{"id":97326,"date":"2025-03-26T19:20:48","date_gmt":"2025-03-26T19:20:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97326\/"},"modified":"2025-03-26T19:20:48","modified_gmt":"2025-03-26T19:20:48","slug":"97326","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97326\/","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"\n
\n

Rep\u00fablica de Colombia<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

\n

Corte Suprema de Justicia<\/font><\/font><\/p>\n

\n<\/p><\/div>\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrado ponente<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

STC<\/b><\/font><\/font>510-2016<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Ra<\/b><\/font><\/font>dicaci\u00f3n n.\u00b011001-02-03-000-2016-00036-00<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de <\/font><\/font>veintisiete de enero de dos mil diecis\u00e9is)<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., <\/font><\/font>veintiocho (28) de enero de dos mil diecis\u00e9is (2016)<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida<\/font><\/font> por Adolfiza Caicedo Daza, contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n,<\/font><\/font> tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las autoridades judiciales, partes e intervinientes de los procesos involucrados en la queja constitucional<\/font><\/font>.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

I. ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En el libelo que die<\/font><\/font>ra origen a la presente acci\u00f3n, la accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, que considera vulnerados por la autoridad judicial accionada con ocasi\u00f3n del fallo emitido dentro del proceso de revisi\u00f3n cuestionado.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En consecuencia, pretende que <\/font><\/font>se revoque la sentencia de 10 de junio de 2015 proferida por el Tribunal acusado que resolvi\u00f3 el recurso de revisi\u00f3n instaurado, la providencia de 7 de julio de 2015 mediante la que se deneg\u00f3 la adici\u00f3n y el prove\u00eddo de 31 de julio del mismo a\u00f1o que rechaz\u00f3 el recurso de s\u00faplica, que se declaren probadas las causales de indebida notificaci\u00f3n y representaci\u00f3n previstas en el numeral 7 del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que se decrete la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso ejecutivo que dio origen al recurso de revisi\u00f3n, que se disponga que la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Popay\u00e1n cancele las anotaciones realizadas a partir de la n\u00famero 7 respecto del inmueble de matr\u00edcula inmobiliaria 120-66850, y que se ordene la restituci\u00f3n del inmueble embargado y rematado en el juicio ejecutivo. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

B. Los hechos<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1. Alex Andr\u00e9s Urrea S\u00e1nchez <\/font><\/font>promovi\u00f3 un proceso ejecutivo en contra de la accionante <\/font><\/font>con el fin de cobrar una letra de cambio por la suma de $1.242.000 m\u00e1s los intereses moratorios desde el 12 de julio de 2007 hasta que se efect\u00fae el pago total de la deuda.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado <\/font><\/font>Cuarto Civil Municipal de Popay\u00e1n, despacho que el 18 de marzo de 2010 libr\u00f3 mandamiento de pago por las sumas contenidas en la demanda, y en la misma fecha, decret\u00f3 el embargo y secuestro de un inmueble de propiedad de la promotora. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

3. <\/font><\/font>El 21 de julio de 2010 fue adelantado el secuestro del predio, en el que no se hicieron presentes personas a presentar oposici\u00f3n. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

4. Mediante auto de 6 de agosto de 2010 fue emplazada la demandada, y el 16 de septiembre siguiente le fue designado curador <\/font><\/font>ad litem<\/i><\/font><\/font>, el que formul\u00f3 la excepci\u00f3n de \u00ab<\/font><\/font>prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria<\/i><\/font><\/font>\u00bb. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

5. El 27 de febrero de 2012, el despacho dict\u00f3 sentencia, en la que declar\u00f3 no probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria, dispuso seguir adelante la ejecuci\u00f3n y decret\u00f3 el aval\u00fao y remate de los bienes embargados. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

6. E<\/font><\/font>l 13 de marzo de 2013 se llev\u00f3 a cabo la diligencia de remate, en la que el inmueble le fue adjudicado a la se\u00f1ora Gloria del Carmen Palacios por la suma de $60.000.000, y con prove\u00eddo de 1\u00ba de abril de 2013 fue aprobado el mismo.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

7. <\/font><\/font>Con auto de 29 de agosto de 2013 se declar\u00f3 terminado el proceso ejecutivo por pago total de la obligaci\u00f3n y se dej\u00f3 a dej\u00f3 a disposici\u00f3n del Juzgado Promiscuo Municipal de Bol\u00edvar los remanentes. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

8. <\/font><\/font>La actora promovi\u00f3 una acci\u00f3n de tutela en contra del Juzgado Cuarto Civil Municipal de Popay\u00e1n solicitando que se declarara la nulidad de lo actuado en el juicio ejecutivo porque no fue enterada del mismo, se le impidi\u00f3 ejercer su derecho de defensa y su inmueble fue adjudicado por una suma irrisoria, pues podr\u00eda avaluarse en $100.000.000. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

9. <\/font><\/font>El asunto le fue asignado al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Popay\u00e1n, despacho que con fallo de 6 de mayo de 2013 deneg\u00f3 la tutela con fundamento en que no se hab\u00eda incurrido en una indebida notificaci\u00f3n del mandamiento de pago ni impedido el derecho de defensa pues el curador <\/font><\/font>ad litem<\/i><\/font><\/font> present\u00f3 excepciones de m\u00e9rito, adem\u00e1s que una vez enterada de lo acontecido en la diligencia de entrega puedo proponer la nulidad o promover el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, y que el hecho de que en otro Juzgado se haya logrado su notificaci\u00f3n no implica que el demandante conociera su direcci\u00f3n. Esta decisi\u00f3n fue impugnada y confirmada por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Popay\u00e1n.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

10. <\/font><\/font>La peticionaria instaur\u00f3 el recurso extraordinario de revisi\u00f3n en contra de la sentencia de 27 de febrero de 2012 proferida dentro del juicio ejecutivo adelantado en el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Popay\u00e1n, invocando la causal 7\u00aa del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y solicitando que se declarara la nulidad de todo lo actuado dentro del aludido proceso, que se le ordenara a la <\/font><\/font>Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Popay\u00e1n que cancelara <\/font><\/font>las anotaciones realizadas a partir de la n\u00famero 7 <\/font><\/font>respecto del inmueble de matr\u00edcula inmobiliaria 120-66850, y que se dispusiera la restituci\u00f3n del inmueble embargado y rematado en el juicio ejecutivo. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

11. <\/font><\/font>La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior de Popay\u00e1n en providencia de 10 de junio de 2015 declar\u00f3 infundado el recurso de revisi\u00f3n, decisi\u00f3n frente a la que pidi\u00f3 adici\u00f3n pero que con prove\u00eddo de 7 de julio de 2015 le fue negada.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

12. Posteriormente, la promotora interpuso recursos de s\u00faplica frente a la sentencia de 10 de junio y al prove\u00eddo de 7 de julio que no accedi\u00f3 a la adici\u00f3n, los que el Tribunal accionado rechaz\u00f3 por improcedentes mediante auto de 31 de julio de 2015.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1<\/font><\/font>3. <\/font><\/font>La peticionaria considera que se vulneraron los derechos fundamentales invocados con ocasi\u00f3n de la sentencia proferida en la acci\u00f3n de revisi\u00f3n, pues el juicio ejecutivo nunca le fue notificado en debida forma porque el demandado suministr\u00f3 dos direcciones en Popay\u00e1n, la primera era el lote que fue embargado y en el que no hab\u00eda construcciones, y la segunda la de una tarjeta de propiedad de un veh\u00edculo a su nombre en donde seguramente la misma estaba equivocada; adem\u00e1s que nunca se enter\u00f3 del emplazamiento ya que en el lugar que vive no llega ning\u00fan peri\u00f3dico y la \u00fanica emisora que oye es la de la cabecera municipal, que el curador nunca cumpli\u00f3 a cabalidad con sus funciones, pues propuso la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiara cuando la procedente era la de falta de notificaci\u00f3n de la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito, que se enter\u00f3 de la existencia del proceso cuando se iba a realizar la entrega del lote, y que si bien el demandante no conoc\u00eda su residencia s\u00ed tuvo la oportunidad de averiguarla con su primo, por lo que no era dable que solicitara su emplazamiento, pues actu\u00f3 de mala fe o con descuido enorme, impidiendo su enteramiento y rematando as\u00ed, el \u00fanico bien que ten\u00eda.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1. El <\/font><\/font>15 de enero de 2016 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y se orden\u00f3 el traslado a los accionados y a los dem\u00e1s interesados para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 66]<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2. Dentro de la oportunidad concedida, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Popay\u00e1n indic\u00f3 que la tutela que tramit\u00f3 la acci\u00f3n de tutela que la ahora accionante promovi\u00f3 en contra del Juzgado Cuarto Civil Municipal de Popay\u00e1n, que las actuaciones adelantadas se sujetaron a las reglas previstas para estos casos, que el despacho accionado no incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho, y que destac\u00f3 que la tutelante ha contado y cuenta con mecanismos de defensa.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

II. CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1. <\/font><\/font>La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2.<\/font><\/font> <\/b><\/font><\/font>En el caso que se examina, el reclamo se dirige frente a la sentencia que resolvi\u00f3 la acci\u00f3n de revisi\u00f3n formulada por la gestora. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Ahora bien, atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos que le sirvieron al Tribunal acusado<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>para resolver el recurso de revisi\u00f3n interpuesto, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la valoraci\u00f3n efectuada no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

3.<\/font><\/font> <\/b><\/font><\/font>En efecto, el Tribunal al resolver el referido recurso consider\u00f3 que:<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

(..:)<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font> conforme a lo planeado por el recurrente al sustentar la causal de revisi\u00f3n invocada, la Sala en esencia habr\u00e1 de establecer: <\/i><\/font><\/font><\/font><\/font>\u00bfest\u00e1 acreditado que el demandante dentro del proceso ejecutivo, donde se dict\u00f3 la sentencia que aqu\u00ed se pide revisar, conoc\u00eda el sitio de domicilio o residencia para efectos de notificaci\u00f3n personal de la demandada y no obstante afirm\u00f3 ignorarlo?<\/i><\/font><\/font><\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Al anterior cuestionamiento se responde en forma negativa, por cuanto no se encuentra probado que el ejecutante A<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font>lex Andr\u00e9s Urrea S\u00e1nchez, cuando present\u00f3 la demanda ejecutiva en contra de Adolfiza Caicedo Daza, conoc\u00eda que esta <\/i><\/font><\/font><\/font><\/font>\u00abresid\u00eda en el Corregimiento de Guachicono Municipio de Bol\u00edvar Cauca\u00bb; <\/font><\/font><\/b><\/i><\/font><\/font>en consecuencia se declarar\u00e1 infundado el recurso extraordinario de revisi\u00f3n formulado. A esta conclusi\u00f3n se llega con apoyo en las siguientes consideraciones:<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

(\u2026) <\/i><\/font><\/font><\/font><\/font>Por v\u00eda del recurso extraordinario de revisi\u00f3n <\/i><\/font><\/font><\/font><\/font>(\u2026),<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font><\/b><\/font><\/font>se pide declarar la nulidad de las sentencia y de contera de todo lo actuado dentro del mencionado proceso ejecutivo, alegando que el ejecutante conoc\u00eda que la demandada resid\u00eda en el Corregimiento de Guachicono, Municipio de Bol\u00edvar Cauca y no obstante procedi\u00f3 a solicitar su emplazamiento afirmando ignorar su domicilio y residencia, por lo que el proceso se adelant\u00f3 con curador ad litem (\u2026); sin embargo, tal afirmaci\u00f3n no aparece corroborada en el expediente, pues los testimonios de Virgelina Qui\u00f1ones Mu\u00f1oz y Alonso Morales Calambas (\u2026), a quienes se pidi\u00f3 escuchar en declaraci\u00f3n, ninguna claridad brindan al respecto (\u2026)<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Por su parte Armando S\u00e1nchez Fern\u00e1ndez (\u2026), quien endos\u00f3 en propiedad la letra de cambio a Alex Andr\u00e9s Urrea S\u00e1nchez, indic\u00f3 que la m<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font>isma fue aceptada por Adolfiza Caicedo Daza por la venta de unas llantas para la buseta de su propiedad, se\u00f1ala que (\u2026) ella le entreg\u00f3 la fotocopia de (\u2026) la tarjeta de propiedad de la buseta y un n\u00famero de celular que aparece en la factura, adem\u00e1s dijo no conocer que ella resid\u00eda en el Guachicono, jurisdicci\u00f3n del municipio de Bol\u00edvar Cauca (\u2026). Explic\u00f3 finalmente que cuando endos\u00f3 el t\u00edtulo valor entreg\u00f3 la tarjeta de propiedad de la buseta afiliada a Sotracauca, donde figura una direcci\u00f3n por ella registrada.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

A folio 108 del cuaderno principal, reposa el oficio remitido por el Gerente General de Sotracauca, donde, a la solicitud que se le hizo de informar la direcci\u00f3n y residencia registrada por Adolfiza Caicedo Daza, responde que corresponde a la <\/i><\/font><\/font><\/font><\/font>\u00abCarrera 9 No. 12-28, Popay\u00e1n y Tel\u00e9fono 8221978\u00bb, <\/font><\/font><\/b><\/i><\/font><\/font>direcci\u00f3n que coincide con la que figura en la tarjeta de propiedad (\u2026) y con la se\u00f1alada en la demanda ejecutiva para efectos de notificar a la demandada Adolfiza Caicedo Daza, lugar al que se envi\u00f3 la citaci\u00f3n para notificarla y que fue devuelta con la anotaci\u00f3n de no encontrarse tal nomenclatura (\u2026).<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Se precisa adem\u00e1s, que aqu\u00ed no se trata de establecer si Adolfiza Caicedo Daza resid\u00eda en el Corregimiento de Guachicono, del municipio de Bol\u00edvar Cauca, sino de probar que el demandante, dentro del proceso ejecutivo, no obstante conocer que ese era su sitio de residencia, suministr\u00f3 una direcci\u00f3n diferente, hecho este que, conforme a los medios de convicci\u00f3n arriba revisados, no se encuentra acreditado.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Lo que s\u00ed figura demostrado en cambio, es que inicialmente se indic\u00f3 dos direcciones para efectos de notificar a <\/i><\/font><\/font><\/font><\/font>Adolfiza Caicedo Daza, una, que por corresponder al lote de su propiedad que se embarg\u00f3 y secuestr\u00f3, se pidi\u00f3 no tener en cuenta, y la otra, <\/i><\/font><\/font><\/font><\/font>Carrera 9 No. 12-28, <\/font><\/font><\/b><\/i><\/font><\/font>que fue devuelta con la anotaci\u00f3n de no existir tal nomenclatura, de all\u00ed que al no conocer d\u00f3nde ubicarla, ni figurar en el directorio telef\u00f3nico (al n\u00famero celular que suministr\u00f3, se dice que no respond\u00eda), se procedi\u00f3 a emplazarla y a nombrarle un curador ad litem, actuaci\u00f3n \u00e9sta que se sujet\u00f3 al cumplimiento de las exigencias previstas en el articulo 318 del C.P.C.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Contrario a lo afirmado en el recurso de revisi\u00f3n, al demandante dentro del proceso ejecutivo, no cabe endilgarle ignorancia supina, ni procede reprocharle, negligencia, descuido o mala fe, pues la deudora fue quien suministr\u00f3 esa direcci\u00f3n, la que adem\u00e1s figura en la Tarjeta de propiedad y coincide con los datos que suministr\u00f3 a Sotracauca en relaci\u00f3n con la buseta de su propiedad. Aceptar sus planteamientos seria permitir que obtenga beneficio de su propio dolo, culpa o torpeza, contrariando as\u00ed el aforismo que nos ense\u00f1a que <\/i><\/font><\/font><\/font><\/font>\u00abNemini admittitur aut auditur propiam turpitudinem allegans\u00bb.<\/font><\/font><\/b><\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Sobre casos como el que hoy nos convoca, recurso extraordinario de revisi\u00f3n con fundamento en la causal 7<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font>a<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font>, del art\u00edculo 380 del C.P.C, por falta de notificaci\u00f3n del recurrente, la <\/i><\/font><\/font><\/font><\/font>H.<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font><\/b><\/font><\/font>Corte Suprema de Justicia ha precisado que ella: \u201c(\u2026) <\/i><\/font><\/font><\/font><\/font>3. <\/font><\/font><\/i><\/font><\/font>La prueba de ese conocimiento, como se desprende del contexto del art\u00edculo 319 de la ley procesal civil, debe suministrarla el demandado, <\/font><\/font><\/b><\/i><\/font><\/font>pues <\/i><\/font><\/font><\/b><\/font><\/font>no basta con que \u00e9ste demuestre que para la \u00e9poca de la notificaci\u00f3n resid\u00eda en un lugar distinto a aquel en el cual se le notific\u00f3, sino que es necesario corroborar que el demandante conoc\u00eda esa circunstancia y que actu\u00f3 de mala fe o con el inicuo prop\u00f3sito de ocultarle el proceso iniciado en su contra, vulnerando, de esa manera, el derecho de defensa del demandado. <\/font><\/font><\/b><\/i><\/font><\/font>(\u2026)<\/font><\/font><\/i><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

4<\/font><\/font><\/i><\/font><\/font>. <\/font><\/font><\/b><\/i><\/font><\/font>En el caso que ocupa la atenci\u00f3n del Tribunal, el revisionista no prob\u00f3 <\/font><\/font><\/i><\/font><\/font>por <\/i><\/font><\/font><\/font><\/font>ning\u00fan medio <\/font><\/font><\/i><\/font><\/font>que <\/i><\/font><\/font><\/font><\/font>la<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font><\/font><\/font>parte demandante o su apoderado omitieron intencionalmente la direcci\u00f3n donde deb\u00eda surtirse la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda,<\/font><\/font><\/i><\/font><\/font> pues a <\/i><\/font><\/font><\/font><\/font>partir <\/font><\/font><\/i><\/font><\/font>de <\/i><\/font><\/font><\/font><\/font>las pruebas en que se sustent\u00f3 el recurso extraordinario no logra inferirse, de ning\u00fan modo, el conocimiento del actor sobre ese <\/font><\/font><\/i><\/font><\/font>hecho. (\u2026) <\/font><\/font><\/i><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Como, corolario de las anteriores consideraciones, al no estar acreditado que el demandante dentro del proceso ejecutivo adelantado en contra de Adolfiza Caicedo Daza, conoc\u00eda la direcci\u00f3n o el lugar de ubicaci\u00f3n para efectos de notificarla personalmente del mandamiento de pago librado en su contra, se declarar\u00e1 infundado el recurso extraordinario de revisi\u00f3n por ella instaurado (\u2026).<\/i><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

4.<\/font><\/font> <\/b><\/font><\/font>Luego, las anotadas consideraciones no evidencian capricho del juez colegiado acusado, como tampoco sus razones merecen el calificativo de absurdas ni de autoritarias, y con independencia de que se comparta o no su interpretaci\u00f3n, no es posible descalificar las providencias emitidas, cuando las mismas no se evidencian infundadas ni arbitrarias, de modo que no amerita el otorgamiento del amparo invocado.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

De all\u00ed que sea indiscutible, que la pretensi\u00f3n de la promotora del resguardo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disenso frente a las razones en que el fallador accionado se soport\u00f3 para arribar a sus conclusiones, inconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito del sentenciador de tutela, pues constitucional y legalmente los funcionarios judiciales tienen entera libertad para realizar una libre hermen\u00e9utica de las normas, sin llegar, por supuesto, al l\u00edmite de la arbitrariedad o la ilegalidad, que en el presente caso no se vislumbran.<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Queda claro, por consiguiente, que no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n caprichosa que el Tribunal accionado adopt\u00f3 la determinaci\u00f3n cuestionada, pues los motivos que adujo en su providencia constituyen una interpretaci\u00f3n judicial perfectamente v\u00e1lida y razonable, por lo que no se avizora la configuraci\u00f3n de ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n al debido proceso de la solicitante del amparo. <\/font><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

5. <\/font><\/font>En consecuencia, las razones aqu\u00ed expuestas, se estiman suficientes para concluir que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 avocada al fracaso, por lo que se negar\u00e1 el amparo deprecado.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

III. DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/font><\/font>NIEGA<\/b><\/font><\/font> el amparo del derecho fundamental invocado.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por el medio m\u00e1s expedito; y, en su oportunidad, env\u00edense las diligencias a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Presidente de Sala<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

\n

\n

\n

\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

<\/p>\n

\n

<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Rep\u00fablica de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC510-2016 Radicaci\u00f3n n.\u00b011001-02-03-000-2016-00036-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de enero de dos mil diecis\u00e9is) Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de enero de dos mil diecis\u00e9is (2016) Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-97326","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97326","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97326"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97326\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97326"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97326"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97326"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}