{"id":97332,"date":"2025-03-26T19:20:48","date_gmt":"2025-03-26T19:20:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97332\/"},"modified":"2025-03-26T19:20:48","modified_gmt":"2025-03-26T19:20:48","slug":"97332","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2025\/03\/26\/97332\/","title":{"rendered":""},"content":{"rendered":"\n
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Rep\u00fablica de Colombia<\/font><\/font><\/p>\n

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Corte Suprema de Justicia<\/font><\/font><\/p>\n

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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Magistrado ponente<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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STC516-2016<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2016-00082-00<\/b><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de enero de dos mil diecis\u00e9is)<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de enero de dos mil diecis\u00e9is (2016).<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Lucas Segundo Gnecco Cerchiaro, contra la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y su Delegada D\u00e9cima ante la Corte Suprema de Justicia; actuaci\u00f3n a la que se orden\u00f3 vincular a los intervinientes en la investigaci\u00f3n penal en que se origina la queja constitucional.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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I. ANTECEDENTES<\/b><\/font><\/h2>\n

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A. La pretensi\u00f3n<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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El tutelante, reclama la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad que considera vulnerados por la autoridad accionada, al negarse a reponer o invalidar la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n emitida en su contra por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en concurso homog\u00e9neo y sucesivo, cuando es evidente que las leyes con fundamento en las cuales se profiri\u00f3 (500 y 600 de 2000), no eran las que se encontraban vigentes para el momento de la presunta comisi\u00f3n de las conductas punibles enrostradas (Decretos \u2013 Ley 2700 de 1991 y 100 de 1980).<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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En consecuencia, pretende que por esta v\u00eda constitucional se decrete la nulidad de todo lo actuado en la actuaci\u00f3n penal cuestionada. [Folios 1-13, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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B. Los hechos<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1. En virtud de la celebraci\u00f3n de los contratos Nos. 134, 135, 136, 137 y 138 del 22 de diciembre de 1999 y los Nos. 004 y 006 del 4 de febrero de 2000, celebrados con diferentes personas naturales por el accionante, cuando se desempe\u00f1aba como Gobernador del Departamento del Cesar, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n abri\u00f3 la investigaci\u00f3n No. 11787-10, para cuyo tr\u00e1mite design\u00f3 al Fiscal D\u00e9cimo Delegado ante la Corte Suprema de Justicia.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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2. Adelantadas las pesquisas pertinentes, mediante resoluci\u00f3n del 2 de junio de 2015, se dispuso el cierre de la investigaci\u00f3n, actuaci\u00f3n contra la cual se interpuso recurso de reposici\u00f3n, que fue desestimado por extempor\u00e1neo.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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3. El 29 de septiembre de 2015, la Fiscal\u00eda Delegada para el asunto, calific\u00f3 el m\u00e9rito del sumario con resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n contra el reclamante, como probable autor del punible de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tipificado en el art\u00edculo 146 del C\u00f3digo Penal de 1980, modificado por los art\u00edculos 57 y 58 de la Ley 80 de 1993 y 32 de la Ley 190 de 1995, en concurso homog\u00e9neo y sucesivo, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 26 del Decreto Ley 190 de 1980<\/font><\/font>1<\/a><\/font><\/font>. As\u00ed mismo, dispuso precluir la investigaci\u00f3n por el delito de Peculado por Apropiaci\u00f3n, tras concluir que no se encontraba acreditada su comisi\u00f3n. [Folios 14-70, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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4. Inconforme, el quejoso interpuso recurso de reposici\u00f3n contra aquella determinaci\u00f3n. Para sustentar su censura, argument\u00f3 que la investigaci\u00f3n que se adelant\u00f3 en su contra es totalmente nula porque se rigi\u00f3 por la Ley 600 de 2000, cuando los hechos endilgados ocurrieron antes de su entrada en vigencia; as\u00ed mismo, solicit\u00f3 invalidar la aplicaci\u00f3n del concurso de delitos previsto en el art\u00edculo 31 de la Ley 599 de 2000, toda vez que dicha normativa tambi\u00e9n es posterior a la de las conductas delictivas. Para finalizar, pidi\u00f3 que en aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad, se estudiara la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, seg\u00fan las previsiones de los art\u00edculos 79 y 80 ej\u00fasdem.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

5. El 12 de noviembre de 2015, la Fiscal\u00eda dispuso mantener inc\u00f3lume la resoluci\u00f3n acusatoria, por estimar que la normatividad procesal aplicable al asunto es la prevista en la Ley 600 de 2000, por tratarse de aquella en vigor de la cual se dio inicio a la investigaci\u00f3n; sobre la norma utilizada para endilgar el concurso de conductas punibles, se\u00f1al\u00f3 que se trata de un yerro intrascendente por cuanto el contenido de ambos preceptos es id\u00e9ntico. Por \u00faltimo, desech\u00f3 la solicitud de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, por encontrar insatisfechos los requisitos legales para la operancia de tal figura jur\u00eddica. [Folios 94-113, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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6. En criterio del peticionario del amparo, las anteriores determinaciones vulneran sus prerrogativas fundamentales invocadas, al desconocer que la actuaci\u00f3n penal adelantada en su contra por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n a trav\u00e9s de su Delegada, est\u00e1 viciada de nulidad, pues se ci\u00f1\u00f3 a las previsiones de las Leyes 600 y 599 de 2000, cuando los hechos imputados ocurrieron en vigencia de los Decretos 100 de 1980 y 2700 de 1991.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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En virtud de ello, pretende que se conceda la protecci\u00f3n constitucional, en la forma vista. [Folios 1-13, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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C. El tr\u00e1mite de la instancia<\/b><\/font><\/font><\/p>\n


<\/font><\/font><\/font>1. Por auto de 19 de enero de 2016, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 correr traslado a los interesados, para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 122, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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2. La Fiscal\u00eda 10\u00aa Delegada ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, manifest\u00f3 su oposici\u00f3n a la solicitud de amparo por improcedente, pues asegur\u00f3 que el actor cuenta con mecanismos judiciales id\u00f3neos para el ejercicio de los derechos fundamentales que estima conculcados, tales como la audiencia prevista en el art\u00edculo 400 del c\u00f3digo de procedimiento penal (Ley 600 de 2000), que precisamente contempla una fase en la que deber\u00e1n exponerse los argumentos que por esta v\u00eda formula, para cuestionar la validez de la actuaci\u00f3n penal que se adelanta en su contra. [Folios 131-134, c.1]<\/font><\/h2>\n

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La Sala de Casaci\u00f3n Penal por su parte, argument\u00f3 que resulta inadmisible cuestionar por cualquier v\u00eda la actuaci\u00f3n que en esa Sede Judicial se adelante, por cuanto se trata del \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n penal. <\/font><\/font>[Folios 143-145, c.1]<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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II. CONSIDERACIONES<\/b><\/font><\/font><\/font>
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1. <\/font><\/font><\/font>Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u201c<\/font><\/font>otro medio de defensa judicial<\/i><\/font><\/font>\u201d, salvo que se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiaridad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la defensa oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en reemplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de las garant\u00edas de los ciudadanos.<\/font><\/font><\/p>\n

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2. En el caso que se somete a examen, la acci\u00f3n constitucional se revela improcedente, por cuanto se evidencia que el demandante tiene a su alcance otros medios de defensa judicial id\u00f3neos para el pleno ejercicio de las garant\u00edas fundamentales que estima conculcadas.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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En efecto, es claro que al encontrarse en curso la actuaci\u00f3n penal que se cuestiona, concretamente en fase de juzgamiento, el promotor del amparo cuenta con la oportunidad procesal prevista en el art\u00edculo 400 de la Ley 600 de 2000, para elevar la solicitud de nulidad que por esta v\u00eda formula, ante la autoridad judicial que est\u00e1 a cargo de su proceso, concretamente, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dada la investidura de Gobernador que ostentaba para el momento de la presunta comisi\u00f3n de los delitos endilgados.<\/font><\/font><\/p>\n

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Al respecto, consagra la referida norma:<\/font><\/font><\/p>\n

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\u00abARTICULO 400. APERTURA A JUICIO. <\/i><\/font>Con la ejecutoria de la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n comienza la etapa del juicio y adquieren competencia los jueces encargados del juzgamiento y el Fiscal General de la Naci\u00f3n o su delegado la calidad de sujeto procesal.<\/i><\/font><\/font><\/p>\n

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Al d\u00eda siguiente de recibido el proceso por secretar\u00eda se pasar\u00e1n las copias del expediente al despacho y el original quedar\u00e1 a disposici\u00f3n com\u00fan de los sujetos procesales por el t\u00e9rmino de quince (15) d\u00edas h\u00e1biles, para preparar las audiencias preparatoria y p\u00fablica, <\/i><\/font>solicitar las nulidades originadas en la etapa de la investigaci\u00f3n<\/b><\/i><\/font> y las pruebas que sean procedentes.\u00bb <\/i><\/font>(Negrilla y subraya para resaltar)<\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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Ello, sin desconocer que de resultar adversa a sus pretensiones la sentencia, est\u00e1 en posibilidad de recurrirla a trav\u00e9s de los recursos de apelaci\u00f3n y el extraordinario de casaci\u00f3n, que se caracterizan por ser un medio de control constitucional por excelencia para el proceso. <\/font><\/font> <\/p>\n

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Ser\u00e1 entonces dentro de la actuaci\u00f3n del funcionario competente que se diriman las controversias que al interior de la misma planteen los sujetos procesales, dado que la jurisdicci\u00f3n constitucional no est\u00e1 facultada para ello.<\/font><\/font><\/p>\n

<\/p>\n

Recu\u00e9rdese que atendido el car\u00e1cter residual de la tutela, en ning\u00fan momento se puede entender como un mecanismo instituido para reemplazar los instrumentos establecidos por el legislador para la efectiva y adecuada defensa de las garant\u00edas procesales de los intervinientes en un proceso, pues considerar tal posici\u00f3n conllevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica.<\/font><\/font><\/p>\n

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3. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para denegar el amparo constitucional deprecado.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n


<\/font><\/font><\/font>III. DECISI\u00d3N<\/b><\/font><\/font><\/font>
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En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/font><\/font><\/font>NIEGA <\/b><\/font><\/font><\/font>la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n


<\/font><\/font><\/font>Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n.<\/font><\/font><\/font><\/font><\/font><\/p>\n

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\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

Presidente de Sala<\/font><\/font><\/p>\n

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MARGARITA CABELLO BLANCO<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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FERNANDO GIRALDO GUTI\u00c9RREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/b><\/font><\/font><\/p>\n

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1<\/a> Ver espec\u00edficamente, folio 59 de la actuaci\u00f3n constitucional.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

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