\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ALONSO RICO PUERTA \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ATC8334-2016 \u00a0<\/p>\n
(Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil diecis\u00e9is) \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., primero (1\u00ba) de diciembre de dos mil diecis\u00e9is \u00a0(2016). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Corresponder\u00eda \u00a0a la Sala decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo \u00a0proferido por la Sala \u00a0Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 \u00a0el \u00a025 de octubre de 2016 \u00a0que neg\u00f3 la \u00a0tutela de Carmen \u00a0Nohora Benavides de \u00c1vila contra \u00a0el Juzgado \u00a0Promiscuo Municipal de Piedras, Fiduprevisora S.A., la \u00a0Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y de \u00a0Recursos Parafiscales de Protecci\u00f3n Social-UGPP y \u00a0Arqu\u00edmedes \u00c1vila Rond\u00f3n, si \u00a0no fuese porque se \u00a0advierte que el presente tr\u00e1mite se encuentra viciado de \u00a0nulidad, como pasa a verse. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Obrando por intermedio de apoderada, la accionante reclama la \u00a0protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la vida digna, \u00a0igualdad, \u00abde \u00a0la mujer y personas de la tercera edad\u00bb, \u00a0presuntamente vulnerados por el Despacho judicial acusado al no \u00a0tramitar incidente contra los pagadores de Fiduprevisora \u00a0S.A. y la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional \u00a0y de Recursos Parafiscales de Protecci\u00f3n Social-UGPP por no \u00a0acatar el embargo del 25% de la pensi\u00f3n que recibe Arqu\u00edmedes \u00a0\u00c1vila Rond\u00f3n, dispuesto dentro del juicio de fijaci\u00f3n \u00a0de alimentos que interpuso contra aqu\u00e9l. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Pide, en consecuencia, se inicie el aludido tr\u00e1mite para que \u00a0se cumpla la orden judicial (fls. \u00a01 a 6, cd. 1). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 El a-quo \u00a0admiti\u00f3 la demanda el 11 de octubre de 2016 y, el 25 de ese \u00a0mes, neg\u00f3 el amparo al establecer que las entidades \u00a0involucradas hab\u00edan puesto a disposici\u00f3n del juzgado \u00a0los dineros cautelados y le correspond\u00eda a la querellante \u00a0solicitarlos (fls. 92 a 98, cd. 1). Dicha decisi\u00f3n fue apelada \u00a0por la inconforme y remitida a esta Sala para lo pertinente. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Al \u00a0revisar el diligenciamiento de este asunto, advierte la Sala la falta \u00a0de competencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 \u00a0para resolver en primera instancia la presente acci\u00f3n, como \u00a0quiera que se suscita una vinculaci\u00f3n aparente respecto de \u00a0Fiduprevisora S.A. y la \u00a0Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y de \u00a0Recursos Parafiscales de Protecci\u00f3n Social-UGPP. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, el asunto objeto de debate \u00fanicamente le concierte al \u00a0Juzgado Promiscuo Municipal de Piedras por ser el legalmente \u00a0facultado para abrir el incidente pretendido contra los pagadores de \u00a0dichas entidades, lo que debe dirimirse en el escenario judicial, sin \u00a0que \u00ab(\u2026) \u00a0pueda asumirse que por el simple hecho de accionar en contra de los \u00a0nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en \u00a0cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su \u00a0vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro \u00a0y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho \u00a0endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb \u00a0 (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01; \u00a0ATC3603-2016, 9 jun. 2016, rad. 00045-01, y ATC4127-2016, \u00a030 jun. 2016, rad. 00275-01, entre otros). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0En este orden, por cuanto el sujeto pasivo del resguardo, a quien se \u00a0atribuye la supuesta irregularidad que se denuncia es, se reitera, el \u00a0Juzgado Promiscuo Municipal de Piedras, la competencia para conocer \u00a0del mismo, corresponde, en primera instancia, a los Juzgados de \u00a0Familia de Ibagu\u00e9, por ser el circuito al que pertenece el \u00a0accionado y suscitarse la controversia dentro de un proceso de \u00a0alimentos, seg\u00fan lo previsto en el numeral 2\u00ba del \u00a0art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, seg\u00fan el \u00a0cual \u00ab[C]uando \u00a0la acci\u00f3n de tutela se promueva contra un funcionario o \u00a0corporaci\u00f3n judicial, le ser\u00e1 repartida al respectivo \u00a0superior funcional del accionado\u00bb. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Atendiendo lo antes discurrido, en el presente asunto se configura la \u00a0nulidad por falta de competencia prevista en el numeral 1\u00b0 del \u00a0art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual, \u00a0por ser funcional, de conformidad con el 138 \u00eddem, \u00a0implica \u00a0que \u00ab\u2026 \u00a0lo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 \u00a0de inmediato al juez competente; pero \u00a0si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. \u00a0Resalta la Sala. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tanto, en cumplimiento del inciso final de la segunda disposici\u00f3n, \u00a0que ordena que \u00ab[e]l \u00a0auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que \u00a0debe renovarse\u00bb, \u00a0se precisa que al dejarse sin efecto el fallo proferido por el \u00a0Tribunal, se dispondr\u00e1 que el funcionario habilitado para tal \u00a0fin conforme a la ley, dicte uno nuevo que defina en primer grado el \u00a0amparo, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar (vr. g. \u00a0practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas). \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Ahora, respecto a la facultad para decretar nulidades \u00a0a partir de las reglas fijadas legalmente, se reitera que: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00ab…la \u00a0Sala hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte \u00a0Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (Exp. I.C.C.1404) \u00a0sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el \u00a0tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su \u00a0finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n \u00a0efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
Empero, \u00a0no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces \u00a0\u2018no \u00a0est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar \u00a0nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o \u00a0interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de \u00a02000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de \u00a0fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen \u00a0jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para \u00a0conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l \u00a0contenidas son meramente de reparto.\u201d \u201cEn efecto, el \u00a0Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto \u00a02591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de \u00a0la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de \u00a0reparto entre los jueces competentes\u00bb \u00a0CSJ ATC, \u00a013 may. 2009, rad. 00083-01, ratificado entre otros en ATC1229-2015, \u00a0ATC1127-2016 y ATC3603-2016, 9 jun. 2016, rad. 00045-01. \u00a0<\/p>\n
5. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Finalmente, \u00a0en cuanto a la \u00a0orden que en esta oportunidad se impartir\u00e1, una vez m\u00e1s \u00a0se advierte lo que sobre el punto ha dicho esta Corporaci\u00f3n: \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00ab(\u2026) \u00a0no cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni \u00a0negativa de un juez de inferior categor\u00eda al superior, pues la \u00a0historia jur\u00eddica ha patentizado desde \u00e9pocas remotas \u00a0(Ley 105 de 1931) que la organizaci\u00f3n judicial en forma de \u00a0cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarqu\u00eda tan b\u00e1sico \u00a0para una recta administraci\u00f3n de justicia, pues de lo \u00a0contrario se llegar\u00eda a la anarqu\u00eda y perder\u00eda \u00a0el concepto de autoridad fijado en la misma ley. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0esta misma perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas \u00a0reformas conservando el n\u00facleo esencial, tal y como ocurri\u00f3 \u00a0con el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adopt\u00f3 el C\u00f3digo \u00a0de Procedimiento Civil, confirmando la regla que \u2018El \u00a0juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, \u00a0cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior \u00a0jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia\u2019. \u00a0Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el \u00a0inciso 3\u00ba del art\u00edculo 148 bajo el mismo texto y con \u00a0plena vigencia (\u2026)\u00bb. \u00a0CSJ, ATC 16 jul. \u00a02010, rad. 2010-00022-01; reiterado el 9 de agosto de 2010, rad. \u00a02010-00064-01; 28 de febrero de 2014, rad. 2013-00648-01 y \u00a0ATC4508-2016, 14 jul. 2016, rad. 00189-01. Resalta la Sala. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
DECISI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la \u00a0Corte Suprema de Justicia, \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Declarar \u00a0la nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia proferida \u00a0por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial \u00a0de Ibagu\u00e9 el 25 de octubre de 2016 en el asunto de la \u00a0referencia. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. Ordenar \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la remisi\u00f3n del expediente, a los Juzgados de Familia de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ibagu\u00e9 – reparto, para que asuman el conocimiento de la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0presente acci\u00f3n constitucional. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
2. Comun\u00edquese \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO \u00a0<\/p>\n
Presidente \u00a0de Sala \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
MARGARITA \u00a0CABELLO BLANCO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
AROLDO \u00a0WILSON QUIROZ MONSALVO \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ALONSO RICO PUERTA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
ARIEL \u00a0SALAZAR RAM\u00cdREZ \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0<\/p>\n
LUIS \u00a0ARMANDO TOLOSA VILLABONA \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 LUIS \u00a0ALONSO RICO PUERTA \u00a0 Magistrado \u00a0Ponente \u00a0 \u00a0\u00a0 ATC8334-2016 \u00a0 (Aprobado \u00a0en sesi\u00f3n de treinta de noviembre de dos mil diecis\u00e9is) \u00a0 \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1, \u00a0D.C., primero (1\u00ba) de diciembre de dos mil diecis\u00e9is \u00a0(2016). \u00a0 \u00a0\u00a0 Corresponder\u00eda \u00a0a la Sala decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo \u00a0proferido por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-97215","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97215","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97215"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97215\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97215"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97215"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97215"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}