{"id":97331,"date":"2025-03-26T19:20:48","date_gmt":"2025-03-26T19:20:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97331\/"},"modified":"2025-03-26T19:20:48","modified_gmt":"2025-03-26T19:20:48","slug":"97331","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97331\/","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"\n
\n

Rep\u00fablica de Colombia<\/font><\/font><\/p>\n


<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

Corte Suprema de Justicia<\/font><\/font><\/p>\n

\n<\/p><\/div>\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrado ponente<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

STC515-2016<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2016-00073-00<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

(<\/font><\/font>Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de enero de dos mil diecis\u00e9is<\/font><\/font>)<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de enero de dos mil diecis\u00e9is (2016).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Royser Rafael Niebles Vel\u00e1squez contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, y el Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de ese mismo Distrito Judicial, tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a Ricardo Fonseca Cristancho. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

I. ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, seguridad jur\u00eddica, prevalencia del \u00abderecho sustancial\u00bb, desconocimiento de los precedentes y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia<\/font><\/font>, <\/i><\/font><\/font>que considera vulnerados por las autoridades accionadas con ocasi\u00f3n de las sentencias de primera y segunda instancia, proferidas dentro del proceso ejecutivo que \u00e9l inici\u00f3 y mediante las cuales se neg\u00f3 a continuar con la ejecuci\u00f3n, con fundamento en una indebida valoraci\u00f3n de las pruebas y desatenci\u00f3n de la doctrina jurisprudencial referente a que la inobservancia de las instrucciones para llenar un t\u00edtulo en blanco, no le resta m\u00e9rito ejecutivo a dicho documento.<\/font><\/font><\/p>\n

\n

Solicita, en consecuencia, se dejen sin efecto las referidas determinaciones, y en su lugar, se emita un nuevo fallo, en el que se ordene seguir con el cobro \u00ab<\/font><\/font>adecuando el valor real del t\u00edtulo valor, de conformidad con las pruebas, la negociaci\u00f3n de las partes, los documentos que sirvieron de base a la misma, incluidas las cl\u00e1usulas penales y los intereses moratorios acordados como ley entre las partes<\/i><\/font><\/font>\u00bb. [Folio 20]<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

B. Los hechos<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1. El accionante present\u00f3 demanda ejecutiva singular en contra de Ricardo Fonseca Cristancho, a fin de que \u00e9ste le cancelara la suma de $191\u2019829.050 m\u00e1s los intereses moratorios, contenidos en el pagar\u00e9 Nro. 78004017. [Folios 3-6, Exp. 2013-00166]<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2. El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1, que en auto de 1\u00ba de abril de 2013, libr\u00f3 mandamiento conforme lo solicitado. [Folio 8, Exp. 2013-00166] <\/font><\/font> <\/p>\n

3. Notificado el demandado de esa providencia, formul\u00f3 excepciones de m\u00e9rito, dentro de ellas la que denomin\u00f3 <\/font><\/font>\u00abotorgamiento del t\u00edtulo valor con espacios en blanco sin la debida carta de instrucciones<\/i><\/font><\/font>\u00bb, <\/i><\/font><\/font>fundada en que si bien \u00e9l adeudaba al acreedor algunas sumas de dinero en garant\u00eda de las cuales suscribi\u00f3 el instrumento cambiario, el mismo se hab\u00eda llenado por una suma que no correspond\u00eda a su cr\u00e9dito, y que adem\u00e1s era arbitraria e impuesta por el demandante, quien a su antojo y sin su autorizaci\u00f3n complet\u00f3 el cartular con valores exagerados y no acordados<\/font><\/font>. <\/i><\/font><\/font>[Folios 63-70, Exp. 2013-00166]<\/font><\/font><\/p>\n

\n

4. Agotado el tr\u00e1mite correspondiente, el 25 de mayo de 2015 se profiri\u00f3 sentencia en donde resolvi\u00f3 declarar fundada la defensa y, en consecuencia neg\u00f3 las pretensiones de la demanda, luego de considerar que el demandante no demostr\u00f3 que existieron instrucciones de parte del ejecutado para diligenciarlo como lo hizo y adem\u00e1s, no hab\u00eda claridad sobre la cantidad que realmente deb\u00eda consignarse en el t\u00edtulo valor, \u00ab<\/font><\/font>lo cual conllevar\u00eda a una falta de claridad de la obligaci\u00f3n que all\u00ed consta y que se est\u00e1 reclamando forzadamente<\/i><\/font><\/font>\u00bb. [Folios 155-162, proceso ejecutivo]<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

5. Inconforme la parte actora, interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra el fallo. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

6. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en providencia de 3 de noviembre de 2015, resolvi\u00f3 modificar la decisi\u00f3n apelada, en el sentido de declarar probada la \u00ab<\/font><\/font>integraci\u00f3n abusiva del t\u00edtulo<\/i><\/font><\/font>\u00bb, pero por otras razones, en tanto que el juez de primera instancia err\u00f3 en imponer la carga demostrativa al actor al desarrollar la excepci\u00f3n sobre las facultades dispuestas en el art\u00edculo 622 del C\u00f3digo de Comercio, cuando la misma correspond\u00eda al demandado, por lo que su argumentaci\u00f3n no pod\u00eda ser respaldada por dicha Corporaci\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

7. Sin embargo, encontr\u00f3 que el extremo pasivo logr\u00f3 acreditar que el demandante llen\u00f3 sin su consentimiento, de forma unilateral y arbitraria el instrumento cambiario con espacios en blanco, pues el rubro por el cual se complet\u00f3 dista de la realidad, al ser notorio que para colegir alguna suma de dinero, es imperativo definir previamente \u00ab<\/font><\/font>qu\u00e9 ocurri\u00f3 con cada una de las obligaciones que se derivan de ambos acuerdos, esto es, la liquidaci\u00f3n de la sociedad de hecho y el contrato de compraventa del automotor<\/i><\/font><\/font>\u2026\u00bb, pues fueron esos negocios los que dieron origen al pagar\u00e9. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

8. El peticionario del amparo considera que las anteriores determinaciones quebrantan sus derechos fundamentales, porque los juzgadores de instancia incurrieron en un defecto f\u00e1ctico a causa de la valoraci\u00f3n indebida de las pruebas y el desconocimiento del precedente jurisprudencial, toda vez que el demandado en su declaraci\u00f3n confes\u00f3 que es deudor del accionante, \u00ab<\/font><\/font>como quiera que mantuvieron negocios en la compraventa de un veh\u00edculo automotor y la liquidaci\u00f3n de la sociedad de hecho que mantuvieron las partes<\/i><\/font><\/font>\u00bb, por lo que no era procedente desconocer el m\u00e9rito ejecutivo del t\u00edtulo, sino que se debi\u00f3 ajustar a la realidad negocial.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Agreg\u00f3 que como para el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, no result\u00f3 \u00ab<\/font><\/font>cristalina la suma incorporada en el pagar\u00e9 firmado por el deudor<\/i><\/font><\/font>\u00bb, en el expediente obra suficiente material probatorio del que se deduce con claridad la suma que se adeuda.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1. El 19 de enero de 2016 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 27]<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2. Dentro de la oportunidad concedida, el Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que al momento de proferir la sentencia que ahora se cuestiona, procur\u00f3 respetar el ordenamiento jur\u00eddico y hacer una valoraci\u00f3n adecuada de las pruebas aportadas al proceso. [Folio 36]<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

El Tribunal accionado guard\u00f3 silencio y limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir el expediente objeto de la queja.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Por su parte, el demandado en el proceso ejecutivo pidi\u00f3 que se rechazara el amparo, como quiera que no existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del actor.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

II. CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

1. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por lo tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

2. En el asunto <\/font><\/font>sub judice<\/i><\/font><\/font>, aunque el reclamo constitucional se dirige en contra de decisiones proferidas por el <\/font><\/font>a quo<\/i><\/font><\/font> y su superior funcional, la Corte \u00fanicamente se ocupar\u00e1 de la que dict\u00f3 el juzgador de segunda instancia, toda vez que aqu\u00e9lla es la que resuelve de manera definitiva la tem\u00e1tica objeto de debate en esta sede.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Ahora bien, atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos que le sirvieron al <\/font><\/font>ad quem<\/i><\/font><\/font> para resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia de primer grado, <\/font><\/font>se advierte su incursi\u00f3n en una de las causales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, que hace necesario el amparo, porque se transgredieron los derechos fundamentales del accionante, como quiera que el fallador desconoci\u00f3 lo preceptuado en los<\/font><\/font> art\u00edculos 622 del C\u00f3digo de Comercio y 270 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, as\u00ed como las reglas de la carga de la prueba y las decisiones que esta Corte ha proferido, <\/font><\/font>siendo imperiosa la intervenci\u00f3n del juez constitucional.<\/font><\/font><\/p>\n

En la mencionada determinaci\u00f3n, la corporaci\u00f3n accionada expuso que hab\u00eda lugar a declarar probada la excepci\u00f3n de \u00ab<\/font><\/font>integraci\u00f3n abusiva del t\u00edtulo<\/i><\/font><\/font>\u00bb, <\/i><\/font><\/font>pues estaba acreditado que el pagar\u00e9 se entreg\u00f3 con espacios en blanco para respaldar unas deudas que ten\u00eda el demandado con el ejecutante en virtud de un contrato de compraventa y de la liquidaci\u00f3n de una sociedad de hecho, y que de los elementos probatorios se extra\u00eda que \u00ab<\/font><\/font>mediaron instrucciones para el llenado del t\u00edtulo, pero no est\u00e1 debidamente acreditado su alcance<\/i><\/font><\/font>\u00bb (subrayado fuera del texto).<\/font><\/font>1<\/a><\/p>\n

<\/p>\n

Concluy\u00f3 que \u00ab<\/font><\/font>aunque el actor neg\u00f3 en el interrogatorio que la relaci\u00f3n adjunta al contrato de transacci\u00f3n remitido por el se\u00f1or Niebles Vel\u00e1squez v\u00eda Email al demandado- que no fue aceptado ni firmado por \u00e9ste-, no es precisamente en el que inspira el monto del cartular, para esta Colegiatura no resulta cre\u00edble tal aseveraci\u00f3n, pues es ex\u00f3tico que la cifra que consigna el mentado instrumento\u2026 por valor de $191.829.050.oo, es la misma incorporada en el pagar\u00e9 venero de la litis\u2026 <\/i><\/font><\/font>Si ello es as\u00ed, es notorio que ese valor fue impuesto de forma unilateral y al arbitrio por el ejecutante, sin mediar la anuencia del deudor<\/i><\/font><\/font>\u00bb.<\/i><\/font><\/font>2<\/a> <\/i><\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

3. Una de las excepciones relacionadas con la suscripci\u00f3n de t\u00edtulos valores frecuentemente empleada como defensa en los juicios ejecutivos es aquella que tiene como fuente los instrumentos incompletos o principiados, los cuales entablan una ruptura con la regla general del formalismo de los t\u00edtulos valores. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Si en un instrumento de la naturaleza se\u00f1alada se dejan espacios en blanco -expresa el art\u00edculo 622 del estatuto mercantil- <\/font><\/font>\u00abcualquier tenedor leg\u00edtimo podr\u00e1 llenarlos conforme a las instrucciones del suscriptor que los haya dejado, antes de presentar el t\u00edtulo para el ejercicio del derecho que en \u00e9l se incorpora\u00bb<\/i><\/font><\/font>,<\/font><\/font> y agrega el segundo inciso que <\/font><\/font>\u00ab<\/font><\/font>una firma puesta sobre un papel en blanco, entregado por el firmante para convertirlo en t\u00edtulo valor, dar\u00e1 al tenedor el derecho de llenarlo<\/i><\/font><\/font>\u00bb.<\/font><\/font> <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Entonces, en el derecho cambiario, el legislador ha reconocido al tenedor leg\u00edtimo del cartular la facultad de completar los espacios en blanco dejados por su suscriptor atendiendo las instrucciones de \u00e9ste, presumi\u00e9ndose, de conformidad con lo estatuido por el art\u00edculo 270 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que el contenido del documento es cierto, a\u00fan sin el reconocimiento de firmas o declaraci\u00f3n de autenticidad a que alude la norma, por cuanto el art\u00edculo 793 de la codificaci\u00f3n comercial prescinde de esa formalidad cuando se trata del cobro ejecutivo de un t\u00edtulo valor. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Si la facultad de diligenciar esos espacios que no llen\u00f3 el creador del instrumento tiene amparo en la ley, y existe presunci\u00f3n de certeza en relaci\u00f3n con el contenido del cartular, es l\u00f3gico que la carga de demostrar la falta de diligenciamiento acorde con las indicaciones previamente impartidas por su creador y de acreditar cu\u00e1les fueron \u00e9stas, le corresponde al \u00faltimo, regla que encuentra fundamento en el aforismo latino \u00ab<\/font><\/font>onus probandi incumbit actori; reus excipiendo fit actor<\/i><\/font><\/font>\u00bb acogido por el art\u00edculo 177 del estatuto procesal al expresar que incumbe a las partes<\/font><\/font> \u00ab<\/font><\/font>probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen<\/i><\/font><\/font>\u00bb. <\/font><\/font>Concretamente, al excepcionante le corresponde la demostraci\u00f3n plena de los supuestos f\u00e1cticos que fundan la defensa formulada. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Luego, acreditada la emisi\u00f3n del t\u00edtulo valor con espacios en blanco, como as\u00ed sucedi\u00f3 en este caso, le corresponde al demandado acreditar a trav\u00e9s de cualquier medio probatorio <\/font><\/font>la existencia, contenido y alcance<\/font><\/font> de las pautas dadas al tenedor para el diligenciamiento, que bien pueden ser otorgadas de manera verbal o escrita, pues el art\u00edculo 622 citado no exige ninguna formalidad especial que \u00e9stas deban cumplir. Lo anterior, para que el juzgador pueda formar su convencimiento sobre lo que es objeto de su decisi\u00f3n. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Sin aportar elementos de juicios que corroboren la alegaci\u00f3n del demandado, el funcionario judicial no puede obtener certeza acerca de la infracci\u00f3n que se atribuye al tenedor, pues no le es posible establecer de manera fehaciente que los t\u00e9rminos del t\u00edtulo valor no coinciden con las instrucciones impartidas por el suscriptor.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En ning\u00fan caso, al juez le est\u00e1 permitido invertir la carga demostrativa que est\u00e1 asignada a quien formula la excepci\u00f3n como medio para enervar la pretensi\u00f3n de cobro, para trasladarla al ejecutante, desconociendo que en su favor obran las presunciones ya mencionadas de certeza de contenido y autenticidad de firmas. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

4. El Tribunal, en este asunto, concluy\u00f3 que el ejecutado otorg\u00f3 instrucciones a su acreedor para diligenciar el t\u00edtulo valor, pero no detuvo su an\u00e1lisis en la circunstancia de si el primero hab\u00eda acreditado, como le correspond\u00eda, el contenido y alcance de esas directrices, y la contrariedad entre estas y lo consignado en el instrumento cambiario. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Sin acometer esa valoraci\u00f3n, se limit\u00f3 a se\u00f1alar que el demandante complet\u00f3 el cartular con una cantidad que result\u00f3 coincidente con la consignada en un contrato de transacci\u00f3n no aceptado por el excepcionante, y de all\u00ed infiri\u00f3 que la integraci\u00f3n del t\u00edtulo hab\u00eda ocurrido de manera que contraven\u00eda las indicaciones del ejecutado.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Aunque hizo referencia expresa a que la carga probatoria relacionada con el supuesto consagrado en el art\u00edculo 622 del C\u00f3digo de Comercio reca\u00eda con exclusividad sobre el suscriptor del instrumento cambiario, termin\u00f3 traslad\u00e1ndola al ejecutante, pues a la falta de acreditaci\u00f3n de aspectos que ineludiblemente le correspond\u00eda demostrar al demandado, tales como el alcance de las instrucciones impartidas para el diligenciamiento del t\u00edtulo (en particular lo referente al \u00ab<\/font><\/font>monto y fecha de exigibilidad<\/i><\/font><\/font>\u00bb<\/font><\/font>3<\/a>) y su desconocimiento por el tenedor, le impuso al ejecutante los efectos adversos propios del incumplimiento de la citada carga procesal, a pesar de que \u00e9sta no pesaba sobre \u00e9l. Adem\u00e1s, no repar\u00f3 en que la coincidencia de los valores expresados en el acuerdo de transacci\u00f3n y el pagar\u00e9 no hac\u00eda presumir, por s\u00ed sola, que el \u00faltimo fue llenado contrariando lo autorizado por su otorgante. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

5. Por otra parte, e<\/font><\/font>sta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00ab<\/font><\/font>la inobservancia de las instrucciones impartidas para llenar los espacios en blanco dejados en un t\u00edtulo valor no acarrea inexorablemente la nulidad o ineficacia del instrumento, toda vez que de llegar a establecerse que tales autorizaciones no fueron estrictamente acatadas, la soluci\u00f3n que se impone es ajustar el documento a los t\u00e9rminos verdadera y originalmente convenidos entre el suscriptor y el tenedor, como, verbigracia, reduciendo el importe de la obligaci\u00f3n cartular al valor acordado o acomodando su exigibilidad a la fecha realmente estipulada..\u00bb<\/i><\/font><\/font> <\/font><\/font>(CSJ SC, STC 8 Sep. 2005, Rad. 2005-00769-01, reiterado en STC 17 Mar. 2011, Rad. 2011-00456-00).<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Luego, ante la eventual inobservancia de las instrucciones otorgadas para completar un t\u00edtulo valor con espacios en blanco, y siempre que se encuentre acreditada la existencia de la obligaci\u00f3n, el proceder del juzgador ha de estar orientado por el fin de garantizar la efectividad del derecho sustancial que involucra la controversia, de ah\u00ed que, tal como lo explic\u00f3 esta Corte, lo procedente sea <\/font><\/font>ajustar el documento a los t\u00e9rminos que real e inicialmente convinieron el suscriptor y el tenedor<\/font><\/font>, los que en este caso, pueden derivar del reconocimiento del ejecutado de unas deudas cuyo valor -indic\u00f3 al ser interrogado- ascend\u00eda a $135\u2019000.000, y en virtud de las cuales, seg\u00fan lo manifest\u00f3, le entreg\u00f3 el pagar\u00e9 al demandante. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/font><\/p>\n

En efecto, en la referida audiencia el demandado <\/font><\/font>reconoci\u00f3 haber contra\u00eddo obligaciones crediticias con el accionante cuando se le indag\u00f3 por la finalidad que tuvo el otorgamiento del t\u00edtulo valor, pues respondi\u00f3 que lo hab\u00eda emitido<\/font><\/font> <\/i><\/font><\/font>\u00abpara respaldar una deuda que efectivamente ten\u00eda o tengo con el se\u00f1or Niebles, pero quiero dejar en claro que dicha deuda no suma el monto por el cual fui demandado<\/i><\/font><\/font>\u00bb, <\/font><\/font>y al pregunt\u00e1rsele por el valor de la acreencia se\u00f1al\u00f3 el indicado monto. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Sin embargo, esa declaraci\u00f3n no fue apreciada por el <\/font><\/font>ad quem<\/i><\/font><\/font>, que al encontrar probado el supuesto diligenciamiento <\/font><\/font>\u00ababusivo\u00bb<\/i><\/font><\/font>, acogi\u00f3 la excepci\u00f3n propuesta omitiendo <\/font><\/font>sopesar la totalidad de los medios de convicci\u00f3n. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

Aunque esta Corporaci\u00f3n ha resaltado que los juzgadores cuentan con autonom\u00eda para valorar las probanzas que deben soportar su veredicto, con la misma importancia ha destacado que esa labor supone el examen cr\u00edtico de <\/font><\/font>todos<\/font><\/font> los elementos demostrativos (art. 304 C. de P.C.). De igual modo, el art\u00edculo 187 del estatuto adjetivo precept\u00faa que \u00ab<\/font><\/font>las pruebas deber\u00e1n ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondr\u00e1 siempre razonadamente el m\u00e9rito que le asigne a cada prueba<\/i><\/font><\/font>\u00bb. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

6. En conclusi\u00f3n, la hermen\u00e9utica que el juzgador de segunda instancia dio a las normas que regulan el asunto y la forma en que apreci\u00f3 el material probatorio, desconocieron el derecho al debido proceso del tutelante, haciendo necesaria la concesi\u00f3n del amparo <\/font><\/font>como mecanismo adecuado para restablecer el orden constitucional transgredido y brindar protecci\u00f3n a la garant\u00eda fundamental vulnerada, en ausencia de otro medio de defensa judicial que le permita propender por su protecci\u00f3n efectiva. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

En consecuencia, con el fin de resguardar la se\u00f1alada prerrogativa constitucional, se dejar\u00e1 sin valor y efecto la sentencia de 3 de noviembre de 2015 y las actuaciones posteriores a ella, orden\u00e1ndose al Tribunal accionado que dentro de los diez d\u00edas siguientes al recibo del expediente, profiera un nuevo prove\u00eddo en el que resuelva la controversia atendiendo lo expuesto en esta sede.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

III. DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

IV. RESUELVE<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

PRIMERO. AMPARAR <\/b><\/font><\/font>e<\/font><\/font>l derecho fundamental al debido proceso invocado por el accionante.<\/font><\/font><\/p>\n

\n

SEGUNDO. DEJAR SIN VALOR Y EFECTO <\/b><\/font><\/font>la sentencia de 3 de noviembre de 2015 dictad por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y las actuaciones posteriores a esta.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

TERCERO. ORDENAR<\/b><\/font><\/font> al juzgador accionado <\/font><\/font>que dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes al recibo del expediente, emita un nuevo fallo en el que resuelva la controversia atendiendo lo expuesto en esta providencia.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Por Secretar\u00eda, proc\u00e9dase a la devoluci\u00f3n del diligenciamiento contentivo del proceso de ejecuci\u00f3n a la corporaci\u00f3n accionada, y com<\/font><\/font>un\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes e interesados. <\/font><\/font> <\/p>\n

<\/p>\n

En oportunidad y en caso de no ser impugnada esta decisi\u00f3n, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Presidente de Sala<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

\n

<\/p>\n

<\/p>\n

\n

1<\/a> <\/font>Folio 47, c. Tribunal, exp. 2013-00166-01.<\/font><\/p>\n

<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

2<\/a> <\/font>Folio 49, ib\u00eddem. <\/font> <\/p>\n

<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

3<\/a> <\/font>Folio 47, ib. <\/font> <\/p>\n

<\/p>\n<\/p><\/div>\n

\n

8<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Rep\u00fablica de Colombia Corte Suprema de Justicia CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC515-2016 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2016-00073-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de enero de dos mil diecis\u00e9is) Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de enero de dos mil diecis\u00e9is (2016). La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[103],"tags":[],"class_list":["post-97331","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-103"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97331","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=97331"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/97331\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=97331"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=97331"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=97331"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}