{"id":97327,"date":"2025-03-26T19:20:48","date_gmt":"2025-03-26T19:20:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97327\/"},"modified":"2025-03-26T19:20:48","modified_gmt":"2025-03-26T19:20:48","slug":"97327","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97327\/","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"\n
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Rep\u00fablica de Colombia<\/font><\/font><\/p>\n

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Corte Suprema de Justicia<\/font><\/font><\/p>\n

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrado ponente<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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STC511-2016<\/b><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b011001-02-03-000-2016-00044-00<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de enero de dos mil diecis\u00e9is)<\/font><\/font><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de enero de dos mil diecis\u00e9is (2016).<\/font><\/font><\/p>\n

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Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Omar Arnedo Montes contra la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena; tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular al Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad y a los intervinientes en el proceso reivindicatorio g\u00e9nesis de la queja constitucional.<\/font><\/font><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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  1. \n

    La pretensi\u00f3n<\/b><\/font><\/font><\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

    <\/p>\n

    La tutelante solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso que estima conculcado por la autoridad judicial accionada, al confirmar la sentencia de primera instancia que conden\u00f3 al extremo demandado al pago de frutos civiles, \u00fanicamente desde la fecha de notificaci\u00f3n de la admisi\u00f3n del juicio reivindicatorio, en el que intervino como cesionario, precisamente de esos r\u00e9ditos.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    En consecuencia, pretende que por esta v\u00eda se deje sin efectos la determinaci\u00f3n cuestionada, para que en su lugar, se profiera una nueva que tenga en cuenta la confesi\u00f3n y las pruebas aportadas al expediente y que, en su criterio, acreditan la mala fe de la demandada desde que entr\u00f3 en posesi\u00f3n del predio objeto del litigio, por lo que debe pagar frutos civiles a partir de entonces. [Folios 1-8, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    B. Los hechos<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    1. En el a\u00f1o 2010, Alianza Fiduciaria S.A., vocera del Fideicomiso ADM Garant\u00eda BCH Nautilus, promovi\u00f3 acci\u00f3n reivindicatoria contra el edificio Nautilus Trade Center, respecto de la oficina 903 del inmueble ubicado en la carrera 2\u00aa No. 9-145 de Bocagrande, en la ciudad de Cartagena.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    2. El 28 de octubre del mismo a\u00f1o, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena, admiti\u00f3 a tr\u00e1mite el asunto.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    3. La Copropiedad demandada fue notificada por aviso el 9 de julio de 2012, sin hacer uso del t\u00e9rmino para contestar.<\/font><\/font><\/p>\n

    4. El 12 de septiembre siguiente, se llev\u00f3 a cabo la audiencia de fijaci\u00f3n y saneamiento del litigio, a la cual \u00fanicamente asisti\u00f3 el extremo activo.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    5. Por auto del 27 de septiembre de 2012, se abri\u00f3 a pruebas el proceso por el t\u00e9rmino de 20 d\u00edas. En desarrollo de ese periodo, se recepcion\u00f3 un testimonio, se practic\u00f3 inspecci\u00f3n judicial, as\u00ed como diversos peritajes tendientes a acreditar la ubicaci\u00f3n del inmueble y los frutos naturales y civiles dejados de percibir.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    6. El 12 de septiembre de 2013 se acept\u00f3 la cesi\u00f3n de las costas a favor del tutelante. <\/font><\/font> <\/p>\n

    <\/p>\n

    7. El 23 siguiente, se dispuso correr traslado para alegatos de conclusi\u00f3n, oportunidad de la que s\u00f3lo hizo uso el extremo demandante.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    8. El 5 de noviembre posterior, se reconoci\u00f3 al peticionario del amparo como litisconsorte del demandante, en virtud de la cesi\u00f3n de <\/font><\/font>\u00ab\u2026todos y cada uno de los frutos civiles presentes y futuros que se reconozcan y paguen en este asunto.\u00bb<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    9. El 26 de agosto de 2014 se emiti\u00f3 sentencia de primera instancia, a trav\u00e9s de la cual se orden\u00f3 la restituci\u00f3n del predio a su propietario, as\u00ed como el pago de los frutos civiles dejados de percibir desde la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda hasta la fecha efectiva de la entrega, por considerar que no se demostr\u00f3 la mala fe del edificio demandado a partir del momento en que entr\u00f3 en posesi\u00f3n del bien.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    10. El cesionario solicit\u00f3 la aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n de la sentencia en el sentido de precisar a favor de qui\u00e9n deb\u00edan pagarse los frutos civiles y pronunciarse sobre la solicitud de restituci\u00f3n de las expensas adeudadas por la oficina en comento.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    11. Por auto del 24 de junio de 2015, el fallador accedi\u00f3 a lo peticionado; en consecuencia, dispuso que los frutos ordenados deb\u00edan cancelarse a nombre del quejoso y neg\u00f3 la condena por concepto de expensas.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    12. Contra lo as\u00ed resuelto, el peticionario del amparo impetr\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n, pues estim\u00f3 que los elementos de juicio obrantes en el paginario eran suficientes para acreditar la mala fe con que la copropiedad demandada ocup\u00f3 la oficina a restituir.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    13. En providencia del 3 de noviembre de 2015, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, imparti\u00f3 integral confirmaci\u00f3n al fallo de primer grado.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    14. El gestor del amparo, acude a este mecanismo excepcional, porque considerar que la autoridad judicial tutelada incurre en defecto f\u00e1ctico al dejar de valorar adecuadamente la confesi\u00f3n y las dem\u00e1s pruebas que dan cuenta de la mala fe con que el Edificio Nautilus Trade Center ocup\u00f3 la oficina 903 de esa copropiedad desde el 1\u00ba de julio de 2005.<\/font><\/font><\/p>\n

    En consecuencia, pretende que por esta v\u00eda se protejan sus garant\u00edas en la forma vista. [Folios 1-8, c.1]<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    C. El tr\u00e1mite de la instancia<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    1.<\/font><\/font> <\/b><\/font><\/font>El 19 de enero de 2016 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n constitucional y, se dispuso comunicar a los interesados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/font><\/font> <\/p>\n

    <\/p>\n

    2. El Tribunal cuestionado indic\u00f3 que los argumentos que llevaron a esa sede a confirmar la sentencia, se encuentran plasmados en la providencia respectiva, de donde se puede extraer que no conculc\u00f3 garant\u00eda fundamental alguna al reclamante.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    El Juzgado 2\u00ba Civil del Circuito de Cartagena, manifest\u00f3 su oposici\u00f3n a la prosperidad del amparo, tras se\u00f1alar que su decisi\u00f3n de primer grado estuvo ce\u00f1ida a la legalidad y por lo tanto, no es transgresora de garant\u00edas fundamentales. <\/font><\/font> <\/p>\n

    <\/p>\n

    II. CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    1. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    2. En el caso <\/font><\/font>sub judice<\/i><\/font><\/font>, e<\/font><\/font>n sentir del solicitante del amparo, el Tribunal incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico por indebida valoraci\u00f3n probatoria, al confirmar la sentencia mediante la cual el Juez de primer grado neg\u00f3 la condena al pago de frutos civiles desde la fecha en que inici\u00f3 la posesi\u00f3n de la oficina 903 del Edificio Nautilus Trade Center de Cartagena, por parte de esa misma copropiedad, cuando en el plenario obran elementos probatorios suficientes para acreditar su mala fe.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    A partir del examen de la providencia que en esta v\u00eda se cuestiona, no logra advertirse una vulneraci\u00f3n al derecho fundamental invocado, pues la citada autoridad judicial, realiz\u00f3 una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n de la normatividad y los precedentes jurisprudenciales que gobiernan el asunto y a partir de all\u00ed efectu\u00f3 una adecuada aplicaci\u00f3n al caso concreto, de conformidad con los medios de prueba aportados al proceso.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    En efecto, argument\u00f3 la colegiatura accionada:<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    \u00ab\u2026quien pretenda aprovecharse de los efectos derivados de la mala fe, debe asumir la carga de entrar a desvirtuar esa presunci\u00f3n constitucional y legal, siguiendo las reglas de los art\u00edculos 174 y 177 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    La actora, en pos de demostrar la mala fe posesoria, presenta como elementos de juicio el indicio grave que tiene como venero la falta de contestaci\u00f3n a la demanda (fl. 117 C1) y la confesi\u00f3n ficta conforme al acta del 1\u00ba de marzo de 2010 (fl. 32 cuaderno pruebas), en donde se presume cierto el hecho segundo del interrogatorio escrito que dice \u00bfDiga como es cierto y yo afirmo que s\u00ed, que esa posesi\u00f3n de mala fe la viene ejerciendo desde julio uno (1) de 2005? (fl. 124 C1).<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    As\u00ed las cosas, si la buena fe corresponde al fuero interno del sujeto o lo que es igual, al obrar con la firme convicci\u00f3n de no estar contradiciendo el ordenamiento jur\u00eddico, deben existir elementos exteriores convincentes, m\u00e1s all\u00e1 de indicios o de otras presunciones, que logren aniquilar ese elemento subjetivo, probando de manera inequ\u00edvoca un actuar opuesto a los postulados de la buena fe.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    Para ser m\u00e1s expl\u00edcitos, al indicio grave y a la presunci\u00f3n, se deben adicionar elementos objetivos convincentes que reflejen un actuar de mala fe, como el haber ingresado de manera clandestina, violenta o mudar la tenencia en posesi\u00f3n, empero, en el caso no reposan esas conductas o comportamientos de la demandada que permitan tildarla de poseedora de mala fe que coadyuven al indicio y presunci\u00f3n aludida.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    Al estar de por medio una presunci\u00f3n de raigambre constitucional, se debe contar con medios probatorios contundentes para desvirtuarla, m\u00e1xime cuando lo que se busca es controvertir un elemento subjetivo, no siendo suficiente la prueba indiciaria o la confesi\u00f3n ficta.\u00bb<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    Como sustento de tal argumentaci\u00f3n, el fallador accionado, trajo a colaci\u00f3n el siguiente extracto jurisprudencial, sentado por esta Corporaci\u00f3n:<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    \u00abLo cual expresa, por una parte, la magnitud de la presunci\u00f3n que de tal modo preside las relaciones jur\u00eddicas; por otra, que el desvirtuarla, no compete a la ley sino al hombre, y en fin, que esta tarea requiere de una demostraci\u00f3n suficiente de mala fe que aniquile la presunci\u00f3n, pues no puede con pruebas a medias destruirse esa base social de trascendente finalidad.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    La mala fe debe resultar, por tanto, de hechos a los cuales la ley ha asignado, unas veces, el papel comprobativo de tal estado, o del juez, en las m\u00e1s, al reconocer con base en hechos inequ\u00edvocos que a su juicio son contrarios a la buena fe propuesta por la ley\u201d (Corte Suprema de Justicia, sentencia diciembre 7 de 1962)\u00bb<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    As\u00ed, para definir el asunto sometido a su examen, aplic\u00f3 las anteriores premisas y razonamientos, en el siguiente an\u00e1lisis pormenorizado del caso concreto:<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    \u00ab\u2026En puridad de verdad, en el haz probatorio no encontramos un actuar de la demandada indicativo de ostentar la posesi\u00f3n de manera fraudulenta o al margen de la ley, iterase, no siendo suficientes los efectos procesales frente a su dejadez en el proceso, ya que no logran reflejar elementos externos de mala fe.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    Todo lo contrario, como lo puntualiz\u00f3 el aquo, las asambleas ordinarias y extraordinarias se adelantaron en la oficina 903 (fls. 17 a 47 C1), lo que refleja actos p\u00fablicos y que para nada son indicativos de mala fe, am\u00e9n que el testimonio de Fernando Jos\u00e9 Ben\u00edtez V\u00e9lez (fl, 30 cuaderno pruebas), no deja entrever ning\u00fan acto o comportamiento que apunte a consolidar la mala fe posesoria de la demandada.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    Y los eventuales requerimientos del inmueble, que no fueron claros y directos, no constituyen elementos para descalificar la buena fe presumida en la demanda.\u00bb <\/i><\/font><\/font> <\/p>\n

    <\/p>\n

    Con apoyo en tal motivaci\u00f3n, concluy\u00f3 el Ad quem, que la decisi\u00f3n impugnada deb\u00eda ser confirmada, pues no hall\u00f3 <\/font><\/font>\u00ab\u2026una prueba contundente que permita desvirtuar la presunci\u00f3n de buena fe de la demandada\u2026\u00bb<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    3. De modo que, la Sala no advierte que el accionado haya incurrido en el defecto f\u00e1ctico alegado por el reclamante, pues contrario a ello, hizo referencia a los elementos probatorios en los que la demandante en el juicio reivindicatorio quiso fundar la mala fe de su contraparte y basado en la normatividad que regula la materia y en jurisprudencia de esta Corte, concluy\u00f3 no desvirtuada la presunci\u00f3n de buena fe en el caso concreto.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    De lo dicho resulta, que m\u00e1s all\u00e1 de que el reclamante comparta el criterio de la sede tutelada, dicha argumentaci\u00f3n se sustent\u00f3 en una debida motivaci\u00f3n, en la que se valor\u00f3 en forma razonada lo acreditado en el proceso y la normatividad que rige el asunto y por ende, no se desconocieron derechos fundamentales.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    Lo anterior significa, que lo pretendido por el peticionario del amparo, es anteponer su propio criterio al del accionado y atacar por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que considera, lo desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela que, dada su naturaleza excepcional, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ni como escenario para debatir la posici\u00f3n que la autoridad judicial, sin arbitrariedades, en su leg\u00edtimo entendimiento y autonom\u00eda, asuma frente a determinada situaci\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    4. No existe duda, por consiguiente, que no fue por flagrante desconocimiento de la ley sustancial o del precedente jurisprudencial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n caprichosa que el accionado tom\u00f3 su decisi\u00f3n, pues los motivos que adujo en su providencia constituyen una interpretaci\u00f3n judicial v\u00e1lida y razonable, por lo que no se avizora la configuraci\u00f3n de ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales y, por tanto, se itera, no se advierte violaci\u00f3n a los derechos fundamentales del accionante.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    5. Las anteriores razones se estiman suficientes para negar el amparo del derecho invocado mediante la presente acci\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    III. DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/font><\/font>NIEGA <\/b><\/font><\/font>la protecci\u00f3n constitucional invocada.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    <\/p>\n

    <\/p>\n

    \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

    Presidente de Sala<\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    <\/p>\n

    <\/p>\n

    <\/p>\n

    MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    <\/p>\n

    <\/p>\n

    <\/p>\n

    FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    <\/p>\n

    <\/p>\n

    <\/p>\n

    ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/b><\/font><\/font> <\/p>\n

    <\/p>\n

    <\/p>\n

    <\/p>\n

    <\/p>\n

    LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

    <\/p>\n

    \n

    <\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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