\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ALONSO \u00a0RICO PUERTA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ATC8265-2016 \u00a0<\/p>\n
Radicaci\u00f3n \u00a0n\u00b0 73001-22-13-000-2016-00588-01 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil diecis\u00e9is (2016). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Corresponder\u00eda \u00a0a la Corte decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo \u00a0proferido por la Sala \u00a0Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 \u00a0el \u00a014 de octubre de 2016, \u00a0dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jes\u00fas \u00a0Loaiza Cuprica, Jaime Loaiza Cuprica, Ronald Jymmy Loaiza Cacais, \u00a0William Alfonso Loaiza Cacais, John Jairo Gonz\u00e1lez Ram\u00edrez \u00a0y Diego Alejandro \u00a0Poloche contra \u00a0Nelson \u00a0Leal Luna (Gobernador), \u00a0Ferney Tique Otavo (Gobernador suplente) \u00a0y Alfonso \u00a0Rico Ramos (Secretario) del \u00a0Cabildo \u00a0Ind\u00edgena de la Comunidad de Ancestros Coya Mana Grande, \u00a0tr\u00e1mite al que fueron vinculados la Direcci\u00f3n de \u00a0Asuntos Ind\u00edgenas Rom y Minor\u00edas del Ministerio del \u00a0Interior y la Alcald\u00eda de Coyaima (Tolima), si no fuera porque \u00a0de la revisi\u00f3n preliminar que se realiza al expediente, se \u00a0advierte la causal de nulidad prevista \u00a0en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo \u00a0General del Proceso, aplicable a los asuntos de tutela por remisi\u00f3n \u00a0del art\u00edculo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015 (que recoge \u00a0el canon 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de \u00a01991). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Quienes promueven la demanda tutelar, fueron expulsados, \u00a0junto a su grupo familiar de la Comunidad Ind\u00edgena \u00abAncestros \u00a0Coya Mana Grande\u00bb, \u00a0por decisi\u00f3n del Cabildo adoptada en \u00abReuni\u00f3n \u00a0Minga de Pensamiento\u00bb \u00a0llevada a cabo el 29 de julio del a\u00f1o en curso (fls. 4 a 13, \u00a0cd.1) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Con la presente acci\u00f3n constitucional los afectados buscan el \u00a0reintegro inmediato de los 6 n\u00facleos familiares desalojados \u00a0(un total de 20 personas, 8 de ellas menores de edad), en procura de \u00a0la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la vida, a la \u00a0igualdad, al debido proceso, entre otros, que consideran vulnerados \u00a0con esa medida (ff. 21 a 29, ib\u00eddem). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 El Tribunal a-quo, \u00a0tras disponer la vinculaci\u00f3n del Ministerio del Interior y de \u00a0la Alcald\u00eda de Coyaima – Tolima, mediante el fallo cuestionado \u00a0defini\u00f3 la controversia al precisar que \u00ab(\u2026) \u00a0no se podr\u00eda inferir que con dicha decisi\u00f3n se atente \u00a0contra los derechos fundamentales invocados, y por lo tanto el amparo \u00a0de tutela deprecado en tal sentido no est\u00e1 llamado a \u00a0prosperar\u00bb. \u00a0<\/p>\n
Sin \u00a0embargo, concedi\u00f3 \u00a0parcialmente la salvaguarda al ordenar \u00a0 \u00ab(\u2026) \u00a0a la Alcald\u00eda de Coyaima \u2013 Tolima y Direcci\u00f3n de \u00a0Asuntos Ind\u00edgenas Rom y Minor\u00edas para que dentro de las \u00a048 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, \u00a0brinden a los tutelantes (\u2026) junto con sus respectivas \u00a0familias todo el acompa\u00f1amiento que sea necesario para que \u00a0dicho proceso se lleve a cabo de manera adecuada sin que implique \u00a0riesgos adicionales para las personas expulsadas (\u2026), \u00a0disponiendo incluso para tal proceso de la participaci\u00f3n del \u00a0Ministerio P\u00fablico si la situaci\u00f3n lo amerita\u00bb \u00a0(fl. \u00a052 a 60, cd.1) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0La \u00a0decisi\u00f3n fue impugnada por el Ministerio P\u00fablico (fls. \u00a065 a 67, ib\u00eddem), \u00a0y concedido el recurso se remitieron las diligencias a esta Sala para \u00a0lo pertinente. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Si bien la acci\u00f3n de tutela instituida por el Constituyente \u00a0como tr\u00e1mite judicial para la defensa de los derechos \u00a0fundamentales se caracteriza por su informalidad y sumariedad, no es \u00a0ajena a las reglas del debido proceso consagrado en el art\u00edculo \u00a029 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, dentro de las cuales se \u00a0contempla la obligaci\u00f3n de notificar a las partes o \u00a0intervinientes las providencias emitidas, como as\u00ed lo disponen \u00a0los art\u00edculos 16 del Decreto 2591 de 1991 y 5\u00ba del \u00a0Decreto 306 de 1992. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Esos mandatos \u00a0cobran mayor relevancia cuando se trata de informar a los interesados \u00a0sobre la iniciaci\u00f3n del asunto y desde luego sobre su \u00a0resultado, pues en esas oportunidades es posible ejercer el derecho \u00a0de defensa o de impugnaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Examinado lo actuado, se evidencia la falta de notificaci\u00f3n \u00a0del Agente del Ministerio P\u00fablico y del Defensor de Familia \u00a0del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como quiera que su \u00a0vinculaci\u00f3n resulta trascendente, por cuanto la acci\u00f3n \u00a0instaurada tiene como fin la protecci\u00f3n concreta de 6 grupos \u00a0familiares expulsados del cabildo ind\u00edgena, compuestos por un \u00a0total de 20 personas de las cuales 8 de ellas son infantes y \u00a0adolescentes (ver folio 21, ib.); \u00a0y adem\u00e1s porque el Ministerio P\u00fablico, quien fue objeto \u00a0de una orden concreta en la resolutiva, como ya se indic\u00f3, no \u00a0fue notificado del inici\u00f3 proceso ni del fallo proferido. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Al \u00a0respecto \u00a0y frente a la indispensable concurrencia del Defensor \u00a0de Familia (ICBF), el numeral 11 del art\u00edculo 82 de la Ley \u00a01098 de 2006 se\u00f1ala que a \u00e9ste le corresponde: \u00ab11. \u00a0Promover los procesos o tr\u00e1mites judiciales a que haya lugar \u00a0en defensa de los derechos de los ni\u00f1os, las ni\u00f1as o \u00a0los adolescentes, e intervenir en los procesos en que se discutan \u00a0derechos de estos, sin perjuicio de la actuaci\u00f3n del \u00a0Ministerio P\u00fablico y de la representaci\u00f3n judicial a \u00a0que haya lugar\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0cuanto a la labor de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, \u00a0el inciso 2\u00ba del par\u00e1grafo contenido en el art\u00edculo \u00a095 de la \u00a0normativa en comento, dispone que \u00ab[l]os \u00a0procuradores judiciales de familia obrar\u00e1n en todos los \u00a0procesos judiciales y administrativos, en defensa de los derechos de \u00a0los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, y podr\u00e1n \u00a0impugnar las decisiones que se adopten\u00bb, \u00a0y, el precepto 211 ib\u00eddem, \u00a0contempla que dicha entidad \u00abejercer\u00e1 \u00a0las funciones asignadas en esta ley anterior por intermedio de la \u00a0Procuradur\u00eda Delegada para la Defensa del Menor y la familia, \u00a0que a partir de esta ley se denominar\u00e1 la Procuradur\u00eda \u00a0Delegada para la defensa de los derechos de la Infancia, la \u00a0Adolescencia y la Familia, la cual a trav\u00e9s de las \u00a0procuradur\u00edas judiciales ejercer\u00e1 las funciones de \u00a0vigilancia superior, de prevenci\u00f3n, control de gesti\u00f3n \u00a0y de intervenci\u00f3n ante las autoridades administrativas y \u00a0judiciales tal como lo establece la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica \u00a0y la ley\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0materia de notificaci\u00f3n de las actuaciones surtidas en la \u00a0acci\u00f3n de tutela, el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de \u00a01991 dispone: \u00abLas \u00a0providencias que se dicten se notificar\u00e1n a las partes o \u00a0intervinientes, por el medio que el juez considere m\u00e1s \u00a0expedito y eficaz\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0su parte, el art\u00edculo 5\u00ba del Decreto 306 de 1992 \u00a0establece: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00abDe \u00a0conformidad con el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991\u00a0todas \u00a0las providencias que se dicten en el tr\u00e1mite de una acci\u00f3n \u00a0de tutela se deber\u00e1n notificar a las partes o a los \u00a0intervinientes. Para este efecto son partes la persona que ejerce la \u00a0acci\u00f3n de tutela y el particular, la entidad o autoridad \u00a0p\u00fablica contra la cual se dirige la acci\u00f3n de tutela de \u00a0conformidad con el art\u00edculo 13 del Decreto 2591 de 1991\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00abEl \u00a0juez velar\u00e1 porque de acuerdo con las circunstancias, el medio \u00a0y la oportunidad de la notificaci\u00f3n aseguren la eficacia de la \u00a0misma y la posibilidad de ejercer el derecho de defensa\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0el mismo sentido, el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991 \u00a0consagra que el fallo proferido en el resguardo, \u00abse \u00a0notificar\u00e1 por telegrama o por otro medio expedito que asegure \u00a0su cumplimiento, a m\u00e1s tardar al d\u00eda siguiente de haber \u00a0sido proferido\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Sobre \u00a0la necesidad de \u00a0requerir a ambas autoridades, la Sala ha ilustrado: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00abdentro \u00a0de aquellos sujetos a los que se debe comunicar las decisiones \u00a0adoptadas en el tr\u00e1mite constitucional, se comprenden los \u00a0terceros determinados o determinables que pueden recibir provecho o \u00a0perjuicio de las resultas de la acci\u00f3n, as\u00ed como a los \u00a0funcionarios p\u00fablicos que deban actuar como garantes de los \u00a0derechos de las personas a las cuales la ley les otorga una especial \u00a0protecci\u00f3n\u00bb \u00a0(CSJ \u00a0ATC619-2014, 1\u00b0 jul. 2014, rad. 00257-01, reiterada en \u00a0ATC4925-2015, 31 ago. 2015, rad. 01736-01; ATC4411-2016, 11 jul. \u00a02016, rad. 00083-01; ATC5553-2016, 24 ago. 2016, rad. 00202-01, entre \u00a0otras). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0las premisas legales y jurisprudenciales anotadas resulta imperativo \u00a0que \u00a0el Juez de tutela garantice la participaci\u00f3n de tales \u00a0intervinientes especiales, m\u00e1xime si se advierte la presencia \u00a0de menores de edad que pudieren ser afectados con la decisi\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Dicho \u00a0ordenamiento conduce a que el funcionario \u00a0judicial deba preservar a los extremos en litigio y terceros \u00a0determinados o determinables, con legitimidad en un juicio, su \u00a0derecho a concurrir y exponer su concepto u opini\u00f3n en aras a \u00a0asegurarles a sus representados el debido proceso, posibilidad que no \u00a0se otorg\u00f3 en el presente caso, conforme a los destacado en \u00a0precedencia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0As\u00ed \u00a0las cosas, en aplicaci\u00f3n de lo previsto en los incisos 2\u00ba \u00a0y 3\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del \u00a0Proceso, que tratan sobre los efectos de la nulidad declarada y la \u00a0renovaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n, ser\u00e1 menester \u00a0invalidar exclusivamente la sentencia de primera instancia, en tanto \u00a0es el \u00fanico acto procesal que puede calificarse como \u00a0\u00abposterior \u00a0al motivo que la produjo y \u00a0que resulte afectada por este\u00bb, \u00a0lo cual supone la conservaci\u00f3n de la eficacia de los dem\u00e1s \u00a0sucesos previos y del acervo probatorio. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0En este orden, para la reanudaci\u00f3n del tr\u00e1mite el a-quo \u00a0deber\u00e1 \u00a0realizar las vinculaciones pretermitidas a fin de que brindada la \u00a0posibilidad para que todos los interesados ejerzan sus derechos de \u00a0defensa, profiera el fallo que defina el grado de conocimiento a su \u00a0cargo, otorgando tambi\u00e9n la oportunidad para que los \u00a0intervinientes puedan impugnar. \u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1\u00ba. \u00a0Declarar \u00a0la nulidad de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del \u00a0Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 14 de \u00a0octubre de 2016, \u00a0en \u00a0la acci\u00f3n de tutela antes referida. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2\u00ba. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0En \u00a0consecuencia, se ordena devolver el expediente a la Colegiatura de \u00a0origen para que se reponga la actuaci\u00f3n, conforme lo anotado \u00a0en la parte motiva de esta providencia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3\u00ba. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ent\u00e9rese \u00a0de lo aqu\u00ed resuelto a los actuales interesados mediante \u00a0telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones \u00a0pertinentes. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Notif\u00edquese \u00a0y c\u00famplase, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS ALONSO \u00a0RICO PUERTA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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