eficacia de la \u00a0misma y la posibilidad de ejercer el derecho de defensa\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0el mismo sentido, el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991 \u00a0consagra que el fallo proferido en el resguardo, \u00abse \u00a0notificar\u00e1 por telegrama o por otro medio expedito que asegure \u00a0su cumplimiento, a m\u00e1s tardar al d\u00eda siguiente de haber \u00a0sido proferido\u00bb. \u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Sobre \u00a0la necesidad de \u00a0requerir a ambas autoridades, la Sala ha ilustrado: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00abdentro \u00a0de aquellos sujetos a los que se debe comunicar las decisiones \u00a0adoptadas en el tr\u00e1mite constitucional, se comprenden los \u00a0terceros determinados o determinables que pueden recibir provecho o \u00a0perjuicio de las resultas de la acci\u00f3n, as\u00ed como a los \u00a0funcionarios p\u00fablicos que deban actuar como garantes de los \u00a0derechos de las personas a las cuales la ley les otorga una especial \u00a0protecci\u00f3n\u00bb \u00a0(CSJ \u00a0ATC619-2014, 1\u00b0 jul. 2014, rad. 00257-01, reiterada en \u00a0ATC4925-2015, 31 ago. 2015, rad. 01736-01; ATC4411-2016, 11 jul. \u00a02016, rad. 00083-01 y ATC7046-2016, 13 oct. 2016, rad. 00456-01, \u00a0entre otros). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0las anteriores premisas legales y jurisprudenciales resulta \u00a0imperativo que el Juez de tutela garantice la participaci\u00f3n de \u00a0los intervinientes especiales en menci\u00f3n, aspecto que ni \u00a0siquiera fue contemplado en el auto de inicio de tr\u00e1mite (fl. \u00a014, cd. 1), y as\u00ed se mantuvo frente a la sentencia (fls. 101 a \u00a0115, ib\u00eddem). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Dicho \u00a0ordenamiento conduce a que el juzgador constitucional deba preservar \u00a0a los extremos en litigio y terceros determinados o determinables con \u00a0legitimidad en un juicio, su derecho a concurrir y exponer su \u00a0concepto u opini\u00f3n en aras a asegurarles a sus representados \u00a0el debido proceso, posibilidad que no se otorg\u00f3 en el presente \u00a0caso, conforme a los destacado en precedencia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0As\u00ed \u00a0las cosas, en aplicaci\u00f3n a lo previsto en los incisos 2\u00ba \u00a0y 3\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del \u00a0Proceso, que tratan sobre los efectos de la nulidad declarada y la \u00a0renovaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n, ser\u00e1 menester \u00a0invalidar exclusivamente la sentencia de primera instancia, en tanto \u00a0es el \u00fanico acto procesal que puede calificarse como \u00a0\u00abposterior \u00a0al motivo que la produjo y \u00a0que resulte afectada por este\u00bb, \u00a0lo cual supone la conservaci\u00f3n de la eficacia de los dem\u00e1s \u00a0sucesos previos y del acervo probatorio. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0En consecuencia, para la reanudaci\u00f3n del tr\u00e1mite el \u00a0a-quo \u00a0deber\u00e1 \u00a0realizar la vinculaci\u00f3n pretermitida a fin de dictar la \u00a0sentencia que defina el grado de conocimiento a su cargo, otorgando \u00a0la posibilidad para que todos los interesados ejerzan sus derechos de \u00a0defensa y contradicci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte \u00a0Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1\u00ba. \u00a0Declarar \u00a0la nulidad de la sentencia proferida por la Sala \u00danica del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibd\u00f3 el 9 de \u00a0septiembre de 2016, \u00a0en \u00a0la acci\u00f3n de tutela antes referida. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2\u00ba. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0consecuencia, se ordena devolver el expediente a la Colegiatura de \u00a0origen para que se reponga la actuaci\u00f3n, conforme lo anotado \u00a0en la parte motiva de esta providencia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3\u00ba. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ent\u00e9rese \u00a0de lo aqu\u00ed resuelto a los actuales interesados mediante \u00a0telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones \u00a0pertinentes. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Notif\u00edquese \u00a0y c\u00famplase, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ALONSO RICO PUERTA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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